Diputados atrincherados; trabajadores amparados

Cocinada desde hace 15 años por gobiernos panistas, la propuesta reformas a la Ley de Issstecali no había podido ser concretada hasta la madrugada de este martes 23 de diciembre de 2014. Desde el gobierno estatal encabezado por el panista Eugenio Elorduy (2001-2007) empezaron las estudios actuariales, luego con Osuna Millán (2007-2013) siguió la tendencia y finalmente fue Francisco Vega de Lamadrid; quienes junto con su equipo iniciaron los trabajos para renovar el conocido proyecto de reforma, el cual fue concluido en agosto de 2014 y celosamente resguardado hasta el martes 2 de diciembre. El Ejecutivo estatal presentó públicamente la propuesta, a la par que se entregaba el documento ante el Congreso local. Se trata de las modificaciones a la ley que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado –Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial, Municipios, Paraestatales y Paramunicipales, además del magisterio estatal. La principal justificación desde la esfera estatal para la reforma, versó en torno al colapso financiero que desde hace años atraviesa el Instituto y que –entre otras cosas– ha impedido la jubilación de cerca de dos mil trabajadores que ya cumplían con al requisito. La contraparte la presentaron sectores disidentes de las dirigencias magisterial y burócrata, quienes siempre rechazaron la propuesta e insistían en no apresurarse y revisar ángulos y afectaciones posibles. La semana pasada, en un foro sobre el tema que reunió a un amplio sector de participantes, legisladores de todos los partidos, se  había comprometido a escuchar y tomar en cuenta todos los planteamientos. Pero no lo hicieron, las evidencias muestran que los legisladores ya tenían planeado probarla, y decidieron buscar el escenario más favorecedor, el 22 de diciembre fue fecha clave porque el magisterio ya estaba de vacaciones, enfiestados por la Navidad y con el aguinaldo en la bolsa, las movilizaciones parecieron disminuir. Aun así un combativo grupo de maestros –fundamentalmente del SETE– irrumpieron en la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación Puntos Constitucionales que ese lunes los diputados habían trasladado a Tecate, para evadir la resistencia, pero los profesores se hicieron presentes y la “reventaron”. Esa misma tarde en Mexicali,  ya en terreno propio, bajo un fuerte resguardo que incluyó un cerco policiaco en torno al Centro Cívico y uso de policías con equipo antimotines, la comisión aprobó la reforma a pesar de la resistencia de los afectados. En las primeras horas de este proceso, frente al edificio del Poder legislativo había más de 200 maestros manifestando su rechazo a la reforma y en la parte de atrás el acceso fue negado a los periodistas durante horas. Fue hasta cerca delas 7 de la tarde cuando llegó el presidente del Congreso, el priista David Ruvalcaba –quien había dado la orden de cerrar el paso– para insistir ahora a los guardias camarales que dejaran pasar a los comunicadores. La reforma para la burocracia La sesión interrumpida en Tecate se reanudó en Mexicali hasta las 8:11 de la noche, presidida por el diputado perredista Roberto Dávalos y con la asistencia de los diputados Ayón, Cardona, Reyes Ledezma, Olimpo, Mayoral y la líder de la burocracia Victoria Bentley y el del SETE Agustín Morales. Ahí la mayoría de los presentes se manifestaron por las bondades de la reforma, las únicas voces discordantes fueron las del líder del SETE Agustín Morales y del diputado Dávalos. “Creo que esto se debió haber dialogado más, los trabajadores solicitaron más tiempo para poder presentar un estudio actuarial”, dijo el diputado perredista “Vamos a ir a un amparo indirecto, y estamos también haciendo un referéndum, vamos a juntar más de 30 mil firmas”, advirtió el líder del SETE ante los reporteros frente la inminencia de la aprobación de la reforma. Se discutía la reforma al artículo 99 Constitucional –el paso obligado para reformar la Ley de Issstecali– y al final fueron tres votos a favor de la reforma, uno en contra Dávalos y una abstención, la diputada priista Miriam Ayón. Luego de otro largo intervalo, el Presidente del Congreso citó a conferencia de prensa ya cerca de las diez de la noche donde participaron un delegado del SNTE 37 Félix Palma, Rubén Armenta