Habitantes de “El Bordo” inconformes con cobro por actas de nacimiento

Ismael Ruiz/Milka Urbina  Luego de tres semanas de haber iniciado el Programa Mejora del gobierno municipal de Tijuana, algunos habitantes de la canalización –deportados, en su mayoría– denunciaron a ZETA que servicios anunciados como gratuitos, les han sido cobrados, como la obtención de actas de nacimiento. Pedro Castillo, originario de Morelos, relató que funcionarios municipales le aseguraron la gratuidad del trámite cuando acudió a los módulos de atención. De ahí fue remitido al Registro Civil en Palacio Municipal, donde se le solicitó un pago de 150 pesos, además de que el plazo sería de tres semanas y no de una semana, como se le indicó. Cuenta José Reyes, otro habitante de “El Bordo” –nombre que se le da a la canalización del Río Tijuana–, que, desde su punto de vista, el gobierno municipal busca un trato con ellos. “Ya no lo quieren a uno aquí”. Explica que, como él, quienes rechazan ingresar a un centro de rehabilitación ofrecido por las brigadas del Programa Mejora, son arrestados por 36 horas o incluso, si son encontrados en la calle, son internados durante seis meses en los centros de rehabilitación. José trabajaba en un almacén de fruta en Playas de Tijuana. Lo arrestaron por lo menos diez veces en un mes porque según los policías municipales “se veía sospechoso”, por ese motivo perdió el trabajo y no ha podido conseguir otro por falta del acta. Desde agosto, un grupo de ciudadanos se reúne y reparte comida entre los habitantes de la canalización del Río Tijuana. Cada domingo, el grupo se coloca debajo del puente peatonal que conecta al centro comercial Plaza Río con Palacio de Gobierno. Poco a poco, más personas se han unido a la tarea de servir alimento a quienes habitan en “El Bordo”, vídeos de las jornadas han sido subidos a redes sociales e incluso, han recibido respuesta de la comunidad internacional. Elia Hodges y su esposo son los iniciadores del proyecto, mientras que Rebeca Ruiz es la encargada de apoyar el proyecto y difundir sus tareas entra comunidades y asociaciones para invitarlos a sumarse a la causa. Inicialmente servían un promedio de 80 platos y en noviembre llegaron a los 170, los alimentos son reunidos a través de donaciones. Como parte de las actividades, se toman fotografías de las jornadas para mostrar  a las personas, el destino de sus donativos. En entrevista con ZETA, Rebeca Ruiz dio constancia de las quejas constantes de abuso de autoridad por parte de la Policía Municipal, otra es el cobro por las actas. Detalló que “el gobierno tiene una partida presupuestal que ya se agotó…Las actas de nacimiento que están en módulo fijo, (cuestan) 195 pesos las más económicas si es en Mexicali, llegan a los 300 pesos dependiendo del lugar de origen”. Agregó que a algunos habitantes de la canalización, se les instruye que acudan al banco a realizar su pago, les dan un número de cuenta, regresan con el comprobante al registro civil y el trámite toma hasta tres meses en concluir. “A varios les dijeron que si querían regresar a sus lugares de origen, los meterían a un centro de rehabilitación donde determinarían que probablemente de tres a cuatro días los podrían regresar”. Según Rebeca Ruiz, en tres semanas no ha salido ningún camión. “Lo que están haciendo muchas personas es conseguir las actas de nacimiento (para apoyar a los migrantes), generalmente salen de nuestro sueldo”, completó. Durante la cuarta jornada del Programa Mejora, el 19 de noviembre, el Director de Desarrollo Social Municipal, Rodolfo López Fajardo, dijo a este Semanario que debido a la apariencia física que presentan los habitantes del canal, se turnan a los centros, los cuales apoyan en el aseo y vestimenta de la persona. Mientras tanto, Desom realiza el trámite del viaje a los lugares de origen y la obtención de una credencial del DIF, “luego de esto se les sube al camión”, dijo. Sobre el cobro por las actas de nacimiento, aclaró “cuando son del Ayuntamiento, se les proporciona en el momento sin costo”, pero cuando el acta se encuentra en un estado de la república con el que no hay convenio, el trámite se cobra. De los mil a mil doscientos habitantes que estimó habitan en la zona, “aproximadamente 150 personas han regresado a su lugar de origen, y más de 100 personas han ingresado a centros de rehabilitación”, concluyó el funcionario.