Justicia secuestrada

Amenazaron que lo iban a despedazar y sintió terror. En 2008, un grupo criminal había secuestrado a dos cuñados de su hermano que visitaban Tijuana. La familia pagó el rescate, pero solo uno de los hombres regresó con vida. Del otro secuestrado se supo hasta que la Policía Municipal encontró su cuerpo descuartizado. En 2014, ahora el hombre era el secuestrado. Por eso cuando amenazaron con despedazarlo lo creyó. Se aterrorizó. Quienes vigilaban su secuestro le gritaban, le advertían que el jefe de los secuestradores estaba loco, que entre otras cosas, se lo “… iba a cargar la verga”. Que lo iban a “hacer cagada”. Las condiciones para el secuestrado no podían ser peores. Con las manos esposadas, los pies encadenados, los ojos cubiertos, tirado boca abajo. Es probable que estuviera en un almacén, recuerda el ruido vacío, movimiento de herramientas, sonido de traslado de metales, arrastre de tambos de plástico. El secuestrado salvó su vida. Cuando a golpes, gritos, tortura física y verbal, le decían que de no pagar sus familiares lo iban a descuartizar, él pidió encargarse del pago por su vida. Los delincuentes pedían cientos de miles de dólares. La familia logró reunir una parte. La otra, correría a cargo del secuestrado una vez liberado. Lo dejaron ir. El martirio del secuestro no ha terminado. Al hombre lo siguen torturando verbal y psicológicamente. Sus secuestradores están en libertad a pesar de que fueron denunciados, identificados por las policías Municipal, Estatal, Ministerial y Federal. Investigaron a algunos y, al final, los dejaron en libertad. Por eso, en total impunidad siguen extorsionando a quien antes secuestraron. La versión de lo sucedido a esta víctima, a otras dos, y un tercero que terminó asesinado, está contenida en una sola averiguación previa en la Procuraduría General de la República, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO)  a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), cuya copia está en poder de ZETA, pero que ante la petición de las víctimas y para salvaguardar su identidad e integridad física, no se reproduce textual. Los hechos también están consignados en un oficio elaborado por la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro de la Policía Ministerial. Es decir, tanto ministerios públicos federales como estatales, y corporaciones de los mismos órdenes están al tanto de los secuestros, identificaron a víctimas y a secuestradores, pero estos últimos no han sido detenidos. Tal impunidad permite seguir extorsionando a los que fueron secuestrados y hoy están liberados. El calvario del secuestro no termina con la entrega del rescate. El último expediente de secuestro a esa causa se anexó en septiembre de 2014. De la investigación resultaron tres detenidos. Los mismos fueron señalados de participar en el secuestro y muerte de un policía federal, sin embargo, el que la PGR haya sido atacada con el homicidio de uno de sus elementos no fue suficiente para realizar e integrar una investigación eficiente que concluyera con la captura de la banda de secuestradores, cuyos miembros han sido identificados tanto por víctimas, como por algunas investigaciones, por ser ex policías ministeriales y municipales. De hecho, seis de los miembros de la banda de secuestradores fueron identificados por las víctimas ante el Ministerio Público a partir de fotografías, y ubicados por las corporaciones policíacas de Baja California como integrantes de una célula del Cártel Arellano Félix. Un elemento de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública que encabezan el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y el General Moisés García Ochoa, de la II Región Militar, y que integran el resto de los titulares de las corporaciones de seguridad, prevención y procuración de justicia, proporcionó a ZETA los nombres de las personas señaladas por las víctimas, identificadas por los investigadores, pero no procesadas: José Lorenzo Hernández García “El Viejón” quien coordina a el ex perito José Luis Chávez Lozano “El Ramiro”; los ex policías Jaime Verduzco Delgado “El Lic”, Alfredo