de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, Victoria Bentley por el sindicato de burócratas, Rene Mendívil líder de la bancada del PRI, Gustavo Sánchez por los diputados del PAN y Javier Meza, director de Issstecali. Afuera se escuchaba el mitin y las consignas de rechazo, adentro el presidente del Congreso resaltaba los consensos logrados. “Tenemos un avance muy importante para lograr un consenso lo más cercano a la unanimidad. Las mayorías están representadas en esta mesa. Buscamos que los trabajadores no salieron del todo perjudicados, sobre todo en estos tiempos donde sabemos que los cambios son necesarios, todos sabemos lo que está pasando en esa institución”, expuso el presidente del Congreso. Por su parte el presentante del SNTE 37, Félix Palma resaltó la apertura gubernamental en los trabajos “que hacen posible construir una reforma para Issstecali y que respete los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación y la burocracia. Hay una gran voluntad para escuchar a las partes”. Victoria Bentley, del sindicato de burócratas, precisó que si la refirma se requiere, “participamos velando los derechos de los trabajadores, cuidando las nuevas generaciones, socializamos una iniciativa la cual no está siendo pasado tal como la presentó el Ejecutivo”, dijo la lideresa en relación a lo que caracterizo como “una gran apertura de los diputados”, dado que –según su óptica– “recogieron las peticiones de la burocracia”. A su vez Rubén Armenta, en representación del Ejecutivo dijo que con el reconocimiento explícito de que habían encontrado un Issstecali con finanzas “no sanas” y ante el riesgo y peligro de que personas pensionadas pudieren perder ese apoyo, elaboraron la iniciativa –“con la mayor apertura”– y trabajada con los representantes sindicales de la burocracia y el magisterio. “Vamos a poder celebrar una reforma que implica que el trabajo que realiza el magisterio es completamente distinto al de la burocracia y de ahí se derivan un número importante de derecho y obligaciones que son diferentes”, dijo antes de agradecer la apertura de legisladores y representantes sindicales. ¡Hay que seguir esta lucha!, se oía desde el mitin afuera del edificio, adentro, se le pregunta al diputado presidente –David Ruvalcaba– qué le diría a toda esa gente que está manifestándose y que no está de acuerdo con las reformas, a lo que el legislador priista respondió: “Hemos buscado el acuerdo hasta donde nos es posible, aquí están las representaciones de los organismos más representativos y los exhortamos a que conozcan a fondo la revisión. Muchas veces tienen información incorrecta. Les diría que se sumen, que comprendan la situación, que se informen debidamente, que se acerquen a sus dirigencias en los organismos formales, donde ellos pertenecen”. Por su parte el líder de la bancada del PRI, René Mendívil dijo que “Aquí se ha construido una voluntad a partir de la participación decidida tanto de la burocracia como el magisterio. Hemos puesto sobre la mesa de que haya una claridad en función de que quién tiene la representación institucional de los trabajadores, y separemos magisterio y burocracia”, dijo el ex líder estatal del PRI, señalando que se ha buscado blindar los derechos adquiridos de todos y cada uno de los trabajadores. Larga madrugada Alrededor de la 1 de la madrugada del 23 de diciembre, cuando ya se desarrollaba la sesión del pleno, los manifestantes se habían ido, afuera del edificio del Poder legislativo solo quedaban decenas de agentes de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo Antimotines. En la sesión participaron casi la totalidad de los legisladores, a excepción de la priista Carmen Frías, quien está incapacitada por enfermedad. El matutino orden del día incluyó 26 puntos, entre éstos la reforma al 99 Constitucional –relacionada con la Ley de Issstecali que aprobaron 23 a 1, prácticamente todos los diputados presentes le dieron su voto a favor, solo Roberto Dávalos votó en contra, con lo que obtuvieron más de los 17 votos que se requieren para una reforma de este tipo. La larga lista de dictámenes implicó que la sesión se extendiera, y la segunda parte, con la aprobación de la Ley de Issstecali se concretó casi a las cinco de la mañana. Y aunque aprobada la reforma constitucional, ya no había mucho que hacer, algunos diputados votaron en