La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular por 372 votos a favor y tres en contra, el decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de desvinculación del salario mínimo de diversas leyes y se crea una unidad de cuenta, es decir, no podrá ser utilizado como base para fines ajenos a su naturaleza. El documento elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y avalado por mayoría calificada expresa que el organismo coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (SNIEG) será el encargado de calcular el valor de una Unidad de Medida y Actualización. Esa herramienta será utilizada como elemento de cuenta, índice, base y referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, así como de las entidades federativas. Esta reforma a la Constitución, que se turnó a la colegisladora para su análisis y eventual ratificación, impactará a 702 modificaciones en diferentes ordenamientos legales como mercantil, civil, laboral y de seguridad social, entre otros. Ésta es la primera medida para establecer políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y resarcir gradualmente la pérdida acumulada de más de 70 por ciento por más de 30 años. El dictamen aprobado modifica los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución y surge de las iniciativas presentadas por los coordinadores de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y del Trabajo (PT), así como el Ejecutivo federal. La reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo prevé la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que permitirá la desvinculación del salario mínimo a diversas leyes. Se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la facultad de establecer el valor de la UMA, al aplicar el procedimiento previsto en el régimen transitorio, el cual toma como base la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Con la finalidad de respetar el uso del peso como única moneda de curso legal en territorio nacional, se propone que el Artículo 26 constitucional establezca que las obligaciones y supuestos previstos en los distintos ordenamientos jurídicos que se denominen en la UMA, se solventen al entregar su equivalente en moneda nacional. Para ese efecto, explica, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto al expresar en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Hace referencia también a los fondos Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para hogares. Con esto se protege el ingreso de los trabajadores, al evitar que potenciales aumentos al salario mínimo. ZETA/SinEmbargo