Libre ex Gobernador de BCS y denunciará al Gobierno actual

El 24 de mayo del 2012, Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur y Alfredo Porras Domínguez, ex Secretario General de Gobierno, fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el supuesto delito de peculado en agravio del erario público. A más de dos años del proceso, este viernes les fueron entregadas sus cartas de libertad absolutoria, otorgadas por un juez federal, burlando a la autoridad estatal, es decir, librando sanción impuesta por el Gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor. Al recibir su libertad, Agúndez Montaño, anunció que denunciará a todos aquellos funcionarios que estuvieron involucrados en su detención, “una incredibilidad en las instituciones de impartición y procuración de justicia, y no teníamos ningún otro recurso que apegarnos a la justicia federal, gracias a dios hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no vamos a demandar solo al gobernador del Estado, sino a Marcos Covarrubias, no vamos a demandar solo a la Contralora sino a Maritza Muñoz, no vamos a demandar al de patrimonio nada más, sino también a este señor Carrillo, no vamos a demandar nada más al Procurador de Justicia, sino también a Gamil Arreola”, denunció. En cuanto al desempeño de la procuración de justicia del estado, consideraron que fue con saña y fue una medida para descalificarlos sin delito alguno. “Rentar jets privados, toda la movilización de patrullas, es decir ensaño, una ensaña terrible, mezquina, por eso cuando me preguntaban que pensaba de la Procuraduría del Estado, lo vuelvo a repetir ja, ja, ja, ja”, dijo Porras Domínguez. Alfredo Porras citó el documento recibido “la justicia federal ampara y protege a los quejosos de los actos de la autoridad estatal, y se le ordena al juez que en tres días emita lo que estamos recibiendo”, finalizó. Sin más ni más, los ex funcionarios salieron del juzgado de segundo distrito del ramo penal absueltos, sin culpa alguna de lo que en su momento el gobierno estatal les imputó.