Los horrores de Guerrero

Los sucesos de un mes, el más reciente, no pueden ser más terroríficos que los de más de 40 años en un estado como Guerrero, que históricamente ha sido una de las entidades donde más sangre ha corrido en nuestro país; pero septiembre de 2014 forma parte de esa cadena de horrores en la región meridional del Pacífico mexicano. Si bien, la entidad está situada sobre el Eje Volcánico Trasversal, Guerrero mismo es un volcán, donde la mala política, la contaminación, la pobreza e injusticia han campeado durante más de cuatro décadas, si no es que más. Septiembre inició con un crimen cercano a la clase política en Teloloapan y terminó con otro en Acapulco. Con una vorágine de violencia intermedia en el municipio de Iguala, donde se registraron los homicidios de tres normalistas, un futbolista, el chofer de un autobús y la pasajera de un taxi. Otros 57 estudiantes desaparecieron inicialmente -algunos han podido regresar a sus hogares-. En Acapulco fueron ejecutados dos elementos de la Policía Federal Ministerial en una carretera, mientras que en una zona departamental del puerto, otros cinco hombres fueron acribillados a mansalva. Autoridades de los tres niveles de gobierno han buscado el deslinde de responsabilidades que, por lo pronto, ya costó la privación de la libertad a 22 policías municipales de Iguala y a su presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, quien solicitó licencia a su cargo ante la presión social que levantó la serie de sucesos criminales. Crímenes, calma y protestas Todavía no terminaba el asombro de los guerrerenses tras la retahíla de episodios violentos de agosto cuando ya empezaban con las calamidades del mes patrio. Eventos sangrientos de alto impacto: balearon al hijo del presidente municipal de Chilapa, tirotearon al hijo del ex alcalde de Teloloapan, ejecutaron a dos hombres en la Autopista del Sol y mataron al director del penal de Chilpancingo. La madrugada del 3 de septiembre fue asesinado en su domicilio, en Teloloapan, Joel Miranda Salgado, hermano del diputado federal Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática. Los ejecutores lo decapitaron. Del hecho no se informó más allá de las condolencias de políticos y de las solicitudes de esclarecer el crimen. Funcionarios, políticos y familiares de la víctima exigieron durante uno o dos días a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que se detuviera y castigara a los autores de tan abominable homicidio. Después, el hecho no se mencionó más. Nueve días después, autoridades locales se enteraban que sobre la caja de una camioneta de la Procuraduría General de la República, abandonada en el Kilómetro 188 de la carretera federal México-Acapulco, yacían los cuerpos sin vida de dos agentes de la Policía Federal Ministerial. A la altura del poblado Venta Vieja, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos de los federales Cristóbal Rogelio Hernández Dorantes y Salvador Morán Bernal, quienes presentaban heridas producidas por proyectiles de armas de fuego. Personal de los servicios periciales encontraron en el sitio del hallazgo cinco casquillos percutidos calibre nueve milímetros. Las investigaciones fueron atraídas por el Ministerio Público de la Federación, debido a que los fallecidos eran agentes federales presuntamente en funciones al momento de su muerte. Después de los asesinatos, dos semanas donde las noticias se centraban en los problemas cotidianos de ciudades y comunidades guerrerenses. Una, la constante aparición de turbulencias climáticas en el Océano Pacífico y las amenazas de huracanes. Otra, las manifestaciones de los normalistas inconformes por las plazas que no se les han otorgado a su egreso desde 2010. Mientras los amagos de los posibles ciclones menguaban conforme las tormentas tropicales cambiaban de rumbo o se degradaban, la fuerza y exigencias de los estudiantes fueron en aumento. El 19 de septiembre, un grupo de normalistas tomó durante una hora las casetas de peaje de la Autopista del Sol, a la altura de Palo Blanco. Su petición: que las autoridades educativas cumplieran con los acuerdos signados años atrás, y se les concedieran 400 plazas pendientes. En su momento, la Secretaría de