Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Desde agosto del 2012, los habitantes del fraccionamiento Chula Vista en este polo turístico presentaron formalmente una queja en contra del Homex por una serie de vicios ocultos que comenzaron a brotar después de habitar sus viviendas multifamiliares en un terreno localizado dentro del sub centro urbano al norte de la ciudad. Los colonos protestaron porque desde un principio el magno proyecto de vivienda había resultado –según el presidente de la mesa directiva de los colonos, Sergio Lozoya Cuenca— “un verdadero fiasco”, desde el acabado interior y exterior, hasta los servicios de luz, agua y drenaje, así como banquetas, guarniciones, vialidades y sobre todo la obra hidráulica, la cual era clave en virtud de que el conjunto habitacional está ubicado justo a un costado de un arroyo de agua bronca, y la principal causa de que su patrimonio, pudiera venirse abajo en cualquier momento. Los inquilinos habían conocido el proyecto de vivienda en septiembre de 2007, cuando la compañía también llamada “Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. de C.V.” hizo la presentación oficial del desarrollo y exhibió en bocetos, trípticos, mapas e incluso una maqueta lo que describió y presumió como el plan más ambicioso en la construcción de viviendas de interés medio y de interés social que podrían ser adquiridas a través del financiamiento de Infonavit, Fovissste, Invi, Fovi y Fonhapo, derivado del rezago en la construcción de casas y de la falta de oferta de “precios accesibles” a las familias de escasos recursos. Según el resumen ejecutivo del desarrollo elaborado por “Grupo Homex”, el proyecto consta básicamente de la lotificación y construcción de un fraccionamiento de interés medio e interés social de una superficie total de 891 mil 432 metros con 79 centímetros cuadrados, durante un periodo de 10 años, con suministro de servicios básicos y que estaba integrado de la siguiente manera: 1.- Zona habitacional con una superficie total de 656 mil 428 metros con 84 centímetros cuadrados, correspondientes al 73.64 por ciento de todo el desarrollo que pretendía ser dividido en tres sub zonas. La primera es un conjunto multifamiliar de 446 mil 324 metros con 46 centímetros cuadrados, lo que equivale al 50.06 por ciento del proyecto. La segunda, un conjunto denominado clúster compacto de 160 mil 6 metros con 18 centímetros cuadrados; equivalente a un 17.95 por ciento. La tercera, un conjunto residencial de 50 mil 98 metros con 20 centímetros cuadrados, correspondiente a un 5.62 por ciento. 2.- Área comercial, con una superficie de 48 mil 246 metros con 78 centímetros cuadrados, lo que equivale a un 5.41 por ciento. 3.- Área verde, parque vecinal y lineal de 92 mil 150 metros con 24 centímetros cuadrados, correspondiente a un 10.34 por ciento. 4.- Vialidades de 62 mil 738 metros con 63 centímetros cuadrados, equivalente a un 7.04 por ciento. 5.- Área de donación o equipamiento urbano de 21 mil 093 metros con 93 centímetros cuadrados, lo que corresponde a un 2.36 por ciento. 6.- Afectaciones de 10 mil 774 metros con 37 centímetros, equivalente al 1.21 por ciento de lo proyectado. De acuerdo a documentos en poder de ZETA la construcción del proyecto se pretendía dividir en tres etapas con un periodo de dos años por cada una de ellas y donde se proyectaba una población de 16 mil 104 habitantes, tomando como referencia 4 inquilinos viviendo en 4 mil 026 casas. El conjunto habitacional –conforme al Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos— se encuentra dentro de una zona determinada como de uso de suelo de media intensidad (H2), y la cual es de conservación y sujeta a riesgo por arroyos. Así que para que el proyecto fuera debidamente seguro, debía contemplarse la realización de una obra hidráulica o bien de canalización de agua bronca, y también la construcción de parques lineales y vecinales que permitieran aprovechar los escurrimientos de agua en virtud de que el desarrollo es adyacente a un escurrimiento de la unión de los arroyos Santo Seco y La Boruca, así como una fracción del de Cabo San Lucas. El proyecto contemplaba una inversión total de 870 millones 772 mil 800 pesos, distribuido de la siguiente manera: 1.- 102 mil 772 mil 800 pesos en la compra del terreno. 2.- 648 millones de pesos en la preparación del sitio y construcción de las 3 etapas de construcción de vivienda tipo Santa Lucía, Margarita y Margarita Plus. 3.- 120 millones de pesos en la urbanización del proyecto y obras hidráulicas o canalización del arroyo con una superficie de alrededor de 10 mil metros cuadrados, el cual se mantendría abierto para incorporarlo al paisaje del fraccionamiento. La pesadilla Después de la presentación del proyecto inmobiliario, los clientes potenciales de inmediato contactaron a los agentes de venta de Grupo Homex y solicitaron tramitar su crédito, y posteriormente, firmaron el contrato de compraventa de su vivienda, cuyo valor en aquel entonces fue de 350 a 600 mil pesos, según la vivienda. Las casas contemplaban a groso modo dos recámaras, sala, cocina y baño en un espacio de entre 50 y 70 metros cuadrados, incluso un cajón de estacionamiento. La mayoría de los compradores son empleados que con el paso del tiempo, con el esfuerzo de su trabajo, lograron reunir la puntuación y hacerse de un patrimonio familiar, algunos de los cuales en un principio pensaron era de ensueño. Sin embargo, y tras recibir las llaves de su vivienda, se encontraron con una cruda y aterradora realidad, quienes semanas después de formar la mesa directiva de los vecinos del desarrollo de Chula Vista, presentaron en una queja formal al representante legal de la constructora, Orlando Valdez López. La queja –según el documento entregado y firmado por los colonos—contemplaba 21 puntos entre los que destacaban la solicitud de abastecimiento de agua potable, colocación de medidores, reparación de cuarteaduras, colocación de tapas de concreto en la red del colector municipal, pavimentación de vialidades, colocación de guarniciones y banquetas, operación del alumbrado público, incorporación a la red del drenaje municipal y recolección de basura y, sobre todo, la canalización del arroyo. Durante una entrevista con ZETA, el presidente de la mesa directiva de los colonos de Chula Vista, Sergio Lozoya Cuen, dijo que la solicitud nunca fue escuchada por la empresa, por lo que tuvieron que presionar y recurrir al Ayuntamiento de Los Cabos, y donde el 23 de agosto del 2012, lograron tener la primera de tres reuniones formales, en las que estuvieron las siguientes personas: 1.- Jesús Druck González, entonces director general de Ecología y Medio Ambiente. 2.- Amado Júnior Espinoza, representante del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 3.- Jesús Salvador Beltrán Cota, director de Planeación Urbana. 4.- Luis Julián Rodríguez Guajardo, director de Licencias de Construcción. 5.- Marcelino Sotelo Galeana, director de Imagen Urbana. 6.- Wenceslao Pettit Jacinto, entonces director de Protección Civil. 7.- Luis Fernando Quintero Rocha, presidente del Colegio de Ingenieros. 8.- Orlando Valdez López, representante de Grupo Homex. 9.- Arquitecto Antonio Cervantes, director responsable de obra del desarrollo Chula Vista. 10.- José Luis Cortés González, subdirector del Instituto Municipal de Planeación. En la polémica reunión, los vecinos se enteraron de que Grupo Homex no había entregado de manera oficial la red de drenaje y de agua potable y el sistema de alumbrado público, por lo que de entrada era imposible otorgar los servicios a los colonos hasta en tanto el desarrollo no cumpliera con la entrega, incluida la recolección de basura. A pesar de la presencia de todo el aparato municipal del gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, durante dos años de lucha, lo máximo que han logrado los vecinos es que esporádicamente el ayuntamiento recolecte la basura y abastezca de agua. Sin embargo, lo que vino a complicar las cosas fue el paso del huracán “Odile” en septiembre cuando la fuerte lluvia prácticamente se llevó la obra iniciada de la canalización del arroyo, y de paso se llevó la principal vialidad de acceso a la colonia y quedó a escasos 4 metros de derrumbar también el devaluado patrimonio de muchos de sus habitantes. La omisión y la negligencia de la constructora y de las autoridades municipales, casi terminan en tragedia, porque hoy por hoy, según los vecinos de Chula Vista, la corrida del arroyo abrió un sinnúmero de boquetes por debajo de los edificios construidos en una zona meramente arenosa, los cuales constantemente registran filtraciones de agua, lo que ha permitido que la arena se vaya desgajando y los edificios resquebrajándose