Narciso: ni exonerado ni inocente

Los Cabos, Baja California Sur.- Según analistas políticos consultados por ZETA la carta de inocencia del ex gobernador y aspirante a la presidencia municipal de Los Cabos, Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño persigue 3 objetivos: 1.- Erigirse como una víctima y presunto preso político del actual gobierno del estado. 2.- Limpiar su imagen vinculada a actos de corrupción a gran escala, despojo e invasión de tierras y financiamientos de sus campañas por parte de líderes del narcotráfico, particularmente del Cártel de los Arellano Félix. 3.- Reivindicarse socialmente luego de que el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que no postulará aspirantes con antecedentes delictivos y muchos menos aquellos que hayan sido procesados por delitos graves como homicidio, peculado y desviados de los valores éticos de honestidad, congruencia y justicia. El 7 de noviembre, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal decretó auto de libertad a favor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y su ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez por el delito de incumplimiento de un deber legal, después de haber ganado una batalla legal en el juicio de amparo 453/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación. El primero en brincar al escenario político, tras haber firmado “por última vez”, como todos los viernes, el libro de control de reos, fue Agúndez, quien se declaró libre de toda culpa del intento de adueñarse de siete bienes inmuebles del gobierno de Baja California Sur, localizados en el exclusivo fraccionamiento de “El Pedregal” en Cabo San Lucas. En una improvisada rueda de prensa, el ex mandatario perredista se dijo contento por haber recibido una sentencia “absolutoria” de la acusación en su contra en un día que sería recordado por ser la fecha más importante de su vida, su familia y la de sus amigos, luego de un largo proceso de más de dos años y de haber sido “víctima” de las acusaciones “con saña” en las averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Consideró que “la carta de libertad absoluta” permitiría su regreso por la puerta grande al escenario político y tanto él como a su ex colaborador Alfredo Porras Domínguez, participarían en el proceso electoral de 2015. En su caso buscaría la presidencia municipal de Los Cabos, y su ex secretario general, una diputación federal o bien la gubernatura del estado. Acompañado del tesorero municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, y en pleno horario de jornada laboral, el ex gobernador firmó la resolución Constitucional del proceso penal 096/2012, y de inmediato proclamó que se hizo “justicia federal”. — ¿Qué opina de la procuración e impartición de justicia en el estado?, se le preguntó a Agúndez, a lo que su ex secretario general, respondió: “Ja, ja, ja”. Después de salir del juzgado, Agúndez adelantó que presentará una denuncia penal en contra de todos aquellos servidores públicos vinculados en su captura, por lo cual estuvo en prisión alrededor de 203 días, a partir del 24 de mayo del 2012, luego de haber huido a Monterrey, Nuevo León. El ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez, todavía resentido, y al borde de las lágrimas, reclamó la manera en que fue capturado su ex jefe, y citó textualmente: “Fue vergonzoso lo que hicieron, rentar jets privados, el despliegue de fuerzas y movilización de patrullas, es decir, una ensaña (sic) terrible, mezquina, y por eso cuando me preguntaron qué opinaba de la procuración e impartición de justicia, lo vuelvo a decir, es de ja, ja, ja”. A su vez, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño justificó sus actos de corrupción, y puso de pretexto que las causas de su captura, y posterior encarcelamiento inicialmente por el delito de peculado –y tras la reclasificación por incumplimiento de un deber legal– fue porque “era una noticia nacional”, “había una elección nacional”, “querían pegarle a su persona y a su partido”, incluso “humillarlo”. El ex mandatario opinó que “el delito nunca existió”, y solo hubo “una persecución política”, de la cual la única manera de defenderse legalmente de las acusaciones fue recurrir al gobierno federal, porque “había una describilidad (sic) en las instituciones de procuración e impartición de justicia del estado, y no teníamos ningún otro recurso más que apegarnos a la justicia federal”. Agúndez expuso que en la lista de supuestos responsables de su encarcelamiento están relacionados los siguientes servidores públicos: 1.- El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor. 2.- El director de Patrimonio Inmobiliario del gobierno estatal, José Refugio Carrillo Sánchez. 3.- Los ex titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Contraloría General, Gamill Arreola Leal y Maritza Muñoz Vargas, respectivamente. La resolución A pesar de los dichos del ex gobernador, y según copia de la resolución obtenida por ZETA del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Agúndez, el político perredista habló a medias de la resolución Constitucional, bajo el proceso penal 096/2012, y tergiversó la información de tal manera que vendió la idea de haber recibido “una carta de libertad absoluta”, cuando –según abogados consultados por este semanario—“es un documento que no se expide y mucho menos existe en el sistema de justicia mexicano e, inclusive, en el mundo”. Ciertamente, y tras haber ganado el juicio de amparo 453/2014, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, Francisco Javier Silva de Anda, quien dicho sea de paso, ordenó en su momento la reclasificación del delito de peculado, donde se modificó a incumplimiento de un deber legal, protegió y amparó a Agúndez y Porras contra el auto de formal prisión por el delito de incumplimiento de un deber legal dictaminado el 6 de mayo pasado, ordenando dejar insubsistente la resolución reclamada, y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la nueva Ley de Amparo, se resolvió otorgar auto de libertad en un plazo de tres días hábiles, a partir de la fecha de recepción. Aun cuando ambos políticos se encuentran gozando de su libertad, en virtud de que pagaron una fianza, porque el delito de incumplimiento de un deber legal no está tipificado como grave según el Código de Procedimientos Penales, tanto Agúndez como Porras no fueron exonerados ni tampoco son inocentes de haber querido adueñarse de los 7 bienes inmuebles del gobierno