Incompetencia jurídica genera gastos millonarios

Sin importar el partido del que emanen, las administraciones municipales tijuanenses, desde Jorge Hank hasta Carlos Bustamante, pasando por Jorge Ramos, han perdido casos, y celebrado contratos con desventajas legales, que han tenido un costo millonario para el erario. Entre los casos fallidos, están los laudos laborales perdidos por los que hay que pagar más de 29 millones de pesos antes de que finalice el 2014, los cuales se deben erogar porque el gobierno local fue incapaz de acreditar el despido justificado de trabajadores de confianza, rescindió contratos de trabajo sin apego a la normatividad, o en el límite de la incompetencia, no compareció en los juicios laborales. Opinión que no comparte el regidor del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Felipe Ledezma Gil, el seguimiento jurídico emprendido por el municipio continúa siendo deficiente, generando un lastre en resoluciones condenatorias por las que los tijuanenses tienen que pagar. Revertir los malos procedimientos judiciales es algo en lo que el actual gobierno municipal de Jorge Astiazarán dice ocuparse, “de manera lenta pero firme, sin dejar hilos sueltos”, sostiene el Consejero Jurídico del XXI Ayuntamiento, Gerardo Herrera Zavala. Sentencias en contra A lo largo de casi una década, desde 2004 hasta 2013, el gobierno de Tijuana acumuló un total de 935 demandas de empleados de confianza y policías que han acusado al municipio por despido injustificado, cuya indemnización exigida oscila en los 47 millones de pesos. El 99 por ciento de los despedidos, además del pago de prestaciones y salarios caídos, demandan ser reinstalados, con todo y base, en la administración municipal. En su momento, ninguno de los tres anteriores gobiernos dio el debido seguimiento de estos casos ante el Tribunal de Arbitraje, por lo que las resoluciones de éste han sido adversas al gobierno local. Recisión improcedente de contratos de trabajo, pruebas sin valor presentadas por la defensa municipal o la no presentación de testigos han sido algunas de las conclusiones del Tribunal de Arbitraje que se leen en cada uno de los expedientes y que obligan al pago de una indemnización a los quejosos, y algunas alcanzan montos hasta de 4 millones 600 mil pesos. De todos estos casos en rezago, durante la presente administración municipal se ha erogado alrededor de 20 millones de pesos en el pago de demandas laborales y se ha reinstalado en la nómina de base a 35 de los demandantes, con la aprobación del cabildo. Pero no se ha logrado solventar todos los casos pendientes de pagar en lo inmediato y, de acuerdo a las resoluciones judiciales, el municipio está obligado a cubrir 26 de estos laudos antes del 31 de diciembre de 2014, los cuales significarán en conjunto un gasto adicional de 26 millones 232 mil 177 pesos. A esa cantidad y con fecha similar de vencimientos, hay  que añadir un monto de 2 millones 815 mil 051 pesos, de indemnización a13 policías municipales, también pendientes de pago; estos casos se acumularon en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante el XIX y XX Ayuntamiento. Para el jurídico municipal, emplazar su pago no es una opción viable, porque es precisamente esa práctica lo que ha significado un incremento en multas que ha duplicado el monto a cubrir, razón por la cual el XXI Ayuntamiento ha optado por designar partidas para su liquidación. Trabajadores de base desplazarán a los de confianza A los juicios perdidos hay que añadir alrededor de 800 demandas laborales que se dirimen todavía ante el Tribunal de Arbitraje, cuyos fallos no tardan en dictarse. Sin seguimiento jurídico adecuado, al gobierno en turno no le queda más que pagar los errores de sus antecesores. Pero el gobierno municipal no está en condiciones de cubrir los millonarios montos de las indemnizaciones, por lo que busca negociar con los quejosos. “En sentido estricto no se puede disminuir el monto de las sentencias, pero sí son negociables en lo particular, todo depende de los convenios que se logren con cada demandante”, subraya el abogado del municipio, Gerardo Herrera. Aunque se ha logrado disminuir algunos montos, el ser reinstalado en su trabajo es algo en lo que la mayoría de los empleados no cede. Para evitar el ser nuevamente despedidos, los trabajadores exigen ser reinstalados como empleados de base, es decir, laborar en forma permanente y sin poder ser removido en la administración pública de Tijuana. De los 26 expedientes que debe resolver este mes el ayuntamiento,  solo en tres de ellos el empleado no exigió  la reinstalación. Para poder cumplir con la parte laboral, Marco Antonio Dueñas, Oficial Mayor, consideró necesario hacer una reingeniería de cada área del municipio, que permita acomodar al personal que tendrá que