Guerrero pone en jaque a gobierno

En lo que policías y presuntos narcotraficantes son detenidos por igual, políticos estatales y federales llevan “agua a su molino”, estudiantes y maestros se manifiestan adoptando posturas más radicales y policías comunitarios descubren más fosas clandestinas con cadáveres, los 43 normalistas desaparecidos siguen sin ser localizados en el Estado de Guerrero. La nueva estrategia de búsqueda es a través del ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para quien o quienes ayuden a encontrar a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Antes lo hizo el Gobierno del Estado, que ofreció un millón de pesos por información y hasta la fecha nadie ha dado dato alguno. Los días y las semanas avanzan. Los periodistas de México y el mundo se terminaron los adjetivos para titular sus informaciones sobre lo sucedido en Iguala. Ya utilizaron el arsenal de calificativos: horrorizante, terrorífico, dantesco, perverso… y después de la indignación social, los sinónimos también se agotan: desesperanza, desaliento, desánimo, pesimismo. La situación para el gobernador Ángel Aguirre Rivero es insostenible. Mientras el funcionario parece hacer tiempo para no irse tan rápido como diversos sectores se lo exigen, el Partido Acción Nacional presentó una solicitud formal pidiendo la desaparición de poderes, ante la falta de gobernabilidad en Guerrero. El tema está en muchas partes del planeta, y es a través de las redes sociales que ha causado un impacto mayor. Videos como los titulados con los hashtags #43ConVidaYa y #JusticiaParaAyotzinapa, han tenido un crecimiento viral en apoyo a los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Ira contra las instituciones El descontento de familiares, amigos, compañeros y maestros de los jóvenes que fueron privados de su libertad por policías y de los que hasta el momento se ignora su paradero, habitantes de Guerrero y de otras entidades se ha manifestado en las calles, en algunos casos, descargando su ira en contra de edificios públicos. El jueves 17 de octubre, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) iniciaron la toma de los 81 ayuntamientos en el estado, incluido el de Chilpancingo, como parte de la exigencia para que aparezcan con vida los 43 estudiantes. Un anoche antes, un grupo de manifestantes se presentó al edificio de la PGR en la Ciudad de México y causó algunos daños al inmueble bajo los mismos reclamos. Como ha ocurrido tras los acontecimientos de los ataques armados y la posterior desaparición de los normalistas hace tres semanas, la toma de casetas de peaje en la Autopista del Sol y el bloqueo en sucursales bancarias, son escenas repetidas. A ello se suma la irrupción en estaciones de radio, de personas solidarias en las tareas de búsqueda que lanzan mensajes desesperados. La situación subió de tono la noche del Día de la Raza, cuando policías ministeriales del Grupo Antisecuestro de Guerrero marcaron el alto a una camioneta tipo van sobre la mencionada autopista y los ocupantes hicieron caso omiso a la indicación. Los investigadores dispararon sobre el vehículo, lesionando a uno de sus ocupantes: un estudiante del Tecnológico de Monterrey, de nacionalidad alemana. Al día siguiente, las reacciones no se hicieron esperar. La Embajada de Alemania en México se mostró ecuánime y su vocero aseguró que colaborarán con las investigaciones de la agresión. Sin embargo, estudiantes de diversos estados del país condenaron los hechos y los compañeros normalistas de los desaparecidos marcharon hacia los edificios sede de los poderes en la capital de Guerrero. La manifestación de los de Ayotzinapa se tornó beligerante y causaron destrozos e incendiaron parte del Palacio de Gobierno en Chilpancingo. También la Presidencia Municipal de Chilpancingo y el edificio de la Secretaría de Gobierno y Finanzas fueron embestidos por la turba enardecida que rompió ventanas y provocó fuego. Dos vehículos fueron quemados. Policías antimotines evitaron que una situación similar ocurriera en el Congreso de Guerrero, al enfrentarse a los inconformes. Al enterarse de estos hechos y de que en Michoacán, grupos de estudiantes habían secuestrado 21 autobuses, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América actualizó su alerta de viaje para varias entidades de la República Mexicana, entre ellos Guerrero y Michoacán. El comunicado advertía que norteamericanos han sido víctimas de robos y secuestro en estos lugares, a los cuales se agregaron Tamaulipas, Estado de México y Morelos. Investigación a paso lento Autoridades federales que tomaron el control de la seguridad en Iguala y otras ciudades de Guerrero han detenido desde las postrimerías de los hechos a unas 50 personas, entre policías municipales, presuntos miembros de la organización delictiva “Guerreros Unidos” y otros sospechosos de participar en agresiones y el levantón de los desaparecidos. También