Impunidad y reciclaje criminal

La confianza y certeza que los integrantes del Grupo Coordinación en Baja California tenían en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha ido desvaneciéndose. Tanto en la Secretaría de Seguridad, como en la Procuraduría y en la Policía Municipal de Tijuana, estaban seguros de que la Federación procesaría a los tres detenidos del 24 de septiembre de 2014, una banda de ex policías secuestradores del Cártel Arellano Félix, pero ahora no están seguros que eso suceda. Viven en la incertidumbre institucional. Los tres detenidos por secuestro son José Daniel Canales Rodríguez “Ramsés” y/o  “El Ram” (quien intentó acogerse a la figura de testigo protegido); Armando Angulo Junior y César García Chávez. La SEIDO se los llevó a México, luego de que en declaraciones, entregaron la identidad de policías de todas las corporaciones que trabajan para el CAF. Pero de eso, ya tampoco están seguros. De hecho, para complementar los dichos criminales y separar a los malos elementos primero para después procesarlos, entre el 2 y 3 de octubre de 2014 los locales estaban sobre la pista del ex policía municipal prófugo  Luis Jaime Verduzco Delgado “El Lic”, pero ya nada ha sucedido. Si la SEIDO mantiene su línea de no investigar desde la Ciudad de México los hechos ocurridos en Baja California, que involucran a secuestradores y dos docenas de agentes, lo más seguro, dicen, es que los criminales detenidos el 24 de septiembre, salgan libres. Increíblemente, ni por el secuestro serían sancionados. Aparte, obligaron a los detenidos a señalar a los agentes corruptos por nombre y apellidos paterno y materno. También les mostraron fotografías de agentes uniformados para que los identificaran. De esa forma, los “investigadores” lograron que de 24 agentes corruptos señalados, quedaran ocho municipales, seis ministeriales, dos policías estatales preventivos y un número indeterminado de federales. Ahora los titulares de la Secretaría de Seguridad, de la Ministerial y la Municipal, no están tan seguros de poder deshacerse de los elementos corrutos. Lo que sí han hecho, es que aquellos sobre quienes tienen sospecha, han sido neutralizados en cargos menores, y en dado caso que la SEIDO no los detenga, iniciarán procesos administrativos para separarlos del cargo, por lo menos a los policías corruptos  activos señalados en  las primeras declaraciones de Daniel Canales Rodríguez. Aunque quedarían impunes en la vía penal. Por lo pronto y ante la presunción de que la Procuraduría General de la República (PGR) vendría a detenerlos, los policías deshonestos han bajado el nivel de su participación en el crimen, tan es así, que en la última semana se reportó una disminución en los secuestros, aunque no acabaron del todo. Culpan a jueces de reciclaje criminal Para el miércoles 8 de octubre de 2014, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Procuraduría General de Justicia, les llegó la confirmación de la sospecha: los agentes de la SEIDO no han podido procesar a los secuestradores detenidos, y éstos podrían recuperar la libertad. Conforme más preguntas le hacían a uno de ellos, Daniel Canales, más impreciso se tornaba. Estaba acomodando el terreno para desdecirse de sus acusaciones, y la autoridad federal lo toleraba. Cuando al acusador de policías corrutos le mostraron álbumes de fotos de los agentes, vaciló al momento de identificarlos. Dejó de proveer información, y en la Federación dejaron de responder las llamadas de las corporaciones bajacalifornianas para colaborar en la investigación. “Todo iba bien amarrado, si no se puede concretar son los jueces”, lamentó un investigador estatal. Oficialmente, la SEIDO no ha informado qué hará con los detenidos de este caso, ni con los agentes activos denunciados, pero de liberarlos, la PGJE no podrá ejercer ninguna acción. Secuestros para elegir A partir de la promulgación de las leyes generales de secuestro y trata de personas, y la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la fiscalía local recibió una notificación mediante la cual, a partir del 1 septiembre, están obligados a notificar  a la mencionada coordinación, de todos los casos de secuestro y trata. Los expedientes se enviarán a la PGR, que a su vez decidirá sí atrae el expediente y cómo lo pide. En el caso de los secuestradores y ex policías que trabajaban para el CAF, la PGR solicitó el expediente y sus investigadores llegaron cuando habían pasado tres horas de la captura. Pidieron toda la información, incluidas las averiguaciones previas de los cuatro secuestros que las autoridades bajacalifornianas les imputaron.  