de Jesús Hernández Reyes, y los presuntos delincuentes Marcos Daniel Sauceda Hernández  “El Chore”, César Francisco Reveles Zárate “La Barbi”, y Heriberto Ortiz Flores “El Stich”; así como Raúl y Sergio Angulo, hermanos conocidos como “Los Turpidos”. Todos ellos aparecen en investigaciones de corporaciones locales y federales, al tiempo que son señalados en averiguaciones previas. Secuestro interminable Para que un comerciante fuera liberado, sus parientes pagaron cientos de miles de dólares. Era menos de lo que pedían los criminales. La familia dio parte a la autoridad y entonces los secuestradores amenazaron: querían el rescate completo y sabían que habían denunciado el plagio. Sentenció el que se comunicó con los familiares: “Lo sé porque tengo gente en todas partes”.  El secuestrado rogó por su vida, pidió aceptarán lo que ofrecía la familia porque no podrían entregarles más. En la desesperación, les dijo que si lo dejaban libre, él les entregaría el resto. Pidió que le hicieran prácticamente un plan de pagos en mensualidades, porque de otra manera no podría cumplir. Los pagos iniciarían en cuanto el negocio se recuperara de lo gastado en el pago del rescate. Uno o dos meses después de ser liberado. Al comerciante lo dejaron ir. Su calvario reiniciaría ese día. Antes de darle dinero para que tomara un taxi y se reencontrara con su familia, uno de los delincuentes que se “portó bien” con él, le comentó que era mejor que se fuera de Tijuana. Ya no lo iban a soltar, le sentenció como prediciendo su desgracia. El liberado después contaría: lo habían secuestrado porque los miembros de la banda, ex policías y policías, lo identificaron como quien traficaba con droga. Le dijeron que tenían un año siguiéndole los pasos por varios estados. El comerciante negó dedicarse al ilícito negocio. Les pidió que revisaran bien sus investigaciones, y les dio datos de su vida de trabajo, ingresos, rentas, créditos. Cuatro días después le dieron la razón. De hecho ni siquiera lo habían investigado, un buen día le vieron dinero en el negocio, que ya sabían que no pasaba droga; pero ya lo tenían e iban a cobrar el rescate. En efecto, tras pagar el rescate, mejor dicho, parte del mismo, el hombre fue liberado. Al poco tiempo, miembros de su familia comenzaron a recibir llamadas de los criminales para exigir “el pago que les debían”. En su conducta criminal, la familia y el liberado les adeudaban parte del rescate. Atemorizados ante la extorsión, ante la amenaza de hacerles más daño si no pagaban el resto, los familiares pidieron más tiempo para reunir dinero. A los secuestradores no les pareció y retomaron la violencia verbal. Llamadas advirtiendo que los iban a matar o a secuestrar a los hombres, a las mujeres, incluso a los niños de la familia. Luego del nuevo ataque, las víctimas dieron -otra vez- parte a la autoridad. El entorno del  hombre fue revisado por el área de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “salió limpio”, acorde al análisis de la SSPE y, tras su liberación, recibió el servicio de seguridad. Pero hace unos días, uno de los empleados del negocio del secuestrado fue privado de la libertad, para 48 horas después, ser tirado a las puertas del negocio de la familia amenazada. Lo habían golpeado, torturado. Los empresarios recibieron el mensaje de advertencia: en medio de la impunidad, los delincuentes que siguen libres no los van a dejar en paz. Ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni la Procuraduría General de la República, tomaron acciones para detener a los denunciados, señalados e identificados policías y ex policías, como tampoco para regresar la tranquilidad a la casa del secuestrado. Personal de la SEIDO justificó ante autoridades de Baja California que habían tenido problemas para obtener las órdenes de aprehensión por parte de un juez federal, sobre las personas que escaparon del operativo policíaco realizado contra la banda de secuestradores el 26 de septiembre, cuando fueron detenidos: José Lorenzo Hernández García “El Viejón”, el ex perito José Luis Chávez Lozano “El Ramiro”, el ex policía Jaime Verduzco Delgado “El Lic”, otro ex policía de nombre Alfredo de Jesús Hernández Reyes, Marcos Daniel Sauceda Hernández  “El Chore”, César Francisco Reveles Zárate “La Barbi”,  Heriberto Ortiz Flores “El Stich”, además de Sergio y Raúl Angulo “Los Turpidos”. Los federales informaron que existía la probabilidad que aquellos que sí fueron detenidos y confesaron su participación en los secuestros, fueran liberados, siendo el caso de Daniel Canales Rodríguez “Ramsés” (confeso), Armando Angulo, César García Chávez y/o César Ayala Torres. Sin embargo, detenidos y prófugos identificados no son la totalidad de la banda de policías secuestradores. Víctimas y testigos entrevistados en los expedientes en mención, manifestaron haber percibido la presencia de más gente. Modus operandi de célula de policías y ex ministeriales Detenido, Daniel Canales Rodríguez “Ramsés” confesó ser parte de una célula criminal dedicada al secuestro, liderada por antiguos operadores del Cártel Arellano Félix, entre quienes se encuentran ex policías municipales, ex ministeriales y algunos agentes activos. A estos últimos, dijo, les repartían el 30 por ciento de lo ganado en los rescates, de 10 mil hasta 500 mil dólares por víctima. Además, declaró que el encargado de repartir el producto de lo ilícito, era el perito José Luis Chávez Lozano “El Ramiro”, y refirió participación de municipales, federales ministeriales e incluso dos elementos de la Policía Estatal Preventiva. De hecho, de acuerdo a lo asentado en la averiguación previa, la banda secuestra utilizando un método: como si fueran policías cumplimentando una orden de aprehensión. En un operativo  participan varios criminales, cinco autos para cuidar la periferia de la zona donde cometerán el secuestro, y otros tres para ejecutar la privación de la libertad. Siguen a sus víctimas durante varios días, en la fecha marcada los persiguen durante buena parte del día antes de intervenirlos, esperan el momento más vulnerable, que es la salida de la residencia, o la llegada y salida de la oficina. Obligan a sus víctimas a disminuir la velocidad con una camioneta al frente y les bloquean el escape con otra camioneta por atrás. Llega un pick-up, usualmente marca Ford color blanco, como las unidades usadas por los policías, y mientras seis o cinco criminales apuntan con armas a las víctimas, las obligan a bajar de sus autos. El hombre que baja de la supuesta unidad oficial, va bien vestido y peinado, incluso con saco, todos de lente oscuro. “No te muevas ni hagas nada, porque te voy a meter un plomazo”, amenazan mientras los esposan y meten boca abajo en uno de los autos, donde los siguen encañonando con armas cortas. En cuestión de uno a tres minutos los pasan a una camioneta menos vistosa. Los siguientes ocho o diez minutos que tardan en llegar a la casa de seguridad son de total tensión, los secuestrados perciben el nerviosismo en las comunicaciones que los criminales tienen por aparatos electrónicos. El lugar donde ocultan a la víctima está equipado con portón eléctrico y bardas altas, tienen vecinos, incluso con perros, pero si gritan y llaman la atención, la advertencia es que morirán. Casas de uno o dos pisos donde pueden escuchar a corta distancia una televisión o un radio con música, y hombres que diario entran y salen. Además de tres a cuatro hombres que dejan para custodiarlos. Dependiendo del tiempo que duran secuestrados, puede ser uno o varios equipos de cuidadores, por las conversaciones, saben que entre los criminales hay de todo: jóvenes sin estudios que van seguido al bar Las Pulgas, hasta sujetos maduros con mayor grado de educación que se iban de parranda hace diez años y recuerdan antros que ya no existen, y hablan de su vida familiar. Según las declaraciones, los secuestrados son bien alimentados, se les permite ir al baño; la mayor parte del tiempo permanecen con los ojos cubiertos, esposados, y por las noches les encadenan de las piernas. A veces reciben cobijas por las noches. Todos los días el aparente jefe que lleva la comida los tortura psicológicamente, hablándoles de una muerte dolorosa y del pesar que causarán a su familia