Iguala: los muertos de todos

Con marchas en las principales avenidas y ciudades del país, miles de mexicanos manifestaron su repudio ante los abominables actos violentos que en el Estado de Guerrero costaron la vida a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, poniendo al descubierto la podredumbre en los distintos niveles de gobierno de esa entidad. La desaparición de 43 normalistas, el hallazgo de fosas clandestinas con cuerpos humanos y la tardanza en la identificación de esos restos, presumiblemente de los jóvenes buscados, exacerbaron las emociones de toda una nación solidarizada con las movilizaciones estudiantes, maestros, indígenas, ciudadanos comunes y las familias de las miles de personas desaparecidas en México. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, fue el grito unánime. De hecho, desde que el 4 de octubre de 2014 se localizaron los enterramientos humanos en las inmediaciones de Iguala, el lamento social creció exponencialmente. La noticia se propagó en los principales diarios del mundo, al grado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) exhortaron a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos. Lo mismo ha sucedido con el gobierno de los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros. En tanto, esto ocurre con las tareas de búsqueda de los desaparecidos, con la esperanza de que los cadáveres hallados no sean de los normalistas, mientras la crisis política se agudiza en Guerrero ante la desmarcación del Gobierno Federal sobre los sucesos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como el director de la Policía local, Francisco Salgado, están en calidad de prófugos y ya se solicitaron órdenes de aprehensión en su contra por omisiones, lesiones y desaparición forzada. El macabro hallazgo El Estado de Guerrero no es ajeno al fenómeno de las desapariciones forzadas y a las del crimen organizado.  Tan solo en el municipio de Iguala, antes de estos hechos, en los primeros nueve meses del año se habían localizado unos 30 cuerpos inhumados clandestinamente en este tipo de sepulcros. Sin embargo, el impacto que tuvo el hallazgo de seis fosas en la colonia Pueblo Nuevo, luego de los violentos hechos del 26 de septiembre, cuando tres normalistas que se manifestaban fueron asesinados, otros 17 resultaron lesionados y 43 desaparecidos, fue brutal y ha despertado clamor a nivel internacional para exigir justicia. Cientos de estudiantes por una parte, y autoridades municipales, estatales y federales por otra, ya realizaban tareas de búsqueda cuando el sábado 4 de octubre se descubrieron las tumbas anónimas. Entonces la Procuraduría General de la República anunció que ejercería la facultad que la Ley le confiere para atraer la investigación del caso, por lo que envió a peritos forenses de la dependencia y a expertos argentinos en este tipo de enterramientos. A pesar de que ese mismo día, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que se contaría con los resultados de los peritajes a la brevedad y que días después el procurador general de la nación, Jesús Murillo Karam, se trasladara hasta Guerrero para encabezar las pesquisas, aún no se tiene certeza de la identidad de las víctimas, ni de los móviles de la masacre. Podrían tardar entre 15 días y dos meses. Fue el procurador estatal, Iñaky Blanco, quien en una rueda de prensa confirmó que policías municipales participaron en el homicidio de los normalistas de Ayotzinapa. El hoy prófugo director policial, Francisco Salgado, ordenó la detención y un sujeto apodado “El Chucky”, jefe de plaza del grupo criminal “Guerreros Unidos”, dispuso su ejecución. De los 28 cadáveres localizados en las fosas, algunos están fragmentados y otros incinerados. Durante las investigaciones no solo se mantiene a 26 policías locales y cuatro presuntos sicarios de la organización delictiva dentro del penal estatal de Acapulco, sino que fueron aseguradas 15 patrullas y 228 armas de fuego de la comandancia de Iguala. Esta situación motivó la presencia inicial del Ejército en los patrullajes y el posterior arribo de la Gendarmería Nacional, que se hace cargo de la seguridad en la región. Conmoción internacional Con más energía que los pronunciamientos realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llegaron a México noticias de las reacciones de organismos y gobiernos de otras latitudes del mundo, exigiendo se aclaren los hechos de Ayotzinapa y se haga justicia. Antes de que se conociera del descubrimiento de fosas con cadáveres, la ONU condenó de forma enérgica las agresiones y desaparición de los 43 normalistas, calificando los sucesos como “uno de los más terribles de los tiempos recientes”, e hizo un llamado humanitario a quienes tuvieran en su poder a los estudiantes para que los liberaran inmediatamente o informaran de su paradero. Conocido el hallazgo de los cuerpos de quienes podrían ser los desaparecidos, Amnistía Internacional exigió a las autoridades mexicanas una investigación completa y profunda sobre la tragedia, así como continuar con la búsqueda de los jóvenes, independientemente de las pesquisas sobre las fosas clandestinas de Iguala. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de México no demorar en el proceso de identificación genética de los cadáveres localizados en Pueblo Viejo para que establezca a la brevedad cuántos de ellos pudiesen ser los estudiantes de Ayotzinapa. De igual manera, exhortó a las autoridades a contar con un sistema de alerta temprana para evitar futuras tragedias como la que hoy agravia a decenas de familias. También el Departamento de Estado de los Estados Unidos demandó a los gobernantes de este país no solo aclarar el caso y deslindar responsabilidades, sino que ofrezcan una respuesta judicial y un castigo ejemplar contra todos aquellos que resulten responsables de la masacre, “sin importar si son civiles, policías o militares”. En tanto,  la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, José Miguel Insulza, calificó como “inhumano y absurdo” lo sucedido en Iguala, y afirmó que la desaparición y posible matanza de los normalistas “enluta no solo a los mexicanos, sino a todos los países de las Américas”. Respecto a los reclamos internacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, consideró que México transparenta sus investigaciones y está comprometido a que no haya espacio a la impunidad, por lo que el caso “será resuelto conforme a derecho”. Los políticos y el crimen organizado Con el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en calidad de prófugo, todas las miradas del mundo se han enfocado sobre la persona del gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el político y autoridad que debe responder por la desaparición y matanza de los estudiantes. Diversos sectores han solicitado su renuncia y que sea procesado penalmente por omisión. A través de un mensaje, Aguirre Rivero afirmó que no solicitará licencia al cargo, pues sus críticos no conocen la realidad de lo que sucede en Guerrero, y propuso una consulta nacional sobre revocación de mandato, que sea organizada por el Instituto Nacional Electoral y determine si tiene que renunciar o no. “Hemos trabajado hasta donde ha sido posible'”, dijo el gobernador. Días antes de este mensaje, Ángel Aguirre tuvo que salir al paso sobre señalamientos realizados en un video grabado a la supuesta suegra del alcalde de Iguala, en el que se evidencia que los miembros de la familia Pineda Villa y los “Guerreros Unidos” habían financiado su campaña para la gubernatura. El material audiovisual, donde se aprecia a una mujer vendada del rostro, fue calificado como apócrifo por las autoridades federales. Por su parte, investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) detallan que José Luis Abarca Velázquez estaría vinculado con grupos del crimen organizado que operan en la Zona Norte de Guerrero y que se identifican con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Según el informe, el alcalde con licencia, a través de su esposa y cuñados, “sirvió a este capo de lavador y prestanombres, pudo levantar en pocos años una fortuna considerable”. Presuntamente Abarca sobornó al dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para conseguir su postulación a la presidencia municipal de Iguala. Investigaciones de ZETA lograron ubicar un juicio de amparo promovido por el funcionario en fuga. El documento data de 2012, cuando José Luis Abarca presentó la demanda de garantías 231/2012 ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia. El quejoso temía que ya existiera un mandamiento de captura en su contra, pues así se desprende del acto reclamado a la PGR y a la SEIDO, entre otras autoridades: “Se reclama, de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, sean en calidad de ejecutoras y ordenadoras; se reclama, la orden de presentación, ejecución de orden de aprehensión o arraigo, dictada en mi contra que tiene en su poder, haciéndose notar que ignoro la naturaleza jurídica más la misma es tendente a la privación de mi libertad personal (…)”. En un testimonio real o falso, Abarca hacía saber al juez que ya lo buscaban, “(…) y que se pretende ejecutar en persona por elementos que dijeron son policías federales en coordinación con elementos de la Policía Federal en el Estado de Guerrero, quienes manifestaron portar orden para privarme de mi libertad, no especificando, en momento alguno, la naturaleza de la orden, menos aun identificándose o mostrarme documento alguno que contuviere la orden que dice portar”. El juez federal de Iguala resolvió que no era competente para conocer del juicio de amparo, en razón de que las autoridades señalan que tenía su residencia en Chilpancingo o en el Distrito Federal, y el asunto fue remitido para su conocimiento ante un juez similar de la capital guerrerense, donde se dictó el sobreseimiento del juicio porque todas las autoridades negaron que existieran los actos reclamados por el quejoso. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, enfatizó que se investiga a todos los involucrados en el asunto para esclarecer los hechos y llegar “hasta donde tengamos que llegar”. Indignación y solidaridad El miércoles 8 de octubre marcó un precedente más en la expresión del hartazgo social en México, y en más de 80 ciudades del territorio nacional, miles de personas salieron a las calles en solidaridad con los estudiantes de Guerrero, y cansados de la violencia que se vive en sus comunidades, se manifestaron pacíficamente. En los movimientos se vio por igual a líderes sociales mezclados con políticos, amas de casa, familias completas, indígenas, estudiantes y maestros. Las marchas transcurrieron sin acarreados y sin incidentes, salvo la insólita agresión en la Ciudad de México al fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por pertenecer al mismo partido que el del prófugo alcalde con licencia de Iguala. El hecho no pasó a mayores. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, participó en estos actos de apoyo y se sumó a la condena por los brutales hechos de Guerrero: “La solidaridad plena con los estudiantes de Ayotzinapa, tengo muchos años tratando con ellos y la verdad no tengo sino que expresar mi reconocimiento personal a… a su espíritu de lucha”. Por su parte, María Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada para el Caso de las Muertas de Juárez y ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, expuso que las lecciones que dejan estos hechos son que “ningún partido, en la República Mexicana, ninguno. De izquierda, derecha, centro, colores que sean… blanquiazules, rojos, variopintos, verdes, amarillos, anaranjados… ninguno debe tener jamás en adelante la desfachatez de ofrecernos candidaturas impresentables como en este caso fue la del presidente municipal de Iguala, hoy prófugo junto con su esposa, a quien pretendía dejar de sucesora”. Morfín Otero complementó: “No queremos gubernaturas impresentables tampoco, como en este caso está siendo la del gobernador de Guerrero y como ésta es, también, en muchos sentidos la del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila”. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza, destacó que la violencia en este país alcanza todos los rincones y la seguridad de todos es constantemente amenazada. Sobre lo ocurrido en Iguala consideró: “Hoy, está clarísimo, son 43 estudiantes que estaban manifestándose, movilizándose, en Guerrero. Y 43 estudiantes que fueron secuestrados por la propia Policía Municipal y entregados a los grupos de delincuencia organizada. De ese tamaño es el problema que se está viviendo, y claro que no podemos dejarlo pasar, yo creo que ningún ciudadano de este país”. Municipales intentaron sofocar la manifestación Iguala, “crimen de Estado”: Pacheco El miércoles 8 de octubre, las manifestaciones en protesta y solidaridad con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde el 27 de septiembre, reunieron en 25 estados de la República Mexicana y 14 países de América y Europa, a cientos de miles de personas. Con el apoyo de organizaciones civiles y a través de las redes sociales, se declaró el día como de “movilización nacional”, a petición de familiares y amigos de los desaparecidos, así como de estudiantes de la Escuela Normal Fronteriza de Ayotzinapa. Desde Guerrero, estado donde sucedió la desaparición y masacre de estudiantes, hasta la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, entre otras, miles de personas marcharon y exigieron al Gobierno Federal resolver el caso. En la marcha del Distrito Federal, que inició en el Ángel de la Independencia para terminar en el Zócalo, bajo el nombre de “Ayotzinapa, Compartimos tu Dolor”, estuvieron presentes familiares de los normalistas que frente a la Suprema Corte de Justicia y de Palacio Nacional, gritaron sus consignas acompañados de por lo menos 20 mil personas, según reportes de prensa. En la misma manifestación destacó el trato hacia Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del Partido de la Revolución Democrática, que al intentar dar su posicionamiento sobre el caso, fue agredido con objetos y corrido a punta de empujones, escupitajos y gritos de “traidor”.  En Baja California, ciudadanos de Mexicali y Tijuana atendieron el llamado. En la capital, menos de cien manifestantes se concentraron en los alrededores de la Casa de Gobierno, convocados por la organización Unidos por los Desaparecidos en Baja California. La respuesta a la convocatoria nacional de manifestación en Tijuana, movilizó a unas 600 personas que se concentraron en la Glorieta Cuauhtémoc, encabezada por el Frente Único de Lucha de Baja California. La intención de los manifestantes por llegar a la Garita de San Ysidro se consolidó, a pesar de los intentos de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por frustrar la marcha. Estudiantes, trabajadores y padres de familia exigían al Gobierno Federal que los alumnos de la Normal Fronteriza al norte de Guerrero sean encontrados con vida, y que las autoridades asuman su responsabilidad con las familias y víctimas.  “¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!… Maestros normalistas, ¡estamos con ustedes!”, eran las consignas de apoyo. En relación a los hechos, Marco Antonio Pacheco, líder del Movimiento Magisterial de Resistencia, señaló que se trata de un “crimen de Estado, un problema que dejaron crecer y que se saliera de control”. El dirigente de los maestros disidentes expresó que los hechos de Guerrero son parte de un salvajismo sangriento con mella del Gobierno Federal. Aproximadamente a las siete de la tarde del miércoles 8, los manifestantes se enfilaron por Avenida Paseo de los Héroes con la intención de llegar a la Garita de San Ysidro, escoltados por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. Pero a la altura de la Plaza Pavilion, cerca de 20 patrullas con medio centenar de elementos policiales trataron de tapar el paso, formando una valla humana que los estudiantes trataron de burlar caminando por carriles alternos, pero las unidades se movilizaron para bloquear todos los accesos. Durante el proceso de cruzar la barrera de policías, tres oficiales intentaron someter a un joven, mientras otros impedían grabar lo ocurrido a ZETA, golpeando la mano del reportero. Otro intento por caminar en dirección a la Garita Internacional de San Ysidro fue frustrado por elementos de la SSPM, tanto oficiales activos como de la Policía Comercial, donde de nuevo hubo jaloneos y acusaciones de ciudadanos que aseguraron haber sido agredidos. Posteriormente, un oficial buscó dialogar con uno de los dirigentes de las organizaciones y con Marco Antonio Pacheco para detener la marcha, sin embargo, los manifestantes lo impidieron. La plática se llevó a cabo entre una comitiva de policías y Pacheco, quien fue jalado hacia atrás de la valla humana sin que dejaran acceder a la prensa, salvo algunos reporteros que ya se encontraban en el lugar documentando los hechos, pero que también fueron alejados por la Policía, evitando que pudieran grabar. Pacheco regresó  a la manifestación para informar un acuerdo entre las autoridades que les permitieron caminar por un carril hacia la “Línea”, para no afectar a los conductores que cruzarían la frontera. Un cordón conformado por aproximadamente cien oficiales, algunos con equipo antimotines, otros del grupo de Operaciones Especiales y varios agentes  del control fronterizo, evitaban  el acceso a la garita, que fue menos accidentado. Los manifestantes llegaron al lugar y comenzaron los discursos. Calificaron el hecho como un logro y gritaron consignas a favor de los estudiantes de Ayotzinapa, prendieron velas y cantaron el Himno Nacional Mexicano. Una de las escenas de esos momentos fue la de un joven llorando hablándole a un policía sobre la inseguridad que se vive en el país. Los inconformes permanecieron un rato en el lugar, dando por terminada la marcha a las 8:30 pm. De acuerdo a lo informado a ZETA, oficialmente no existe un registro de agresiones ni detenidos durante la marcha.  