Educación en la entidad aclaró que más del 50 por ciento de esos alumnos, futuros docentes, no aprobaron los exámenes de oposición que les fueron practicados para la obtención de la plaza. Sin embargo, a los inconformes se les hizo una oferta de darles empleos administrativos, la cual rechazaron, por no cumplir con sus expectativas de hacer una carrera como mentores. Las protestas de los normalistas se presentaron en las diferentes regiones de Guerrero, desde Chilpancingo, La Montaña, Acapulco e Iguala. Hubo reuniones con servidores públicos del gobierno estatal, pero no lograron su objetivo. La represión contra los normalistas La noche del 26 de septiembre ocurrieron hechos que pusieron una vez más a Guerrero en el ojo del huracán. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa se manifestaba a las afueras del nuevo Palacio de Justicia en Iguala. Policías municipales accionaron sus armas contra los estudiantes y mataron a uno de ellos. Eran aproximadamente las 9:30 pm cuando se registró la tragedia. Lo sucedido fue replicado de inmediato a través de las redes sociales. Normalistas de Ayotzinapa y de otros puntos de Guerrero se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos. La Policía estaba alerta ante el arribo de más estudiantes y montaron una sobrevigilancia en los accesos de Iguala. Más tarde, en el Periférico Norte se registraron ataques de personas armadas contra ocupantes de vehículos automotores, entre ellos los pasajeros de un autobús de normalistas, falleciendo dos de los pasajeros. Los agresores eran agentes municipales. Al filo de la medianoche, sobre el crucero de Santa Teresa, en la carretera Iguala-Chilpancingo, se registró otra balacera. Uniformados tirotearon un autobús color blanco sin distintivos, en el que viajaban jugadores del equipo de futbol de Tercera División profesional, Avispones de Chilpancingo. En la unidad estaban sin vida el conductor y uno de los jóvenes futbolistas, David Josué, de 15 años de edad. Otros 12 deportistas, incluido su director técnico, resultaron heridos. A un costado, dentro de un taxi que fue alcanzado por las balas, el cadáver de una mujer. No muy lejos de ahí, sobre la misma vía federal se reportaron otros automóviles con impactos de arma de fuego. Un fiscal estatal y una mujer también resultaron lesionados por los policías locales. En total, en las diversas balaceras hubo 17 personas heridas y 26 estudiantes detenidos. El 27 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero confirmó la participación de policías y probablemente civiles en las agresiones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició oficiosamente un expediente de queja, ordenando medidas cautelares para proteger a las víctimas, además de solicitar informes a autoridades estatales y municipales. Ante la gravedad de los hechos y la participación de las fuerzas policiales de Iguala, el control de la seguridad fue tomado por la Policía Estatal en coordinación con agentes federales y soldados del Ejército Mexicano. El domingo 28, la Procuraduría de Justicia informó que 22 policías preventivos municipales estaban detenidos por su probable responsabilidad en las agresiones. Los indiciados fueron trasladados a Acapulco para evitar que sus familiares -que ya se movilizaban- intentaran rescatarlos o impedir el trabajo del Ministerio Público. Ese día, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, encapuchados, tomaron por asalto dos radiodifusoras de Chilpancingo, para alzar la voz y denunciar lo que consideraron un ataque orquestado desde el seno del Estado hacia los normalistas. Entre la noche de los hechos y la madrugada siguiente, desaparecieron 57 de sus compañeros, probablemente víctimas de desaparición forzada, ante lo que anunciaron bloqueos de calles y carreteras para exigir justicia. Investigaciones, búsqueda y renuncia Las pesquisas del Ministerio Público estatal incluyeron a 280 policías municipales, de los cuales 22 fueron consignados por su presunta participación en los homicidios. También se ordenó la búsqueda y localización de los normalistas desaparecidos, operativos en los que participaron policías estatales y elementos de Protección Civil, coordinados con militares de las Bases de Operaciones