Casinos: bajo la sombra de la política y el narco

Las apuestas, las carreras de caballos, los casinos, mantienen de sus orígenes el germen de la delincuencia y la mafia. Una sombra histórica de lavado de dinero y crimen persigue a la industrial del casino, que en México se detonó durante las presidencias de la República encabezadas por el Partido Acción Nacional. El caso más cercano para los bajacalifornianos, son las declaraciones vertidas en expedientes judiciales ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la averiguación previa de 2012 donde, por medio de un testigo protegido, se señaló cómo en las instalaciones del Hipódromo Caliente se llegó a estacionar marihuana en cajas de tráileres para su trasiego. En el mismo expediente judicial (PGR/SIEDO/UEITA/117/2012), se da detalle de cómo supuestamente, los ahijados de Jorge Hank Rhon -ex alcalde de Tijuana-, Jorge Mario y Jerónimo Vera Ayala, estaban relacionados con el Cártel de los Arellano Félix, y cómo durante la presidencia municipal del priista, operaron y ejecutaron algunos homicidios. O bien, el caso del cómo la actual Secretaría de Gobernación  modificó un permiso de casino inicialmente dirigido a una empresa de Jalisco, que terminó para la operación en Tijuana, en el Grand Hotel, propiedad del ex alcalde -también de extracción priista- Carlos Bustamante Anchondo, a nombre de su hijo y otros ex colaboradores de su gobierno. En el ámbito nacional, la violencia e inseguridad alrededor de los establecimientos también han marcado la historia del país. La masacre del Casino Royale en Monterrey, donde un grupo perteneciente al Cártel de Los Zetas incendió el establecimiento en agosto de 2011, asesinando a 52 personas, entre ellas una mujer embarazada. Muchos de los permisos para operar casinos, se otorgaron en el sexenio de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2000 y 2012. La carrera política de Santiago Creel fue sellada por haber otorgado desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB), autorizaciones para operar 432 centros de apuestas y salas de sorteos por periodos de 25 años. Los permisos que otorgó Creel, según la página oficial de la SEGOB, cinco días ante de dejar la Secretaría con miras a la candidatura presidencial por su partido, incluyeron al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, Olegario Vázquez del Grupo Imagen y el concesionario  de la televisora Azteca, Carlos Abraham Mafud. Tan solo a Televisa le autorizó con un solo permiso, 170 centros de apuestas.  El registro de la Dirección que Regula los Juegos y Casinos de la SEGOB tiene publicado que en su último periodo presidencial, Calderón terminó otorgando permisos para abrir 94 casas de apuestas, como a Juan Iván Peña Néder, ex funcionario de Gobernación, el 30 de noviembre de 2012, el último día de su administración. Peña Néder (liberado en noviembre de 2013) estuvo preso desde 2011 por violación tumultuosa en agravio de su propia esposa, la abogada de las autodefensas en Michoacán y ex diputada, Talía Vázquez Alatorre, acusado en una comisión especial en la Cámara de Diputados de traficar y encabezar una red de corrupción de permisos con casineros.  En ese contexto, los diputados federales aprobaron el miércoles 3 de diciembre de 2014 una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como objetivo regular y otorgar permisos a los establecimientos que ya operan en el país. El dictamen, presentado por la Comisión de Gobernación con proyecto de decretar la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, se aprobó en lo general por 297 diputados y en lo particular por 229 legisladores, en su mayoría priistas, y en la ausencia de 199 diputados. El dictamen fue turnado al Senado para su revisión.   Manuel Bartlett Díaz, quien fue secretario de Gobernación y encargado de controlar las apuestas desde el Gobierno Federal, argumenta en entrevista con ZETA que los casinos son las puertas “para el lavadero de dinero, narco, ludopatía y explotación del pueblo de México”. Remata el senador: “Vamos a regular, vamos a hacer que se olvide lo que es eso. El juego en los casinos debe eliminarse, como debe eliminarse toda enfermedad que no debe de promover el Estado. Ahí está otra vez, el interés porque es el lavado de dinero”. Y advierte: “Viene una Ley que no es más que… mantener los intereses económicos y delincuenciales de los casinos con una nueva Ley”. Los dados cargados A partir de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, presentara y se aprobara un punto de acuerdo en enero de 2013, el Congreso integró una Comisión para investigar el otorgamiento de permisos para la operación de casinos. En esa ocasión, la iniciativa de Monreal buscó que la PGR diera a conocer los expedientes de operadores de casinos para esclarecer corrupción y tráfico de influencias por ex funcionarios de la SEGOB. Aquellas mesas de trabajo se realizaron en la Comisión para indagar el funcionamiento de las instancias de Gobierno Federal, relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, hoy presidida por la diputada