al punto de que algunos colonos prácticamente se salieron de sus viviendas, porque la construcción se está inclinando y hundiendo. La explicación Como suele suceder en estos casos, unos a otros se echan la bolita, pero ninguna autoridad resuelve el problema de fondo. Durante un recorrido por la zona, ZETA detectó que la colonia es prácticamente un muladar, porque hay basura por todos lados, parece boca de lobo, ya que no tiene funcionando el alumbrado público y las pipas hacen negocio redondo con los vecinos por la falta de agua potable. Las reuniones –según los afectados— solamente han servido para discutir el tema, ver y analizar propuestas, pero no pasa “de las buenas intenciones” y de “las promesas de los gobernantes”. “Todo sigue como al principio”, dijo el presidente de la mesa directiva, Sergio Lozoya Cuen, y expuso que “ya no queremos promesas y buenas intenciones, sino soluciones de inmediato porque el patrimonio de todos los que vivimos ahí está en riesgo y cada minuto que pasa se agrava el problema”. El propio delegado municipal de Cabo San Lucas, Martín Lagarda Ruiz, reconoció como “grave” y “muy serio” el caso del fraccionamiento Chula Vista, que data de hace más de dos años, pero se justificó de que el asunto fue heredado por la anterior administración. Durante una entrevista con ZETA, admitió que desde entonces los vecinos se quejaban de la obra de encauzamiento del arroyo y de los vicios ocultos de las viviendas, pero a pesar de que tuvimos algunas reuniones y la constructora de “Grupos Homex”, prometió resolver el problema, finalmente no respondió y se levantó de la mesa de trabajo. “Las consecuencias están a la vista, porque el canal de agua empezó a socavar, y hoy el huracán Odile, se lo llevó junto con una calle lateral, la red de agua potable y alcantarillado y por poco hasta las viviendas”, dijo. El delegado expuso que el reclamo de los vecinos es justo, porque “no era lo que les habían prometido y mucho menos vendido”, ya que compraron de buena fe una casa en un desarrollo que tendría todos los servicios y no tienen absolutamente nada. — ¿Y ustedes porque no dan esos servicios? Se supone que es obligación de los gobierno municipales. “Porque oficialmente no nos han entregado las obras de conexión de la red de agua potable, drenaje y alumbrado y ni de manera parcial y mucho menos completamente, entonces estamos tratando de buscar solución a los problemas. Por citarte un ejemplo, ya fuimos y checamos el alumbrado público con plantas de luz y vimos que sí está funcionando y ahora estamos hablamos con Comisión Federal de Electricidad y viendo de qué manera pueden integrar esa red de alumbrado a la que pasa por esa zona. Es parte de lo que hemos venido haciendo”. El delegado Martín Lagarda Ruiz, dijo que “nosotros no somos la constructora”, sino solo un intermediario como autoridad que somos y si alguien no cumplió pues intervenimos para tratar de obligar a la parte incumplida a cumplir inclusive, y por la experiencia que tiene como ingeniero civil de carrera, admitió que si no se hace la obra de canalización y algo para eliminar los escurrimientos, tarde que temprano, la estructura de los viviendas va a sucumbir. Finalmente, expuso que desde hace tres años el ayuntamiento no ha expedido una sola licencia de construcción a favor del Grupo Homex o “Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A de C.V”, y los cuales tan solo en Cabo San Lucas, construyeron Infonavit Las Palmas y Paraíso del Sol, cuyas viviendas presentan casualmente el mismo problema que el fraccionamiento Chula Vista. ZETA estuvo en la oficina de Grupo Homex, y trató de solicitar una entrevista, pero el establecimiento estaba vacío y abandonado. En un segundo intento, estuvo en la oficina de ventas y donde solo había un vendedor de “encargado”, y quien dijo que no podía dar ninguna explicación sobre el caso porque ese era un problema de los directivos y los cuales no aparecían después de declarar en quiebra a la empresa y desaparecer la oficina del corporativo de Culiacán, Sinaloa después de que en junio pasado un juez federal declaró a Homex y sus filiales en concurso mercantil tras acreditarse que la empresa es insolvente económicamente. Cabe destacar que el presidente de Grupo Homex, Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, es un empresario muy cercano a Enrique Peña Nieto.