A la PGJE no le dejaron ningún desglose, entonces, si quedan libres, no tiene expedientes adicionales para procesarlos por secuestro en el ámbito local. Buscados, detenidos, presentados, liberados y empoderados Si estas averiguaciones de ex policías secuestradores del CAF realizadas por la PGJE en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, y supuestamente ampliadas por la SEIDO, no concluyen en la consignación de Daniel Canales, Armando Angulo, César García, y órdenes de aprehensión contra el veterano integrante del CAF, Lorenzo Hernández García “El Viejón”, el ex ministerial José Luis Chávez “Ramiro” y  una veintena de policías, será un caso más de criminales detenidos en Baja California, y liberados en la Ciudad de México. Convertidos en ejemplos destacados de impunidad, de la maraña de reciclaje criminal que persiste en Baja California, los siguientes -identificados como líderes de células del Cártel Arellano Félix y del Cártel de Sinaloa- han sido aprehendidos y liberados:   * René Arzate García, “La Rana”. * Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy”. * Candelario Arceaga. * José Luis Garibay Espinoza “Chuy Señor”. * José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”. * El ex ministerial Francisco Manzo Morán “El Negro” y/o “el Billy”, asesinado en enero de 2014. * Manuel Núñez López “Don Balas”. En cuanto a criminales que buscan ascender en el organigrama criminal, detenidos y presentados como presuntos homicidas y después liberados, destacan Javier Lira Sotelo “El Carnicero”; Javier Flores Hernández “El Javy”, “El 11-11” o “El de los Lentes”; Javier Adrián Beltrán Cabrera “El Javy” y/o “R4”; Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”; y Pedro Quintero Velázquez “El Pedro”, “El Jaguar” o “El 5-8”. Liberados para delinquir El proyectil atravesó el cráneo. Primero el cañón del arma y luego el cráneo. Antes una mano jaló el gatillo. ¿Qué pudo evitar en ese momento que el victimario disparara directo a la cabeza de aquel comerciante? La bala entró en la cabeza, justo enseguida a la materia blanda y ahí se quedó. La cavidad de aquel hombre quedó convertida en una sonaja de plomo y hueso. Una bala que pudo evitarse. Un registro más qué contar en manos de la delincuencia. Los impactos fueron fatales. Don Gustavo Mendoza murió la madrugada del 2 de julio de 2014 en el Hospital General de Tijuana, luego de ser recogido por paramédicos y policías municipales del interior de su negocio de celulares, ubicado en la calle 16 de la colonia Libertad. Tres nombres están sellados en el expediente judicial de este homicidio, detenidos esa misma tarde: Artemio Bojórquez Sepúlveda, Jesús Delgado Guzmán y Martín Mosqueda Rojas. Este último, como autor material. Mosqueda Rojas ha estado en manos de la autoridad en al menos cuatro ocasiones en lo que va del año. En el Ministerio Público 3, detenido en flagrancia por otros delitos graves. El 28 de enero, Mosqueda Rojas, junto con otro hombre de nombre José Luis Hernández Rojas, agredieron a un chofer de taxi libre por la madrugada. Lo habían despojado de 750 pesos y sus documentos personales. Luego de que éste se negara a entregarles el vehículo, Mosqueda lo agredió. Según la Policía Municipal, agentes adscritos al Distrito Centenario, observaron cómo los delincuentes atacaron al taxista en la Rampa Azteca y Avenida San Ignacio, Colonia Valle Vista. Mosqueda y su cómplice escaparon en otro vehículo que fue alcanzado por policías municipales, en el cual encontraron herramientas para robar y agredir a sus víctimas. En aquella ocasión, a pesar de asaltar, causar lesiones y daños al taxi, Mosqueda salió libre.  