Aurora Aguilar Rodríguez. En entrevista con ZETA, la panista resalta que durante la revisión de los expedientes de los permisos a casinos y casas de apuestas, encontraron “un desorden documental… muchos de los dueños u operadores de casinos funcionaban con amparos federales, algunos otorgados por el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayan, por cierto, ministro a quien se le pidió por medio de otro exhorto, excusarse en la resolución que los diputados solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto la inconstitucionalidad del reglamento de casinos, creado durante la administración foxista y que permitió la apertura de cientos de establecimientos relacionados con este giro”. Los resultados de las investigaciones hechas por la Comisión, irregularidades o el desorden documental, fueron entregados a la directora general de Juegos y Sorteos de la SEGOB, Marcela González Salas, para que tomara cartas en el asunto. Aurora Aguilar recuerda: “Lo que te puedo decir es que nosotros señalamos la irregularidad documental, faltaban documentos en los expedientes, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Yo le pregunté a la directora si había puesto alguna denuncia o abrir algún expediente, me dijo que no”. Posteriormente razona: “Fue entrarle a esto (a redactar la nueva Ley), sea quien sea el gobierno, si no hay una regulación, difícilmente podemos hablar de controlar a la industria y regularla”. Fue a la legisladora originaria de Tlaxcala, a quien le tocó encabezar la redacción del dictamen y de la nueva Ley, la cual califica como “un instrumento jurídico legal de vanguardia”. La diputada afirma: “Hay que regularizar los ya abiertos, primero con la nueva Ley, y empezar a cumplir con la Ley”. Incluso, los casinos que no estén abiertos o amparados tendrán oportunidad de regularizarse. Aguilar explica: “Los establecimientos que tengan amparo de permiso, no amparo jurídico, sino que el permiso les permite abrir, además, los establecimientos que no estén abiertos, como tienen derechos adquiridos la solución jurídica es darles un plazo, se les da 24 meses para que abran los establecimientos”. La presidenta de la Comisión Especial para Juegos y Casinos defiende: “Yo creo que los mexicanos tenemos libertad para entretenernos como mejor nos plazca, en el ámbito de la Ley. Los casinos estaban ahí, y la realidad es que no había quien pudiera al jugar, condiciones mínimas de seguridad e higiene, condiciones de retorno de sus apuestas; no había un control sobre  los estados financieros de los casinos, no había ni siquiera claridad de quienes eran los dueños. “Entonces -finaliza-, eso hoy por hoy, partiendo de esta premisas, ‘ya están los casinos, ya tienen derechos adquiridos’, lo que tenemos que hacer es regular”. El azar y la política es delincuencial: Manuel Bartlett En 1970, Manuel Bartlett Díaz era apenas un hombre de 34 años, formado en el priismo hegemónico y en la Universidad Nacional Autónoma de México con promedio ejemplar, hijo de un ex ministro de la Suprema Corte y ex gobernador de Tabasco. En ese año era nombrado director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Era el joven priista de los años setenta, durante el sexenio de Luis Echeverría, el encargado de perseguir las apuestas clandestinas y mantener el control desde el Estado. Tenía la responsabilidad -dice- “de traerlos en jaque”. En entrevista con ZETA, evoca: “Cuando estuve en la Secretaría de Gobierno, el objetivo siempre fue no permitir el juego en una especie de mecanismo frente a la tensión que generaban las apuestas y los sorteos. Los gallos, el juego y las ferias, había que estarlos controlando y se controló durante años”. La Ley  de Juegos y Sorteos “con 17 artículos en 1947 -continúa-, su concepto era controlar el juego porque el juego estaba vinculado a actividades criminales, y el juego debe ser cuidado como un problema psicológico de un país”. El de Puebla ascendería en su carrera política y, en su responsabilidad en el Estado mexicano, en 1982 al lado del entonces Presidente Miguel de la Madrid, fue nombrado secretario de Gobernación. Si alguien persiguió las apuestas e identificó al crimen organizado dentro de la industria, fue Bartlett.   En sus memorias, esculca, y hace un recuento de la historia del juego: “En un momento del periodo post revolucionario, cuando se intentaba institucionalizar el país, se empezó a desarrollar el juego en la frontera por ex funcionarios revolucionarios, a través de los casinos. Eso generó un grave problema político y ético, y se connotó con los años. La fuerza de estos capos revolucionarios y los recursos que estaba generando el juego, por eso se canceló el juego”. El ex secretario de Gobernación recuerda: “Yo tuve las presiones, había una línea política desde años atrás que establecía que el juego no se debe promover en el país, y lo que han hecho es promoverlo para negocios privados. No tuve problemas porque tampoco le quitamos el hipódromo a un personaje que estaba vinculado con el narcotráfico, Johnny Alessio, hicimos un cambio allá (en