Gobierno expuesto por Ayotzinapa

El lugar es lo de menos. Sea la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Oslo, Noruega; en Los Pinos, en el Distrito Federal, o en cualquier rincón o calle del mundo, los reclamos de justicia por los estudiantes desaparecidos de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se hacen oír con mucha fuerza. En tanto, las investigaciones parecieran aletargar más su paso. La noticia de la identificación de los restos calcinados y encontrados en el Río Cocula, como los de uno de los normalistas desaparecidos, acrecentó el sentimiento por conocer la verdad de los hechos, y los padres, familiares y amigos de los 42 jóvenes faltantes no bajarán los brazos hasta dar con su paradero. El jueves 11 de diciembre continuaron las protestas, tal y como lo anunció en días anteriores Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas. Un grupo de manifestantes marcharon de la Glorieta de la Diana Cazadora a Los Pinos, en la Ciudad de México. Mientras que, en otras ciudades, como Guadalajara, se registraron réplicas de las exigencias por aclarar el caso de Iguala. En Acapulco, el ciclo escolar terminó antes de tiempo, a petición de los maestros y padres de familia. Además de la solidaridad por lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa, aseguran sentir temor por la inseguridad que se registra en el puerto, donde han ocurrido al menos 19 secuestros en los últimos meses. Cien, es el número de planteles escolares que adelantaron sus vacaciones, hasta el próximo 7 de enero. Además, Acapulco es uno de los puntos turísticos que más ha resentido los efectos de la violencia, pues los visitantes ahora brillan por su ausencia y en la temporada decembrina optaron por ir a otras playas. La situación preocupa a los empresarios, quienes a través de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, han pedido “darle vuelta a la página del caso Ayotzinapa” para que Guerrero siga creciendo. Por su parte, representantes de autoridad, emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también intentan bajarle de tono a la efervescencia social y sus reclamos, al descalificar las movilizaciones, sobre todo aquellas en las que se presentan actos de vandalismo. El secretario de Marina, Vidal Soberón, criticó que grupos hayan tomado como bandera a los normalistas de Ayotzinapa para beneficiarse, y defendió las acciones gubernamentales. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, señaló que la violencia y las críticas infundadas por el caso Iguala, en poco abonan para superar las adversidades en el país. Mientras que el presidente del Senado, el perredista Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que hay grupos con planes de desestabilización mayor. Amnistía Internacional (AI) logró recabar más de 120 mil firmas exigiendo verdad, justicia y reparación del daño por la desaparición forzada de los guerrerenses, en acciones realizadas en Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México y Uruguay, anunciando la entrega a la Procuraduría General de la República (PGR). Más dudas y pendientes La noticia de la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio cayó como balde de agua helada sobre los familiares de todos los desaparecidos, sobre todo porque fueron los peritos forenses argentinos quienes confirmaron los resultados de las pruebas genéticas realizadas a fragmentos de huesos localizados. Aunque los extranjeros sembraron la duda en los dolientes, al asegurar que a ellos no les consta que los restos fuesen de los encontrados en el basurero de Cocula o en el Río San Juan. Tras la declaración de los argentinos, los padres de los normalistas aseguraron ante la prensa que falta mayor claridad en las investigaciones y falta la evidencia física en los exámenes realizados en los restos humanos encontrados, por lo que presumen que en el caso del estudiante Mora Venancio, sus muestras óseas fueron “sembradas”, situación que no les hará bajar la guardia. Advierten que continuarán las protestas en demanda de la localización con vida de sus hijos. No descartan el cierre de carreteras durante los próximos días. Sin embargo, los ofendidos no se alejan del diálogo con las autoridades y legisladores, por lo que se reunieron con una comisión de senadores, a quienes entregaron un pliego con diversas peticiones, entre éstas, promover la desaparición de poderes en Guerrero y exigir castigo ejemplar a los responsables de la muerte y desaparición de los estudiantes. Por su parte, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que los restos de Alexander fueron hallados en el