Fue el 10 de noviembre de 2014, en Nuevo León. En el municipio de Escobedo y al arranque de la construcción de una Brigada de Policía Militar en el Campo Militar Número 7-A, cuando el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, precisó sobre lo que del Ejército se dice: “Seguiremos cumpliendo a cabalidad las misiones que la nación nos asigne, con vocación de servicio, con transparencia con legalidad, colocando siempre al ciudadano en el centro de nuestro accionar. “Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos, sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, mal intencionados y que la institución Armada Nacional no merece. “A diferencia del criminal o del delincuente que se esconde y comete sus acciones ilícitas, para arrebatarle la tranquilidad o el patrimonio a los mexicanos, las mujeres y hombres que portamos con orgullo el uniforme de la República hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos nuestras tareas de manera abierta, sin ocultarnos, con plena identidad de nuestras acciones…”. Sin referirlo, el General se dirigió así al caso Tlatlaya. El asesinato de los 22 civiles muertos en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, sucedió el 30 de junio de 2014, pero fue hasta septiembre de este año que, por presiones extranjeras, el gobierno mexicano ordenó una investigación de lo ocurrido. Lo mismo haría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente se revelaría que elementos del Ejército Mexicano, destacados en el 102 Batallón de Infantería, habrían acudido al municipio mexiquense para detectar, confiscar y sacar de circulación un laboratorio del narcotráfico. Al día siguiente de aquel 30 de junio, medios nacionales informaron que militares habían abatido en un enfrentamiento armado, a 22 integrantes del narcotráfico. Del cártel Guerreros Unidos. Luego de las investigaciones en el ámbito civil, se determinaría que los soldados habrían ejecutado a los civiles no precisamente en un enfrentamiento, sino en un ajusticiamiento. Las críticas hacia el Ejército Mexicano fueron todos los días hasta el 26 de septiembre, cuando en Iguala, Guerrero, policías de dos municipios, en colusión con la organización Guerreros Unidos y con la presunta orden del ex alcalde José Luis Abarca, desaparecerían a 43 estudiantes normalistas, tras asesinar a otros y herir a unos más. Las investigaciones ministeriales de lo sucedido en Tlatlaya, Estado de México, llegaron el 3 de noviembre de 2014 a la emisión en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de procesos penales, de siete órdenes de aprehensión contra igual número de militares: * Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leonides, por homicidio agravado de ocho personas y alteración ilícita del lugar. * Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, por ejercicio indebido del servicio público. La hipótesis ministerial y popular fue que los soldados habrían disparado contra los civiles, aun cuando éstos ya se habían rendido, no estaban armados ni representaban peligro para la integridad física de los uniformados. La CNDH concluyó que, efectivamente, 12 de las personas se habían rendido, estaban desarmadas e inmóviles cuando fueron ejecutadas, entre ellos dos menores de edad, de 17 y 15 años. Con más de 400 pruebas, entre testimonios, declaraciones ministeriales, gráficos, y con la participación de 19 visitadores de la Comisión y siete peritos, el presidente de la Comisión concluyó que fueron ocho soldados los involucrados en la matanza, la cual calificó como “una de las peores violaciones de derechos humanos”. Concluyó la CNDH entre otras cuestiones: * “Las víctimas que perdieron la vida a manos de elementos del Ejército, destacando que salvo V7, de 15 años, identificada bajo V7, el restante se trataba de varones, entre los cuales había dos adolescentes de 17 años de edad. Según la última información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la mayoría fueron identificados por sus familiares, salvo el caso de tres personas. La mayoría de ellos eran de comunidades de la Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero”. * “En dicho operativo el personal del 102/o Batallón de Infantería encontró diverso armamento, siendo éstos, 16 armas tipo AK-47, seis AR-15, dos escopetas, un fusil y 13 pistolas. Asimismo, 96 cargadores para arma larga, 17 cargadores para arma corta, una granada de mano defensiva y cartuchos para armas de distintos calibres. Según lo referido en su informe, los cuerpos, el armamento, el material, el vehículo y las personas encontradas con vida anteriormente descritos, fueron puestos a disposición al agente del Ministerio”. De la versión de los testigos: * “Que transcurrió la noche y que de pronto escuchó que alguien gritó: ‘¡Ya nos cayeron los contras!’, y en ese momento todos alistaron sus armas y las personas armadas que se encontraban adentro de la bodega, comenzaron a disparar hacia fuera y comenzó un enfrentamiento. Durante el enfrentamiento, escuchó que desde fuera gritaban ‘¡Ríndanse, somos el Ejército!’, pero éstos no hicieron caso, ya que los hombres armados continuaban disparando”. * “Alrededor de las 7:00 horas, vio que los muchachos dentro de la bodega seguían vivos y, debido a que se habían rendido, trasladaron a los jóvenes que estaban en el lado izquierdo de la bodega, al interior del ‘local’ de la entrada del mismo, y luego los sacaron ‘uno por uno’ y les disparaban contra la pared (‘y luego a uno por uno los sacan [del cuarto] y les disparan para herirlos del lado de la pared izquierda’). Refirió que lo mismo hicieron con los que se habían protegido del lado derecho de la pared. Al respecto señaló que después de herir a los jóvenes, los militares empezaron a matarlos uno por uno, lo cual sucedió antes de la llegada de los marinos y más militares”. De la versión de los militares: * “El vehículo en que se transportaba el personal militar, presentó 19 impactos de arma de fuego en la parte del lado del piloto, copiloto, llanta trasera del mismo y en el medallón; además un chaleco antibalas de cargo del personal militar resultó con diversos daños producidos por proyectiles de arma de fuego”. * “Todo lo anterior permite establecer que los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron y otros que lo presenciaron, y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”. Sobre el caso, elementos del Ejército Mexicano precisaron a ZETA: “Los hechos ocurrieron aproximadamente a las cinco horas -estaba oscuro-; participaron siete elementos. Al arribar el personal militar fueron agredidos por los delincuentes que se encontraban armados con 25 armas largas (16 fusiles AK-47, seis AR-15, un fusil marca Cálico y 2 escopetas calibres 12 y 0.22), 13 armas cortas, una granada de fragmentación, 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres. En la agresión un soldado cae herido y tres más lo auxilian para sacarlo de la zona de fuego, tres más maniobran y logran ingresar por un costado de la bodega. Únicamente estos tres soldados son los que se enfrentan con los delincuentes en el interior. Y este acto heroico de los tres soldados, culmina con un saldo de 22 delincuentes muertos. “La mujer que supuestamente declara se encontraba en el interior de un vehículo con la cabeza hacia abajo, el cual estaba estacionado fuera de la bodega. El otro declarante se encontraba a aproximadamente 50 metros distante de la bodega y no en el interior. “La camioneta oficial donde se trasladaba y en la que arribó el personal militar resultó con 64 impactos de arma de fuego de los agresores. Los hechos que ocurrieron en el interior siguen en investigación y realizando los peritajes. Todos los militares participantes fueron investigados, pero solo tres están siendo procesados por la muerte de los 22 delincuentes”.
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