El pasado 13 de septiembre entró en vigor la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California; luego de ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de BC. La ley tiene en sus disposiciones generales, trabajar en conjunto con las autoridades federales promoviendo, respetando y garantizando los derechos humanos de los migrantes que radican en el Estado. Como beneficio de esto, el Poder Ejecutivo de Baja California y los Ayuntamientos podrán celebrar convenios de colaboración y concentración con las autoridades federales, realizando acciones como la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes, brindarles atención a aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad; y la atención a los migrantes que son víctimas del delito, así como la prevención, persecución y su combate. También, se pretende involucrar a la comunidad y a las organizaciones civiles no gubernamentales, quienes podrán organizar y participar en la prestación de servicios asistenciales para los migrantes; logrando así, fortalecer la solidaridad social ante las necesidades reales de un sector. De acuerdo al artículo 16, plasmado en el capítulo 4 de esta Ley; “Los jueces u oficiales del registro civil del Estado de BC no podrán negar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del Estado Civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables”. La Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado, recalca que todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.