José Luis Hernández Ibarra es uno de esos políticos que actúan como aquellos priistas de mitad del siglo pasado. Ciertamente es un hombre de edad avanzada, pero trabaja como delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California. Sonorense, se le ve a gusto en esta tierra, es como él lo señala de manera constante, el coordinador de todos los delegados federales del gobierno de Enrique Peña Nieto en Baja California. Pero en los últimos días, ha hablado como ninguno, afectando los liderazgos bajacalifornianos, particularmente en Tijuana. Criado en la política de antaño, aquella del cacicazgo, de la dictadura perfecta, del presidencialismo a ultranza, don José Luis Hernández se asume un hombre opiniones absolutistas, póngale como le ponga, la suya es la que cuenta. Hace unos días la Asociación Política de Baja California lo invitó a darles una plática-conferencia. Testaferro político de Peña Nieto, Hernández Ibarra, adelantó la determinación que el Poder Judicial aún no ha tomado: el incremento al 16 por ciento del IVA en la frontera “es irreversible”, dijo, erigiéndose como controlador no sólo de las declaraciones del Poder Ejecutivo, sino de los procesos en el Judicial, dado que el caso del amparo que empresarios y ciudadanos de la frontera introdujeron contra el incremento en el impuesto se encuentra en proceso. Bueno, el señor habló de todo lo que corresponde al gobierno federal. De las políticas en materia financiera y de las políticas en materia de seguridad. Y no muy veladamente hasta lanzó amenazas a quienes osen criticar las acciones, las decisiones y la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Arremetió contra todos quienes critiquen al Presidente o sus políticas. Palabras más, menos, pero grabadas, así lo asientan: “Ha habido muchas manifestaciones de falta de respeto hacia la figura presidencial y nosotros pedimos a todos los sectores que se conduzcan con respeto para poder nosotros resolver los problemas que nos planteen…”. Luego se fue contra uno de los pocos líderes empresariales y sociales, que ha encabezado las luchas de la ciudadanía en el tema financiero, de inseguridad y buen gobierno. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue en efecto, el blanco del delegado de Gobernación en Baja California. De él dijo el sonorense enviado de Miguel Ángel Osorio Chong –al menos así lo presume– que podría –si quisiera él o la Policía Federal– demandarlo por difamación. Asumió Hernández Ibarra que Juan Manuel Hernández calificó de extorsionadora a la Policía Federal, y a propósito de la llegada de la Gendarmería. Vaya, si a ésas va, el delegado tendrá que contratar muchos abogados para demandar a todos los que piensan que la Policía Federal es una de las más corruptas en el país y que la Gendarmería es una cuerpo policíaco que poco o nada ayuda en el combate al crimen, al organizado y al común, cuanto más vistosa y turística es. De suyo, y aquí en ZETA se ha documentado harto, la Policía Federal ha sido señalada, sospechosa y muchas veces investigada, por la comisión de actos ilícitos. Desde, efectivamente, extorsionar criminales y también a ciudadanos, hasta ser cómplices del crimen organizado y el narcotráfico. De hecho en los últimos cuatro años, varios federales han sido detenidos por corrupción, extorsión y complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico, entre ellos dos Comandantes de la Policía Federal, uno en Ensenada y otro en Tijuana. Es más, seguramente el delegado de Gobernación en Baja California sabe de la visita que hizo a esta entidad un equipo de investigadores de la Visitaduría de la PGR –asuntos internos– hace unas semanas, cuando llegaron a Mexicali para indagar el caso de unos Policías Federales o Policías Federales Ministeriales, no sabían bien aún de cuál división –habían desobedecido la orden de llevar un camión cargado de droga a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para su consignación. De eso, si al delegado de Gobernación no lo enteró el delegado de la PGR, hay investigación documental y videos. Es pues, muy difícil defender a una corporación, a capa y espada, cuando ésta se ha distinguido por ser precisamente corrupta, extorsionadora y compinche del narco. Aun así José Luis Hernández Ibarra, dijo que las declaraciones de Juan Manuel Hernández Niebla –que por cierto no fueron en el sentido absolutista como las refiere el fuereño– son irresponsables y podrían demandarlo, están fuera de lugar, de contexto y de idiosincrasia de lo que es la política y la seguridad en Baja California, las cuales es probable –y evidente– que el sonorense desconozca. Es una lástima que en Baja California no tengamos un gobernador que defienda la tierra y la política y la libertad de expresión de esta entidad, como para que ponga un alto al delegado de Gobernación. Quizá no al grado de expulsarlo como hizo el gobernador Guillermo Padrés en Sonora, pero sí de mínimo hacerle un extrañamiento ante la Secretaría de Gobernación. Porque eso de venir a amenazar a quien hable mal de la Federal, a quien tenga una opinión no favorable de Enrique Peña Nieto, sus decisiones y acciones, pues suena a dictadura y cacicazgo, dos actitudes, conductas y patologías políticas que en México, costó mucho tiempo, esfuerzos y vidas, erradicar. Entonces resulta que viene un enviado federal a amenazar con denunciar a quienes expresen su opinión, de acuerdo a lo vivido, contado y leído, sobre el Gobierno Federal y sus instancias. Pues no, no a la ley mordaza del delegado federal de Gobernación.
Publicidad