que los recibirá en pedazos. De repente alguno de los cuidadores llegaba drogado y los maltrataba sin permiso. Ante la falta de pericia del Ministerio Público Federal, de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro, de la SEIDO, quienes atrajeron el caso desde el 1 de octubre, estos hombres siguen consiguiendo víctimas, secuestrando y aterrorizando, cobrando piso a quienes ya han liberado. Incluso, tres de ellos plenamente identificados por víctimas y presuntos cómplices en una averiguación previa -PGR/ SEIDO/ UEIDMS/765/2014-, decidieron solicitar el amparo del Gobierno Federal contra cualquier intento de captura. Los trámites se hicieron entre el 24 de septiembre, cuando sus cómplices fueron detenidos, y el 3 de noviembre. Fueron: José Lorenzo Hernández García  “El Viejón”, el ex perito José Luis Chávez Lozano “El Ramiro” y el ex policía Jaime Verduzco Delgado “El Lic”. En la revisión realizada por ZETA en el sistema judicial, hasta el miércoles 26 de noviembre, Alfredo de Jesús Hernández Reyes, Marcos Daniel Sauceda Hernández, César Francisco Reveles Zárate, Heriberto Ortiz Flores, Raúl y Sergio Angulo, no se habían amparado. Otros miembros de la banda solo han sido identificados por apodos: “El Fredy”, “El Solo”, “El Témoc”, “El Fer”, “El Robert”, “El Tilico”, “ “El Niño del Mal” y “El Panzón”. Delito Tijuana Mexicali Ensenada Tecate Rosarito Total Secuestro 29 5 1 2 0 37 Privación ilegal de la libertad 161 97 54 18 24 354 Total 190 102 55 20 24 391 Finalmente orden para detener a “El Güero Leches” Corría el año 2009, Donaldo Peñalosa era alcalde de Tecate y Érick Lara director de la policía; cuando ZETA recibió informes de que Jorge Humberto Acosta Gallegos “El Güero Leches” era quien controlaba para el CAF en el ala de “El Teo” García Simental, el tráfico de droga en Tecate, pero además desarrollaba negocios de espectáculos con apoyo del municipio, se dijeron sorprendidos y suspendieron relaciones, Consultados los miembros del Grupo Coordinación ratificaron la actividad delictiva del hombre, pero admitieron lo que se verificó en las bases de datos, no existía orden de aprehensión en contra de Acosta. Expuesto hace 6 años, huyó a Estados Unidos y después regresó. En 2010 testigo el criminal, Alejandro Melo Albarrán, convertido en testigo protegido habló de sus actividades criminales en 2009, como escolta del ex policía de Tecate Édgar Vázquez Flores “El Speed” y del jefe de ambos, “El Güero Leches”, pero nada de órdenes de aprehensión en su contra. Ya en marzo y junio de este 2014 su nombre resurgió en la prensa cuando fue detenido el ex municipal Vázquez Flores y varios miembros de su banda como responsables de tres secuestros, incluido el de un inversionista estadounidense al que asesinaron y cuyo cuerpo fue localizado en una fosa improvisada en Tecate. Hoy finalmente se libró una orden de aprehensión por homicidio en contra de Acosta Gallegos, sin embargo como en 2009, el hombre continúa circulando y negociando tranquilamente apoyado por policías municipales y ministeriales corruptos, entre Tecate y Ensenada. Y si ve a Policías Estatales acercarse a su rancho simplemente huye al lado americano y cruza a través del muro, mostrando que se siente muy seguro en Estados Unidos. Señalados se amparan · JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ GARCÍA Juicio de Amparo 1370/2014 Presentado el 3 de noviembre de 2014 Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Vs. Todos los Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California. Orden de aprehensión o privación de libertad temporal o definitiva y su ejecución. Sin resolver… Audiencia constitucional señalada para el 4 de diciembre próximo. · JOSÉ LUIS CHÁVEZ LOZANO Juicio de Amparo 1185/2014 Presentado el 29 de septiembre de 2014 Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Vs. Procurador General de la República y otras autoridades La orden de aprehensión y su ejecución. 