estatal, ubicados en el exclusivo fraccionamiento “El Pedregal” de Cabo San Lucas, que tienen en su conjunto 71 mil 939 metros cuadrados. Por esta transa pretendieron realizarse dos operaciones fallidas de compraventa en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, donde según documentos en el expediente fue más que evidente el intento de despojar al estado de los terrenos en esa zona exclusiva de Los Cabos. La primera a través de una compañía de nombre Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., en la cual figuraba como uno de los socios el hijo del compadre del ex mandatario, Óscar Armando Daccarett Casas, cuyo contrato establecía un precio de 72 millones 390 mil pesos, de los cuales –de acuerdo con documentos que obran en el expediente— solo se entregaron 3 millones 810 mil pesos y después se anuló el contrato. La segunda por medio de una empresa de nombre “Inmobiliaria Fakhir, S.A. de C.V.”, y originaria de Torreón, Coahuila, de donde es el compadre del ex gobernador, Óscar Daccarett Habib, por cuyas propiedades consideraron pagarse 23 millones 980 mil pesos,  donde aparecía como uno de los socios, Hassan Mansur González. El ex gobernador, su ex secretario general de gobierno, incluso el ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, quien dicho sea de paso, es el actual secretario general de la delegación de Cabo San Lucas, fueron acusados penalmente del delito de peculado por un quebranto de 55 millones 947 mil 600 pesos. De tal manera, y según la resolución constitucional del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, el auto de libertad a favor de Agúndez y Porras, fue transcrito de la siguiente manera: “Se decreta auto de libertad con las reservas de ley, a favor de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez, en orden de la comisión del delito de un deber legal, en agravio de la administración pública”. Un abogado consultado por ZETA, expuso que según el dictamen “la resolución del juzgado no fue de ninguna manera absolutoria, sino el termino de las reservas de ley o reservas legales, significa que obtuvieron la resolución a su favor por falta de elementos o pruebas, lo que no significa que sean inocente o hayan sido exonerados”. Y es que –a decir del litigante— “el juzgado local solo cumplió la orden de un Juez Federal de decretar el auto de libertad, pero dejó abierta la posibilidad de que el expediente sea devuelto a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y se reinicie la investigación y se recaben nuevas o más pruebas y se pueda proceder legalmente en contra de los inculpados”. —Me está diciendo de que el caso no está cerrado. ¿Es correcto?, se le preguntó. “Exactamente. Mientras no haya una sentencia absolutoria, y el auto de libertad haya sido bajo las reservas de ley o reservas legales, el caso no está cerrado. La PGJE, puede promover una impugnación o un recurso de revisión y reclamar el expediente, reiniciar la investigación, recabar más pruebas que no fueron anexadas a ese expediente e integrar todos los elementos y volver a consignar a los inculpados ya sea por el mismo delito u otro, según las pruebas que haya obtenido en sus investigaciones”. —Y entonces ¿de dónde sacó el ex gobernador eso de la sentencia absolutoria? “Seguramente trata de confundir a la gente y los medios, porque en el dictamen penal no dice eso, es más, no lo menciona, solo se deja sin efecto el auto de formal prisión y se decreta el auto de libertad, pero bajo las reservas de ley para que se pueda seguir investigando, y con datos posteriores de prueba, se proceda nuevamente en contra de los inculpados, incluso el caso puede irse a una segunda instancia. En términos generales, es lo que transcribe la resolución”. Otros procesos No obstante, el ex gobernador y aspirante a presidente municipal de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño, no trae todas consigo. Y es que según datos recabados por ZETA el ex mandatario todavía tiene un proceso penal y un proceso administrativo pendientes de resolverse en el Poder Judicial de la Federación y la Contraloría General del Estado. El primero es también por el delito de incumplimiento de un deber legal, bajo el proceso penal 261/2011 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal y donde también están implicados los siguientes ex servidores públicos: 1.- Luis Armando Díaz, ex secretario general de gobierno. 2.- Guillermo Jáuregui Moreno, ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología. 3.- Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, ex oficial mayor del gobierno estatal. El caso actualmente se revisa en el juicio de amparo, bajo el expediente 329/2014 en el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación. El segundo es un proceso administrativo abierto en su contra en la Contraloría General del Estado, bajo el número de expediente CGE/065/2011, a raíz de las denuncias penales por el delito de peculado y de incumplimiento de un deber legal, donde el 28 de octubre del 2011, decretó responsabilidad administrativa en contra del ex gobernador, su ex secretario general, Alfredo Porras Domínguez, y su ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, este último despacha como secretario general de la delegación de Cabo San Lucas, y quienes recibieron la siguiente sentencia: 1.- Agúndez, sanción económica por 27 millones 973 mil 800 pesos e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por 6 años. 2.- Porras, sanción económica por 13 millones 986 mil con 900 pesos e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por 6 años. 3.- Garibaldo, sanción económica por 13 millones 986 mil con 900 pesos e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por 6 años. La resolución fue impugnada por el ex gobernador y sus ex colaboradores en la Sala Admirativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual –y después de un largo procedimiento— ordenó a la Contraloría General del Estado, reponer el proceso administrativo y el cual está a punto de resolverse. Según un abogado consultado por ZETA, el proceso administrativo es quizás el tema mayormente espinoso para el ex gobernador y sus aspiraciones políticas, porque de salir en su contra, esto dejaría fuera de cualquier posibilidad de ser candidato y quedaría en firme la resolución de no ocupar ningún cargo en los próximos 6 años, pese a que tendría el derecho de volver a promover un juicio de nulidad que tardaría más tiempo del previsto en el proceso electoral del 2015.TAGS: