En el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, aumentan los secuestros, la autoridad sigue sin poder controlar los homicidios y se reduce el robo general, pero crece el cometido con violencia. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública refiere la falta de coordinación del Estado con los municipios, mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) advierte que no existe un Plan Integral de Seguridad. El jueves 19 de septiembre mataron a cuatro a balazos en Tijuana, dos en la colonia Loma Bonita de la delegación Cerro Colorado, otro en Delegación La Presa, y el cuarto en la Zona Centro. Un quinto sujeto fue acribillado en Mexicali. Uno tras otro, en la delegación San Antonio de los Buenos, en Tijuana, asesinaron a un hombre el domingo 21 y otro el lunes 22 de septiembre. El miércoles 24 se regresó a la fatídica normalidad de dos diarios, uno en la Zona Centro y otro en La Presa de Tijuana. Hasta el martes 23 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía contabilizados 49 homicidios violentos ocurridos en la entidad durante el presente mes: uno en Tecate y Rosarito, respectivamente, nueve en Mexicali y 38 en Tijuana. En lo que va del año, 570 asesinatos: 371 en Tijuana, 108 en Mexicali, 47 en Rosarito, 19 en Tecate y 25 en Ensenada. En Tijuana, la mayoría de los asesinatos se cometen en las delegaciones La Presa, San Antonio de los Buenos, Centenario, Cerro Colorado y Zona Centro; en tanto, en Mexicali se registran en Real del Río, así como en la Independencia, en Rosarito. Cuando la Policía Municipal o Ministerial ha detenido a los asesinos, en muchos de los casos se trata de personas con antecedentes penales, con tatuajes en el cuerpo, o procedentes de otros estados. Y el motivo de la muerte se relaciona usualmente con la venta de droga o alguna deuda por enervantes u otro tipo de delito. La captura de Alfonso Lira Sotelo “El Atlante”, cabecilla de célula criminal -a la que se responsabiliza de un alto porcentaje de las muertes violentas en la ciudad-, no ha marcado gran diferencia. Hasta el 16 de septiembre de 2014 se habían cometido 19 asesinatos, y en los diez días posteriores hubo otros 19 muertos. Además, según el Consejo Estatal de Seguridad, el resto de los líderes criminales, Alfonso y René Arzate, Jose Soto “El Tigre”, José Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte en Tijuana; y Cenobio Flores Pacheco y Enrique Fernández y /o Hernández, siguen libres y operando en Baja California, ya sea personalmente o a través de medios electrónicos. Aun con estos antecedentes, desde julio de 2014 -mes en que hubo un descenso de asesinatos, 65 contra los 77 de junio-, tanto el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, como la procuradora, Perla del Socorro Ibarra, se han empeñado en publicitar una reducción de la incidencia delictiva rumbo al Primer Informe de Gobierno, pero sus estadísticas las que los contradicen. Según cifras de la SSPE, considerando el último año de gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, hubo 670 homicidios; mientras que con Francisco Vega, desde el día que tomó posesión -1 de noviembre de 2013- hasta el 23 de septiembre de 2014, se han cometido 667, solo tres muertos menos, y faltan siete días para terminar el mes. Los números de la Procuraduría no son mejores, porque además, discrepan con la SSPE. Acorde a la fiscalía, en el mencionado período, el último año del ex gobernador Osuna fueron 694 asesinatos, y con Vega de Lamadrid van 708; entonces se habrían cometido 14 homicidios más, y de nuevo faltan siete días para que concluya el mes. En el tema de los secuestros, los inventarios numéricos tampoco favorecen la gestión de Vega. Del 1 de noviembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, las últimas cifras de José Guadalupe Osuna fueron 19 secuestros denunciados, mientras la Secretaría del actual gobernador reportó 30. De hecho, en este septiembre, la procuradora y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado (CCSP) expusieron públicamente opiniones distintas al respecto. Jonathan Díaz advirtió que el secuestro estaba incrementando, y la licenciada Ibarra argumentó que eso no es lo que la Procuraduría tiene reflejado en las denuncias, que en todo caso, los ascensos se relacionan con secuestros de migrantes. El consejero ciudadano explicó: “Por eso mi comentario fue, me reporta la Comisión de Seguridad Pública de Tijuana que en 30 días hubo 15 secuestros, nuestro representante recibe muchas llamadas, últimamente, muchas de personas con familiares secuestrados, sabemos porque nos hablan buscando apoyo porque es el enlace, y mucha gente no quiere denunciar”. — ¿Confían