Estrategia reciclada de Peña

En un intento por sofocar el clamor social de inconformidad que predomina en el país y al cumplirse dos meses de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, el presidente Enrique peña Nieto dio a conocer una serie de medidas en materia de seguridad –en un mensaje a la nación– y dijo unirse a la consigna de la población porque “‘Todos somos Ayotzinapa’ es un llamado a seguir transformando México”. Lo que para algunos políticos opositores y miles de usuarios de redes sociales solo fue una frase “queda-bien”, para el mandatario mexicano es una oportunidad de plantear cambios de fondo que permitirán mejorar la seguridad y la justicia. Desde un Palacio Nacional convertido en una fortaleza para evitar mítines y protestas, el presidente Peña dijo asumir la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la impunidad y construir un estado de derecho. Un Peña Nieto que al inicio de su discurso parecía ser autocrítico con la situación de violencia y corrupción que impera en territorio nacional, realizó el anunció de su nuevo decálogo de seguridad, en el que la responsabilidad de lo que está pasando recayó sobre autoridades municipales. Por ello, entre las medidas anunciadas este jueves 27 de noviembre está la posibilidad de que la Federación disuelva un ayuntamiento si se tienen pruebas de que tiene relación con la delincuencia, mediante una reforma Constitucional que cree la “Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales”. También se planteó la desaparición de las policías municipales para dar paso a la creación de policías estatales únicas, cuya conformación será obligatoria. Los estados que tendrán que apegarse a esta disposición durante una primera etapa son Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, donde los niveles de inseguridad son alarmantes. “Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial así como para los gobernadores que no lo ejerzan…”, aseveró el presidente, quien espera contar con la aprobación del Congreso de la Unión a dichas medidas legales. Sobre lo que está sucediendo en la zona de Tierra Caliente, entre Guerrero y Michoacán, Peña Nieto anunció que se instrumentará un operativo especial con el incremento de las fuerzas policiacas federales en esa región del país. Otras acciones de la estrategia anunciada son acelerar la creación de un número telefónico único de emergencias a nivel nacional, probablemente el 911 “por ser el más conocido a nivel internacional”; así como realizar acciones y reformas para hacer efectivo el derecho humano a la justicia y poner al día los instrumentos para proteger los Derechos Humanos. El establecimiento de una clave única de población, redefinir las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al crimen organizado y la aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción, también son parte del nuevo esquema de seguridad. Y para completar la estrategia se anunció la promoción de los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. Ante representantes de los poderes Judicial y Legislativo, gabinete legal y ampliado, representantes empresariales, académicos, de la sociedad civil e invitados especiales, Enrique Peña Nieto anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para desvincular el salario mínimo como unidad de medida para diversas disposiciones legales, para iniciar así un debate serio de la mini percepción. Acuerdos, pactos y decálogos Éste no es el primer decálogo en materia de seguridad pública que presenta el titular del Poder Ejecutivo desde que asumió el cargo hace dos años. Ya se han planteado una serie de “buenas intenciones” que al no ser cumplidas vuelven a ser motivo de reciclaje de supuestas políticas públicas. El 27 de agosto de 2013, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente mexicano presentó las diez estrategias de su gobierno para combatir el crimen, tras destacar que la primera gran meta nacional de su gobierno era “devolver la paz y la tranquilidad a la sociedad mexicana”, en clara alusión al mandato de su antecesor Felipe Calderón. El decálogo hacía referencia a reforzar la prevención del delito y reconstrucción del tejido social; a construir una justicia penal eficaz; profesionalizar a la policía y la creación de la Gendarmería Nacional como una solución al clima de inseguridad; transformar el sistema penitenciario, que impulse la reinserción social. También propuso Peña Nieto en esa fecha promover y articular la participación ciudadana; transparentar la información de las instituciones de seguridad y justicia; fortalecer la inteligencia policial; coordinar a las autoridades de todas las dependencias; regionalizar las acciones y lograr la cooperación internacional en el combate al crimen organizado. En cuanto al fortalecimiento de la inteligencia, el presidente dijo en ese momento que “la fuerza del Estado no debe medirse por su poder de fuego, sino por la capacidad de aplicar la ley con la menor violencia posible”. Al día siguiente de asumir la Presidencia de México –2 de diciembre de 2012–, Peña Nieto suscribió la firma del “Pacto por México”, en el Castillo de Chapultepec. El acuerdo nacional fue signado por la representación de las diversas fuerzas políticas del país y entre sus ejes rectores hacía mención de algunos de los aspectos retomados por el mandatario apenas este jueves último. En dicho pacto, Enrique Peña había hecho propuestas similares a las del decálogo de 2013 en materia de seguridad pública y otras que se supone ya estarían funcionando a estas alturas, pero fueron referidas nuevamente en el último mensaje a la nación de 2014. En el pacto de 2012, el gobierno federal plasmó la consolidación de los derechos humanos a través de un programa nacional que estableciera una instancia federal para dar seguimiento a la instrumentación de la reforma Constitucional que en esa materia se realizó en junio de 2011. También se preveía el mejoramiento en los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Para este último punto se anunció el establecimiento de una comisión nacional y comisiones estatales anticorrupción con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia. Así como la creación del Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de autoridades y la sociedad civil. Nada de esto ha sido posible y hoy se anuncia como “nueva estrategia”. Ahora se propone la desaparición de las policías municipales. Hace dos años, los planes eran los de aplicar un esquema de policías estatales coordinadas con las de los municipios convertidas en policías de proximidad y se anunció la creación de