Como parte de los trabajos de coordinación, en lo que va de 2014, la Procuraduría del Estado ha compartido en Tijuana con la Policía Estatal y la Municipal, un poco más de 200 órdenes de aprehensión para ser cumplimentadas. Cada una contra un homicida, que en algunos casos, además es secuestrador. La idea es que las policías operativas les apoyen con el rezago de capturas pendientes. Ejecutar órdenes de aprehensión es responsabilidad de la Policía Ministerial, por ello las autoridades preventivas no pueden ir por los prófugos y sacarlos de sus domicilios con la orden. Idearon una forma: ubican a los presuntos criminales, esperan a que estén en la calle y los detienen con el argumento de una multa o revisión precautoria, verifican los datos en el sistema y así los presentan al Ministerio Público. Sin embargo, ponen en riesgo la legalidad de la captura. “Sucede mucho en los retenes, te detienen, traes aliento alcohólico o no, pero corren tu nombre y te sale orden de aprehensión y te detienen; pero la detención es ilegal porque ellos no tienen la orden de aprehensión -la tiene la Policía Ministerial-, se viola el debido proceso y en el fondo se puede procurar la libertad por la ilegalidad de la detención”, argumentó el licenciado en Derecho, Benigno Licea. Así cómo pues, procuradora.
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