Guerrero y la desconfianza

Al cierre de la cuarta semana de octubre de 2014,  la Procuraduría General de la República confirmó el hallazgo de 11 fosas desde que se denunció la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Asimismo, la dependencia informó que en 10 de esas fosas se encontraron 38 cuerpos. Ninguno pertenece a los jóvenes estudiantes. Así, 33 días después de los hechos, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los padres de las víctimas. El encuentro duró seis horas, y al final, se tuvo  a un primer mandatario agotado y a unos familiares insatisfechos con las respuestas oficiales. Mientras tanto, a raíz del testimonio de un detenido, policías ministeriales se dedicaron a bucear en el Río Cocula en busca de cenizas o cualquier otro indicio que revele el paradero de los muchachos de Iguala. A la fecha, lo único que ha resultado de todo esto es una grave falta de credibilidad hacia los tres niveles de gobierno, que se han limitado a reacomodarse en vez de esclarecer el caso.  Tras la licencia solicitada por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para dejar el cargo, y la designación de un gobernador sustituto en la persona de Rogelio Ortega Martínez, secretario de Gobierno, la Comisión de Gobernación del Senado de la República dictaminó improcedente la petición de desaparición de poderes en esa entidad. Con ello no termina el enrarecido clima político en el estado meridional, pues mientras autoridades federales se reunían con familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace ya más de un mes, maestros y estudiantes se manifestaban violentamente en Casa Guerrero; y en el Ayuntamiento de Iguala, el recién nombrado alcalde sustituto, Luis Raúl Mazón Alonso, con tan solo unas horas en la suplencia, solicitó licencia al cargo con el argumento de que los regidores opositores solo buscan sus propios intereses. Entre reuniones, compromisos, disculpas, renuncias y movilizaciones, se desarrolla la búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes fueron privados de su libertad el 26 de septiembre. Los testimonios de más de 50 detenidos no han sido suficientes para localizar a las víctimas, que son buscadas en fosas clandestinas, basureros y ríos de los municipios de Iguala y Cocula. Los desaparecidos no son localizados, ni vivos, ni muertos; como tampoco son encontrados el alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Villa y el ex secretario de Seguridad Pública Municipal, presuntos autores intelectuales de los hechos. Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que en su momento solicitó al depuesto gobernador Aguirre que vigilara y no permitiera la escapada de Abarca Velázquez. De la reunión sostenida por los familiares de los 43 estudiantes con el Presidente de la República, en la residencia de Los Pinos, se lograron diversos acuerdos derivados de los 10 puntos que contenía el pliego petitorio entregado al primer mandatario, entre ellos, “fortalecer los esfuerzos de localización de los jóvenes mediante un plan renovado de búsqueda”. Sin embargo, los padres de los normalistas aseguran que la respuesta oficial no basta, hasta que den con los desaparecidos, sobre todo porque no confían en las autoridades y prefieren esperar a los resultados que arrojen las investigaciones que realizan expertos forenses argentinos, respecto de la confirmación o descarte de las pruebas de ADN a los cuerpos localizados en fosas clandestinas. Mientras esto sucede, las movilizaciones aumentan de nivel y, esta semana, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y egresados de las nueve normales públicas del país, atacaron diferentes inmuebles gubernamentales, uno de ellos Casa Guerrero, donde con picos y palos golpearon el acceso a la Puerta 3 de ese inmueble, prendieron fuego a una camioneta oficial y fueron combatidos con gases lacrimógenos por parte de antimotines. Por su parte, a través de un comunicado, el sacerdote Alejandro Solalinde se disculpó públicamente con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa por haber dicho que ya estaban muertos y que “fueron quemados vivos”, como le confiaron algunos normalistas sobrevivientes del levantón del 26 de septiembre en Iguala. El religioso aceptó que fue una “acción equivocada” haber hecho tales declaraciones. Las voces sobre el caso no cesan, tanto a nivel nacional como en otras partes del mundo. El ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que fortalecer las instituciones de seguridad y justicia evitaría este tipo de sucesos. Mientras que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, descartó que la desaparición de los estudiantes se trate de un crimen de Estado, como lo han denunciado simpatizantes y familiares de los normalistas. En otros puntos del