Dice la conseja popular que ningún padre debería enterrar a un hijo; hoy día eso en México es cuestión lamentablemente cotidiana. Y yendo más allá, producto de la barbarie de los cárteles del narcotráfico y de las organizaciones criminales que gozan de impunidad, ningún ser humano debería darle sepultura a un hueso y una muela en calidad de únicos restos de un ser querido. Es el caso, ya lo sabe, de don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos con toda violencia e impunidad el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Un hueso, vaya y mejor descrito: el fragmento de un hueso y una muela, de los restos localizados en bolsas de basura en Cocula, Guerrero por peritos de la PGR y analizados por peritos de Australia, contenían la genética de Alexander Mora Venancio, con lo que se convirtió en el primero de los 43 en ser certificado muerto. En entrevistas que con todo y su inimaginable dolor concedió a los periodistas don Ezequiel Mora, culpa, del horror que debió vivir su hijo y el resto de los 43 normalistas desaparecidos, al Estado Mexicano y a quien en estos momentos lo encabeza, a Enrique Peña Nieto, a Gobernadores y Alcaldes que son corruptos y delincuentes. Su hijo tenía apenas 19 años y era de nuevo ingreso en la Normal Rural de Ayotzinapa. Para quienes gustan de deslindar al Presidente Peña de las manifestaciones públicas ante el horror de la violencia que viven muchísimas familias mexicanas, él es el jefe del Estado Mexicano, y como tal tiene obligaciones y facultades para proveer la tranquilidad y la seguridad de los gobernados. Tan es así, que pasó él mismo de deslindarse en septiembre de la barbarie en Iguala, a practicar su presidencialismo extremo y anunciar como una medida para acabar con los crímenes, la corrupción y la impunidad, la disolución de cabildos, la desaparición de las policías municipales y la intervención de la Federación en ayuntamientos coludidos con los criminales o corruptos a más no poder. Así como en el pasado Felipe Calderón fue el culpable de la guerra contra el narcotráfico y su terrible resultado de más de 83 mil ejecutados producto de la lucha entre criminales y criminales, criminales contra Policías, y criminales contra ciudadanos, hoy día Enrique Peña Nieto es el responsable de la seguridad en México, del ejercicio del Estado de Derecho y de la erradicación de la violencia y las organizaciones criminales. Sin deslindar responsabilidades, en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se contabilizan 41 mil 015 ejecutados. 41 mil 015 historias de muertos más que –es evidente- en su mayoría no han tenido el impacto mediático que tienen los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quizá porque fueron encontrados uno por uno, porque se les ubicó como criminales a muchos de ellos, porque fueron localizados en fosas en calidad de desconocidos, o porque su paso migrante por el territorio mexicano concluyó en una región con la etiqueta de no identificado. Las 41 mil 015 ejecuciones en los primeros 23 meses de Enrique Peña Nieto son el resultado de una investigación periodística del Semanario ZETA en Tijuana, Baja California. No somos nuevos en el terrible conteo, de hecho la suma de los asesinados la inició el periódico cuando don Jesús Blancornelas (1936-2006) era el director general. Cuando como periodista atestiguó la descomposición social tras el fenómeno delictivo del narcotráfico. La suma se hace a partir de los reportes de homicidios dolosos, violentos, en las Procuradurías o Fiscalías de los Estados, en los registros de las Secretarías de Seguridad o las Comisiones de Seguridad de los Estados y en la base de datos municipal, también los números del Sistema Nacional de Información, aun cuando particularmente en el organismo federal los números no son claros y muchas víctimas de la violencia del narcotráfico y el crimen organizado terminan en homicidios sin datos. Es evidente que con 41 mil 15 ejecuciones en los primeros 23 meses, Peña Nieto sobrepasará el número registrado de enero del 2007 a octubre de 2012 por Felipe Calderón, siendo este de 83 mil 196 ejecuciones en el sexenio. Si sumamos la estadística federal de las dos últimas administraciones, la cifra no es menos alarmante. De los seis años de Calderón y los dos de Peña, resultan 125 mil 879 ejecuciones. La geografía del crimen acaso ha cambiado de una administración federal a otro. Mientras con Felipe Calderón Chihuahua fue el Estado que más ejecuciones cumuló, en lo que va de este sexenio es el Estado de México el que cuenta mayor número de ejecutados. Hoy día la estadística de las ejecuciones está así en sus primeros diez sitios: 1.- Estado de México: 5 mil 450 ejecuciones. 2.- Guerrero: 3 mil 680. 3.- Chihuahua: 3 mil 357. 4.- Jalisco: 2 mil 650. 5.- Michoacán: 2 mil 649.
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