Inseguro y ventajoso, pero continúa operando estacionamiento subterráneo de Palacio Municipal

A simple vista, las fisuras y grietas en el estacionamiento subterráneo del Palacio Municipal de Tijuana, lo vuelven inseguro. Aunque se clausuró de manera parcial, continúa operando sin que garantice la seguridad total de los usuarios. El gobierno de Jorge Astiazarán argumenta cuestiones legales para no cerrar el inmueble, razón que para el reconocido abogado Benigno Licea resulta improcedente cuando de garantizar la integridad física de las personas se trata. Concesionada a 30 años, la obra fue construida y es operada por Administradora de Obras y Concesiones, mejor conocida como MAKRO y aunque su edificación no ha sido culminada, opera desde diciembre de 2011. En 2013 la Comisión de Fiscalización del Gasto Público  del Congreso del Estado, observó una serie de irregularidades en el contrato de adjudicación a favor de esta empresa, particularmente por incumplimiento al reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tijuana y a la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. Entre las omisiones detectadas por el Órgano de Fiscalización destacan la no localización de las fianzas de garantía de operación y de vicios ocultos. Otra observación establecida fue: “…no se proporcionó las pólizas de seguro contra riesgos, accidentes y siniestros en general, sobre el personal y los usuarios, en los montos suficientes para hacer frente a las eventualidades que pudieran presentarse. Pese a estas anomalías, será hasta noviembre cuando el municipio determine si procede a la clausura total del inmueble o le permite continuar en operación. Lento actuar En agosto de 2014, la Dirección de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Tijuana determinó improcedente realizar el tradicional grito de independencia en la plaza cívica de Palacio Municipal. La determinación se sustentó en el resultado del dictamen técnico realizado de la DAU, el cual estableció que la construcción “está debilitada por falta de mantenimiento”. “Eventos con grandes conglomeraciones en la explanada del palacio representa un peligro para la ciudadanía”, declaró el alcalde Jorge Astiazarán la víspera del 15 de septiembre. Una semana después de esta celebración, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología procedió a suspender los trabajos con los que la empresa MAKRO instalaba muros hechizos en los dos niveles de la rampa de ascenso y descenso de vehículos. Más que por seguridad, el parar las obras realizadas en ese momento se derivó de la falta de licencias para llevarlas a cabo. Por su parte, Sindicatura Municipal procedió a realizar una inspección, cuyo resultado canalizó el 3 de octubre a Protección Civil para que procediera en consecuencia. El 6 de octubre cuando Protección Civil de Tijuana, a cargo de Rafael Carrillo Venegas, colocó cintas rojas y amarillas para clausurar el primer nivel y una cuarta parte del estacionamiento subterráneo. Al no detectar fallas estructurales a simple vista en el segundo nivel, usualmente el más utilizado, no se encontró motivo para suspender su uso, expuso el funcionario, quien una semana atrás ya había acordonado con cintas amarillas la plaza cívica. Para Carrillo Venegas la explanada es insegura para ser utilizada con motivo de grandes conglomeraciones, lo mismo que para estacionamiento de los usuarios de Palacio, además de no estar en condiciones de soportar un temblor, por lo que se restringió su acceso, pero no representa un riesgo para los automovilistas que utilizan la estructura que se ubica en su parte subterránea. El enredo legal Para el ex presidente del Colegio de Abogados Benigno Liceo, al gobierno local “le está temblando la mano” al no proceder en cerrar un establecimiento que a todas luces resulta inseguro. Y es que otro de los argumentos del gobierno municipal para no suspender el negocio operado por MAKRO, se deriva de ciertas cláusulas en el contrato de concesión que el XIX Ayuntamiento estableció con la empresa. En el documento se estipula que si el municipio impide su operación durante los 30 años del periodo de la licencia, le tendrá que remunerar las pérdidas económicas que ello genere.    “Es un contrato a todas luces desventajoso”, subraya el gobierno de Jorge Astiazarán, pero hasta la fecha no ha entregado a la Consejería Jurídica el convenio para que sea analizado, no obstante que advierte que la empresa pudiera dar una batalla legal con un peritaje propio o hasta la posibilidad de entablar un amparo contra la suspensión precautoria o posible clausura total. “Ningún convenio puede estar por encima de la Ley”, subrayó Benigno Licea, quien anotó que el municipio tiene la facultad de clausurar hasta lograr que el inmueble reúna las condiciones de seguridad para su operación. “No se trata de rescindir el contrato, sino de clausurarlo porque no cumple con las reglas de seguridad absoluta”, dijo, al tiempo que explicó que de acuerdo a la ley, si un lugar no garantiza la integridad física de las personas no debe operar, independientemente del contrato de concesión con que cuente. Pero para poder proceder en consecuencia, el municipio optó por esperar un dictamen técnico el cual realizará el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana que dirige Pablo Hernández Lee, a quien el 8 de octubre le fue entregada parte de la información que el propio organismo requirió al gobierno local desde hace dos semanas. “Se solicitó al Colegio de Ingenieros que prepare un peritaje de toda la estructura en su conjunto, que incluye una revisión ocular de las instalaciones del estacionamiento, de los planos de origen, cotejarlos para constatar que se construyó de acuerdo al proyecto original”, precisó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez Martínez. También se obtendrán nuestras del concreto para constatar que la mezcla cumpla con las especificaciones técnicas y así complementar el estudio. En tanto, a la empresa se le concedió un plazo de 30 días para proporcionar al municipio la información técnica del edificio subterráneo, tiempo durante el cual también podría entablar una batalla legal en contra de las acciones del municipio. Para el funcionario, el estudio del Colegio de Ingenieros Civiles permitirá determinar si es factible solo conminar a la empresa a reparar las fallas del inmueble, clausurar, o incluso someter a Cabildo rescindir el contrato de concesión, algo que el XXI Ayuntamiento decidirá en dos semanas, cuando concluya dicho análisis. Sin embargo, Hernández Lee advierte: “Como colegio sólo podemos dar una opinión técnica, y aunque es similar a un peritaje, en cuestiones legales no se puede considerar como tal”. Irregularidades sin solventar El Órgano de Fiscalización Superior observó una serie de inconsistencias en la adjudicación dada por el municipio de Tijuana a favor de la empresa Administradora de Obras  y Concesiones. Entre ellas, destacó la designación de una autoridad que regule tal concesión, lo que permite a la empresa operar sin rendir cuentas a nadie. La no aportación al Patronato Administrador de la Plaza 11 de Julio del importe equivalente al cinco por ciento de los ingresos, producto de la renta de los cajones de estacionamiento, incumple con la cláusula segunda del contrato. Al ser requeridas licencias de operación para el funcionamiento del negocio, éstas no fueron proporcionadas, como tampoco se entregaron las pólizas de seguro, ni las fianzas que garanticen su operación y de vicios ocultos, como lo establece la cláusula décimo primera del contrato. El permitirle el cierre de una calle, vialidad importante para el acceso a Palacio Municipal y el hacer uso de área de estacionamiento de la Vía Oriente y Vías Públicas utilizadas como acceso a la Avenida Independencia y Paseo Centenario y paraderos de Transporte Público, se perjudicó a terceros, lo que constituye una irregularidad que, a la fecha, no ha sido solventada. Obra a prueba de resultados: Ramos Tras el cierre parcial precautorio del estacionamiento subterráneo, inmediatamente el ex alcalde Jorge Ramos dio la cara para advertir que toda obra realizada durante su administración, “se hizo a prueba de resultados, si no, ahí están las garantías”, ponderó. Cual vocero de la empresa, Ramos Hernández aseguró que “no se trata de daños estructurales, son daños menores de fácil reparación, ellos (MAKRO) también realizan un peritaje porque son de los más interesados en verificar que todo esté bien”. De acuerdo al convenio, la empresa invirtió 151 millones 964 mil pesos en la construcción del estacionamiento subterráneo de dos niveles, el cual cuenta con 763 cajones, y cuya operación por 30 años inició apenas en diciembre de 2011. Respecto al contrato, indicó que éste no es desventajoso para el municipio, “Sí se puede clausurar, siempre y cuando el cierre del inmueble sea con fundamento legal y no en forma irresponsable”. Y remató: “Si se comprueba que hay un daño por protección de los mismos usuarios el municipio tiene facultades de clausurar, si no lo hace es porque no existe un sustento”. ZETA requirió la postura oficial de la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V., pero no hubo respuesta, no obstante, Jorge Ramos aseguró que este fin de semana sustentarán con un peritaje propio su propia defensa pública.