No hay concurrencia entre los programas de asistencia social que aplica la federación con los que desarrolla el gobierno del Estado, admitió el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho. “Buscamos la concurrencia de recursos, cuando no se tiene al cien por ciento esta concurrencia por parte del gobierno del Estado se busca un acercamiento con los ayuntamientos y nos ha dado resultado”, subrayó el funcionario al enfatizar el acercamiento logrado con las autoridades de los cinco municipios de la entidad. Precisó que la política del presidente Enrique Peña Nieto para abatir los índices de pobreza “es cien por ciento productiva y no tanto asistencialista”, de que no se dé la coincidencia entre los programas de ayuda que lleva a cabo la federación con los que ejecuta el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid. Sin embargo, descarto que el que no se dé una concurrencia no significa que el estado no esté aplicando los recursos que se le asignan para asistencia social, “el estado aplica recursos dónde no lo hace SEDESOL, pero sí lo hace en zonas de atención prioritaria”, dijo. No obstante, anotó que el gobierno del estado aplica con desfasamiento estos recursos, “si los tiempos no les dan, a lo mejor porque no han bajado los recursos, quiero pensar, lo cual es entendible”, trató de explicar. Corona Bolaños Cacho, anotó que es respetuoso de la política que lleva el gobierno del estado, con el que trata de llevar una buena relación. Abundó que es en los programas de apoyo a adultos mayores y en el de seguro para jefas de familia dónde sí han logrado empatar ambos gobiernos sus políticas y actualmente se busca coincidir los apoyos que se canalizarán a proyectos productivos, programa para el que la federación destinará dos millones de pesos, a los que se añaden tres millones de pesos más para apoyo a jornaleros agrícolas. El funcionario federal precisó que en lo que va del 2014, en Baja California se han aplicado 900 millones de pesos para abatir la pobreza alimentaria, monto que significa el 90 por ciento del presupuesto autorizado para ser canalizado en el presente ejercicio fiscal.