Impunidad judicial

A Fernando Ávila Valenzuela “El Tío”, el gobierno de Estados Unidos lo expuso como lugarteniente criminal de Cártel Arellano Félix, encabezado por el sobrino Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, en enero de 2009. Sin embargo, hace cinco años, después de que se dio a conocer el cartel de “Se Busca Información”, al ser cuestionadas respecto a las órdenes de aprehensión en contra de Ávila, señalado como protagonista del “tráfico de droga y lavado de dinero de la organización Arellano Félix”, las autoridades norteamericanas dijeron que no existían. Del lado mexicano la respuesta fue la misma: Ávila estaba imputado públicamente pero judicialmente impune, pese a que desde 2007, ZETA tuvo acceso a informes de la Procuraduría General de la República, donde su nombre ya era mencionado como operador del CAF. Las fuerzas del orden no lo buscaban, pero los grupos criminales sí. Y por los movimientos que hizo antes de ser asesinado, Ávila lo sabía. En un nuevo ataque del cártel sinaloense a los residuos del CAF, pasadas las 2:00 pm del miércoles 5 de noviembre de 2014, cuatro homicidas esperaban que Ávila saliera de un taller ubicado sobre la calle Kepler en la colonia Postal, los usuarios de ese espacio le debían 100 dólares de renta y lo citaron para pagarle 60, fue en auto, aunque su domicilio no está lejos de la zona. Al salir enfiló el carro hacia la calle defensores de Baja California, la vialidad principal de la vieja colonia. Unos 20 metros adelante del taller, se topó de frente con sus homicidas y le empezaron a  disparar. “Testigos mencionaron cuatro hombres en un sedán gris que le disparan con el auto en movimiento”, informaron las autoridades. La víctima intentó huir dando vuelta en “U” para ir en sentido contrario -de la calle principal hacia al taller-, pero los balazos le hicieron perder el control a la mitad de la maniobra y se estrelló contra una barda. Herido, se aventó al lado del copiloto e intentó salir por la puerta derecha del pick-up Tacoma que manejaba. “Por los balazos suponemos que el atacante,  tuvo que bajar y seguir disparando, tiene una herida en la nalga de espaldas”, hecha mientras se arrastraba para bajar del auto. Le descargaron una pistola calibre 9 milímetros, 14 casquillos quedaron en la escena del crimen y el cuerpo presentaba “… entre 10 y 12 orificios de entrada y salida, tenía heridas en cuello, espalda, brazos, glúteos”. Pese a ser una calle con varios establecimientos comerciales, “nadie escuchó nada”, el ataque fue denunciado a los números de emergencia por sus renteros, quienes salieron a la calle por razones del trabajo, y se dieron cuenta que el carro estaba estrellado. “Se había despedido de ellos aproximadamente siete minutos antes”. “Yo creí que eran martillazos y por eso salí a ver, no se escucharon como balazos”, comentó un hombre mayor. Otros vecinos aseguraron: “No se oyó nada, nos dimos cuenta cuando salimos y vimos los policías”. Estaba arribando a la escena la segunda patrulla municipal cuando la familia de la víctima llegó al lugar: “Esos son su hijo y su mamá”, advirtieron quienes los conocían, y los uniformados empezaron a preguntarles de la identidad. Para entonces, el cuerpo no tenía encima ni identificación, ni los 60 dólares que había cobrado de renta. Los agentes ministeriales no saben quién despojó al cadáver de sus pertenencias, si fueron los asesinos, o quienes encontraron el cuerpo, los municipales o la familia. Visiblemente molesto y consternado, el presunto hijo se negó a hablar, instruyó a la mujer (madre) que tampoco lo hiciera, los policías los siguieron con preguntas pero se metieron en un domicilio. La camioneta Tacoma en que viajaba Ávila estaba a nombre de Israel García Galindo, un albañil cuya dirección fue rastreada por los ministeriales, en las primeras horas no pudieron localizar al hombre, pero sí a su familia, que informó a la autoridad que el trabajador de la construcción jamás ha tenido un auto con las características mencionadas. “Es posible que hayan usado documentación falsa para registrarlo”. Para entonces, enlaces del lado americano habían informado a elementos del Grupo Coordinación de Baja California, que el fallecido era  Fernando Ávila-Valenzuela, miembro del Cártel Arellano Félix, “al parecer encargado de lavado de dinero”. La tarde del mismo 5 de noviembre, un abogado se presentó en la Procuraduría para verificar qué debía hacer para recuperar el cuerpo, le informaron que debía ir su familia a identificarlos, trámite que se cubrió el jueves 6 de noviembre. Los investigadores ya habían verificado en la base de datos de licencias la identidad de Ávila, y la familia confirmó que se trataba del hombre boletinado por la DEA y el FBI en enero de 2009. El señalado lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano, residía sin problemas en la calle Kepler de la colonia Postal, y junto a uno de sus hermanos (desde finales de los años noventa y hasta 2001) se convirtieron en dueños de prácticamente toda la calle Kepler en la colonia Postal, más de 2 mil metros cuadrados en propiedades que obtuvieron comprando, pero en la mayoría de los casos, tramitando prescripciones positivas en contra de antiguos dueños. También registran la propiedad de lotes, casas o departamentos en la zona de Otay Universidad y el Infonavit Presidentes en Tijuana. Así como Ávila no era buscado por las autoridades, Raymundo Corona Bartolomé, otro de los hombres expuestos en aquel cartel de enero de 2009, goza de impunidad. En fechas recientes, lectores de ZETA denunciaron su ubicación en La Paz, Baja California Sur- estado donde asesinaron a Francisco Arellano Félix, el 18 de octubre 2013- como dueño de negocios en conocidas plazas comerciales. La información se corroboró, y se informó a los denunciantes que se consultaron autoridades y no tienen cargos en su contra. A partir de febrero de 2014, otro de los protagonistas del mencionado cártel, comparte la impunidad judicial: Manuel Ivanovich Zambrano Flores, detenido el presunto operador del CAF con droga y armas en un taller de su propiedad en la Zona Norte de Tijuana el 7 de agosto de 2009, recuperó su libertad hace ocho meses. De ese grupo del CAF encabezado por Fernando Sánchez rellano, están presos “El Ingeniero, capturado el 23 de junio de 2014; Armando Villarreal, detenido 10 de julio de 2011; Isaac Manuel Godoy Castro, apresado el 21 de abril de 2009; Melvin Gutiérrez Quiroz, aprehendido el 15 de marzo de 2013;  Eduardo García Simental “El Teo”, interno desde el 12 de enero de 2010; Raydel López Uriarte, capturado el 2 de febrero de 2010; y José Filiberto Parra Ramos, asegurado el 10 de junio de 2009. En aquel enero 2009, policías de Tijuana y San Diego refirieron que en esa la lista del CAF faltaban cuatro lugartenientes: Ángel Jácome “El Kaibil”, detenido en marzo de 2009, y  Crescencio Murillo Beltrán “El Chenco”, un hombre de apodo “El Charro” y otro “Aquiles”. Los tres siguen delinquiendo, y después de cinco años, el último, de nombre Alfonso Arzate García, controla criminalmente la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa.  Policías secuestradores Otro caso en el que las autoridades locales ya fueron informados que “siempre no” se ejecutarán órdenes de aprehensión porque los jueces las negaron, es el de la banda de policías secuestradores del CAF  capturados el 25 de septiembre de 2014 en Tijuana, relacionados con el secuestro de un empresario, ocurrido el 18 de septiembre, y por lo menos otros tres delitos similares. En aquella fecha, fueron detenidos el ex ministerial Jose Daniel Canales Rodríguez -que se había ofrecido del testigo protegido-, César Ayala, miembro del Barrio Logan y Armando Angulo junior. Según los primeros dichos de Canales, había 24 elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno involucrados en las actividades ilícitas de esta célula, y estos agentes corruptos se llevaban el 30 por ciento de las ganancias de los rescates cobrados. También señaló como presunto líder criminal a  Lorenzo Hernández García “El Viejón”, y como operadores, al ex ministerial José Luis Chávez “Ramiro” y  el ex policía municipal Luis Jaime Verduzco Delgado “El Lic”. Sin embargo, desde México ya informaron a las autoridades locales, que se negaron todas las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), incluso las de los tres detenidos. “Nos dijeron que ya iban a quedar libres, si no es que ya estaban de regreso en Baja California, que tiene visas para cruzar a Estados Unidos y las usan sin problemas. En el caso del ex policía Verduzco, hasta nos advirtieron que es pariente de un militar”, expuso molesto un miembro del Grupo Coordinación. Del Estado de México Otro expediente impune, fue el de los policías ministeriales del Estado de México detenidos el 2 de noviembre en Tijuana por la Policía Municipal, cuando atendieron el reporte de un ciudadano que los denunció al C4 porque uno de ellos -López- le apuntó con un arma. Los uniformados ubicaron el auto denunciado, detuvieron a todos los que iban a bordo, los agentes Víctor Sánchez Rosas, Álvaro López García, y el civil y ex policía de Tijuana radicado en Las Vegas, Carlos Otal León. Entre la captura, la presentación al juez, ante el médico legista y la elaboración del parte policiaco, pasaron tres horas, “es lo que tardamos con todas las detenciones”, argumentó un jefe policiaco. Cuando los municipales llegaron a la PGJE con los detenidos, los funcionarios de la Procuraduría ya estaban atendiendo al padre de unos de los presentados, el ex director de la Policía de Tijuana, Carlos Edmundo Otal Namur -detenido y liberado en 2002 por presuntas ligas con el crimen organizado-, y según los oficiales municipales, los ministeriales no les quisieron recibir los papeles inmediatamente. Los tuvieron desde las 2:00 pm hasta las 8:00 pm en la sala de espera. En la Policía Municipal, suponen que hicieron tiempo para declarar ilegal la detención, que fue lo que ocurrió al final.    “El representante social calificó de improcedente su detención” porque “… en el parte informativo de la Policía Municipal se encontraron inconsistencias respecto a lo señalado por los agentes y lo declarado por la parte ofendida, asimismo, hay un desfase evidente de horas en la narración de los hechos, respecto a cómo ocurrieron la incidencias, así como del certificado de integridad física. “En la presentación hecha ante el Ministerio Público se hizo un señalamiento a solo uno de los agentes, pero el señalamiento fue muy ambiguo y contradictorio”, puntualizó la PGJE a través de un boletín. Los nuevos matones, también impunes La ausencia de justicia también cobija sin problemas a los delincuentes de menor poder criminal. La última semana de octubre se dieron las capturas y liberaciones de los presuntos homicidas y líderes del narcomenudeo en Tijuana, Luis Toscano Rodríguez “El Mono” y Óscar Ricardo Becerra Rizo, Sicario de Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, quienes ya han sido liberados en otras ocasiones. Además, esta semana la Procuraduría emitió dos boletines anunciando la solución de tres homicidios (uno hombre muerto el 12 de junio de 2014, y una pareja asesinada el 28 de agosto de 2013)  con la captura de los respectivos homicidas. Pero resulta que los cinco criminales implicados, ya están internos desde el mes de julio de 2014, es el mismo grupo entregado por miembros del crimen organizado a elementos de la PGJE en un hotel de la Zona Norte. Los matones habían asesinado la madrugada del 9 de julio, en la colonia Obrera, al bebé de 2 años, Juan Carlos Cruz Ramos, a su madre Saraí Ramos, dejando  herido a Eligio Martínez, quien era el objetivo del atentado. El 4 de noviembre anunciaron la captura de Jesús Atilano Jiménez Martínez  “El Guacho”, quien también había participado en el homicidio del bebé, pero no fue capturado en julio. El más impune en estos expedientes, José Julián López “El Chino”, señalado como jefe de este grupo de homicidas, sobre quien pesan cuatro órdenes de aprehensión sin ejecutar, por homicidio, incluido el de Arturo Hachadur Kaloyán, mientras se desempeñaba como director del Instituto Municipal del Deporte, ocurrido el  16 de diciembre de 2013. Como “El Chino” en Tijuana, las autoridades ministeriales y operativas tienen pendientes de ejecutar por lo menos 200 órdenes de aprehensión en contra de la misma cantidad de homicidas, todas otorgadas en los primeros diez meses del año 2014. El problema es que en la mayoría de los casos, lo único que tiene la autoridad para ubicar a los delincuentes es un nombre, nada de fotografías ni direcciones.  Cambian subprocuradores de Justicia Perla del Socorro Ibarra, Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, realizó –a un año del inicio de su gestión– cambios en las subprocuradurías de Tecate y Playas de Rosarito. A partir del 5 de noviembre de 2014, las fiscalías de Rosarito y Tecate son ocupadas por Patricia Librada Ortega Inzunza y Gerardo Sosa Olachea, respectivamente. En el caso de Ortega Inzunza solo se efectuó un cambio de municipio, estaba en el mismo cargo en Tecate y la mandaron a suplir a José Antonio Chávez Hoyos, quien renunció en Rosarito. Mientras el recién designado, licenciado Sosa Olachea se quedará en Tecate, que es donde reside. Con el grado académico de Maestra en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, Patricia Ortega se ha desempeñado como auxiliar en la Notaría Pública número 1 de Rosarito del año 2003 al 2013. Durante 2013 fue nombrada en tres cargos públicos distintos: Secretario de Acuerdos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, asesor jurídico en la Dirección General Jurídica del XX Ayuntamiento de Tijuana y subprocuradora general de justicia en Tecate. Gerardo Sosa es abogado por la Universidad de Guadalajara, en la entidad se ha desempeñado como catedrático de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, donde también ha formado parte de su patronato. Como servidor público  ha ocupado el puesto de director general de Policía y Tránsito de Tijuana y como delegado de la Oficialía Mayor del Estado. También fue candidato a la alcaldía de Tecate por el Partido de la Revolución Democrática. Desde 1989 es Notario Público y durante su trayectoria ha sido presidente del Colegio de Notarios de Baja California, del Consejo Coordinador Empresarial de Tecate,  así como coordinador  estatal de Consejos Coordinadores Empresariales. En las comandancias de las policías ministeriales de ambos municipios también hubo nuevos nombramientos. José Estrada Pérez llegó a Rosarito y Sergio Romero Jaime a Tecate.