A principios de marzo se le detuvo de nuevo, por robo de vehículo. Según el parte oficial de ese mes, Mosqueda Rojas manejaba una vagoneta robada que era remolcada por una mujer. La camioneta Jeep Cherokee con reporte de robo era jalada con sogas por la madrugada y tenía el sistema de encendido violado. La detención se hizo en la colonia Misión de las Californias, Delegación Cerro Colorado. Cuando fue interceptado por los agentes, Martín Mosqueda Rojas intentó engañarlos, al declarar que era su vehículo y se había descompuesto. La camioneta había sido reportada robada el 28 de febrero, y aunque el pick-up que jalaba a Mosqueda también tenía la puerta y el encendido dañado, en la base de policías aún no se contaba con reporte de robo. Junto con la mujer, Martín fue turnado al Ministerio Público. Pero de nueva cuenta salió libre. Mosqueda Rojas siguió fuera de la Ley. El mismo mes de marzo, empleados de una gasolinera lo identificaron como quien los asaltó con un arma de fuego. El 3 de junio otra vez: empleados de gasolinera en la colonia Libertad fueron víctimas de asalto. Identificaron a la misma persona, solo que en esa ocasión, al huir le disparó a un hombre de 43 años. El impacto fue en el abdomen y su libertad no fue interrumpida. Según bases de datos en Estados Unidos consultadas por ZETA, Martín Mosqueda Rojas tuvo igualmente enfrentamientos con la justicia en aquel país. Documentos en la Corte Federal advierten que fue investigado en mayo de 2012. Estuvo detenido y pagó 25 mil dólares de fianza por reincidir en el cruce hacia la Unión Americana. En los documentos consultados se refiere que al momento de la detención, pesaron contra él otros antecedentes criminales. Deportado a Tijuana el 31 de marzo 2011, Mosqueda intentó ingresar de nuevo al vecino país en abril del año siguiente, y fue detenido por segunda ocasión. Finalmente, el primero de julio de 2014, fue capturado  junto con sus dos cómplices, luego de dispar a la cabeza del comerciante. En ese momento, ya contaba con orden de aprehensión, pero no por asalto ni por robo, sino por posesión de arma de fuego. El caso de Martín Mosqueda y su reincidente actividad delincuencial, es tan solo uno de tantos registrados en Tijuana. Decenas, cientos de personas han sido detenidas en lo que va del año más de una vez: asaltantes, ladrones, violadores, gente armada y narcotraficantes son arrestados por las policías y dejados en libertad por el sistema -paradójicamente- de justicia. Sobran Las policías Municipal y Estatal  hacen arrestos importantes tratándose de delincuentes reincidentes. Una cifra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal calcula al menos 160 personas de enero hasta julio de 2014, que han sido detenidas en más de dos ocasiones. Por otro lado, empleados que tienen acceso a información en la corporación municipal han notado entre uno o dos casos “importantes” de reincidencia por mes. Jesús Vázquez Casas fue detenido esta semana portando un arma 9 milímetros. La SSPM reportó el 26 de agosto la detención en la colonia Altiplano del hombre que, con este arresto, colecciona tres en lo que va del año. A  Vázquez se le capturó luego de que su ex esposa reportó su conducta violenta. El arma estaba abastecida con al menos diez cartuchos. La mujer dijo a los uniformados que en otras ocasiones el detenido la había amenazado de muerte. De hecho, en mayo, a Vásquez se le había detenido por portación de arma de fuego, siendo turnado al Ministerio Público Federal. Evidentemente quedó libre. Y en otro caso, en julio de este año, se le turnó por lesiones contra otra persona. O el caso de Aarón Hernán Silva, detenido en tres ocasiones en menos de nueve meses por la Policía Municipal. En septiembre del año pasado, asaltando un comercio de manera violenta y a mano armada junto con otro hombre. Detenido y liberado. En octubre fue arrestado por venta de droga cerca de la Escuela “Belisario Domínguez” de la colonia Buenos Aires. Detenido y liberado. Y el último: el 24 de julio de 2014 fue capturado por asaltar otro comercio en Infonavit