Negociaciones ilícitas

Isaí Lara Bermúdez  Sergio Haro Cordero Las sindicaturas municipales de los ayuntamientos de Baja California han presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, denuncias contra los ex alcaldes Enrique Pelayo (Ensenada), Javier Urbalejo (Tecate), Javier Robles (Rosarito) y Francisco Pérez Tejada (Mexicali). Y en Tijuana, a punto de concluir el primer año de gestión, preparan acusación penal, ante el Congreso y el Órgano de Fiscalización Superior, contra Carlos Bustamante. Los contralores que hasta ahora han abierto averiguaciones previas en la PGJE, acusan que los ex presidentes municipales abusaron de su autoridad, obtuvieron información privilegiada para hacer negocios y beneficiarse económicamente, y/o favorecieron a sus parientes o amigos; delito calificado en el código penal local como negociaciones ilícitas. De igual manera, tipifican el tráfico de influencias y atribuyen violaciones administrativas, ya que, como ordenan los reglamentos internos de los municipios, los ediles debieron excusarse informando del parentesco o relación que involucraba sus intereses, en lugar de ser partícipes de los respetivos procesos que se les imputan. Llaman a Urbalejo y se reserva declaración Según información proporcionada a ZETA, agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Subprocuraduría de Justicia Tecate se organizaron el viernes 17 de octubre para localizar y trazar el plan que llevaría a notificar y presentar ante el Ministerio Público, al ex alcalde de Tecate, Javier  Urbalejo Cinco. Fuentes de la corporación revelaron que la mañana del lunes 20 de octubre, agentes siguieron al ex presidente municipal desde que salió de su domicilio. Identificaron la camioneta tipo Suburban blanca en la que se trasportaba junto con sus hijas. Lo interceptaron en la colonia Moderna de esa ciudad. Refieren que Urbalejo se mostró un tanto nervioso, pero colaborador.  Los ministeriales le pidieron identificarse y le mostraron la orden de presentación que deviene de la averiguación previa 17/06/208/AP, misma que lo señala, con otros ex funcionarios y un empresario, por delitos de fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas. A decir de las versiones dentro de la PGJE, Javier Urbalejo indicó a los ministeriales desconocer la demanda y preguntó si era forzoso que se presentara en ese momento. Los ministeriales le pidieron que los “acompañara”. No hubo necesidad de fuerza, no se trataba de un arresto. Aunque ciertamente, en algunas órdenes de presentación son giradas con “medidas de apremio”, y de negarse el requerido, puede ser arrestado por 36 horas, o bien, pagar una multa de 50 salarios mínimos. Urbalejo pidió antes pasar a su casa y los agentes ministeriales lo siguieron. Ahí esperaron y, minutos después, en su vehículo, se dirigió a las oficinas de la Subprocuraduría, escoltado por la patrulla de la Policía Ministerial. Llegó sin abogado.  Elementos ministeriales lo buscaban desde mediados de septiembre para entregarle citatorios, y pese a tener negocios y domicilios conocidos, no lo localizaron hasta la mañana del 20 de octubre. Una vez en las oficinas de la PGJE, el ex presidente municipal ejerció su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el sábado 18 de octubre Fernando Iván Esparza Murúa, ex secretario del Ayuntamiento. Y el 21 del mismo mes, Ricardo Sánchez Delgado, ex oficial mayor. Los tres denunciados por los mismos delitos y los tres con órdenes de presentación. Sin un abogado que lo acompañara, a Urbalejo se le tuvo que asignar un defensor de oficio. El agente del Ministerio Público le pidió regresar en 40 minutos para que el defensor firmara su reserva. Y así fue. La demanda penal contra Urbalejo, ex funcionarios municipales y un contratista de nombre Francisco Javier Chaidez León, se interpuso el 17 de junio de 2014, por los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, encabezada por el panista Víctor González. El expediente incluye declaraciones y testimoniales de los empleados del Ayuntamiento, quienes realizaron trabajos topográficos durante meses, por los que se pagó al contratista -y de manera irregular- 4 millones 917 mil 300 pesos. En poder de ZETA está tanto el contrato firmado por Urbalejo y los funcionarios mencionados, como por el contratista, las facturas que suman la cantidad y la lista de mediciones que realizó el personal de Catastro por la que cobró el particular. El hermano de este promotor, Felipe Chaidez, fue uno de los contratistas más beneficiados por el XIX Ayuntamiento, durante la administración de Donaldo Peñalosa en Tecate. Igualmente, pesa denuncia penal por peculado junto con el ex alcalde panista, interpuesta por Sindicatura en la administración de Urbalejo, quien declaró a ZETA respecto a su presentación del día lunes: “A mí me notificaron y yo con todo gusto asistí, de hecho yo ya quería asistir para desahogar eso, pues yo soy el principal interesado en que se resuelva”. Urbalejo se siente tranquilo: “No hay nada detrás de esta demanda, pero hay que atenderla como debe de ser… es un asunto sin importancia, fui como cualquier ciudadano a atender una demanda”.  