ser reinstalado en una plaza permanente, “sin que ello signifique un crecimiento de la nómina”, explicó el funcionario. Y detalló: “Cumplir con estas sentencias no quiere decir que habrá aumento de plazas, sino que el número de empleados de base aumentarán y disminuirán los de confianza”. Ante el cúmulo de demandas laborales pendientes de sentencia, consideró que incluso las administraciones posteriores tendrán que incurrir en esta práctica, pues resulta la “menos lesiva para el ayuntamiento y su patrimonio”. Relleno, débil defensa La defensa del erario y los intereses municipales también ha sido tibia, refirió el regidor Ledezma Gil y ejemplificó: “Lograr la clausura del relleno sanitario El Jibarito, reabierto en forma irregular, fue producto de un movimiento de resistencia que tuvo que hacerse para que el caso se atendiera por parte del municipio”. Recordó que desde febrero de 2014 pidió se atendiera este asunto, pero fue hasta octubre de este año que el Cabildo declaró procedente la moratoria para frenar la actividad en el relleno. No obstante, los regidores Luis García y Omar Sarabia, así como el Síndico social, Bernabé Esquer, consideraron que la labor jurídica del actual gobierno ha sido positiva. “Son años de desidia que se tienen que revertir y no es un proceso rápido, además de que no hay mucho por hacer en los casos ya viejos, lo importante es hacerles frente y evitar que, en lo sucesivo, se continúe con esa indolencia legal que afecta la economía de los tijuanenses”, advirtió Esquer Peraza. El juicio contra GAP Desde mayo de 2014, el Ayuntamiento de Tijuana realizó un levantamiento topográfico para medir el polígono comercial del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez y así poder dar inicio al cobro del predial, empresa que su antecesor intentó sin éxito. Desde la administración de Carlos Bustamante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó áreas de arrendamiento de la terminal aérea –Estacionamiento, locales comerciales y hangares–, sí estaban obligadas a tributar al municipio, pero no se hizo valer. Pero fue hasta el 15 de diciembre de 2014 que el Ayuntamiento de Tijuana logró clausurar 22, de 25 locales comerciales que operan en el interior del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, el cual pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Supervisados por personal de la Segunda Zona Militar, para evitar situaciones de enfrentamiento, Consejería Jurídica municipal, la Dirección de Administración Urbana (DAU), Bomberos, Inspección y Verificación, y Protección Civil, detectaron que 22 de los establecimientos carecían de licencia de operación, además de que Grupo Aeroportuario del Pacífico no ha cubierto el predial, por lo que fueron clausurados en forma temporal. Los expedientes de los 3 locales que sí cuentan con licencia de operación están siendo  revisados, porque para obtener este permiso es menester tener cubierto el predial, algo de lo que GAP se ha negado, a pesar de la resolución de la corte y que en los contratos de arrendamiento que tienen con los locatarios se establece que cubrirá las tributaciones fiscales y municipales. Éste es un primer paso, consideró el jurídico Gerardo Herrera, ya que se está requiriendo la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que el requerimiento de pago y/o clausura, en su caso, se extienda a los locales comerciales que operan en la zona de abordar del aeropuerto de Tijuana, a la cual se les negó el acceso en el operativo llevado a cabo esta semana en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La procuraduría, por su parte, clausuró el estacionamiento público, básculas y 6 locales comerciales. La medida emprendida por el municipio ya ha dado resultados, porque algunos comerciantes han acudido a Tesorería a realizar una reestructura de los montos que tendrán que cubrir para poder regularizar la operación en sus negocios, lo que se traducirá en nuevos ingresos a las arcas municipales. También están los expedientes del seguimiento legal contra particulares que han incumplido convenios signados con el ayuntamiento, como el caso de Sola Basic, empresa a la que se le dio la concesión para modernizar el servicio de alumbrado público; la actual administración se desistió de una demanda interpuesta por la vía judicial y optó por llevar a cabo un proceso administrativo para anular el contrato. Con ello se evitaría pagar los 3 millones de pesos, aún pendiente de liquidar, pero se ponen en riesgo los casi 142 millones de pesos ya entregados a la incumplida empresa que apneas ha accedido a reparar algunas de las lámparas que no logró poner en funcionamiento. “Este procedimiento tiene pocas posibilidades de recuperar el daño patrimonial que significó el contrato con Sola Basic”, concluyo el regidor Felipe Ledezma.