planeta, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, manifestó que existe preocupación del gobierno estadounidense por los reportes negativos de lo ocurrido en Guerrero. Por su parte, el Papa Francisco aludió en audiencia general al “pueblo mexicano, que sufre la desaparición de sus estudiantes”. A pesar de la presencia de fuerzas federales y militares en Guerrero, la violencia continúa y, durante la madrugada del miércoles último, fue asesinado a balazos el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad, Francisco Tlalmanalco Bernal, sobre la calle principal de la colonia Plan de los Amates, al Oriente de Acapulco. Un grupo de sujetos abandonó el cadáver y huyó en un carro de color blanco. Se desconocen los hechos. ZETA entrevistó al académico español Jesús Pérez Caballero, doctor en seguridad internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid, quien se ha dedicado al estudio de fenómenos delictivos del derecho penal internacional. Pérez Caballero estima que en el caso de Iguala será difícil probar que se trata de un crimen de Estado. Ésta es la interacción del especialista con esta casa editorial: — Doctor Jesús Pérez, ¿cuál es la perspectiva de lo que sucede en Iguala, a la luz de la academia? “Lo de Iguala yo lo veo como un ejemplo bastante claro de la situación que se ha dado ya en el anterior sexenio y en el actual; es decir, se nota que existe un control por parte de organizaciones de narcotraficantes que, de alguna manera, con la corrupción, con la violencia, tienen un poder similar al de estados, similar al de los municipios. Es decir, tiene un control sobre las instituciones que les permite realizar actos como el de la desaparición de los normalistas. Y por lo que parece, según lo que dice la PGR, en las últimas noticias, son esas, una colaboración entre policías municipales de Iguala y de Cocula para intentar que no lleguen unos normalistas a boicotear el acto donde estaban el alcalde y su esposa, pues deciden retenerlos con la violencia y después, lo que ya no sabemos y tampoco lo dice la PGR, es qué pasó después. “Se sabe que se les reprimió, se sabe que se les disparó, pero luego en el momento en que se los llevan, no se sabe si es que por órdenes directas, se les decide eliminar o porque por alguna razón se les va la mano y deciden ‘vamos a acabar con esto’, aunque esa no fue la decisión principal. Eso es lo que se tiene que discutir ahora, con el proceso penal pertinente, pero que existió un hecho ominoso que ha tenido un gran impacto internacional, en todo el mundo, eso está claro; y México tendrá que tomar las medidas pertinentes para eso”. — ¿Es normal la tardanza de las autoridades mexicanas en las investigaciones? En base a experiencias internacionales, ¿se podría deducir que van en tiempo o rápidas? “Mire, yo lo que creo es que la tardanza, si se hubiera dejado en manos (policías) municipales o estatales sería mayor, pero al tomarlo autoridades federales creo que se está llevando un buen ritmo. El problema no es que haya una tardanza, el problema es que se está investigando eso, pero por ejemplo, a medida que se investiga eso, se encuentran fosas que no se sabe ni de quien son. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Lo penoso, lo malo, lo que se ve desde afuera como negativo, a pesar de la atención con la que se está tomando el caso Iguala’, es que parece que el gobierno ha reaccionado por el impacto mediático que ha tenido, y ha seleccionado un caso para lavar su imagen, ése es el problema. “Por una parte, debemos de felicitarnos que se tome con tanto interés un caso tan grave como ése, pero por otra parte, existen muchos ciudadanos anónimos que no tienen ese acceso porque sus casos no llegan a las noticias por una razón u otra. Entonces, intentemos aprovechar que México ahora está en el punto de mira internacional como se ha dicho en comentarios, en el Vaticano; por ejemplo se discute sobre el caso de México para que otros casos que no tienen ese impacto, que no tienen  esa presencia mediática, la tengan, y poco a poco México llegue a unos niveles normales de crímenes, y no la situación excepcional que hay ahora”. — Después de la sentencia a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla, y del cumplimiento federal en 22 estados de tipificar el delito de desaparición forzada, ¿cómo luce el panorama con casos como el de Iguala? “Lo cierto es que, México, a raíz del caso Radilla, ha realizado una serie de reformas estructurales; es decir, de mucho calado, constitucionales, que en principio deberían tener consecuencias positivas a largo plazo. El problema aquí es que México tiene muchas leyes, pero muchas. Tiene una capacidad legal muy grande. Existe capacidad para aplicar la Ley, cuando se quiere, pero parece que solo ante determinadas