A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le urgía una renovación. Por más que Raúl Plasencia creyó que tenía segura la reelección después que el Presidente Enrique Peña Nieto le había medio abierto la puerta sin reclamo alguno, en la Cámara de Senadores le dieron palo al abogado. Argumentaron las senadoras, y lo hicieron bien, que eran demasiadas las quejas de grupos de luchadores sociales, activistas y ciudadanos, que no veían sus demandas ciudadanas reflejadas en el trabajo de la CNDH; por el contrario, el ex ombudsman dedicaba mucho tiempo a la vanagloria y al derroche. Días antes, también como al Presidente Peña, periodistas de la Ciudad de México habían publicado la mansión que se construye en la Ciudad de México a Plasencia, a lo que su director de comunicación respondió acelerado que con ello no aportaban al periodismo y sí ponían en peligro la integridad de Raúl, otro más de la clase política que se comporta como nuevo rico. Total, al licenciado no lo reeligieron y no llegó ni a semifinales. Ahí quedan los edificios, las cátedras con su nombre y los bustos que en distintas ciudades de la República se mandó a colocar el señor Plasencia. Los legisladores federales eligieron como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al licenciado Luis Raúl González Pérez, hasta entonces abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. De González Pérez lo que más se recuerda es su paso por la Procuraduría General de la República, donde fue el último fiscal especial para la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fue el hoy titular de la CNDH quien cerró el caso Colosio, que concluyó con la condena a 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez, el asesino solitario de quien fuera candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Las conclusiones de Luis Raúl González Pérez no fueron fáciles de elaborar. No solo porque era -acaso sigue siendo- un expediente muy polarizado, de interés nacional, ciudadano y con muchas verdades populares. A él correspondió determinar la verdad jurídica. Hubo de recrear lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, comprobar y confirmar los hechos, derrumbar teorías y conformar hipótesis basadas en los hechos comprobables y no en las figuraciones del contexto popular que estaban –y están- más cerca de la conspiración y el complot, que de la verdad legal del asesino solitario. A González Pérez le correspondió darle credibilidad jurídica a una Fiscalía Especial que había perdido el rumbo de la mano de dos de los ex fiscales, el primero, Miguel Montes García, y el tercero, Pablo Chapa Bezanilla, quien encarceló a inocentes. Fue durante la Fiscalía de González Pérez que se le tomó declaración a un ex Presidente. Fue el caso de Carlos Salinas de Gortari, a quien le tomaron su testimonio en Dublín, Irlanda, donde por entonces vivía. Al final de miles de fojas conteniendo investigaciones científicas, peritajes, testimoniales, grabaciones de audio y video, y reconstrucción de hechos, se confirma la línea del asesino solitario y la sentencia de 45 años a Aburto. Después de eso, el abogado Luis Raúl González Pérez continuó en lo suyo. Su paso fue por el área jurídica de la UNAM, en la PGR, e incluso en Gobernación y la propia Comisión de los Derechos Humanos, donde encabezó dos visitadurías, la Dirección de Asuntos Indígenas y la Dirección del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos. Hoy a González Pérez le toca, como en aquel 1996, dar cuentas en un país convulsionado por la violencia y la inseguridad, por el ataque del Estado sobre la sociedad, por los muertos de Guerrero y de Tamaulipas, del Estado de México, de Michoacán y Baja California Sur, por la presión a los activistas sociales, a los líderes ciudadanos y la represión a los periodistas independientes, libres y de investigación. No es una tarea fácil, pero la experiencia de González Pérez en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la CNDH, le deben dar el bagaje para representar no al Poder Legislativo que lo eligió, como tampoco al Poder Ejecutivo que en el pasado le ha cobijado, sino a los ciudadanos todos, a los mexicanos que están cansados de la corrupción, la transa, la impunidad y el crimen, además de vulnerados.
Publicidad