en las autoridades?, cuestionó ZETA a Jonathan Díaz. “No, los invitamos a denunciar, pero si dicen que no, pues no. Además, hay que agregar, aun en los índices oficiales, también el secuestro se está incrementando”. En este rubro, habría que sumar las 286 privaciones ilegales de la libertad denunciadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2014 que, con criterios no especificados, la PGJE decidió no contabilizar dentro de los secuestros. En cuanto el tema de narcomenudeo, sí ha habido mejoras. En lo que va del año, hasta el 24 de septiembre los resultados y efectividad de la Procuraduría son los siguientes: En Mexicali han detenido a mil 178 presuntos delincuentes, y han abierto mil 15 averiguaciones previas, de las cuales se consignaron y están en proceso 671- el año pasado solo se consignaron 60-. El resto quedó en 235 averiguaciones, los imputados fueron dejados en libertad con excusa absolutoria, y en otros 67 expedientes en libertad bajo fianza con reservas, en 19 no encontraron delitos ni droga, dos se enviaron a la Federación por incompetencia y 11 quedaron en libertad, por falta de elementos. En Tijuana se detuvo a 2 mil 366 personas, abrieron mil 987 averiguaciones previas y se consignaron mil 747 expedientes (solo 14 el año pasado). En libertad quedaron 146 con excusa absolutoria, 17 por falta de elementos, 13 por no encontrarles delitos ni droga, y 19 por incompetencia a la Federación. En Ensenada van 563 detenidos, 487 averiguaciones previas integradas, 387 consignadas (seis durante 2013). En libertad quedaron 40 por excusa absolutoria, 11 bajo fianza, dos por falta de elementos, a 15 no les encontraron delitos ni droga, y 28 pasaron por incompetencia al fuero federal. Estas cifras fueron proporcionadas por la Unidad de Homicidios y la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. CCSP: “Vamos mal” “Hay indicadores que nos hacen ver que vamos mal, porque se han incrementado delitos de alto impacto, como es el secuestro y homicidios en Tijuana”, respondió Jonathan Díaz al hacer un comparativo con el año pasado. “Aunque es muy difícil determinar, porque todo tiene que estar en proporción. Si comparas con las épocas malas, estamos bien todavía, pero si hablamos de robos domiciliarios, entonces estamos muy mal, porque son muchos. “En robos hay indicadores que están mostrando que viene a la baja, pero eso no quiere decir que estemos bien, siguen siendo un montón”. Al hablar de coordinación detalló: “No todos definitivamente, es más, de repente te encuentras algunos donde se están echando la bolita y eso no está bien, porque a la ciudad nos importa un bledo de quién sea la culpa, el punto es el resultado”. Díaz enfatizó el caso de Tijuana y del alcalde Jorge Astiazarán, quien dijo, no está enfocado en el tema de seguridad, y menos en conformar un comité ciudadano. “Nos buscaron para formar el comité, me habla Genaro de la Torre muy contento, y le respondo, ‘eso ya no me entusiasma’, cuando esté formado el comité, entonces, porque ya aprendí que del dicho al hecho hay mucho trecho hablando de esta gente. Y no hay una acción concreta”. Según el representante ciudadano, la vigilancia policiaca es el problema más grave de seguridad: “Siento a un Daniel de la Rosa haciendo su trabajo de siempre, pero limitado en su injerencia, tenemos 600 policías de la PEP y como 7 mil de la municipal, ¿entonces quién tiene que hacer la chamba?”. — ¿Y la promesa del Mando Único para el trabajo coordinado? “Ahí considero que algo falta, yo desconozco los tejes y manejes políticos, sí me queda claro que desde el punto de vista legal, el Municipio no está supeditado al Estado, y con todo y que el gobernador ha intentado decir que sí, que iba a hablar con el alcalde de Tijuana, por ejemplo, no veo que le haga caso, yo sé que no tiene que hacerle caso. “Entonces, si me preguntas ¿falta coordinación? pues sí, ahora, ¿quién tiene la culpa que no la haya? No sé sí los alcaldes tengan que aceptar, si el gobernador tenga que ser más enérgico en sus demandas, no sé qué está faltando, pero me queda claro que no hay un trabajo armónico entre el Estado y los ayuntamientos”. En cuanto a la administración de justicia, Jonathan Díaz considera que hay avances, se están armando mejor los expedientes y concretado las consignaciones para que los delincuentes detenidos no salgan libres, porque hay un mejor entendimiento entre la Procuraduría y el Poder Judicial. El problema son las deficiencias en el trabajo de investigación. “En eso está trabajando Perla (Ibarra), ahí va avanzando, estoy seguro que no a la velocidad que quisiéramos o que se hubiera imaginado, pero sí hay trabajo en ese sentido, ya hay un