El ex alcalde asegura que se reservó el derecho de declarar porque desconoce a detalle, sin embargo, una vez se le entregue una copia del expediente, presentará su defensa.  Los terrenos de Enrique Pelayo La Sindicatura que encabeza Iván Alonso Barbosa Ochoa en Ensenada, espera que sea concedido al ex alcalde Enrique Pelayo Torres el amparo que solicitó, para acelerar el caso en su contra. Además, que la PGJE subsane la supuesta violación de sus derechos, admita los “elementos de prueba” que no aceptó para que, en corto tiempo, la fiscalía estatal consigne el expediente por la presunta comisión por los delitos de abuso de autoridad, coalición de funcionarios, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Se trata del expediente 1329/14/311/AP, denuncia interpuesta en marzo de 2014, porque siendo alcalde Pelayo, le vendió a su yerno, Francisco Javier Nájera Robles, dos terrenos a través del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE) que encabezaba Marco Antonio González Aréchiga. Los predios, de 35 mil 829 metros cuadrados en la delegación de Maneadero, y 333 metros cuadrados en Villas Residencial del Rey, tuvieron un costo de 2 millones 275 mil pesos. El ex alcalde y sus presuntos cómplices fueron llamados a declarar en tres ocasiones, la primera se reservaron, la segunda lo hicieron por escrito el 10 de junio de 2014 y después ratificaron. De acuerdo a personal del Ayuntamiento de Ensenada, el yerno Nájera Robles se negó a declarar, mientras palabras más, palabras menos, el alcalde Enrique Pelayo expuso ante la PGJE: “No existe delito que se me pueda atribuir, ya que no he ejecutado conducta alguna que merezca sanción penal. Yo desconozco las acciones de compraventas del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo de Ensenada, eso es responsabilidad  de la paramunicipal, y su titular es el que debió haber estar enterado. Yo no participé en la autorización para la venta. La venta se organizó conforme a la comisión estatal de avalúo. “Y no me vi beneficiado ni yo, ni ningún familiar con esa venta. No creo que Marco Antonio González Aréchiga haya tenido conocimiento de quienes integran mi familia, porque solo llevaba una relación institucional y no de amistad, él no tenía que saber quién  era mi yerno”. Por su parte, Marco Antonio González Aréchiga, ex titular de FIDUE, refirió:  “No tenía por qué saber el vínculo entre el ex alcalde y su yerno, después me enteré por los medios”. ZETA tiene conocimiento de que la Sindicatura ensenadense presentó pruebas de que tanto Pelayo Torres, como  González Aréchiga, sabían que estaban violentando la Ley que prohíbe a los funcionarios hacer negocios con parientes o beneficiarse con información y trámites privilegiados. En el expediente judicial consta la declaración de un notario de Ensenada que, a pregunta expresa del Ministerio Público de la PGJE, les informó que tres días antes de concluir la gestión de Pelayo, el 28 de noviembre de 2013, se presentaron en su oficina el todavía alcalde, su yerno y el titular de FIDUE, porque el edil quería protegerse y hacer el contrato privado de la venta de uno de los terrenos en cuestión y firmar un documento en el que su yerno se comprometía a venderle el mencionado predio. El actuario se negó, pero le entregó un machote para realizar el trámite. Al yerno que se negó a declarar con documentales públicas, la Sindicatura le probó que hizo la compraventa con tres depósito en efectivo a la cuenta bancaria del FIDUE  por un millón 200 mil pesos. Con las tres fichas se presentó en el Fideicomiso y le dieron contrarrecibos a su nombre, además, en el contrato él aparece como comprador. Se presentó el acta de matrimonio que prueba su relación con la hija del ex alcalde. Por esos pagos en efectivo, la autoridad municipal también dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y precisamente porque los pagos se hicieron en octubre de 2013, un mes después que entrara en operación la Ley Antilavado, contrario a lo dicho por González Aréchiga, al tratarse de importes mayores a 514 mil pesos, sí estaba obligado a investigar la procedencia del dinero y saber quién era el comprador. En el caso del ex presidente municipal, si bien, no estuvo presente ni presidió la sesión del comité del FIDUE donde se acordó la venta del terreno a su yerno, en el XXI Ayuntamiento consideran que eso no significa que no tenga injerencia o responsabilidad, porque envió un representante, y por ser presidente del mencionado comité, estaba obligado a saber y estar informado de tan oneroso intercambio. En cuanto al terreno donde se ubica un establecimiento Oxxo en La Bufadora, que también entregó el gobierno de Pelayo a su yerno, la FIDUE del XXI Ayuntamiento promoverá esta semana ante la PGJE  un proceso de nulidad para que el predio, actualmente a nombre de Francisco Nájera, regrese al patrimonio de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada.  