19 de noviembre causó sobreseimiento (no existía el acto reclamado)       · JOSÉ LUIS CHÁVEZ LOZANO Juicio de Amparo 1304/2014 Presentado el 14 de noviembre de 2014 Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Vs. Titular de la SEIDO y otras autoridades. La orden de aprehensión y su ejecución. Sin resolver… se desconocen mayores datos. · JOSÉ DANIEL CANALES RODRÍGUEZ Juicio de Amparo 1080/2014 Presentado el 24 de septiembre de 2014 Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Vs. Agente del Ministerio Público Investigador de delitos del fuero común, de la unidad orgánica de antisecuestros, de la delegación de playas de Tijuana, y agentes a su mando. Incomunicación. Se tuvo por no presentada demanda de amparo.       · JOSÉ DANIEL CANALES RODRÍGUEZ Juicio de Amparo 1277/2014 Presentado el 6 de noviembre de 2014 Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Vs. Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz y otras autoridades. Orden de aprehensión, detención o arraigo… Sin resolver… Audiencia Constitucional, 10 de diciembre de 2014. … y aparecen más Por el secuestro de un empresario de la zona turística de Puerto Nuevo en Playas de Rosarito, quien fue liberado después de cinco días, se detuvo a Jesús Alberto Osuna Palomares de 21 años, Juan Ignacio Téllez Espinoza de 28 años, Francisco Pérez Benítez de 18 años y José Javier Valencia Gutiérrez de 27 años. A la banda criminal se le responsabiliza de nueve secuestros de empresarios y migrantes, cinco cometidos en 2014 y por los cuales pedían rescates desde 5 mil hasta un millón de dólares. Seis de estas víctimas fueron asesinadas. Según la versión de la Procuraduría, forman parte de la célula de policías secuestradores del CAF cuyos primeros integrantes fueron detenidos un mes atrás. El 24 de noviembre de 2014, Jesús Alberto Osuna Palomares “El Beto” y José Javier Valencia Gutiérrez “El Javi” fueron abordados por la policía municipal mientas transitaban en un vehículo en el fraccionamiento Villas de Baja California, en la zona Este de Tijuana. Al bajar del automóvil, “El Javi” apuntó a los agentes municipales con un arma de fuego, informó en conferencia el vocero de la PGJE, y comenzó a correr, por lo que uno de los oficiales le disparó. El delincuente resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General, en donde se encuentra internado y en calidad de detenido, con muerte cerebral. Tanto el oficial que accionó su arma como “El Beto” fueron trasladados al Ministerio Público para que rindieran su declaración. En la base de datos de la Procuraduría, “El Javi” y “El Beto” aparecen como parte de una célula integrada por 22 sujetos, 17 detenidos y cinco prófugos, pero la banda de secuestradores es más grande. “El Beto”, originario de Sinaloa, confesó haber participado en el secuestro del empresario rosaritense y dio la ubicación de la casa de seguridad donde era retenido. La víctima fue privada de su libertad, el 20 de noviembre a las 8:30 horas, mientras atendía su negocio de venta de clamatos. Ahí, tres sujetos armados, lo lesionaron y dispararon al aire para dispersar a los testigos. A bordo de un vehículo, lo trasladaron por el bulevar 2000 –vialidad que conecta Rosarito con Tijuana– y lo retuvieron en una casa de seguridad. Casi de inmediato, a su familia le fue exigido un millón de dólares a cambio de su liberación.  Hasta la vivienda, localizada en la privada Arrayanes del fraccionamiento “Paseos del Vergel”, llegaron agentes ministeriales, quienes liberaron a la víctima y detuvieron a Juan Ignacio Téllez Espinoza y Francisco Pérez Benítez, originarios de Tijuana, con el arma calibre .45 con la cual cometieron el secuestro y varios teléfonos celulares. De acuerdo a la Procuraduría, “El Javi” se encargaba de reagruparse con otros individuos, una vez que sus cómplices eran detenidos. Durante la presentación ante medios de comunicación, “El Beto” dijo trabajar bajo las órdenes de Javier Gutiérrez y recibir entre 20 y 25 mil pesos por su participación en cada uno de los cinco secuestros que confesó. Policías detenidos Una pena de 7 a 15 años de prisión y una multa de hasta 300 días de salario podrían enfrentar los 2 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali que fueron acusados por los peloteros de Águilas de Mexicali de secuestro