César Camacho, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, habla mucho y dice poco. Experto en defender al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto y en denostar la persona del líder de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, aseguró a ZETA que en el caso de la violencia, cada quien debe asumir su responsabilidad, pero niega que el Gobierno de la República la tenga. Invitado por el diputado local René Mendívil para atestiguar su Primer Informe de actividades legislativas, al cual por cierto, se sumaron el resto de los diputados, Camacho estuvo en Tijuana la tarde del miércoles 29 de octubre. Del aeropuerto al restaurante Caesar’s de la Avenida Revolución, donde comió con los ex alcaldes del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, quienes ahora son investigados por irregularidades, y con dos de los tres actuales presidentes municipales. De ahí, con todo y unidades blindadas y escoltas de la Policía Federal que le acompañan, El titular del CEN del PRI se apersonó para reuniones privadas en el hotel Ticuán de los priistas y hermanos Ruiz Arretche, antes de escuchar el informe legislativo y tomar posesión al consejo político del partido. Ahí, en el vestíbulo del penthouse del hotel, recibió a los reporteros de este Semanario. — Es inevitable preguntar: la inseguridad en México, la barbarie en Guerrero han rebasado al gobierno de Enrique Peña Nieto en el ámbito social internacional y nacional. “Es un reto para la sociedad mexicana, más que para algún gobierno, estos fenómenos no se incubaron ayer. Lo que tenemos que hacer, es ver qué hacer con este fenómeno tan complejo. Por lo pronto, tres quehaceres van en ese orden: primero, conocer el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos, hacemos votos de encontrarlos con vida; enseguida, fincar responsabilidades penales. El mundo tiene los ojos puestos en un país que está descollando y que no puede permitir que este fenómeno se convierta en un lastre para el crecimiento económico”. — Señalan que Andrés Manuel López Obrador estaba alertado, la Presidencia de la República también fue informada de lo que se estaba gestando en Guerrero. ¿No se actúa al momento? “De Andrés Manuel, lo menos que se puede decir es que hay una omisión cómplice, no solo por las fotografías, sino por las evidencias que demuestran que estuvo alertado, precavido cuando (José Luis) Abarca (ex alcalde de Iguala) era candidato, mejor dicho, era aspirante. Aquí hay un vínculo inocultable, Abarca tiene como gran apoyador como hacedor político a (Lázaro) Mazón, y Mazón, hombre cercano a Andrés Manuel, hace poco fue destapado virtualmente como el candidato de MORENA al gobierno de Guerrero. No me toca a mí decir qué hizo o dejó de hacer Andrés Manuel López Obrador, sino que es evidente que algo supo, respecto de lo cual fue omiso”. — Y si lo supo Andrés Manuel y lo supieron los candidatos, ¿cómo es posible que el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) no se haya enterado? “Lo que creo es que hoy estamos frente a cabos sueltos que tienen que ser atados, porque el conocimiento que tenía el Estado y eventualmente autoridades federales, deben llevar a saber qué hizo quién, a efecto de contribuir a las solución del caso y al cierre del asunto. Tendrán que asignarse las responsabilidades cada uno”. — ¿Entonces todos son responsables? El Municipio, el Estado, la Federación… “Las generalizaciones no son sanas. En este complejísimo asunto hay muchos cabos que atar, cuando queden atados, evitaremos las generalizaciones y llegaremos a las particularidades. Lo que quiero retomar es la asignación de responsables. No es un partido político al que le toca asignar responsabilidades. Tercero, la serie de factores que privan en Guerrero, la falta de oportunidades, la educación deficiente, las grandes distancias, la falta de servicios públicos, juventudes que parecen ver frustrados sus proyectos de vida, se convierten en un caldo de cultivo para que haya situaciones antisociales como las que estamos viendo. El Presidente Peña ha sido puntual enviando, acantonando a su gabinete de seguridad. Las secretarías vinculadas al desarrollo social, la salud, la educación”. — Existen otros personajes en la política, algunos relacionados con su partido, que son señalados pública y penalmente por mantener relaciones con el crimen organizado. Tomás Yarrington, ex gobernador del PRI, acusado de lavar dinero a un cártel; Jesús Reyna García en Michoacán, encarcelado por sus vínculos. Hay varios ejemplos, el mismo Jorge Hank Rhon es señalado en declaraciones ministeriales de ordenar algunos homicidios en Baja California. Para que nos quede claro: ¿cuál es el criterio de complicidad, en cuáles casos y en cuáles no tienen este elemento de omisión cómplice que Usted menciona? “Cuando hay comisión de delitos, acciones u omisiones contrarias a la Ley, no importa la afiliación política, el PRI se ha deslindado de todas las conductas penales, de las personas que estuvieron o están relacionadas (con el crimen organizado y) con el partido político. Las conductas penales