Debido a que 21 años son muchos y, en ese lapso, el Ministerio Público Federal nunca resolvió si un inmueble asegurado fue producto o utilidad derivada de la comisión de algún delito, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, concedió un amparo a la propietaria del terreno. La beneficiaria de la protección de la justicia federal es la señora Alicia Félix Zazueta, madre de los hermanos Arellano Félix, narcotraficantes que durante varias décadas mantuvieron el control del tráfico de drogas en esta frontera, hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. El juez José Raymundo Cornejo Olvera resolvió, en el juicio 157/2014, que autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) incurrieron en diversas omisiones que vulneran los derechos fundamentales de la quejosa, contraviniendo los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en la Constitución. El fallo ordena al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Coordinación “C” de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS), de la PGR, dejar sin efecto el aseguramiento decretado el 9 de agosto de 1993, y dictar un auto en el que se ordene el levantamiento de la medida precautoria, además de restituir plenamente a Alicia Félix el goce de su derecho fundamental violado. El aseguramiento reclamado por la madre de los hermanos Arellano Félix fue parte de las acciones realizadas por la PGR, dentro de la averiguación previa 13,948/93, con motivo de las investigaciones del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en el Aeropuerto de Guadalajara, el 24 de mayo de 1993. Las autoridades ministeriales aseguraron diversos inmuebles, entre éstos, el lote de terreno número 31 de la fracción 55, sección quinta, del condominio horizontal denominado Condominio Santa Anita, con una superficie de 2 mil 156.99 metros cuadrados. Dicha propiedad fue vendida en 1989 por el extinto Francisco Rafael Arellano Félix a su progenitora, Alicia Félix Zazueta, según consta en la escritura 4960 del Notario Público suplente asociado al titular 78 de Guadalajara, “sin datos de alguna conducta criminosa antes y después de ese acto jurídico por parte de la nombrada, o en los que estuviera relacionada la finca en mención”, detalló el juez de amparo, quien concedió la protección federal en contra del director general del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Jalisco. Un Ministerio Público omiso Durante el análisis del juicio de garantías, el juez Cornejo Olvera afirmó que el acto de aseguramiento es una medida de carácter provisional o transitorio, con la finalidad de esclarecer los hechos, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. El juez de amparo justificó la facultad del Ministerio Público de asegurar los bienes que sean objeto o instrumento de un delito, con el objetivo primordial de garantizar la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado; o bien, para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso. De las pruebas obtenidas o del examen de tales bienes asegurados (instrumentos, cosas o inmuebles), se puede conseguir el éxito de una investigación y evitar que ésta se le dificulte a la autoridad, agregó Raymundo Cornejo, pero “el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir”. En el caso concreto del inmueble reclamado por Alicia Félix Zazueta, el juez criticó que hayan transcurrido “más de veintiún años de que fue dictada tal medida a la actualidad, sin que (el Ministerio Público de la Federación) se pronuncie al respecto”, y aunque fue emitido en contra de determinadas personas, en ningún momento se menciona a la quejosa. También detalla el juzgador que de la averiguación previa original se ordenó el desglose de copias certificadas para la apertura de una diversa indagatoria para investigar la probable responsabilidad de más sujetos vinculados a la organización criminal de los hermanos Arellano Félix, sin que se tenga noticia de los resultados. En el caso del lote del Condominio Santa Anita en litigio, existe inactividad ministerial, situación que “no debe continuar en el mismo estado jurídico, por virtud de que ya no existen razones para ello, ya que oficiosamente la autoridad de origen debió otorgarle un nuevo destino, en concreto, ordenar el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el mismo”. Deficientes pesquisas Para determinar el aseguramiento del lote propiedad de Alicia Félix Zazueta, un fiscal de la PGR tomó en cuenta las actuaciones de la comisión de delitos federales derivados del homicidio del Cardenal Posadas, tales como las declaraciones de indiciados y testigos. Entre otras declaraciones, obran las de Jesús Alberto Bayardo Robles, José Carlos Bayardo Robles, Joaquín Guzmán Loera, David Quintero Angulo, Dante Osuna Acosta y Enrique García García. Así como los cateos en fincas de las colonias Residencial Chapultepec, Hipódromo, El Rubí, Residencial Agua Caliente, Cacho y Obrera, en Tijuana. Se adjuntaron también informes de investigaciones, escrituras públicas de diversos bienes inmuebles y copias certificadas de órdenes de aprehensión dictadas en Juzgados Penales de Baja California y Jalisco. Con base en las probanzas reseñadas, el fiscal responsable señaló que de todas esas diligencias se concluía que “Alicia, Francisco Rafael, Francisco Javier, Eduardo, Fernando, Carlos, Benjamín, Ramón, Enedina y Norma Isabel, de apellidos Arellano Félix, así como Alicia Félix Zazueta y Benjamín Francisco Arellano Sánchez, se dedican a actividades correspondientes al narcotráfico y que las utilidades económicas obtenidas son destinadas a la adquisición de bienes inmuebles, registrados a nombre de ellos mismos, de sus familiares o de terceras personas”. De las anteriores deducciones del Ministerio Público, el 9 de agosto de 1993 se ordenó el aseguramiento del lote de terreno propiedad de Alicia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que según el valor catastral probable, tiene un precio actual aproximado a 7 millones de pesos. El asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, hace un año en Los Cabos, Baja California Sur, ha precipitado una serie de juicios de amparo de parte de sus familiares más cercanos para recuperar inmuebles a nombre de éste, que aún se encuentran asegurados por la PGR en Sinaloa y Jalisco, por lo que no se descarta, inicien acciones legales en Baja California con las mismas intenciones.
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