Originalmente ese terreno formaba parte de un predio mayor que el Ayuntamiento tiene en asociación en participación con la empresa Los Vientos, bajo una misma clave catastral. Y después, misteriosamente aparecieron separados cada uno con clave distinta. Ahora el municipio ensenadense iniciará proceso para recuperar la propiedad.   Las carteleras de Carlos Bustamante En el XXI Ayuntamiento de Tijuana tienen una opinión técnica en la que abogados internos sugieren denunciar ante el Ministerio Público del Fuero Común al ex alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo, por violentar el Artículo 305 del Código Penal del Estado, que instruye respecto a la configuración del delito de negociaciones ilícitas. Debido a que en el desempeño de su encargo como alcalde, “otorgó por sí o por interpósita persona”, a través del  pleno del Cabildo -en sesión del 22 de noviembre de 2013- la concesión de nueve puntos en la ciudad que administraba, a favor de Publicyr, S.A. de C.V., empresa de la que su hijo, Carlos Alfonso Bustamante, es apoderado legal. Para probar los manejos ilícitos del señor Bustamante, el Ayuntamiento también tiene en su poder las constancias relativas al reconocimiento de adeudo de Publicyr, y documentales que acreditan la apertura de crédito de la mencionada empresa ante el Banco Mercantil del Norte, en las cuales el ex alcalde aparece como deudor y obligado solidario. Entonces, como efectivamente indica el Artículo 305, se trató de “un acto jurídico que produce beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes… hasta el cuarto grado”. Los expertos en derecho plantearon a la autoridad municipal la necesidad de iniciar un proceso de responsabilidad administrativa contra Bustamante, pues conscientemente violentó el Artículo 44 del Reglamento Interno de Cabildo:  “Los miembros del Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los asuntos en que tengan interés personal, o en aquellos en que  tenga interés personal su cónyuge, cualquier pariente consanguíneo, sin  limitación de grado o por afinidad hasta el segundo grado, o personas morales y  entidades económicas en que tengan participación directa o indirecta”. Y no lo hizo. De igual forma, los abogados también recomendaron dejar sin efectos aquella sesión del 22 de noviembre de 2013,  porque todas sus consecuencias jurídicas pueden ser declaradas nulas, debido a las acciones irregulares cometidas por el ex alcalde. Ahora es cuestión de esperar para saber cuál camino tomarán el síndico procurador de Tijuana, Arturo Ledezma Romo, y el alcalde Jorge Astiazarán Orcí, sobre los tres que recomiendan los abogados internos: presentar denuncia penal ante la Procuraduría, dar vista al Congreso y que el ORFIS investigue. O las tres. Rosarito: PGJE no ha declarado a nadie  Tomás de la Rosa Martínez, síndico municipal del Ayuntamiento de Rosarito, solicitó a ZETA posponer una entrevista para la siguiente semana en la que espera tener avances, por lo menos en alguna de las once investigaciones que según sus declaraciones públicas, promovió contra funcionarios del Ayuntamiento encabezado por Javier Robles Aguirre, pues hasta el momento no hay nada. Este Semanario le solicitó el número de averiguación previa de sus denuncias, con el nombre de los acusados y el delito que les imputa, para corroborar que existan, pero de igual manera el síndico pidió aplazar el manejo de esa información. Hasta ahora, tanto el alcalde Silvano Abarca, como el síndico De la Rosa Martínez, han mencionado públicamente que el ex alcalde Javier Robles Aguirre, el ex tesorero Manuel Zermeño y el ex síndico Roberto Perales (por omisión), serían acusados por no comprobar cómo gastaron 180 millones de pesos, y los 200 mil pesos de esos recursos que se erogaron en las cirugías para adelgazar de cuatro regidores. También informaron que habría más denuncias por basificaciones irregulares, adjudicación directa y pago en exceso en obras como la carretera libre Tijuana-Rosarito, malecón y cajón pluvial Zona Centro; la adjudicación a la empresa VilobiCorp México, S.A. de C.V. y la entrega de decenas de cheques sin fondos. Consultado el principal señalado, Javier Aguirre respondió que el Ministerio Público no lo ha llamado, que en este tiempo solo lo requirió la Sindicatura y de “lo único” que le preguntaron fue de las cirugías de los ex ediles. “Respondí todo lo que preguntaron y quedó asentando, les expliqué que en Cabildo se había aprobado que los regidores tuvieran servicios de salud, que hubo un diagnóstico médico que se requería la operación, se la hicieron y se pagó porque era un servicio al que tenían derecho”. — ¿En Sindicatura, preguntaron de los otros 180 millones de pesos?     “No, nada. Además no sé de dónde sacan eso, con todo respeto, no sé quién asesora al alcalde para hablar a la ligera. Yo espero que me manden citar la Sindicatura y el Ministerio Público, para exigir que se otorguen pruebas que dicen tener, no pueden estar hablando así para desviar la atención de sus problemas administrativos y justificar su incapacidad”. — ¿Sus colaboradores han sido llamados a declarar? “Hasta donde yo sé, algunos solo por la Sindicatura, nadie por la PGJE”. Pérez Tejada, seis carpetas de investigación complicadas Abuso de autoridad, negociaciones ilícitas, fraude, tráfico de influencias, desvío de recursos y peculado, son los delitos que el ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, tiene que enfrentar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una vez que queden integradas las carpetas de investigaciones. El subprocurador en Mexicali de la PGJE, Fernando Ramírez Amador, señaló que las denuncias fueron presentadas por el actual sindicó procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Humberto Zúñiga Sandoval; por la oficial mayor del Ayuntamiento, Maribel Avilés; el representante legal del FIDUM en Mexicali, y otra por la dirigente del Sindicato de Burócratas de Mexicali, Victoria Bentley. Mencionó que las carpetas de investigación están siendo integradas debidamente, incluso resaltó la denuncia de la líder sindical, donde 700 burócratas han querellado por derecho a la reparación del daño, aunque reconoció que faltan más de 100 personas para poder integrar el expediente. El funcionario estatal indicó que esta denuncia se completará con la presentada por el síndico procurador, toda vez que la denuncia del servidor público deriva de la queja de la dirigente de los burócratas. Expuso que dos  de ellas son por no enterar las cuotas de seguridad social a ISSSTECALI, otra por venta de terrenos a familiares de ex funcionarios del Ayuntamientos, en este caso, a la esposa del ex secretario del Ayuntamiento, Tobías Duarte, por la concesión otorgada por 20 años con una empresa de anuncios publicitarios, falsificación de actas de cabildo y otra por la compra de equipo de computación el cual no funcionó. Una vez integradas las carpetas se van a reclasificar los delitos, además de que las seis denuncias ya fueron ratificadas. Ramírez Amador mencionó que hasta el momento no hay fecha para que el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, o cualquier persona que tenga que declarar como responsable lo haga, ya que la Ley no determina un tiempo límite para la integración. Recalcó que no se ha dejado de actuar, incluso con personal de soporte, para que la titular del área pueda integrar más rápido las carpetas. En cuanto a la falta de entrega de cuotas, el subprocurador comentó que se habla de un daño de 900 millones de pesos, en el equipo de cómputo de un detrimento hacia el Ayuntamiento de 20 millones, y otra denuncia por la retención del impuesto de riesgo laboral por 180 millones de pesos. “Ellos pueden denunciar por el delito que sea, pero una vez integrado, el Ministerio Público va a clasificar y determinar si se da un delito o no; y si se da, qué tipo de delito será”, explicó Ramírez Amador. — ¿Los tiempos en que se lleven las diligencias tendrán que ver con los tiempos electorales? “No, hay que recordar que la política está fuera de la procuración y administración de justicia, éstas son seis carpetas de investigación, son complicados los temas de integración, se van a integrar en los tiempos que se deban de integrar. No tiene nada que ver con un factor externo, son miles de fojas” respondió el funcionario de la PGJE. De esta manera, cuatro de cinco ex alcaldes son investigados o están en proceso de serlo, por la PGJE, por negociaciones ilícitas y otros delitos. Sanciones Negociaciones Ilícitas. De seis meses a cinco años de prisión, y de 50 a 250 días de multa. Peculado. Dependiendo del monto de lo distraído, de 2 a 14 años, y de 100 a 250 días de multa.  Tráfico de Influencias. De 2 a 8 años de prisión, y 50 días de multa. Abuso de Autoridad. De 2 a 8 años de prisión, y hasta 400 días de multa. Coalición de Funcionarios. De uno a 4 años de prisión, y hasta 100 días de multa. Fraude. Dependiendo del valor de lo defraudado, de tres meses a 9 años de prisión, y de 100 a 500 días de multa.