son personalísimas, es decir, deben hacerles frente a las personas a las que se les imputa la comisión de un delito. No hay patente de corso, ni protección política ni jurídica que valga, así que nadie se puede amparar en unas siglas o en un estatus político para contravenir la Ley sin ser castigado”. — Me refería al proceso, es decir, son candidatos de su partido o fueron candidatos en su momento… hablando de omisión y complicidad. “Insisto, si son o fueron, esto es secundario, si alguien acredita que alguien es responsable de un delito, tiene que hacerle frente. Personalmente, dicho en pocas palabras, un partido político no es sujeto de una investigación penal”. — Es el caso de Abarca, tendría que ser personalmente y no el PRD o Andrés Manuel López Obrador… “Nosotros no hemos acusado al PRD, ni hemos acusado a institución política alguna, simplemente porque de Abarca hay indicios que tiene responsabilidad, que lo castiguen. Y en el caso de Andrés Manuel, lo que hemos dicho es hay evidencia de que sabía, y si sabía de estos vínculos, quizás, y lo he dicho con reservas, sepa algo más que pueda conducir a la exitosa investigación de los hechos”. — Trasladada la problemática al terreno social o popular, ¿ya estimaron cuáles van a ser los costos en las próximas elecciones? “Los mexicanos saben muy bien qué está pasando. Queremos hacer un ejercicio eficaz de comunicación política, que tiene que ver con una explicación de lo que está ocurriendo, como en Guerrero, con una actuación eficiente de las autoridades federales, concretamente la PGR y la Policía Federal. No es un asunto que nos lleve a calcular costos, restringirlo a cuánto cuesta en las preferencias electorales”. — Pero finalmente sí afecta de manera electoral… “Seguramente sí, justamente por eso hablo de la necesidad de comunicar bien, de hacer las cosas con rectitud y con eficiencia, y, en el caso del partido, haciendo más sólida su base territorial, teniendo una actitud incluyente, haciendo política desde los municipios, desde las colonias”. — Los acontecimientos de violencia e inseguridad llevan a la licencia de dos gobernadores, en Michoacán y Guerrero. Quienes lo sustituyen son dos académicos, es decir, no vienen de ningún partido político, ni siquiera del que constitucionalmente tenía el gobierno. ¿No nos augura esto de un desprestigio de la clase política, de un cobro? “Primero no se le olvide que quienes los asignaron fueron los diputados, los políticos. La decisión fue evitar que las gubernaturas pudieran convertirse en el patrimonio de un partido, hubiera paralizado a las Cámaras el hecho de que un partido pretendiera reivindicar como suya la gubernatura. Decidimos impulsar a Salvador Jara, que era el rector de la universidad (en Michoacán), no por desestimar la fuerza de los políticos, sino para evitar que alguien pretendiera adueñarse de la gubernatura. El sistema partido tiene un reto, y hablo de todos, de seleccionar muy bien a sus aspirantes. Al final, los partidos políticos están integrados por ciudadanos, no somos gente de otra galaxia, somos ciudadanos, con una filiación”. — Siguiendo la propuesta que su partido ha lanzado, si en este momento se eliminaran 100 diputados plurinominales, el PRI robustecería su mayoría en el Congreso federal, tuvieran una mayoría absoluta… ¿no es concentrar el poder en un solo grupo, en un partido? “No necesariamente. La idea de reducir los diputados plurinominales mantiene la conformación plural de la Cámara, pero aligera el costo de la representación política y hace más fiel la composición de la voluntad ciudadana en las urnas. El PRI, con este mismo esquema en 2006, tuvo 106 de 500 diputados, de tal suerte que no es un sistema de representación favorecedor del PRI, sino que pretende hacer más representación política, sin restar pluralidad”. — ¿Y en senadores no? “La existencia de los senadores de lista distorsiona la conformación de paridad del Senado. Porque así se pensó, donde no importa si una entidad es pequeña o grande, todas en principio tenían dos (senadores). Eso no le resta eficacia al Senado ni pluralismo, por cierto, con el que el PRI se siente muy cómodo”. — En la obra hay discusión sobre las consultas ciudadanas, particularmente la Reforma Energética. ¿Va a pasar? De haber consulta ciudadana, ¿la reforma tiene reversa? “Eso está a la consideración de los ministros de la Corte. Estaremos pendientes de la nuestra y visitaremos a los magistrados para hacer un alegato adicional en favor de la nuestra. Adelanto que cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea, la vamos a acatar con disciplina”. — ¿Tienen reversa las reformas? “Eso no me toca a mí decirlo, le toca a la Corte”. — ¿Pero es factible? “Personalmente esa pregunta me parece que no, pero es una percepción personal, yo no tengo la última palabra”. — ¿Estaría de acuerdo en una consulta popular que determine la permanencia del Presidente de la República? “Es una consulta absurda, no tiene ni pies ni cabeza, y lo único que revela es una actitud demagógica que pretende llamar la atención, eso no tiene alguno. Enrique Peña Nieto