basurero de Cocula y analizados por la Universidad Austriaca de Innsbruck, por lo que no quedó ninguna duda de que pertenecieron al cadáver de uno de los 43 desaparecidos, en este caso, al joven Mora. El fiscal reiteró que la investigación en torno a este asunto seguirá hasta encontrar a todos los responsables. “Por convicción personal y por instrucción del propio Presidente de la República, vamos a continuar con esta investigación hasta detener a todos los responsables. Déjenme usar la frase del Presidente: tope donde tope. La investigación sigue abierta…”, dijo Murillo Karam, quien entre los resultados de las pesquisas anotó la detención y consignación de 80 personas, 40 de ellas policías, y el libramiento de 16 órdenes de aprehensión en contra de otros presuntos responsables, actualmente prófugos. El procurador general lamentó que sea gente muy joven la involucrada en los hechos de Iguala, y aseveró que este caso exhibe la necesidad de un cambio en las estructuras del país. También reconoció que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían preparada su declaración por si los detenían. De la mujer, aseguró que no hay posibilidades de ser puesta en libertad, ya que existen elementos en su contra. Por su parte, investigadores del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), contradicen las versiones oficiales sobre la forma en que fueron calcinados y reducidos a polvo los cadáveres localizados en el basurero de Cocula, pues éstos habrían sido incinerados en otro lugar. El investigador de la Máxima Casa de Estudios del país, Jorge Antonio Montemayor Aldrete, sostiene la hipótesis de que los cuerpos de los normalistas fueron cremados comercialmente: “Que funerarias y hornos de cremación de la región consumieron gas en cantidades que expliquen una cremación de 43 cuerpos adicionales a las cuotas diarias”. El también científico, pero de la UAM, Pablo Ugalde Vélez, comentó que el estudio será enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas.  Avances y atorones en reformas El líder de la Cámara Alta, Miguel Barbosa, aseguró que el Senado de la República trabajará a marchas forzadas en estos días para analizar, debatir y en su caso aprobar las iniciativas enviadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. El perredista explicó que existe disposición de llegar a un acuerdo en la mayoría de los temas, incluso en lo que tiene que ver con el Mando Único Estatal, pero que cuando se habla de la desaparición de poderes en los municipios, ahí sí no hay acuerdo. Y efectivamente, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, afirmó que en el Senado no existen acuerdos entre los tres grupos parlamentarios para aprobar las iniciativas enviadas por el mandatario mexicano y que será “muy complicado” aprobar -en lo que resta del periodo ordinario- las reformas constitucionales planteadas tanto en la desaparición de las policías municipales, como en la disolución de ayuntamientos infiltrados por la delincuencia organizada, así como la reforma al sistema de competencias en materia penal. Pese a que no se ha aprobado ninguna de las iniciativas de reforma enviadas a las Cámaras por Peña Nieto, en el Estado de Jalisco ya se adelantaron algunas medidas y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ordenó el desarme de las policías municipales de Cocula (Jalisco) y Casimiro Castillo, sitios en los que se ha detectado fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. La recientemente creada Fuerza Única Regional (FUR) se encargará de la seguridad pública en ambos municipios. Así, fueron aseguradas 60 armas largas, 59 radios de comunicación, siete patrullas, cuatro motocicletas y cuatro bicicletas de Cocula (Jalisco); y 39 armas largas, tres patrullas y 15 radios de la Policía de Casimiro Castillo. El anuncio inicial se hizo vía Twitter en la cuenta del mandatario. En la misma semana, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo de visita en Guadalajara, donde señaló que no es que existan problemas de seguridad en Jalisco, sino que su ubicación territorial estratégica, la carencia de policías municipales en algunos ayuntamientos, el número de población y el resultado en el combate al crimen, lo hicieron elegible. “Por ello, he citado entonces acciones preventivas, acciones que permitan blindar y respaldar el esfuerzo local”, reiteró el funcionario, para luego explicar que el proyecto de Peña Nieto está planteado a ocho años para toda la República. Sobre el tema de las reformas de seguridad, ZETA entrevistó al comunicólogo, investigador y doctor en humanidades, autor de 13 libros de política y otros temas, Juan Miguel Zunzunegui, quien encontró interesante la estrategia planteada por el Presidente Peña Nieto, pero criticó la hipocresía del Estado mexicano “que propone lo que los gobiernos panistas propusieron y a lo que el PRI se opuso, entonces, volvemos a que los políticos mexicanos son mezquinos, miserables, pusilánimes, rateros y con una visión inmediatista, donde, ‘como ahora no me conviene, entonces yo me niego a tus reformas, cuando a mí me convenga yo propongo…’. Es una ridiculez, ¿no?”