situaciones se aplica. ¿Y por qué? Pues porque verdaderamente, volviendo al caso de Guerrero y de Iguala, todo mundo sabía o parece que todo mundo sabía la situación. ¿Y por qué no se actuaba? Porque existen poderes fácticos, existen grupos de presión, caciques, como quieran llamarlos. Gente que tiene un poder y que permite retrasar la aplicación de la Ley. “Existen leyes, y el tipo penal de desaparición forzosa, delitos. Sería deseable que el delito de desaparición forzosa estuviera unificado, que estuviera mucho mejor, porque, tú lo has dicho bien, existe el delito en 22 estados y no es suficiente de todos los que son, pero el problema mayor es tratar de remover los obstáculos que impiden la aplicación de la Ley, que la Ley pueda aplicarse. La Ley existe, pero existen unos impedimentos muy fuertes, que es lo que la gente y, no solo los operadores jurídicos, sino los ciudadanos y los periodistas, deben reivindicar. Deben pedir, por favor, que se aplique la Ley, debe aplicarse y debe darse un seguimiento para eso; entonces, a raíz de eso, a la larga, puede que se consiga algo y que México sea un país mejor”. — Pide licencia el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, ¿es susceptible de ser alcanzado por la Ley, en el caso de la desaparición forzosa de los estudiantes de Ayotzinapa? “En principio, lo que parece es que la responsabilidad política del gobernador era obvia y así se ha demostrado; es decir, ha solicitado licencia por presión, o por lo que sea, pero ya no gobierna. Ahora, la cuestión penal es mucho más difícil de demostrar. Políticamente su responsabilidad puede demostrarse con tanta facilidad, como si la gente se te pone en contra y el Gobierno Federal te presiona, tú dimites, como pasó con el gobernador Aguirre. Ahora, para la vinculación penal, habría -por ejemplo- intentar demostrar que el gobernador no solo conocía ciertos vínculos, sino que conocía exactamente que por ejemplo, el gobierno de Iguala y policías de Cocula estaban al servicio de una determinada organización criminal. Sí el gobernador conociera eso y se pudiera acreditar determinada línea penal, podría pasar perfectamente lo que en Michoacán. “Lo que pasa es que, eso de momento, a la luz de lo que tenemos, no existe, pero de poder, se puede. Hay que reconocer que el Gobierno Federal, aunque tarde, ha actuado en Michoacán, donde hay un gobernador interino, y un gobernador con licencia que está indiciado. La legislación mexicana puede, pero otra cosa es que se quiere o se demuestre”. Los 10 puntos del Gobierno Federal Ésta es la respuesta del Gobierno Federal al pliego petitorio de diez puntos planteados por los familiares de los 43 estudiantes la Escuela Normal de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos en Guerrero: 1. El Gobierno de la República profundizará, y en su caso rediseñará el Plan de Búsqueda. El objetivo es intensificar la búsqueda y centrarla en personas desparecidas, ello independientemente de las líneas de investigación que sigue la PGR. 2. Se establece una comisión mixta de seguimiento e información integrado por personal a cargo de la investigación dentro de la PGR y de la SEGOB, a fin de establecer mecanismos de información ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres, estudiantes, abogados y representantes de la sociedad civil, a fin de respetar su derecho a coadyuvar en la investigación. “Ninguna dependencia dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin notificar previamente a esta Comisión. 3. El Gobierno de la República, en especial la PGR, seguirá apoyando al equipo argentino de antropología forense, habilitados como peritos. Tendrán escolta y un helicóptero a su disposición para prontos traslados; de ser necesario se ampliarían los poyos. 4. El Gobierno de la República reconoce a los integrantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” como una comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasados, y se les respetarán todos sus derechos humanos, así como su honra y reputación. 5. La PGR se compromete a garantizar el debido proceso y a facilitar la coadyuvancia de las personas que en la averiguación previa tienen reconocida dicha calidad. 6. En el ámbito de sus competencias, PGR y demás dependencias federales involucradas en el tema se comprometen a investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación con los hechos, “para evitar cualquier tipo de impunidad”. 7. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, ha presentado un Plan de Atención a Víctimas en relación a los hechos, y los representantes de las víctimas han acordado que la próxima semana darán respuesta a dicho Plan. 8. El Gobierno de la República se compromete a continuar con la prestación de la atención médica necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas el 26 y 27 de septiembre, en especial los estudiantes Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano. 9. El Gobierno de la República se compromete a realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del país. Se establecerá una mesa de diálogo con representación de dichas instituciones educativas, de la SEP y de la SEGOB. 