Durante los primeros 18 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, a procuradores y secretarios de Seguridad en los estados, se les exigió seguir los lineamientos del Gobierno Federal en materia de información de seguridad. El objetivo: proporcionar la menor cantidad posible de información de expedientes, nombres, fotografías y hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, con el argumento de garantizar el debido proceso. Finalmente se ha comprobado que la política de cerrazón de información en seguridad, beneficia la impunidad de los criminales al protegerlos en su identidad, los delitos de los cuales se les acusa y el proceso que se les sigue. Ahí está el caso de cuando rompieron su regla de no presentar a los criminales detenidos, precisamente con Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien “trasladaron” delante de cámaras y reporteros, del hangar al helicóptero que le llevaría a la prisión. Pero el caso de la fotografía es por demás ilustrativo. Se trata de dos policías de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes -es de suponer- detuvieron al narcomenudista que llevan hacia la autoridad correspondiente. Del vendedor de droga poco o nada sabemos, quizá ya esté de nueva cuenta en las calles, pero de los agentes, vaya, conocemos el rostro, sus generales físicos y los podemos ubicar. ¿Qué clase de Ley, código o reglamento protege a los delincuentes y exhibe a los oficiales? El que Daniel de la Rosa, el secretario de Seguridad Pública y Perla Ibarra, procuradora del Estado, decidieran seguir por recomendación de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. El colmo.
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