poco más de entendimiento. Además, los subprocuradores están teniendo más acercamiento a la gente, están yendo a las colonias a recabar denuncias”. En cuanto a investigación, “es un tema que no sé cómo podamos solucionar, hay una ineficiencia increíble y en Mexicali hace mella por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que es más exigente en términos de pruebas. Y en apego estricto a la justicia, que es exigente, es lo correcto, pero lo hace más difícil y falta mucho por hacer para tener una Policía investigadora, incluso en la Procuraduría recién metieron a capacitación a un grupo de ministeriales”, expuso el entrevistado. “En secuestros, Procuraduría está haciendo buen trabajo, en los robos, que es un tema que tiene a la ciudadanía al límite, no, porque no tienen gente, porque no están capacitados, etcétera”. En el tema de corrupción, el consejero ciudadano habló de avances, pero no erradicación: “En casi todas las corporaciones tenemos un nivel de corrupción, y eso lo vamos ir terminando en la medida que apliquemos la Academia, sujeto a proceso de selección, pero tenemos mucha Policía que tiene muchos años y muchas mañas, y ya estamos en un proceso de depuración, pero es muy lento”. CCE: piden plan integral Al hablar de seguridad, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California, se refirió a las carencias: “Hace falta un plan integral de seguridad y una mejor coordinación por parte de las policías”. Relató que el miércoles 24 de septiembre, empresarios y representantes del Gobierno del Estado estuvieron en mesas de trabajo que le prepararon al mandatario Francisco Vega de Lamadrid en cuatro temas, uno de ellos, la seguridad pública. “En el Nuevo Sistema de Justicia Penal se tiene que ir amarrando la capacitación de las policías y la procuración de justicia, ahí es donde tenemos que trabajarle, entonces quedamos con ellos que iban a generar algún tipo de métrica, establecer rutas críticas y resultados; y tratar de conseguir los presupuestos, porque esto tiene que quedar aterrizado en 2016. Hoy lo que tenemos es una falta de integración de las policías, y la falta de un plan integral”. — ¿Existe coordinación? “Sí hay coordinación, pero es más de tipo reactivo que proactivo, cuando se nos calienta la plaza, cuando se empiezan a ver los muertos, es cuando los ves patrullando juntos, porque levantamos la voz”. — ¿Y el Mando Único? “Se lo hemos solicitado, y él (gobernador) nos dice que no es constitucional; nosotros le respondemos que más que nada lo que se requiere es la voluntad política del gobernante en turno, porque ya lo vimos, porque ya se dio. Lo que nos han respondido ellos (gabinete) es que el Mando Único es el gobernador, pero nosotros vemos que el gobernador no está involucrado en el día a día, de la parte de la seguridad, y con justa razón, porque los temas son variados. Entonces, sentimos como que la seguridad pasó a un segundo término, no se le está dando la prioridad adecuada por parte del Gobierno del Estado”. — ¿Existe mejoría en los delitos de alto impacto? “Depende con qué te compares, si es con 2013, estamos un poquito mejor en homicidio y poquito peor en secuestro. Si es contra 2012, nada más los homicidios están un 35 por ciento arriba. Lo que les mencionaba es que el tablero de incidencia delictivo que maneja la Secretaría de Seguridad Pública ya se tiene que cambiar, se tienen que establecer objetivos y no solo compararnos con años anteriores. “¿Qué quiere decir? Que podemos tener un mes bueno y podemos tener un mes malo, y así nunca sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, porque no tenemos ese plan que nos haga medir los resultados con los objetivos que intentamos alcanzar y medir”. En el robo, Hernández Niebla mencionó una leve mejoría en lo general. Según estadísticas de la SSPE, entre enero y agosto de este año hubo 36 mil 794 contra 38 mil 050 hurtos denunciados el año pasado. “Igual tenemos meses buenos y meses malos, el robo con violencia se ha incrementado en comparación con 2013, pero una vez más, correlacionamos esos resultados contra los planes y estrategias que estamos implementando, porque si no los correlacionamos de nuevo, no podemos saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal”. De la corrupción, el titular del CCE aseguró no se ha hablado y menos atacado desde la Presidencia de Miguel Madrid (1982-1988), con aquello de “Por la Renovación Total de la Sociedad”. “Ahora han hablado de armar una unidad anticorrupción, y aquí nos tenemos que asegurar que no sea la misma changa, pero revolcada”, advirtió Hernández Niebla. Referente a la administración de justicia, su percepción no es positiva como la