10. Se instruye a las dependencias que participarán en la reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para agilizar el convenio que materialice la asistencia técnica del organismo “… en los términos que se acuerde entre los peticionarios de las medidas cautelares y el Gobierno Federal ante la citada Comisión”. Se reitera la petición de recibir la asistencia técnica para atender los hechos suscitados en Iguala. Marchan en Mexicali en apoyo a normalistas desaparecidos “¡Los asesinos, están en Los Pinos!”, corearon cientos de manifestantes reunidos en la parte frontal del Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al iniciar la marcha mitin en protesta por la desaparición de 43 normalistas rurales en Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. La manifestación reunió a estudiantes universitarios, normalistas, familiares de desaparecidos, maestros, padres y madres de familia. De acuerdo a las autoridades, 2 mil cachanillas participaron  en la caminata que partió de los jardines de Vicerrectoría -en el Bulevar Benito Juárez- hasta la glorieta del monumento a Lázaro Cárdenas. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue otra de las consignas, mientras el contingente recorría uno de los principales bulevares de Mexicali. Al llegar hasta la glorieta, se algutinaron frente a la estatua de Lázaro Cárdenas. “Maestros marchando, también está enseñando”, gritaban en grupo, entre mantas y pancartas. Alumnos de Psicología, Artes y Ciencias Políticas, así como maestros del movimiento de resistencia, del SETE, del Tecnológico, de partidos y organizaciones de izquierda, mostraron su apoyo a “los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de los seis asesinados por policías municipales, por el Ejército, por gente del narcotráfico”, dijo uno de los oradores al micrófono. “Justicia, justicia”, era el reclamo. “Esto que está sucediendo solo refleja la descomposición del Estado, es un hecho que este narcogobierno está atentando contra el pueblo. Esta lucha no es solo por los normalistas de Ayotzinapa, también es por los desparecidos de Mexicali, por las muertas de Juárez, por todos nuestros muertos”, sostuvo otro de los oradores. “Estamos impulsando un movimiento universitaria compuesto por maestros, alumnos, trabajadores de la UABC, donde hay que hacer cambios profundos”, dijo una joven estudiante al micrófono, insistiendo en la necesidad de defender la libertad de expresión y de agrupación al interior de la Universidad. Al final de la concentración, el contingente partió de nuevo al campus universitario, donde se efectuaba un festival musical. Con banderas y mantas subieron al templete para plantear su apoyo solidario a familiares y normalistas de Ayotzinapa. (ZETA Mexicali) Estudiantes de Tijuana harán marcha y altar por muertos El domingo 26 de octubre, estudiantes de varias universidades de Tijuana y algunas preparatorias acordaron llevar a cabo una marcha-manifestación el 2 de noviembre, la cual partirá del Parque Teniente Guerrero a las cuatro de la tarde, para dirigirse a la Glorieta Cuauhtémoc en Paseo de Los Héroes; ahí levantarán un altar de muertos en honor a los estudiantes asesinados el 26 de septiembre en Iguala, así como “a todos los muertos sin nombre encontrados en las diversas fosas en el Estado de Guerrero”. La marcha terminará en un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). En la asamblea, donde un grupo de estudiantes miembros de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México se impuso, adueñándose del sonido para comenzar a dirigir sin consentimiento de la mayoría, se estableció que los días miércoles 29 y jueves 30 de octubre harían un volanteo en el crucero conocido como “5 y 10” y en Playas de Tijuana. Hoy viernes 31 de octubre, continuando con la convocatoria a nivel nacional en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, los estudiantes tomarán las casetas de cobro de la Carretera Tijuana-Tecate a las 10:00 am, además de la caseta de la Carretera Tijuana-Ensenada a las 2:00 pm. La convocatoria se realizó a través de las jornadas de volanteo y por medio de redes sociales. Para la marcha del domingo 2 de noviembre, los estudiantes invitan a la sociedad en general a asistir vestidos de blanco, con trajes típicos mexicanos, disfrazados de catrinas, etcétera. De igual manera, piden llevar velas, flores, cartulinas, papel picado y demás elementos para poner el altar.