exprés. Fue el pasado 10 de noviembre de 2014, al término de un juego de béisbol, cuando 4 peloteros del equipo Águilas de Mexicali se fueron a festejar por el triunfo del equipo 4 a 2 contra Yaquis de ciudad Obregón. Los beisbolistas extranjeros Daniel Herrera, José Sánchez, Mason Tobin, Matt Gorgen fueron a comer a una taquería cuando al salir fueron detenidos por agentes armados. Bajo el pretexto de no detenerlos por estado alcohólico, los peloteros les ofrecieron entre los cuatro 600 dólares para que los dejaran ir, sin embargo los agentes se negaron y les pidieron más. Cruzando el boulevard Justo Sierra se encontraba un cajero automático del banco Scotiabank, por lo que los agentes los obligaron a sacar dinero y los amenazaron que en caso de no hacerlo los culparían por portación de mariguana. Los beisbolistas lograron retirar entre todos 18 mil pesos y se los entregaron a los agentes municipales, en este momento los dejaron ir. Fue hasta el miércoles 12 de noviembre que los peloteros acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la denuncia por extorsión y secuestro exprés, en el momento ante la prensa las autoridades señalaban que no podían dar a conocer la identidad de los sospechosos, aunque personal se acercó a ZETA para señalar que ya sabían quiénes eran pero se encontraban armando el caso, por lo que no podían adelantar información. Finalmente, el domingo 23 de noviembre 2 agentes de la policía municipal de nombre Samuel “N” de 32 años y Carlos “N” de 33 fueron detenidos acusados de ser los responsables. El lunes 24 fueron presentados en la sala de audiencia 6 del Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde el juez de garantía les dictó prisión preventiva por la posible privación de la libertad de los 4 beisbolistas. Los agentes no accedieron a hablar a su favor y fueron sus abogados quienes pidieron la ampliación del plazo de 72 horas a 144 para poder formular la defensa. Adicionalmente, en Tijuana, el 26 de noviembre el policía municipal Conrado Vázquez fue consignado con la causa 728/14 ante el juez Segundo de lo Penal como presunto responsable de  los delitos de lesiones calificadas y abuso de autoridad, esto después de participar en la detención de dos hombres que resultaron ser parte de una célula de secuestradores. El primer reporte de la policía municipal fue que el agente abatió a un secuestrador que al bajar del auto, antes de darse a la fuga le apuntó con arma, y el oficial actuó en legítima defensa. <p>Sin embargo, la subprocuraduría consignó porque conforme a la mecánica de hechos, cuando el policía disparó su vida no estaba en peligro. Todo empezó cuando atendieron una llamada de emergencia, un repartidor de pizzas reportó que el conductor del vehículo le había apuntado con un arma para que se hiciera a un lado del camino, cuando les marcaron el alto, según las declaraciones del cómplice, ya habían guardado el arma en la guantera y se pusieron de acuerdo que se detendrían y cuando se acercaran los agentes huirían corriendo. Al copiloto lo detuvieron en la carrera, y el piloto Javier Valencia cayó herido a 13 metros del auto que conducía. A un lado del carro la ministerial encontró el casquillo del oficial, y dentro del vehículo de los delincuentes el arma sobre uno de los asientos. “Cuando huía iba de espaldas y sin arma, pudo detenerlo de otra forma, tampoco se probó que el presunto delincuente se hubiera bajado y apuntado, esa versión no la corroboró el compañero del agente porque él se estaba ocupando del otro detenido”, explicó el subprocurador Gilberto Cota Alanís. Aunque su herida en la cabeza es de las que pone en peligro la vida, el delito de lesiones  presuntamente, comentó, es considerado como no grave; esto permitió que después de calificar la detención del policía legal, le impusieran una fianza de 700 mil pesos para llevar el proceso en libertad. Su defensa pidió una ampliación de término, para presentar elementos que corroboren la versión del oficial que argumentó legítima defensa. Y será hasta el próximo martes que el juez determine si se cometió un delito, y si será juzgado o liberado.