de Jonathan Díaz: “Creo que andamos mal en términos generales, hemos platicado con diferentes instancias policiacas, y ellos de la parte que se quejan es de los reciclados, que apresan por un lado y por el otro salen. Eso es una combinación entre la Procuraduría de Justicia y el Sistema Judicial, es por eso que le apostamos al Nuevo Sistema de Justicia Penal, porque en teoría va a generar agentes capacitados que van estar en la posibilidad de generar la prueba, y por el otro lado, también los tipos de jueces y defensoría de jueces”. De la capacitación de los elementos policiacos para funcionar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Hernández indicó que como en el resto de los programas, son esfuerzos sesgados e individualizados que es necesario integrar. “Ese es tema de la Secretaría General de Gobierno, por eso le pedimos el tablero de control y el plan integral en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para entender. Como dijo Jonathan (Díaz), no estamos en 2007-2008, pero ¿cuánto nos vamos a tardar en volver? Yo siento que poquito a poquito, estamos regresando a aquellos esquemas, y no podemos soltar el tema de seguridad, debe seguir siendo uno de los puntos principales tanto para el gobierno estatal, como para los municipales”, concluyó. Estadísticas de homicidios Del 1 de noviembre al 30 de septiembre Dependencia Año Homicidios PGJE 2012 596 2013 694 2014 708 SSPE 2012 542 2013 670 2014 667 *En el año 2014 las estadísticas son hasta el 22 de septiembre. Discordancia Homicidios dolosos en Baja California del 1 de noviembre de 2013 al 22 de septiembre de 2014 Dependencia Mes Homicidios TOTAL Procuraduría Noviembre 62 Diciembre 76 Enero 78 Febrero 75 Marzo 65 Abril 61 Mayo 51 Junio 77 Julio 56 Agosto 58 Septiembre 49 708 SSPE Noviembre 59 Diciembre 72 Enero 75 Febrero 72 Marzo 58 Abril 57 Mayo 47 Junio 62 Julio 55 Agosto 60 Septiembre *49 667 *Esta cifra es de la PGJE Último adiós a legislador asesinado Mientras familiares, amigos y políticos daban el último adiós a los restos del diputado federal Gabriel Gómez Michel, en su municipio natal de El Grullo, Jalisco, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se guardó un minuto de silencio en memoria del legislador asesinado, además de exigir el esclarecimiento inmediato de los hechos. La Procuraduría General de la República (PGR), que ejerció la facultad de atracción para realizar las investigaciones del caso, apenas recaba las constancias ministeriales iniciadas tanto por la Procuraduría de Justicia de Zacatecas, como por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, sin mayores avances que la identificación y reconocimiento de los cadáveres de Gómez Michel y su asistente, Heriberto Núñez Ramos. Hasta el momento no hay pistas sólidas o líneas de investigación definidas para establecer el móvil del doble crimen, siendo la hipótesis de una agresión directa sobre la figura del diputado federal, la que prevalece. A través de la significación del hecho, autoridades indagan el móvil e identidad de los asesinos, cuyas imágenes quedaron grabadas en cámaras de vigilancia urbanas con que cuenta el Gobierno del Estado en el lugar donde el político fue “levantado” por sujetos armados el lunes 22 de septiembre, sobre el anillo periférico, en el municipio de Tlaquepaque, a las 17:11 horas. Llama la atención de los investigadores y analistas la forma de operar de los asesinos, pues se han descartado los móviles de robo o secuestro, ya que Gabriel Gómez fue privado de su libertad en su propia camioneta Chevrolet Suburban y trasladado más de 180 kilómetros, desde Tlaquepaque, recorriendo varios municipios de Jalisco, hasta abandonar el vehículo quemado con los cadáveres en Zacatecas. “Es curioso que hayan llevado al diputado plagiado desde territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta Zacatecas, territorio de Los Zetas. Si solo desearan matarlo lo dejaban en cualquier lugar, pero ¿por qué lo llevaron a tirar a Zacatecas y quemado?”, planteó uno de los policías investigadores. El extinto diputado federal gozaba de gran reputación en El Grullo, de donde fue presidente municipal hasta hace dos años, cuando decidió contender por una diputación. Médico de profesión y con posgrado en Pediatría, también era muy apreciado por los miembros de la clase política jalisciense y federal. Al velorio de Gómez Michel, acudieron políticos y funcionarios de todos los niveles, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados federales del PRI, quien fue enfático al señalar que desde la Cámara de Diputados estarán vigilantes de las investigaciones del caso. (Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)