contra en esta parte como un intento de salvar su postura ante la opinión pública porque sabían que ya no tendría ningún efecto: Dávalos fue el único que se sostuvo en el rechazo, y quienes aprobaron la reforma constitucional y rechazaron la Ley Issstecali fueron: Alberto Martínez e Irma Martínez del PANAL; René Mendívil, David Ruvalcaba y Miriam Ayón del PRI; Fausto Gallardo del PVEM y Armando Reyes del PES. El único que argumentó su voto en contra fue el ex dirigente de la sección 37 del SNTE Alberto Martínez Carrillo, diputado y ahora dirigente del Panal, quien dijo no encontró justificación valedera sobre la urgencia y premura de la aprobación del paquete de reformas presentada por el Gobernador. “Creo que aún nos falta tiempo, ya que hay un sector del magisterio y la burocracia que tiene que dar su punto de vista”, dijo el ex líder magisterial. A favor de la reforma de Ley votaron: todos los panistas, Gustavo Sánchez, Mónica Bedoya, Cuauhtémoc Cardona; Gerardo Álvarez, Rosa Isela Peralta, Rosalba López Regalado y Mario Osuna; del Partido de Baja California, Felipe Mayoral y Francisco Barraza; y Rodolfo Olimpo del PES. Los que no votaron fueron Carmen Frías con ausencia justificada, y los que optaron por no cumplir con su obligación, Laura Torres, Marco Novelo y Nereida Fuentes del PRI y Julio César Vázquez del PT.    La extensa orden del día incluyó La solicitud de endeudamiento estatal y municipal por 4 mil 109 millones de pesos, además de los presupuestos del Instituto de Transparencia, el Instituto Electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Fondo Auxiliar y el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Electoral. Aparte se agendaron la Ley de Ingresos, la de valores catastrales y la reestructuración crediticia de Ensenada, la de Ingresos y Valores Catastrales de Mexicali, el decreto para estímulos fiscales de Tijuana, la autorización para que en Tijuana también se otorguen en garantía los ingresos federales para que los agentes de seguridad pública ingresen al régimen del IMSS y las Leyes de Ingresos y de Valores Catastrales también de Tijuana. Igual las de Ingreso de Rosarito y Tecate. Asimismo, se incluyó la Ley de Ingresos y el Presupuestos de Egresos 2015 para el Gobierno del Estado y los presupuestos del Instituto de Transparencia, del Tribunal Contencioso, de la Procuraduría de Derechos Humanos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, del Poder Judicial y del Tribunal Electoral. En la mayoría de los casos los montos no recibieron modificación alguna. En el caso de la Ley de Ingresos del Estado la fracción del PRI y sus aliados propuso eliminar el aumento a la tarifa de agua potable pero no logaron los votos mayoritarios. Las reformas El paquete de reformas incluye la separación en dos leyes diferentes a magisterio y burocracia, el aumento de cuotas, la creación de un salario regulador que sirva de base para jubilación y la “gratificación anual” -ya no es aguinaldo-, y la modificación de los requisitos básicos de jubilación, de 30 años de servicio aunado a una tabla ascendente que inicia con 52 años de vida. En la parte última de la discusión. Concluida la noche del lunes 21 se modificaron algunos puntos de la propuesta gubernamental. De acuerdo a Rubén Armenta, del área de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, los puntos sustanciales modificados tuvieron que ver con la tabla relativa a las condiciones del magisterio. – Se había propuesto que existiera un salario regulador, el cual tomara en consideración los últimos 10 años laborados, se cambió a tres para los activos y 10 para lo de nuevo ingreso. – Se había propuesto para el salario regulador que el tope fuera de 25 salarios mínimos para las pensiones –aseguran que para que hubiera jubilación dinámica pero con tope, pero se aprobó ampliar el rango a 30 salarios mínimos, pero 25 para las nuevas generaciones. – Se aprobó enfatizar en la necesaria trasparencia en el orden de los jubilados y pensionados, que el listado sea trasparente y tenga que ver con la fecha de solicitud de jubilación. – En los transitorios se aprobó incluir una auditoría externa al Issstecali, la creación de un órgano de fiscalización de las cuentas – La edad base para jubilación de los maestros queda en 60 años y 65 para nueva generación. La tabla original inicia a los 52 años.