Habrá nuevos consejeros en la Judicatura

Exactamente once minutos después de la una de la tarde del martes 28 de octubre -en la Sala Francisco Dueñas del Congreso del Estado-, sucedió la votación que puso fin a una controversia política que duró seis semanas en torno a la propuesta del diputado verde Fausto Gallardo, para ampliar el plazo en dos años a los actuales consejeros ciudadanos de la Judicatura. Seis votos a favor de eliminar la propuesta y dos abstenciones, acabaron con las ganas de los consejeros priistas -y hankistas- Carlos Jiménez y Andrés Garza, de persistir dos años más en el Consejo de la Judicatura y, luego de transcurridos seis, tener opción a ser ratificados para otro periodo similar. Desechar la propuesta de Fausto Gallardo por parte de los diputados, también significó un triunfo -quizá el último al frente de la Presidencia del Poder Judicial- de la licenciada María Esther Rentería, titular del Tribunal Superior de Justicia, luego de que diez magistrados hicieran público ante diputados, su opinión favorable a la iniciativa Gallardo, sin consultar o solicitar la firma de Rentería en el documento, conociendo de antemano que ésta no concordaba con ellos. Al final, la opinión de los presidentes de Colegios de Abogados que consideraron la propuesta de ampliar por dos años el periodo de los actuales consejeros ciudadanos como anticonstitucional, imperó. De hecho los magistrados habían sido literalmente los únicos en apoyar la moción para beneficiar a Garza y a Jiménez.   En la sesión de las Comisiones de Justicia y de Legislación de la Cámara de Diputados, quienes expusieron contra la iniciativa Gallardo, fueron la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, abogados representantes de Colegios de todo el estado, así como diputados. Con la desestimación legislativa de la iniciativa que contemplaba cambios al Poder Judicial, el 30 de noviembre, los consejeros de la Judicatura Carlos Jiménez y Andrés Garza tendrán que dejar el cargo, al cumplirse su periodo de cuatro años. Quienes votaron contra la propuesta fueron los diputados Cuauhtémoc Cardona, Gustavo Sánchez y Rosalba López Regalado, del Partido Acción Nacional; Felipe Mayoral del Partido Estatal de Baja California; Roberto Dávalos, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Manuel Molina, de Movimiento Ciudadano. Se abstuvieron los legisladores priistas René Mendívil y Nereida Fuentes, para no dejar solos a sus compañeros Garza y Jiménez. En la sesión de las Comisiones conjuntas, la discusión y posterior votación que desechó la iniciativa Gallardo duró más de tres horas. Al final, la reflexión fue emitida por el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Manuel Molina: “Lo que sigue aquí es que el dictamen de la Comisión, en su momento será sometido a la decisión del Pleno, pero como el dictamen es improcedente no hay ninguna prisa, puede someterse en la siguiente sesión o en las próximas semanas. Lo que sigue es cumplir con la Ley vigente y expedir una convocatoria para elegir a los nuevos consejeros que habrían de tomar posesión el 1 de diciembre”. Casa llena o el inicio del rechazo La cita era a las diez de la mañana y, llegando Pedro Ariel Mendívil, secretario de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado, fue contundente: “Hay un rechazo total de la Federación”. Complementó: “La opinión de la mayoría de los Colegios, es que esta propuesta es innecesaria, atenta contra algunos Derechos Humanos de la colectividad y naturaleza social, además, consideramos que es inconstitucional”. Igual se pronunció contra la eliminación de requisitos para aspirantes a magistrados, considerando que esa prohibición existe a nivel federal. Por su parte, la magistrada presidenta María Esther Rentería dio un punto de vista eminentemente jurídico: “Creo que (las reformas) no son viables; sin embargo, el órgano legislativo tiene la última palabra”. Sustentó que la propuesta violentaba principios establecidos por la Constitución Federal, y por la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, refirió en alusión al principio de retroactividad. Mientras, en el tercer piso del edificio legislativo, en la Sala Francisco Dueñas, estaba  el escenario listo para la sesión que encabezaron Juan Manuel Molina por la Comisión de Justicia, y Roberto Dávalos por la de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales. También acudieron los diputados Cuauhtémoc Cardona, René Mendívil, Gustavo Sánchez, Felipe Mayoral, Rosalba López Regalado y Nereida Fuentes, además de Mónica Bedoya y Alcibíades García. A la misma mesa llegaron -y casi no alcanzaban lugar- los magistrados Jorge Amando Vázquez y Salvador Ortiz -ambos con posiciones a favor de la reforma-, en tanto la magistrada presidenta era literalmente acorralada