Presidentes. El colmo Una de las explicaciones más comunes que alguien encontrará al preguntar por qué los delincuentes son detenidos y liberados, es que el parte policiaco lleva inconsistencias. Por ejemplo, a partir del 25 de agosto, la PGJE impartió cursos a agentes de diferentes corporaciones en Tecate. La subprocuradora de Zona Tecate, Patricia Ortega Inzunza, informó en un comunicado de prensa que “el parte informativo es una herramienta de inicio para la acción legal, es de suma importancia que todos los agentes conozcan y entiendan la correcta elaboración del reporte por escrito, donde se narra una relación de los hechos involucrados en un suceso en específico”. Pero en Tecate, no solo por los partes mal hechos, los delincuentes salen libres. Fenquia Vanessa García López fue detenida en junio de 2013 junto con Hiram Castañeda Rodríguez, por robo de vehículos y baterías en la Zona Centro. Según el parte, fueron arrestados en flagrancia por municipales. Días después se liberó a ambos. A mediados de abril del presente año, la PGJE y la Policía Municipal de Tecate recuperaron 38 carros robados y múltiples piezas, en ese arresto cayeron al menos nueve personas, entre ellas Vanessa e Hiram, liberados meses atrás. Según la declaración de los detenidos, la mujer lideraba la banda dedicada al robo de vehículos. Días después, la señalada escapó de las celdas municipales. Esposada y a pie, los agentes perdieron a la detenida. A los días Hiram y el resto de los aprehendidos salieron en libertad. Hace tres semanas, otra vez Vanessa e Hiram fueron detenidos por la Policía Municipal por lesiones y riña. Hoy, una vez más, están libres. Estos casos no terminan. A Isaac Tochiraja Carreño, de 19 años, se le arrestó en menos de un año en dos ocasiones. La primera en noviembre de 2013, en posesión de 38 dosis de heroína y nueve de “cristal” en el Centro de Tijuana. Salió libre. La segunda vez lo agarraron con mil 358 globos de heroína en la misma zona. Fabián Hernández Contreras y Héctor Emmanuel Tejado Línea han sido arrestados en los últimos meses por robo con violencia con pistolas y navajas y en flagrancia. Fueron liberados. La lista de los detenidos, liberados y reincidentes, es extensa. En el clavo: Lares En entrevista, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alejandro Lares, resume lo que se desencadena ante tanta reincidencia delincuencial: “Iniciaban por una cantidad de dosis de algún tipo de droga, iba aumentando con la misma cantidad de enervante y con un arma, y luego hasta detenerlos con más cantidad de enervante y otro tipo de armas, hasta asaltos y homicidios”. El pequeño delincuente al que se detuvo y se le liberó, posteriormente se convierte en un peligro mayor, un criminal de alto impacto, un homicida. Lares explica que en la corporación que dirige, en la mayoría de los casos, los reincidentes tienen que ver con drogas: “En el narcomenudeo y micromenudeo, hemos detectado que han sido ya consignado muchos de éstos que antes eran reincidentes”. Agrega: “Los oficiales notamos de inmediato cuando es un reincidente, sin embargo, eso no pega en el servicio, seguimos deteniéndolos y vamos a seguir deteniéndolos. Obviamente, si los jueces determinan que está mal elaborada la turnación o la puesta a disposición, al final del día ellos son los de la responsabilidad de dejar en libertad. Nosotros seguiremos deteniendo y haciendo lo procedente”. Si no hay flagrancia  “se tienen que dejar ir” En el caso hipotético de que un asaltante, un secuestrador, violador o ladrón de casas, sea identificado por la víctima o testigos al día siguiente de haber cometido el delito, ni elementos de la PGJE, ni corporación adicional alguna, lo pueden arrestar. Es más, así el delincuente admitiera ante el Ministerio Público o la Policía que días anteriores cometió el delito -lo que procede apegado a la Ley–, se le deja en libertad, “al darse cuenta que los hechos fueron en días anteriores, no hay flagrancia, no te puedo dejar detenido, se tiene que dejar ir”, refiere Gilberto Cota Alanís, subprocurador de Justicia del Estado en Tijuana. El funcionario