es un Presidente con suficiente legitimidad para ejercer hasta el 30 de noviembre de 2018”. — Hace unos días, algunos empresarios, particularmente Claudio X. González, solicitó un pacto, pero ahora por la seguridad. ¿Es necesario? “Yo creo que el mejor pacto por México es el sometimiento de las instituciones y a la Ley, es la eficacia en el trabajo y es la coordinación de autoridades”. — En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto han renunciado dos gobernadores, por causas muy particulares. ¿Sospecha o vaticina Usted una próxima renuncia? “Yo espero que no renuncie nadie, porque las personas que ocupan esos cargos lo hacen en función de mandatos populares, que espero sean robustos y duraderos. Hay que hacernos cargo de lo que ha ocurrido en estos dos estados. Son ideas extremas que la necesidad hizo tomar”. Informe en bola Acomodado en su silla, con una hora de retraso, y entre incidentes y acarreados, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, inició el informe legislativo de tres diputados locales el miércoles 29 de octubre. René Mendívil Acosta, Miriam Ayón y David Ruvalcaba Flores juntaron en un mismo acto político su informe del primer año como regidores, protagonizaron con ello un acto de preámbulo electoral de cara a 2015. La plana mayor del PRI se juntó en El Foro, Antiguo Palacio Jai Alai, en la Avenida revolución de Tijuana. Viejos y nuevos militantes, casi todos postrados en la entrada, a la espera de su líder nacional. En el hotel Ticuán, a unos metros del evento, ex alcaldes en Baja California, diputados federales y locales, además de funcionarios de todo el estado, esperaban la salida de Camacho Quiroz, mientras en El Foro lo hacían cientos de acarreados traídos en camiones. En el escenario se incluyó a los demás diputados priistas en el Congreso de Baja California, así como a los actuales alcaldes. Se lamentó la ausencia de Gilberto Hirata Chico, presidente municipal de Ensenada, quien ese día sufría el fallecimiento de su padre. En las primeras gradas del recinto, los invitados especiales, Carlos Bustamante al lado de Javier Urbalejo, diputados y delegados federales, entre otros empresarios y políticos afines al partido. Para arrancar el protocolo, un video que pretendía resumir los 12 meses de los diputados en el Poder Legislativo. Problemas técnicos con el audio retrasaron la presentación. David Ruvalcaba, presidente del Congreso, explicó que el año había sido “de logros”, al haber “respaldado la economía familiar” con leyes y gestiones sociales: “Dimos seguimiento y solución a una agenda que recogió el sentir de los bajacalifornianos”. Por su lado, Miriam Ayón enlistó los recursos que se destinaron a la gestión social y las ayudas repartidas en sus distritos, acciones por los que a cada diputado se le proporcionan 250 mil pesos al mes. Mientras que, sin mencionar nombres, René Mendívil expuso: “Hay quienes apuestan por la confrontación como método de ganar adeptos, sin importar la división social y la discordia que generen”, y que en cambio, el PRI no se detenía en los insultos ni en las calumnias. Para ese momento, final del acto político, las matracas y chiflidos ya habían aturdido a cualquiera. “¡La gente que venía en camión, vénganse por este lado y no se muevan de aquí!”, se escuchó para despedir la noche con una larguísima fila de calafias y autobuses. Y Andrés Manuel López Obrador… denunciará En una carta pública que descargó en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador expuso que denunciará “a los integrantes de la mafia en el poder”, tras ser señalado por los priistas César Camacho, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, para que se le investigue por los hechos de Iguala. El fundador del Movimiento Regeneración Nacional escribió lo siguiente: “Ante los señalamientos de César Camacho, presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa, coordinador de la fracción parlamentaria de ese mismo partido en la Cámara de Senadores, acerca de que se me investigue por los crímenes de Iguala. “Y aunque usted supuestamente descartó esa posibilidad argumentando que `La Procuraduría General de la República investiga hechos delictivos’, en este caso no se me ha denunciado, no se ha denunciado ningún hecho delictivo para que motive la actuación de la Procuraduría. “Sin embargo, le anticipo que le enviaré un escrito denuncia para que sean investigados los integrantes de la mafia del poder que, considero, son los principales responsables tanto de esos dolorosos hechos delictivos como de la actual tragedia nacional. “También, le recuerdo que permanecen archivadas en la PGR, una denuncia que presenté, el 15 de junio de 2009, en contra de un grupo de esa misma asociación delictuosa, así como otra, del día 5 de febrero de este año, en contra de Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria. “Espero que con la nueva denuncia no suceda lo mismo, que realmente se investigue y se castigue a los responsables, que haya justicia”.
Responsabilidad legal es de personas, no de partidos
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