por reporteros y camarógrafos metros antes de la puerta de acceso. A la sesión fueron convocados representantes de agrupaciones de abogados: Herman López Frank, del Colegio de Abogados de Mexicali; Juan José Castro Crespo, del Colegio de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho; Daniel Ornelas por el Colegio Emilio Rabasa de Tijuana; y Pedro Ariel Mendívil por la Federación de Colegios y  Barras de Abogados del Estado. También en primera fila, estuvo el representante del Gobierno del Estado, quien de inicio aclaró: “Somos respetuosos de lo que decidan”, dejando ver que el Estado no traía posición al respecto. Eran las 10:37 de la mañana cuando inició la sesión. A pesar que la iniciativa del diputado Fausto Gallardo incluía otros temas, la disyuntiva se centró en un solo tema: si aprobaban las reformas propuestas para realizar votación en el pleno del Congreso el jueves 30 de octubre -y posiblemente eliminar la emisión de la convocatoria para renovar a los consejeros-, o, rechazar la propuesta y emitir el mismo jueves 30, la convocatoria para sustituir a los consejeros ciudadanos de la Judicatura. Magistrados “en mayoría”, presidenta en contra En medio de cámaras y grabadoras, personal auxiliar y otros, la sesión arrancó. Después de salutaciones y orden del día, se dio la voz al Magistrado Jorge Armando Vázquez, quien quiso dejar el primer turno a la magistrada Rentería, pero ésta evadió el pase y le propuso  seguir el orden establecido. “En su mayoría simpatizamos con esa reforma, en lo esencial”, dijo Vázquez, añadiendo que no hay un mecanismo para seleccionar consejeros de la Judicatura, por lo que consideró necesario establecer lineamientos para dar  transparencia a la selección. Nervioso, el magistrado hizo énfasis en la transparencia e insistió en que “en mayoría” habían llegado a la conclusión de que ese proceso de elección debe ser verificado por el Poder Judicial. De la supresión del requisito para ser magistrado, explicó que sí se ponía en discusión la posible inconstitucionalidad de eliminar ese aspecto. De los consejeros que fueron electos para cuatro años y que la iniciativa proponía ampliar dos años, Vázquez citó que algunos magistrados consideraron la medida como inconstitucional, y reviró que finalmente habían discernido que “es el legislador el que tiene esa facultad de reformar, de derogar. La mayoría vimos que si no hay un mecanismo de selección, y ese es el propósito fundamental de la iniciativa, consideramos que ese plazo que se les está dando es precisamente el que se da para establecer los mecanismos”. Fue insistente en que “la mayoría” no le veía ningún inconveniente, bajo la premisa que es el Poder Judicial –y no al Legislativo- el que considera la constitucionalidad de esa decisión. Molina argumentó que en el acta de la sesión del Tribunal había opiniones diferentes, aclarando que fueron opiniones y no votación del pleno de magistrados. En el orden siguió el magistrado Salvador Ortiz con un discurso muy corto; posteriormente tomó la palabra María Esther Rentería Ibarra, quien explicó que en el pleno de magistrados se expresaron diversas opiniones, de siete participantes cuatro en contra, y tres privilegiando la transparencia y establecimiento de lineamentos. “Como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial, yo solo puedo hablar de Derecho, de la cuestión jurídica, de lo que los poderes constituidos debemos acatar en observancia al principio de legalidad… no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que se propone en la iniciativa”, reconoció Rentería para, después de aclarar que era decisión de los legisladores, justificar que hay áreas de la función pública que no pueden entrar en transparencia no por opacidad, sino “por darle a las autoridades y los órganos correspondientes, la capacidad de actuar en mérito y oportunidad, y acorde a las circunstancias”, esto en relación a la facultad discrecional. En cuanto a eliminar el candado de los requisitos para magistrado, Rentería dijo adherirse a lo planteado por Vázquez en el sentido de lo estipulado en la Constitución Federal, Artículo 116, donde se establecen esos requisitos. “Está acotada la facultad de los órganos legislativos locales”. Asimismo, consideró inequitativa la parte de la propuesta relativa al establecer cuatro años de duración para los consejeros internos, seis para los externos y con posibilidad de reelección de seis más: “Me parece que rompe con la decisión de la Corte”, expuso en alusión a 2007, cuando se ampliaron las facultades del Consejo de la Judicatura. “Debería analizarse con diagnóstico si realmente un consejero de la Judicatura debe estar en el cargo 12 años, no hace carrera judicial, no dictan sentencias, no pasan por escalafones”, complementó. La aún