Tijuana) porque había una determinación política”. Bartlett hace alusión al antecesor de Jorge Hank, el entonces dueño del centro de apuestas Caliente: “El Hipódromo de Tijuana estuvo vinculado con el narco por muchos años, Johnny Alessio era quien manejaba aquello, y ahora con otros apellidos. “Tuvieron una influencia en México hasta en el Distrito Federal en hoteles como en el Hotel Reforma, con personajes norteamericanos del juego y de la droga que veían como objetivo Acapulco en época de alemanismo, como intento de recuperar el ímpetu del juego vinculado a las drogas. Eso se frenó”. Además, ese control responde a un “problema de salud pública” y de seguridad: “El juego en carreras de caballos, en casinos, tiene obviamente un origen delincuencial”. Por eso el senador no confía en el dictamen recién aprobado: “Conozco el origen de la Ley, que es la Cámara de Diputados con (Manlio Fabio) Beltrones a la cabeza, ya nada más en eso, estamos mal, de entrada”. — ¿Afirma que el diputado Beltrones está detrás de los intereses de los casinos?, sugiere el reportero. “¿Quién es el que controla férreamente la Cámara de Diputados? ¿Quién controla a la fracción del PRI en la Cámara de Diputados? ¿Quién logró esa Ley? Se llama Manlio Fabio Beltrones”. No es la primera vez que el nombre del ex gobernador de Sonora se relaciona con casinos y centros de apuestas. En 2005 se le vinculó con uno de los accionistas de la empresa Divertimex, a la cual Santiago Creel había otorgado autorización  para la instalación de casinos en Sonora. Y no solo eso. En su momento, se identificó al dueño de los casinos, Faustino Islas Ponce, ex colaborador a Beltrones en su gobierno estatal y hombre cercano. De ahí de que en agosto de 2006, el priista declarara a la prensa nacional: “Me ligan con casinos para confundir”. El juego del panismo Manuel Bartlett ubica igualmente la proliferación de la corrupción desde la Policía con el crimen y los casinos en las administraciones panistas. Argumenta: “En el panismo, siendo secretario de Gobernación, Creel se redacta un reglamento de la Ley de 1947 para abrir el juego tramposamente, porque la Ley lo tenía regulado, entonces, tramposamente controlan la intención y el objetivo donde está la corrupción, porque a mí me tocó como subdirector  y director de la Secretaría de Gobernación, traerlos en jaque”. Así define el reglamento de Fox y Creel, y que ha amparado hasta la fecha a la mayoría de los casinos y centros de apuestas: “Inventar que un reglamento podría abrir y regular y poner orden, fue abrirles la puerta a los casinos, a los juegos y al lavado de dinero”. Ese reglamento -amplía el hoy senador- fue absolutamente anticonstitucional porque iba más allá de la Ley, entonces, en su momento el ex Presidente Fox promulga ese reglamento y se genera un conflicto. “Este reglamento no era más que un impulsor de los intereses del juego, del lavado de dinero y el tráfico de drogas, ése es el origen de ese reglamento”. Incluso, la Suprema Corte avaló el reglamento, y para Bartlett, colaboró para crear el ambiente de corrupción y delincuencia: “Ese reglamento fue constituido por Fox-Creel, fue analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta misma que echó abajo la consulta popular y declaran constitucional el reglamento. “Hubo ministros de la Corte –rememora- como Góngora Pimentel, que dijeron está muy mal aprobar este reglamento, es aprobar el lavado de dinero en estos casinos que son para eso, el país cuando empezaba el crecimiento del narco”. Finalmente, la Corte se somete “a esta prolepsis del país con Fox, y se permite el reglamento. A partir de ahí es una locura de permisos que da la Secretaría de Gobernación. Esos funcionarios se dedicaron a dar permisos grotescos que no solamente eran para un casino, sino para una serie de casinos en un solo permiso. Una brutal corrupción en la Secretaría de Gobernación. “Fox generó la proliferación de estas lavaderas de dinero y la generación de un problema muy grande para el país. Así como tenemos enfermedades de tabaquismo, la patología creada por Fox y la Secretaría de Gobernación, es en contra de los intereses de este país”, sostiene el ex titular de la SEGOB. La sátira: “Vamos a regular (también) el narcotráfico” La violencia, el narcotráfico y los miles de millones que generan las apuestas, aderezan la política del gobierno y los diputados. Bartlett lo exhibe: “El problema que explota, los muertos y los incendios, son porque los narcos no están contentos. Se hizo un escándalo que ya se olvidó”. Sugiere: “Se necesitaba una acción de salud pública, y no una promoción supuestamente controlada”. Bartlett no toma aire. Conoce desde las entrañas al PRI, al Gobierno Federal, las leyes locales siendo gobernador, y actualmente, desde la Cámara de Senadores, al Poder Legislativo: “Hoy la política es una total y absurda corrupción”. Considera que la nueva Ley de Casinos es solo una hermana del reglamento foxista: “Ahora cae en la Cámara de Diputados y viene una Ley que no es más que lo mismo: mantener los intereses económicos y