BC, la peor calidad en información presupuestal

A los funcionarios del gobierno, de la Federación, del Estado y los Ayuntamientos, les molesta la crítica. Se sienten agredidos en su lado personal cuando se les refieren los errores, los excesos, las pifias, o las transas, en su ámbito laboral. Del desaguisado del delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, que en conferencia de prensa prácticamente amenazó no sólo a Juan Manuel Hernández Niebla por su crítica hacia las acciones del Gobierno Federal, en materia de seguridad, sino a quien no se dirigiera con respeto a la figura presidencial, llega otro caso de sensibilidad personal en temas de trabajo institucional. En el mismo foro y con la misma gente, Mario Herrera, coordinador de gabinete del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, acusó a “los detractores” del gobierno del Estado –rubro en el que ubicó a quienes se manifiestan por lo que el gobierno hace o deja de hacer–, de hablar –o manifestarse– porque ya no les dan dinero (que, valga aclarar, no es su dinero, sino el presupuesto de Baja California). Con un mismo rasero se refirió a los de Antorcha Campesina, a los maestros que protestan, a los encargados de Entijuanarte, y al activista Sergio Tamai. Ellos, dijo, se manifiestan y refieren conceptos negativos sobre el Gobernador y el gobierno, porque ya no reciben dinero como antes de la administración estatal. Vaya, después de tremendo abucheo que recibió Francisco Vega de Lamadrid en el juego de Las Águilas en Mexicali, acción popular que refleja el descontento y el rechazo social hacia el mandatario, viene Herrera y le monta a otros sectores que ya estaban desde la Secretaría de Gobierno, más o menos controlados. La situación es que no son los únicos. Los empresarios se quejan que no hay inversión, los grupos de la sociedad civil que no hay ni atención ni recurso; en los hospitales, que no hay ni herramientas ni personal ni medicamentos; en las colonias, que no hay obras de desarrollo social; los panistas, de no ser atendidos; los priistas, de querer ser rebasados; los ciudadanos, de poca representación, y los constructores, de pocas obras y además con comisión. No son, pues, manifestaciones de un solo sector, de un solo grupo de personas o de un grupo de periodistas. La realidad es que son declaraciones que se recogen en los diferentes sectores sociales y se reproducen. No se inventan pues. Ahí está el descontento social hacia el Gobierno de Baja California. Y para muestra uno más. Este caso no lo dijeron los empresarios de los organismos, tampoco los políticos de la oposición, menos los activistas sociales, tampoco los grupos de la sociedad civil; no es un invento de los periodistas. Es el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad Asociación Civil, sobre el “Índice de información presupuestal estatal 2014”, donde el Gobierno de Francisco Vega que coordina Mario Herrera, y planea Antonio Valladolid, apareció entre los cinco estados con la peor calidad en la información presupuestal. En el sitio número 30 de 32 entidades. Así, mientras en el tríptico del I Informe de Gobierno de Vega se ensalzó la labor de la Secretaría de Finanzas con premios y reconocimientos, como se hizo en el resto de las áreas incluida la CESPT con todo y mejillones, el Instituto Mexicano para Competitividad, con un estudio e investigación, demuestra lo contrario. Justifican: “En los últimos cinco años, el Presupuesto de Egresos de la Federación creció 47%, lo que equivale a 1.5 billones de pesos más para un total de 4.68 billones proyectados para 2015. La inflación para el mismo período solo creció 13.7%. En México gastamos lo que no tenemos, los estados y municipios generan solo el 9.6% de los ingresos totales, pero ejercen el 45.6% de los recursos disponibles…A pesar de ser la primera vez que en promedio las entidades avanzaron en el IIPE, persisten malas prácticas y opacidad en materia de transparencia. “Sólo 12 entidades obtuvieron calificaciones por arriba del promedio (65%). Las entidades con mayor calidad de información presupuestal son Jalisco, Puebla, Colima, Sonora y Tlaxcala. Las entidades con peor calidad de información presupuestal son Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato y Michoacán”. Y así justifica el estudio el Instituto: “A partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones, el IIPE busca medir la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas sustentada en documentos oficiales (leyes de ingresos y presupuestos de egresos). Los objetivos del IIPE son: Eliminar condiciones de opacidad. Verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental. Fomentar buenas prácticas contables en temas como deuda pública, salarios, pensiones, compras públicas, entre otros”. Entonces, ¿cómo está Baja California? Mal, muy mal. Ahí le va: “En un documento de 316 páginas no se puede utilizar el buscador. Poca legibilidad. Periódico oficial no disponible. No cumple la estructura de contabilidad gubernamental”. ¿Y dónde es más opaca la información de acuerdo al estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad? Aquí: “La información presupuestal con la que menos se cumple se refiere a los recursos otorgados para: Servicios personales. Situación de la deuda pública y sus condiciones de contratación. Subsidios, fideicomisos, gastos en comunicación social, programas y/o apoyos al campo. Así los números de Baja California: Con un total de ingresos de 44 mil dos millones 324 mil 843 pesos reportan un presupuesto de 39 mil 623 millones 199 mil 177 pesos. Lo que no informa el gobierno de Vega: * La ley de ingresos no está disponible en la página del Congreso del Estado. * El presupuesto no está disponible en la página del Congreso del Estado. * No se desglosa el total de ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social. * No se desglosa el total de ingresos por venta de bienes y servicios. * No se desglosa el total de ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. * No se desglosa el total de ingresos por aportaciones. * No se desglosa el total de ingresos por participaciones. * No se desglosa el total de recursos derivados de financiamiento. * El presupuesto de egresos no es legible. * El presupuesto de egresos no contiene información en formatos abiertos. * La ley de ingresos no contiene la estructura armonizada del ingreso. * No se desglosan presupuestos para entidades paraestatales y organismos. * No se desglosa el monto destinado a pensiones. * No se desglosa la deuda pública. * No contiene criterios para aprobar subsidios. Éstas son algunas, solo algunas de las decenas de reactivos que integran el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad con las cuales el gobierno de Baja California no cumple. Lo cual lo convierte en opaco, poco transparente, y como uno de los estados con la peor calidad en la información presupuestal. Y conste que no lo dicen ninguno de los que Mario Herrara llama detractores del gobierno por manifestarse contra las decisiones que toman en la administración estatal, sino el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Que quede claro. No vaya a ser que de periodista, pase uno a ser detractor.