presidenta del Tribunal resaltó lo establecido en la mayoría de las legislaciones de los estados que tienen ese consejo: la imposibilidad de poder ser reelectos, ni poder ocupar ese mismo cargo en cualquier otro momento. Coincidió con el diputado Molina en la obligación de todas las autoridades por respetar el Estado de Derecho, “de apegarnos estrictamente al marco jurídico de México, la Corte se ha pronunciado ya por acciones de inconstitucionalidad en cuanto a leyes y decretos (Chiapas, Michoacán, Oaxaca, DF), primero, un transitorio no puede modificar una cuestión sustantiva -como ampliar el término de duración en un cargo-, menos aún, modificar en forma retroactiva  cuatro años. Esto sería una violación a todas luces a la Constitución federal y al principio d retroactividad”. Los miembros de Colegios de Abogados presentes en la sesión, se manifestaron contra la iniciativa de Fausto Gallardo, mientras Jorge Saucedo, el representante del Gobierno del Estado, optó por la neutralidad. El director de la Consultoría Legislativa, Antonio Lepe Flores, dio lectura al proyecto de dictamen donde se hizo una mescolanza: se rechazaba la posibilidad de ampliar a seis años el periodo de los consejeros, así como ampliar el periodo de los actuales dos años más, pero se aceptaba la creación de consejeros supernumerarios y la parte relativa a la aplicación de exámenes de méritos y conocimientos para los aspirantes. El diputado René Mendívil enfatizó que se debía dar espacio al diputado Gallardo, quien redactó y presentó la iniciativa, para que fundamentara su propuesta. El diputado Molina le aclaró que sí había sido convocado, pero no acudió. Fue Cuauhtémoc Cardona quien propuso que de una vez se votara en Comisiones eliminar la propuesta de Gallardo, dejando el tema de posibles cambios al Poder Judicial para adelante, sin la presión de tiempo; Cardona convenció y los diputados votaron. Seis a favor de la eliminación de la iniciativa y la abstención de los priistas Mendívil y Nereida Fuentes. En ese momento -exactamente a la 1:11 pm- se decidió el destino de los actuales consejeros Andrés Garza y Carlos Jiménez Ruiz, quienes deberán dejar el cargo el 30 de noviembre para que, al día siguiente, asuman sus relevos. Para esto y de acuerdo al diputado Molina, la convocatoria respectiva debería aprobarse primero en la Junta de Coordinación y después en el pleno, el jueves 30. Insistiré en reforma al Poder Judicial: Fausto Gallardo En efecto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que presentó la propuesta de reforma al Poder Judicial, recibió la invitación para la sesión de las Comisiones que analizarían su iniciativa, pero no acudió. Sabía que le harían mayoría. El joven legislador se encontraba en Tijuana, mientras en Mexicali discutían sus propuestas: eliminar de los requisitos para ser magistrado el no haber sido titular de una dependencia federal, estatal o municipal durante el año previo a la fecha del nombramiento; así como que los aspirantes a consejeros de la Judicatura, aprobaran exámenes de mérito y de conocimientos que practiquen cada una de las autoridades; ampliar el cargo por seis años de los consejeros, con la posibilidad ser reelectos hasta por un periodo adicional; extender el periodo de los actuales consejeros por dos años más y crear la figura de consejeros supernumerarios. “Por ahora seguiremos adelante, otra vez los consejeros de la Judicatura serán electos por los diputados, por los políticos, en lugar de tener reglas claras y específicas de los requisitos que deben cumplir y los exámenes de conocimientos que deben aprobar”, declaró. Gallardo no quitará el dedo del renglón, pues lo único que busca es transparencia en la selección y desarrollo del Poder Judicial, por lo que, advirtió, insistirá en una reforma. La convocatoria El jueves 30 de octubre, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de los 22 diputados presentes, la emisión de la convocatoria para la elección de los dos consejeros de la Judicatura del Poder Judicial. La presentación de solicitudes será a partir del lunes 3 de noviembre y cierra el lunes 10. De acuerdo al documento, después del plazo de recepción de solicitudes, el miércoles 12 los diputados examinarán -en el orden que se presenten- y el pleno del Congreso deberá designar a los dos consejeros a más tardar el 30 de noviembre. Entre los requisitos se incluye el ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, tener entre 35 y 65 años de edad, ser licenciado en Derecho con diez años de antigüedad en el ejercicio; residencia de diez años en la entidad, no haber sido condenado por algún delito, gozar de buena reputación y no haber ocupado cargo de elección popular, ni dirigencia de partido, ni haber sido titular de  una dependencia durante el año previo.