delincuenciales de los casinos con una nueva Ley que supuestamente va a hacer lo mismo que hizo ese reglamento para regular. “Vamos a regular, vamos a hacer que se olvide lo que es eso. El juego en los casinos debe eliminarse, como debe eliminarse toda enfermedad que no debe de promover el Estado. Ahí está otra vez el interés porque es el lavado de dinero. De todos esos ex gobernadores que ahí andan en la Cámara de Diputados”. Remata: “Entonces, vamos a regularizar el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción. Hay que ponerle reglas a todo”. La Ley en 10 puntos 01. A diferencia de cómo operan los casinos o centros de apuestas, a partir de la Ley será un permiso por cada establecimiento. Eso significa mayor número de permisos y de establecimientos. 02. Contrario al procedimiento de los concesionarios, de obtener primero el permiso de Gobernación y luego el del Municipio, primero se deberá contar con la licencia de uso de suelo georreferenciada del Ayuntamiento, y con eso y el resto de los requisitos, presentarse ante la Secretaría de Gobernación 03. Que no se permita el ingreso a casino y casas de apuestas a menores de 21 años, ya que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, según el dictamen aprobado, entre los 17 y 21 años, es cuando los adultos jóvenes están más propensos a las adicciones. 04. La creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, entidad que se encargará de regular de manera descentralizada de Gobernación. 05. El Instituto creado tendrá atribuciones para inspeccionar, sancionar y clausurar establecimientos. 06. Se establecerán protocolos y se diseñarán procedimientos para evitar los delitos y el lavado de dinero, además de  revisar “que no haya recursos de procedencia ilícita en casinos” al momento de su apertura. 07. Penas o sanciones para quienes falseen información. 08. Presentar documentos financieros cada tres meses al Instituto, no solamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), auditados en sus finanzas. 09. Máquinas certificadas y homologadas a un Sistema Electrónico Central. 10. Reconocer ludopatía como una enfermedad, y emprender acciones para combatirla. La de 1947 A la fecha, la legislación que “regula” las apuestas y los casinos está basada en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, promulgada en 1947. En esta legislación se prohibía y se siguen prohibiendo las apuestas y los juegos de azar. Posteriormente, en 2004, el ex Presidente Vicente Fox decretó un reglamento (sin derogar ni modificar la Ley) para “la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas”, lo que abrió que los casineros se ampararan y proliferaran. El mentado reglamento fue incluso materia de una revisión en la Suprema Corte en 2004, misma que dio validez constitucional. La Ley de 1947 consta de solo 17 artículos y su espíritu recae en la prohibición su Artículo 1, y establece: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”. El segundo Artículo da las excepciones: “Solo podrán permitirse: el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes y los sorteos”. El tercero reparte la autoridad a la SEGOB: “Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos”. Lavado Internacionalmente se ha hecho el esfuerzo para estudiar y prevenir el lavado de dinero y las ganancias multimillonarias que generan las apuestas y los casinos. Por ejemplo, The Asia/Pacific Group on Money Laundering  (El Grupo Asia-Pacífico contra el Lavado de Dinero) elaboró un reporte en 2009 junto con la organización Financial Action Task Force on Money Laundering  (Grupo de Trabajo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero). En su estudio titulado Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector (Vulnerabilidades del Sector de Apuestas y Casinos), ubica a la industria como campo fértil para las actividades ilícitas. Dentro de las conclusiones del reporte, se estiman a los casinos actividades financieras de “alto riesgo en relación con la amenaza de lavado de dinero -y en menor medida de financiamiento del terrorismo-”. Los mismos estudios en la Cámara de Diputados para redactar la nueva Ley, tomaron en cuenta estas organizaciones internaciones y sus reportes. Algunas de las características ideales para las actividades ilícitas dentro de los casinos y apuestas, son expuestas en el reporte en mención: “1.- Los casinos desarrollan una intensa serie de transacciones en efectivo, operando generalmente las 24 horas del día y los 365 días del año. “2.- La actividad lúdica está acompañada de una serie de servicios financieros como apertura de cuentas, otorgamiento de créditos, remisión de fondos al exterior, cambio de divisas y utilización de cheques. “3.- Ocasionalmente, hay personas dedicadas ‘a comprar’ los premios a los ganadores, a quienes se les paga una suma mayor de la obtenida lícitamente mediante el juego con apuesta. “4.- Se utilizan las salas VIP para cederlas a grupos criminales, de cara a favorecer el anonimato, y con ello, prácticas ilegales como la extorsión, usura, corrupción y explotación de la prostitución”.