Mixtas. El todavía presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, se mostró indiferente ante los sucesos y, para zafarse del asunto, dijo que él no estaba enterado de los enfrentamientos, ya que esa noche se hallaba en una fiesta organizada por el Sistema DIF, bailando con su esposa, presidenta de esa dependencia. El edil, de extracción perredista, afirmó que cuando estaba en el evento recibió una llamada de su secretario de seguridad, quien le puso al tanto de los hechos en los que unos normalistas de Ayotzinapa, encapuchados, habían protagonizado un enfrentamiento con la Policía, tras haber secuestrado algunos autobuses. Negó tener responsabilidad en el actuar de sus gendarmes y descartó renunciar a su cargo. El 30 de septiembre, el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, informó de la consignación de los 22 policías ante un juez, y calificó de injustificado el proceder de los servidores públicos de utilizar armas de fuego en la manifestación de los estudiantes inconformes, haciendo evidente un uso desmedido de la fuerza de los detenidos en el reclusorio de Las Cruces en Acapulco. Mientras que en Iguala, los egresados de la Normal de Ayotzinapa realizaban por su cuenta la búsqueda de sus compañeros desaparecidos, otro grupo de normalistas atacaron las instalaciones del Congreso del Estado en Chilpancingo. Unos tres mil estudiantes de las nueve escuelas normales de Guerrero habían realizado una marcha para exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero. La noche de ese lunes, el gobierno guerrerense publicó en internet un cartel con las fotografías de los desaparecidos, imagen que apreció en inserciones pagadas en los principales diarios el martes 30 de septiembre, bajo el titular “Ayúdanos a localizarlos”, con las fotografías de la mayoría de los estudiantes reportados. La lista se redujo a 43 desaparecidos, sin detalles de los que regresaron a sus hogares por “razones de seguridad”. Crisis política a todos niveles La situación candente en Guerrero terminó de estallar en el ámbito político nacional, al ser asesinado, la mañana del domingo 28 de septiembre en Acapulco, el secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Braulio Zaragoza Maganda Villalba. Sicarios ingresaron aproximadamente a las 9:00 am al restaurante del hotel El Mirador, en la zona turística de La Quebrada, donde el panista desayunaba. Le dispararon en tres ocasiones para privarlo de la vida. El martes 30 de septiembre, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad para aclarar lo que está sucediendo en esa entidad, y que el Gobierno de la República coadyuvará en las pesquisas solo si dichas autoridades se lo solicitan, pues no pueden sustituir las funciones que corresponden a cada estado. Horas más tarde, mientras el alcalde perredista de Iguala anunciaba que solicitó licencia al cargo por 30 días para facilitar las investigaciones, vía Twitter, el gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió “acciones más drásticas”, y señaló que es “sana” la postura adoptada por el edil José Luis Abarca. Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró el miércoles 1 de octubre que inició un proceso para expulsar a Abarca Velázquez de su partido, por su participación activa u omisa en los hechos violentos que culminaron con homicidios y la desaparición de los estudiantes. El gobernador Ángel Aguirre reapareció en una entrevista radiofónica, en la que aceptó que la Policía de Iguala está “totalmente infiltrada” por grupos de la delincuencia organizada. Entre otros, mencionó a los “Guerreros Unidos” que operan en la región, así como a “Los Rojos”, en la zona de Chilpancingo y de Chilapa. En cuanto a la búsqueda de los estudiantes que no han vuelto a casa, el mandatario expuso que las acciones continúan por parte de las corporaciones policiales y los mismos normalistas de Ayotzinapa, y ofreció un millón de pesos como recompensa a quien ayude a localizarlos. Para concluir, el miércoles 1 de octubre trascendió la desaparición del alcalde de Iguala, Abarca Velázquez, y de su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, contra quienes la Procuraduría de Justicia del Estado giró órdenes de presentación y localización.