La SSPM no dio un número exacto de policías y patrullas movilizadas, solamente el titular de la Policía Comercial, Antonio Oviedo, dio a conocer que 11 vehículos y 22 de sus elementos apoyaron en las tareas de resguardo. (Ismael Ruiz) Peña Nieto, el Presidente rebasado por la violencia  El año pasado, para estas fechas, el tema que ocupaba las primeras planas de la prensa internacional cuando se hablaba de México eran las reformas estructurales que Enrique Peña Nieto y su gobierno pondrían en marcha en los próximos meses. Incluso en febrero de 2014 la revista norteamericana Time colocó al Presidente mexicano en su portada para la edición Latinoamérica como el responsable de estar “Salvando a México”. Y fue apenas el 23 de septiembre cuando el primer mandatario fue reconocido por la Appeal of Conscience Foundation con el Premio al Estadista Mundial. Pero el cada vez más confirmado fusilamiento masivo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, la desaparición de 48 normalistas en Iguala, Guerrero, y la masacre de otros normalistas, unos a balazos, otros desollados, bastaron para que esa promesa de un mejor futuro para la vorágine empresarial de Estados Unidos y Europa se esfumara, y en vez de pintar un país rumbo al progreso sostenido, en estos días los principales diarios del vecino país cuestionan al gobierno peñanietista que primero ensalzaron.   En su portada del jueves 9 de octubre, en el diario Los Angeles Times se leía el encabezado “Alcalde fugitivo es un símbolo de muchos males”, seguido por un reportaje que expone al mundo lo que muchos ya señalaban: Enrique Peña Nieto y su gestión enfrentan una tormenta política motivada por la ausencia de autoridad, el lento reaccionar ante la creciente violencia en estados sumamente complejos como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas, por citas algunos; y una negligencia a la hora de ofrecer soluciones que levantan la sospecha de colusión con el crimen organizado. En este sangriento contexto, ni la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H” o de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” bastan para distraer a la opinión pública de los hechos cometidos por un Estado mexicano que no solo deja morir a sus jóvenes, además, no puede evitar el señalamiento cada vez más encolerizado de la sociedad civil de la participación activa en sucesos como la desaparición de los estudiantes de Iguala, que a la fecha ha arrojado cadáveres mutilados y la indignación colectiva, incluso en otros continentes, esos mismos que en tiempos no tan pasados, aplaudían el regreso de este PRI a la Presidencia de la República. Pero en el ínter, el Partido Revolucionario Institucional no es el único que está perdiendo. A pesar de la huida del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, la nula presencia del procurador Jesús Murillo Karam ante la nación, un Miguel Ángel Osorio Chong que ni siquiera puede atender el otro caos estudiantil generado por el IPN precisamente con el trasfondo de la Reforma Energética, y un Enrique Peña Nieto que por primera vez en su administración se dirige a los mexicanos para tratar un tema de seguridad, la factura de Iguala también se la están cobrando al PRD. De ahí la urgencia de los perredistas de pedir perdón por un alcalde extraído de su militancia como el hoy desaparecido munícipe de Iguala, José Luis Abarca, y de paso por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien ya dejó en claro que a pesar de los pesares, no abandonará el cargo que ocupa en un país donde nadie renuncia por vergüenza, mucho menos si se trata de dejar atrás un cargo público o una carrera política de dudosa procedencia. Los cuestionamientos por parte de medios de los Estados Unidos, de Europa y por un reducido círculo de intelectuales, críticos y periodistas en México, se basan en el análisis de la realidad mexicana. Un país con más de la mitad de su población viviendo en la pobreza, con un debilitado estado de derecho, escasas oportunidades de desarrollo, altos niveles de corrupción, complicidad entre las corporaciones policíacas y los criminales, particularmente los narcotraficantes; contexto que lleva a develar una terrible realidad, el Estado mexicano ha sido rebasado por la violencia y el terror. Lo sucedido en Iguala, como antes en Tlatlaya, en Michoacán, en Tamaulipas o en Veracruz, por ejemplificar con algunos estados, es producto del crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, hasta alcanzar la complicidad y colaboración de instituciones de la fuerza pública. El Presidente Enrique Peña Nieto se concentró en la aprobación en el Poder Legislativo, de sus once reformas estructurales, y en el ínter, fue rebasado por el crimen organizado y el narcotráfico, de la mano de la corrupción en las corporaciones policíacas. El presunto fusilamiento de sospechosos en Tlatlaya por parte de elementos del Ejército, y la matanza y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala a manos de policías municipales, son dos ejemplos de lo contaminado que está el sistema de prevención, procuración y administración de la justicia en México. Temas en los que Peña Nieto no ha querido entrar de frente, ni invertirle, ni tocarlos en discurso alguno. (Gabriela Olivares Torres/Adela Navarro Bello)