refiere a ZETA uno de los motivos por los que  delincuentes simplemente como entran a la PGJE, igualmente salen: “El Ministerio Público lo primero que revisa es que la detención se haya hecho legal o no, y si es ilegal, pues se deja en libertad”. Y para que sea legal, es decir, para que un policía pueda detener a un delincuente, debe hacerlo en “flagrancia delictiva”, esto es, en el acto mismo. En su Artículo 106, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, menciona lo que es la flagrancia, la casi flagrancia y la equiparable a la flagrancia, requisitos para que alguien sea detenido sin una orden de aprehensión. La equiparable sería que antes de las 72 horas posteriores a la comisión del delito, algún testigo o la víctima lograra identificar al delincuente y éste estuviera en posesión de objetos con los que se cometió el delito. Sin embargo, la Suprema Corte resolvió anticonstitucional este párrafo y quedó sin efecto. En este caso, sentenció que la equiparable a flagrancia violaba la Constitución Política, donde anota que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento”. “Antes de esta resolución de la Corte, la autoridad podía no sorprender al delincuente cometiendo un delito, pero dentro de las 72 horas siguientes de la comisión del delito, es señalado por la víctima, un testigo o un partícipe, y se le encuentra un objeto o instrumento relacionado con el delito, entonces sí se trata de un delito grave, se podía detener y consignar. Pero esto quedó fuera”, detalla Cota Alanís. Y remata: “Actualmente ya es de una sola forma, o detener en el momento mismo del delito, o inmediatamente después de una persecución y sin perderlo de vista”. La nueva reforma federal al Código de Procedimientos Penales está redactada similar al Código del Estado, donde se declaró contradictoria a la Constitución. En fin, para que el delincuente sea procesado, debe ser aprehendido en el momento y acreditar esa detención. Además de turnarlo  “inmediatamente después de haberlo cometido”. “Si en un momento dado alguna persona fue detenida ilegalmente, aunque la autoridad haya calificado como legal la detención y el juez la haya ratificado, se le condena; sin embargo, en una revisión, apelación o amparo se advierte que no se respetó algún derecho fundamental, se anula todo el proceso. Se anulan acusaciones y procesos, porque la Ley dice que cuando una persona debe ser detenida, debe ser puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público… lo estrictamente necesario para que la autoridad turne, es decir, en lo que se hace el parte y se traslada. La detención debe ser en las condiciones que marca la Ley, sin orden judicial”, concluye Gilberto Cota Alanís. Criminales en ascenso El problema de reciclaje de delincuentes no solo se da entre los presuntos malhechores que pueden pagar fuertes sumas para ser liberados como los antes mencionados. La impunidad empieza en los niveles más bajos del mundo criminal. Como muestra, actualmente la Policía Municipal de Tijuana maneja un listado de 76 “Delincuentes Reincidentes Relevantes”, tienen más, pero éstos les preocupan y ocupan, todos han sido detenidos dos o más veces. Por el mismo delito: 20 por alguna modalidad de robo, la mayoría con violencia; 16 por delitos contra la salud; nueve por posesión de arma de fuego; tres por daños en propiedad ajena; un tarjetero y uno por faltas al Bando. Por delitos diferentes son 14, pasan del robo a la posesión de armas, a la venta de droga. Once casos tienen ascensos más dramáticos: Asunción Arango y  Cristian Armenta, primero por posesión de armas, después por homicidio; Rodrigo Nafarrete, primero por armas y luego en un enfrentamiento a balazos; Óscar Escobar, dos veces presentado por asesinato; y Carlos Arango Chotenco, detenidos tres veces por un cuerpo entambado, después por una violación, y recientemente por lesiones. Además de Édgar Quintana, Sergio Llamas, Antonio Ramírez y Fernando de la Mora Alba, detenidos una vez por robo, delitos contra la salud  y posesión de armas, y una segunda vez como sospechosos de secuestro o privación ilegal de la libertad.