se enfocaron las investigaciones en la persona del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien puso tierra de por medio y, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, desapareció tras obtener sendas suspensiones provisionales de juicios de amparo presentados en el Distrito Federal. Los que no aparecen por ningún lado son los 43 estudiantes plagiados por policías y entregados a sicarios, según declaraciones iniciales de algunos de los gendarmes detenidos. A partir de entonces suman más de 15 las fosas clandestinas localizadas en las inmediaciones de Iguala con varias decenas de cadáveres, la mayoría encontradas por los llamados policías comunitarios. Luego de que la PGR anunciara el 10 de octubre que va tras los autores intelectuales, es fecha que no se conoce quiénes son tales, y la credibilidad de las investigaciones se vio manchada un día después cuando, tras reunirse con personal de la Agencia de Investigación Criminal, el gobernador de Guerrero afirmó a los medios de comunicación que los cadáveres hallados en las primeras fosas no correspondían a los estudiantes plagiados. Horas después, el procurador Jesús Murillo Karam se encargó de desmentir la versión del mandatario estatal, y dijo que aún no había elementos para identificar los cuerpos hasta ese momento encontrados. El día 14, el primer fiscal del país volvió a salir ante los periodistas para confirmar lo que Ángel Aguirre había adelantado. No son los cadáveres de los desaparecidos, pues así lo demuestran las pruebas genéticas practicadas por los servicios periciales. El miércoles 16, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no dio avances de las pesquisas, pero advirtió que los culpables de lo sucedido en Guerrero serán encontrados y se les aplicará “todo el peso de la Ley”, y frente a estos crímenes no habrá impunidad. Calificó la situación como “un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”. El jueves 17, el mandatario recordó que “hallar a los normalistas es prioridad”. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador Jesús Murillo y los principales funcionarios del gabinete de seguridad se reunieron con los senadores de la República. Al concluir el encuentro, el legislador priista Omar Fayad se adelantó a informar la nueva estrategia federal para hallar a los estudiantes: el ofrecimiento de recompensas para obtener datos sobre el paradero de los jóvenes. Fosas y detenidos Los grupos de búsqueda, principalmente los civiles, van de hallazgo en hallazgo. Los alrededores de Iguala parecen campo minado. Fosas comunes por todos lados. Después de las primeras tumbas anónimas localizadas en Cerro Viejo el 4 de octubre, con 28 cadáveres, han aparecido más. Tras la detención de un grupo de sicarios, el día 9 de este mes, se ubicaron nuevas fosas en la comunidad de San Miguelito y posteriormente otras cuatro en la comunidad de Barranca del Tigrillo, el 14 de octubre. Todas en lugares relativamente despoblados, comunicados por caminos de terracería. El miércoles 15, policías comunitarios localizaron seis fosas comunes al poniente de Iguala. En algunos de los hoyos, los brigadistas que apoyan la búsqueda de normalistas, encontraron  algunos indicios de que ahí fueron sepultados restos humanos, pues se toparon con prendas, cabello humano y fétidos olores que probablemente adviertan de cadáveres con muchos meses de putrefacción. Algunas de estas excavaciones se realizan sin los protocolos adecuados para enterramientos humanos y sin supervisión alguna de autoridades ministeriales, alegando los comunitarios la urgencia y desesperación por encontrar a sus hermanos guerrerenses. Una vez avisado, el Ministerio Público acude a la escena del hallazgo contaminada y ordena a personal forense el aseguramiento, fijación y levantamiento de indicios para su análisis en laboratorios. Con relación a los hechos del 26 de septiembre, policías federales detuvieron horas más tarde a más de 20 policías de Iguala, y el 9 de octubre capturaron a otras cuatro personas relacionadas con las desapariciones y posible privación de la vida de los hoy buscados. Así cayó ese mismo día, en Cuernavaca, Morelos, en manos de la Marina, Salomón Pineda Villa, cuñado del prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado junto con su familia a la organización de los “Guerreros Unidos”, brazo operativo del Cártel Beltrán Leyva. Mientras que el 14 de octubre se anunciaba la muerte de Benjamín Mondragón, líder del grupo criminal en el Estado de Morelos, en Cocula, Guerrero, fueron detenidos 14 policías municipales, señalados de participar en el levantón de los normalistas de Ayotzinapa. Confesaron que recibieron a los alumnos y los entregaron a los sicarios. Por ello fueron llevados a declarar el alcalde y el director de seguridad de Cocula. El miércoles 15, en Acapulco, fue atrapado Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de “Guerreros Unidos”, quien declaró que entregaba 600 mil pesos mensuales a Francisco Valladares, subdirector de la Policía Municipal de Iguala, a cambio de protección. La detención ocurrió en un centro comercial de Acapulco y fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Ciudad de México. El extraño suicidio de “Benjamón” La madrugada del martes 14 de octubre, aproximadamente a las 2:00 am, en la colonia San Gaspar, en Jiutepec, Morelos, falleció Benjamín Mondragón Pereda “El Benjamón”, presunto líder de la organización “Guerreros Unidos”, señalada como responsable del levantón de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El deceso del presunto narcotraficante no ocurrió producto de las balas de los policías con los que se enfrentó. Según versiones de testigos de los hechos, “El Benjamón” se suicidó antes de que fuese detenido. En la balacera entre autos en marcha, un uniformado resultó herido. Se dijo que las autoridades tanto de Guerrero, Morelos y agentes federales, lo buscaban desde que ocurrieron los hechos en contra de los estudiantes en Iguala, pues se vinculó a los “Guerreros Unidos” con el ataque y plagio de los hoy desaparecidos. Investigaciones de ZETA dejaron en claro que Benjamín Mondragón tenía antecedentes en Morelos, de donde era originario. En 2007, al obtener un amparo, dejó sin efecto una orden de aprehensión, por delitos de fuero común, dictada en su contra el 5 de mayo de esa anualidad. Posteriormente, en 2010, “Benjamón” promovió amparos en dos ocasiones contra posibles órdenes de captura en el ámbito federal, pero no existían los actos reclamados. También se conoció que el hoy fallecido era hermano del ex patrullero adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Rescate del municipio de Jiutepec, Marcelino Jesús Mondragón Pereda, cesado el 6 de julio de 2012 por el Consejo de Honor y Justicia de la corporación, por no aprobar el proceso de evaluación y control de confianza. La resistencia de Aguirre Miembros del Partido de la Revolución Democrática admitieron unos días después de la huida del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que el nexo del político con narcotraficantes era “un secreto a voces”. La presión aumentó para el gobernador Ángel Aguirre Rivero, al que fustigaron políticos de oposición y el empresariado guerrerense. El mandatario estatal respondió al clamor social el 10 de octubre, que solicitaría a las autoridades electorales realizar un plebiscito para que sean los habitantes los que decidan si se queda en el cargo o se va, y pidió no politizar la situación, ya que lo más importante es encontrar a los desaparecidos. Tras calificar los actos vandálicos del 14 de octubre, cuando manifestantes prendieron fuego a edificios públicos, como una provocación, Aguirre balbuceó: “Si sirve mi salida, no tengo inconveniente en irme”. Por su parte y para pronto, el PAN presentó la solicitud formal ante legisladores para que se decrete la desaparición de poderes en Guerrero. El Partido Revolucionario Institucional también lo analiza, y el senador jalisciense Arturo Zamora Jiménez aseguró que existen elementos suficientes para la disolución de poderes en la entidad meridional. “En el caso de Guerrero no me queda duda de que existe el motivo debidamente justificado para que pueda proceder la desaparición de poderes, porque existen conflictos propiciados por la propia autoridad, que afectan de manera severa la vida del Estado y que impiden la plena vigencia del orden jurídico”, dijo en una entrevista a la emisora de radio Notisistema. Dadas las críticas y exigencias internacionales, el Presidente Enrique Peña Nieto ha tenido que declarar sobre la situación en Guerrero en las fechas más recientes. Primero lo hizo el 9 de octubre, con la quemada frase de “tope en lo que tope”, se aclararán los hechos y se hará justicia. Después, el día 10, afirmó que es “inaceptable el vacío de autoridad”, y el 14, que la PGR cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo para investigar el caso de Iguala. El miércoles 15 de octubre, Peña Nieto insistió en que el Estado mexicano encontrará a los culpables y, ayer jueves 16, priorizó la búsqueda de los  desaparecidos, calificando el suceso como “un gran reto para el Estado mexicano en su conjunto, pues deberá definir cuáles serán los mecanismos, las políticas y el marco normativo que impulsemos para asegurar que los municipios cuenten con mayor fortaleza institucional en materia de seguridad pública”. Reacciones y apoyo Desde el día 8 de octubre, las marchas en apoyo a los plagiados y sus familias no han cesado en Guerrero y otras ciudades del país, incluso en algunos puntos de América del Sur y Europa. Ya no se diga a través de redes sociales y la producción de videos por parte de estudiantes y organismos no gubernamentales. El 10 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a las expresiones de otras instituciones