Antes de reforma a Issstecali: Auditar y castigar culpables

Hasta el tope el salón “Mujeres Forjadoras” del Congreso del Estado, entre pancartas y mantas con leyendas de rechazo a la Ley de Issstecali, pide la voz una maestra, mediana de estatura, tez clara, timbre de voz claro. Mira al diputado perredista Roberto Dávalos y le lanza: “Solo le tengo una pregunta: A mí cada quincena me quitan mi aportación, quincena tras quincena todo el año, y lo que quisiera saber es, ¿dónde está ese dinero, mi dinero?”. De manifestantes de todos los municipios de Baja California, la de ella es una de las tantas voces que se han levantado contra la propuesta de reforma a la Ley de Issstecali y protestan ante el Congreso del Estado. En este segundo foro la mañana del martes 16 de diciembre, la decena de participantes –del SETE, SNTE 37, Burocracia y activistas magisteriales–, tienen un lado casi común: Rechazan la reforma, piden tiempo para analizarla, para realizar estudios actuariales propios y bajar esa información a las bases. El sector más duro exige auditar las finanzas de Issstecali y clarificar con exactitud qué fue lo que pasó, por qué está quebrado el instituto y castigo a los responsables. Así lo hicieron saber ante los diputados Dávalos, López Regalado, Álvarez, Barraza, Molina, Alcibíades, Sánchez, Olimpo y Cardona, quienes se comprometieron a analizar los planteamientos. De hecho en el foro la única defensa –entre gritos y abucheos– de la propuesta la hizo el representante del gobierno del estado. Recalcó que el Instituto está quebrado, que no aguanta más, que el colapso es inminente y que el estudio realizado fue con un enfoque estrictamente financiero. Las sesiones fueron convocadas por el diputado perredista Roberto Dávalos –presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales–, trabajo al que se sumaron el resto de los legisladores mencionados. La sesión inició con algunos comentarios de Dávalos, luego pasó el micrófono al legislador Gerardo Álvarez quien comentó que “de ninguna manera vamos a tomar una decisión apresurada”, que desde el Ejecutivo han estado convocando a reuniones, esperando “el mayor consenso posible”. El primero en tomar el micrófono fue el profesor Jorge Jesús García Rosas, adelantó: “no vamos a validar la violencia institucional a la que nos estamos enfrentando”, señalando que el foro no es lo que les habían pedido y ofrecido, que el evento amplía la desconfianza, “nos hacen sentir que ustedes tiene todo planchado”. Advirtió a los diputados que, de votar esa reforma, estarían dando la espalda a los trabajadores. Les dijo que en el país se estaba viviendo una crisis histórica –por la violencia– y a los legisladores: “ustedes se van a poner en esa frecuencia dándonos la espalda”. Dijo además que acaban de entregar una demanda de juicio político contra directores y ex directores de Issstecali, y en Oficialía Mayor un documento de 12 páginas donde señalan la inconstitucionalidad de la propuesta. Aparte de que hace una semana entregaron una iniciativa ciudadana con más de mil firmas con una propuesta de modificación a la actual Ley de Issstecali donde se obligue al gobernador se aplique una consulta antes de cualquier reforma a la Ley de instituto. Agustín Morales, dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, mencionó que no había por qué estar contrarreloj, pues solicitan tiempo para hacer un estudio serio. Que se podía contratar a un actuario que realice un estudio científico, profesional y se analice en base a números reales. Y detalló los rubros, como la aportación de los maestros en activo, de los jubilados, del gobierno estatal, y preguntó si a los diputados les entregaron esos números, porque ni ellos ni la base magisterial los conoce. “¿Cómo pueden juzgar algo si ustedes tampoco tienen los números?”. Declaró el maestro que están completamente contra la reforma al artículo 99 Constitucional, pues de ahí se desprenden dos leyes, una muy “nefasta” para el magisterio además de privativa. El líder del SETE pidió al menos cinco meses de plazo para realizar el análisis. “Ustedes no pueden votar esas modificaciones porque serían partícipes de violentar los derechos de los trabajadores”, dijo el líder magisterial. A nombre de la sección 37 del SNTE, el maestro Patricio Ibarra de la Rosa, dijo que ellos también tenían una propuesta: pedían tiempo para la consulta y foros con las bases. Que tampoco estaban de acuerdo con las reformas al artículo 99 Constitucional. Pasó la palabra al abogado, académico de la UABC y maestro jubilado Jorge Coronado, quien analizó que se violentaba un derecho fundamental de igualdad para discriminar a los trabajadores de la educación y se desvirtúa la conceptualización de los trabajadores. “El profe se cansa, de tanta pinche transa”, se escuchaba afuera mientras cedían la palabra a la maestra Raquel Solano Sánchez. Ella dijo hablar en nombre de todos los maestros que no han sido informados de esta reforma que se pretenda aprobar; “Si tanto es el problema del gobierno el dinero, entonces dónde están las investigaciones del dinero que no está en Issstecali, de ese dinero que debía estar para jubilar a todos los compañeros que tienen ya el derecho de hacerlo”. Reclamó: “No veo una parte en la propuesta del gobernador que diga será investigado”. El líder de la burocracia tijuanense Manuel Oceguera dijo que jamás estarían de acuerdo con una reforma que genera agravio y perjuicio para los trabajadores al servicio del estado, municipio y descentralizados. Se refirió a la sesión anterior, en la que tuvieron una exposición errática y confusa de parte del actuario contratado por el Gobierno del Estado. Igual se quejó de que en el documento que les habían entregado no se establecía con exactitud los montos que cada quien hace, por lo que queda una gran interrogante. “Me parece que es impráctico llamar a aprobarla, hay una prisa inusitada para darle vertiginosidad a este tipo de resolutivo”, dijo, criticando la pretensión de un crédito que, dijo, “ojalá no sirva para solapar a los delincuentes de cuello blanco”. Victoria Bentley Duarte, líder estatal de la burocracia y de la sección de Mexicali dijo a los diputados que “muchas veces ustedes mismos decepcionan a los ciudadanos”, en referencia a la recién votada improcedencia del juicio político solicitado contra el ex alcalde cachanilla Francisco Pérez Tejada, a quien señalan de haber desviado cuotas de Issstecali ya descontadas de los trabajadores municipales. “Todos sabemos que Issstecali fue saqueado por ex presidentes municipales, por directivos puestos por el señor gobernador y hubo una gran pasividad de los directivos de Issstecali para poder exigir”. Dijo que había que ser conscientes de que el problema estaba señalando en que hay mil 800 millones de pesos que se deben de la burocracia, que no se entregaron en tres, cuatro años; “Tenemos que ser conscientes en buscar reformas justas”, y solicitó a los diputados que escuchen a quienes piden más tiempo. El profesor jubilado Ignacio Montes de Tijuana,  María de Jesús Torres de Mexicali, Ignacio Gastélum, Josefina Jiménez, Antonio Aquino, también de Mexicali, fueron otras voces en un sentido similar, rechazando la posible reforma, solicitando auditar las cuentas de Issstecali, pidiendo castigo a los responsables de la situación de quiebra del Instituto e instando a los legisladores a ampliar el plazo para la revisión y análisis de todas las propuestas. Después de casi dos horas de la exposición de opiniones –todas en contra de la reforma–, el foro se dio por concluido con la síntesis de las propuestas –tiempo, auditoría, castigo a los culpables–, con el  compromiso de los legisladores de analizar las propuestas, pero además advirtiendo que el tiempo está encima.