la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial. Violencia, protestas e investigación Horas antes de que el presidente de México emitiera su mensaje desde Palacio Nacional, en el estado de Guerrero se registraron nuevos actos de terror. Sobre una brecha de terracería que comunica la cabecera municipal de Chilapa con la población de Ayahualulco fueron localizados los cuerpos sin vida de 11 personas. De acuerdo con las primeras versiones emitidas desde Chilpancingo por policías ministeriales, los cadáveres correspondían a varones de entre 20 y 25 años de edad. Todos presentaban disparos de fusiles AR-15 y AK-47. Los asesinos les rociaron de combustible y les prendieron fuego, solo que los cuerpos no se calcinaron en su totalidad. Por tratarse –por ahora– de un asunto del fuero común, la Procuraduría General de Justicia del Estado Guerrero inició la averiguación previa del caso. Al cumplirse el segundo mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa las protestas y marchas continuaron registrándose en todo el país. En Guerrero se conmemoró la fecha con el bloqueo y cierre de carreteras. Los maestros disidentes cerraron durante más de siete horas la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués. En Guadalajara, madres centroamericanas también realizaron parte de su peregrinar por la república en busca de datos de sus hijos desaparecidos. En la Ciudad de México, este jueves se registró una movilización en las inmediaciones del edificio de la Procuraduría General de la República (PGR), en Avenida Paseo de la Reforma, donde varias centenas de personas, algunas de ellas del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI) exigieron la localización con vida de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos. Otras marchas se presentaron en diversos frentes. Por lo que toca a las investigaciones del homicidio y la desaparición de normalistas el 26 de septiembre pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que se solicitaron 10 nuevas órdenes de aprehensión en contra de presuntos partícipes de los hechos, sin mencionarse los nombres por razones de sigilo. El encargado de la política interior afirmó que el gobierno mexicano está abierto para recibir ayuda internacional, incluidos los Estados Unidos, en las investigaciones que permitan esclarecer el paradero de los normalistas. Lo anterior después de conocerse la petición que hicieron senadores norteamericanos al secretario de Estado, John Kerry, para que aumente los esfuerzos por colaborar con México en las investigaciones de lo sucedido en Guerrero. Miguel Ángel Osorio Chong señaló que esta media en ninguna forma significa signo de debilidad institucional mexicana: “No, de ninguna manera, la PGR ha cumplido con su responsabilidad de investigar y ha entregado, insisto, de manera transparente, todos los resultados de la misma…”. El secretario de Gobernación aseguró que se irá hasta las últimas consecuencias en el caso. Otra noticia que se difundió como reguero de pólvora fue la difundida por la televisora France 24, que dio a conocer la supuesta desaparición de 31 alumnos de una secundaria del municipio de Cocula, Guerrero, poco más de dos meses antes que el caso de los normalistas de Iguala. El medio de comunicación europeo entrevistó a una supuesta madre de una joven desaparecida el 17 de julio, la cual contó la versión a corresponsales franceses. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad informaron que no existe ninguna denuncia, ni reporte de las autoridades de educación, sobre la supuesta desaparición. A pesar de ello, las autoridades indagarán el asunto. Anuncian protestas para el 1 de diciembre A dos años de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, en algunos puntos de la República se discute la propuesta del paro general, en respuesta a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Para el lunes 1 de diciembre, en relación a la convocatoria por Ayotzinapa, se realizarán diversas manifestaciones en la ciudad, las cuales darán inicio la explanada del Centro Cultural Tijuana, convocadas por organizaciones pertenecientes al Frente Único de Lucha (FUL) y estudiantes de la Asamblea Interuniversitaria realizar para una “Movilización con Acciones Contundentes “. La jornada continuará a las 3:00 pm, donde una caravana de motociclistas partirá de la Tercera Etapa del Río Tijuana, atrás del Cañaveral, hacia diferentes puntos de la ciudad. Para las 5:30 pm, el movimiento #YaMeCansé junto al FUL, congregarán a la sociedad civil para manifestarse en la “Mega Marcha Mexicanos al Grito AntiPeña” en la Glorieta Cuauhtémoc. Por otro lado, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)  llevarán a cabo una actividad cultural a las 10:00 am en la explanada de la cafetería,  a manera de protesta.</p> Seléf Narváez, uno de los organizadores principales de #YaMeCansé, denunció a ZETA que continúan las presiones a través de llamadas telefónicas para desistir de organizar estos eventos.  Según dijo, a Anabel Hernández, coorganizadora, le hackearon la cuenta de Facebook y “le dijeron que dejara las marchas o algo muy malo sucedería”, para luego borrar su lista de contactos. Seléf remarcó que las movilizaciones seguirán, ya que no son acciones directas, sino “convocatorias ciudadanas y pacifistas”. Para la movilización de este lunes por la tarde, piden llevar veladoras, lámparas o celulares para iluminar durante el recorrido, y  laman a continuar las acciones, ya que “este movimiento no se detiene”, advirtió Narváez. El “nuevo” decálogo Según el Ejecutivo federal, las medidas anunciadas el jueves 27 tienen como objetivo fortalecer el estado de derecho en México: 1.- Iniciativa de Reforma Constitucional: Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. 2.- Reforma Constitucional que redefine y da claridad a todo el sistema de competencias en materia penal. 3.- La creación obligatoria de Policías Estatales Únicas. 4.- Acelerar la creación de un teléfono único para emergencias (911), a nivel nacional. 5.- Impulsar es el establecimiento de una Clave Única de Identidad. 6.- Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente. 7.- Acciones y reformas adicionales, para hacer efectivo el derecho humano a la Justicia. Se impulsará una amplia agenda de reformas para mejorar la Justicia Cotidiana. 8.- Acciones que fortalecerán y pondrán al día los instrumentos para proteger los Derechos Humanos. 9.-Con estricto respeto a la división de Poderes, aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción. 10.- Promover los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, esenciales en un gobierno abierto.