Estados Unidos y México han tomado medidas en el tema de política migratoria para solventar la crisis que ha venido sucediendo en los últimos meses debido al cruce masivo de migrantes centroamericanos no acompañados y a los más de dos millones de repatriaciones de mexicanos que se han hecho en el periodo de Barack Obama. El Plan Frontera Sur -el cual plantea el incremento en el personal del Instituto Nacional de Migración, la modernización de los cruces fronterizos en el sur del país, una ampliación en el visado temporal fronterizo de solamente trabajadores a visitantes y, principalmente, el inicia el bloqueo al acceso a la Bestia- ha resultado en medidas “restrictivas y poco benéficas para los inmigrantes en su paso por México”, dice un comunicado emitido por Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte. El plan buscaba “asegurar y ordenar la frontera sur” y ante las medidas que se han tomado los migrantes han optado por cambiar de ruta “para no arriesgarse a tomar el tren y y ser capturados o sufrir accidentes”, dice. El comunicado señala que tan solo en Oaxaca hay cuatro caminos nuevos que pasa por las regiones de la Costa, el Istmo de Tehuantepec, las nuevas rutas, la Sierra Mixe y la Cañada, sin embargo, dicho trayectos representan un peligro muy grande para los migrantes pues se exponen a ser víctimas del crimen organizado. “Aun cuando la legislación y reglamento migratorios plantean un enfoque de derechos humanos y que se descriminalizó la carencia de documentos migratorios desde 2008, el Instituto Nacional de Migración continúa realizando redadas contra migrantes”, además se militariza la frontera sur y no se garantizan los derechos humanos de los migrantes. A pesar de las políticas y los peligros a los que se enfrentan los migrantes, no se ha impedido el flujo de personas hacia el país vecino, un ejemplo de ello son “los más de 250 mil casos pendientes de mexicanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en las cortes de inmigración hasta julio del presente año”, y los más de 60 mil niños mexicanos y centroamericanos que han sido detenidos por la patrulla fronteriza al cierre del año fiscal. El comunicado sentencia que es la acción ejecutiva “la esperanza de aquellos que se encuentran en territorio estadounidense, sin embargo, para quienes apenas inician su camino, la legislación en materia de migración en México no significa un boleto que garantice el respeto de sus derechos humanos”.