internacionales con su exigencia al gobierno mexicano para que encuentre a los normalistas. Un día después, legisladores latinoamericanos replicaron el mensaje y condenaron los hechos, que bien pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. La Iglesia de Iguala y la Arquidiócesis de Guadalajara pidieron el esclarecimiento de las acciones que desde el gobierno maquinaron, violentar la vida de los 43 estudiantes. En Guadalajara, en plena Romería de la Virgen de Zapopan, el Cardenal Emérito Juan Sandoval Íñiguez condenó los sucesos y criticó las condiciones de seguridad del país y los antivalores que hoy se transmiten a los jóvenes y la familia por parte de las propias autoridades. Las reacciones llegaron de distintas latitudes, desde las cúpulas directivas de universidades y de parte propia de sus alumnos. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron un paro de 48 horas en apoyo a los normalistas. Otras escuelas se adhirieron a la propuesta. En tanto, del otro lado del océano, la Unión Europea mostró su preocupación por los actos de barbarie en México. Continúan marchas Las movilizaciones estudiantiles a lo largo del país no terminarán hasta que los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, sean encontrados por las autoridades y con vida. Bajo esa consigna se cumplió la segunda jornada de manifestaciones en el país. La antesala de la jornada nacional de manifestaciones por los desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre, ocurrió en Chilpancingo, Guerrero, donde cientos de personas, entre estudiantes, maestros y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incendiaron el Centro de Gobierno de la capital y vandalizaron la sede del Ayuntamiento. Para el miércoles 15 de octubre, universitarios de al menos cuatro estados del país, salieron a las calles o protestaron dentro de sus instituciones educativas. La concentración más numerosa se dio en  la Ciudad de México, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un contingente de más de 2 mil personas partió de la casa de estudios hacia las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en Avenida Paseo de la Reforma. Ahí realizaron sus protestas estudiantes capitalinos junto a familiares y amigos de los 43 normalistas, y arrojaron piedras a los vidrios de la dependencia federal. Se acordó también un paro de 48 horas en tres instituciones universitarias y ocho facultades de la UNAM, mismo que terminó hoy viernes 17 de octubre. El miércoles 15 también se sumaron estudiantes de alrededor 15 países, un grupo de ellos difundió en las redes sociales un video en el que se solidarizan con la causa y exigen justicia en el caso de la desaparición. Educandos también se manifestaron en Michoacán, Chihuahua y Baja California. Dentro del Estado, el municipio de Tijuana registró cuatro eventos durante el miércoles. El primero de ellos organizado por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con la participación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El contingente de unas 150 personas -alumnos y maestros- recorrió más de 11 kilómetros partiendo de la UPN -a un costado del consulado americano en Otay-, recorrió la Calzada Tecnológico y bajó por la colonia Postal, hasta llegar a la Glorieta Cuauhtémoc de Zona Rio. La marcha estuvo apoyada por docentes de la UPN, quienes destacaron la actitud participativa y crítica de sus estudiantes. En contraste, en otras instituciones, como en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC, el intento de paro laboral fue frustrado por administrativos encabezados por el director Héctor Macías, por lo que la movilización quedó en una pequeña manifestación en la Plaza Universitaria. Los estudiantes explicaron que la poca convocatoria se debió a que “estudiamos en una universidad censuradora”, argumentando que los estatutos no favorecen la libertad de reunión y manifestación, al requerirse autorización y participación de intermediarios. Poco a poco más simpatizantes fueron sumándose a la protesta, en la que se cantaron consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, incluso se pasó lista a los 43 normalistas desaparecidos. Alrededor de las seis de la tarde del mismo miércoles 15, estudiantes de la UABC y del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) atendieron la convocatoria del Frente único de Lucha de Baja California, encabezado por el Movimiento de Resistencia Magisterial. La cita fue en el monumento a la Torre de Agua Caliente, donde se discutieron propuestas sobre próximas acciones de presión pública para el Gobierno Federal y del Estado de Guerrero. El frente propuso a los estudiantes unirse al grupo y crear comités para coordinar acciones y lograr una mayor organización entre los jóvenes y los trabajadores. Se acordó una manifestación para el domingo 19 de octubre en la Glorieta Cuauhtémoc a partir de las dos de la tarde. (Saúl Ramírez)