. Zunzunegui refiere que la posibilidad de disolver los ayuntamientos y sus policías municipales, solo comprueba el fracaso de 190 años de federalismo en México: “Claro, no es que ahora lo pudiéramos cambiar, pero el federalismo a México se lo impuso Estados Unidos en 1824. El federalismo no funciona, nunca ha funcionado en este país. Funciona en Estados Unidos porque responde a la realidad gringa. No funciona en México porque no responde a nuestra realidad”. El investigador destacó que un federalismo en el que no se puede confiar en los gobiernos, en los ayuntamientos, en los municipios, es un federalismo que no funciona. “Fíjate además cómo la mente mexicana sigue siendo centralista; por un lado queremos democracia y federación, pero cuando hay un crimen en Ayotzinapa le echamos la culpa al Presidente. Y saber lo de Ayotzinapa es responsabilidad del Municipio y del Estado, no de la federación”, expuso el especialista. ¿Fenómenos coincidentes? Federico Mastrogiovanni es un periodista italiano que vive y trabaja en México desde hace varios años. Antes de que sucedieran los hechos de Iguala presentó su libro “Ni Vivos ni Muertos. La Desaparición Forzada en México como Estrategia de Terror”. Su investigación inició a finales de 2011 para un documental sobre migrantes desaparecidos, y continuó con la investigación de las desapariciones en general en nuestro país. “El de Ayotzinapa es un ejemplo muy grave y muy evidente de lo que es la desaparición forzada, pero en realidad son muchísimos los casos que no se identifican como tales, pero que lo son. Hay muchas intervenciones directas por parte de agentes del Estado, sean fuerzas de Policía, Ejército y de todos niveles de funcionarios públicos, hasta de alto nivel”, dijo a ZETA el reportero europeo. Mastrogiovanni maneja la hipótesis de que en los sitios con mayores casos de desapariciones forzadas y/o desplazamientos de personas a otros territorios a causa de la violencia, coincide la presencia de los recursos naturales estratégicos, como el petróleo, el gas, el gas shale o la minería. Cualquier tipo de recurso natural. “Las desapariciones forzadas se dan en todos lugares, pero en ciertos lugares hubo un aumento muy importante, como es el caso de la zona de la Cuenca de Burgos, entre Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, donde no se habían dado esos niveles de desaparición y, a partir de 2006 a la fecha, aumentaron. También Michoacán, también Veracruz y Guerrero, donde hay recursos naturales de diferente tipo”, explicó Federico. La pregunta del periodista queda en el aire. ¿Existe alguna relación entre estos dos fenómenos, la presencia de recursos naturales y el incremento de la violencia con desapariciones forzadas? Y es que, según Mastrogiovanni, en sus investigaciones desvela que a través del terror se controlan territorios. En lugares donde las empresas necesitan adquirir territorios para explotar recursos naturales es mucho más fácil hacerlo si no existe oposición. El italiano contesta su propia duda: “Sí la gente se va, abandona esos lugares o ya no se oponen, no se organizan por el terror generalizado”, y asevera que esto se da no solo en México, sino en muchos otros países y es una práctica bastante común “generar terror para luego explotar territorios de una forma mucho más sencilla”. Hablar con Federico Mastrogiovanni siempre lleva a la reflexión, porque platica a través de preguntas. “¿Qué tantos elementos de las autoridades son parte o son socios de empresas o son representantes de intereses de empresas, y qué tanto están coludidos con grupos criminales? Porque el hecho de que existan grupos criminales y sean muy poderosos nadie lo pone en discusión, ni tampoco la producción y el tráfico de drogas. Pero ahí, la pregunta es, sí más allá hay otro tipo de intereses”. Para concluir, el periodista consideró que la presencia de una amplia corrupción y colusión de elementos de las instituciones con grupos criminales, es un hecho que puede facilitar a las empresas que llegan, sacar todo lo que se pueda del país, esto en cuanto a sus riquezas naturales.