Abogados: no a la ampliación ni a la ratificación en la Judicatura

A punto de concluir el término de cuatro años para el que fueron electos los consejeros ciudadanos del Consejo de la judicatura, dos iniciativas de reforma fueron presentadas por dos diputados en el Congreso del Estado.  Una sugiere no solo ampliar de cuatro a seis años el periodo de consejeros ciudadanos de la Judicatura, sino abrir la ratificación en el cargo. La otra propone eliminar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. La primera fue propuesta por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fausto Gallardo, y la segunda por el panista Cuauhtémoc Cardona. Las iniciativas se analizarán en una reunión de dos comisiones legislativas, la de Justicia y la de Gobernación, el próximo martes 28 de octubre; lo que ahí resulte será votado por el pleno del Congreso el jueves 30 del mismo mes.   Aunque le han dado mayor importancia y celeridad a la presentada por Gallardo, en ese sentido las opciones son claras: o se aprueba la ampliación de dos años -con posibilidad a ratificación- para los consejeros Andrés Garza y Carlos Jiménez Ruiz, o el Congreso deberá emitir la convocatoria para elegir a sus relevos, quienes deberán tomar protesta el 30 de noviembre de 2014.  Las voluntades políticas en el Congreso están divididas. La fracción del Partido Acción Nacional está fragmentada entre quienes apoyan a Cardona para desaparecer la figura del Consejo de la Judicatura, y quienes siguen las sugerencias del Gobierno del Estado para votar. En este caso, Francisco Rueda, el secretario de Gobierno, ha declarado que ése es un tema en que la administración estatal no tiene una postura. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional también están divididos. Aquellos que apoyan la moción de Fausto Gallardo para beneficiar a Garza y Jiménez, dos priistas reconocidos en el ala hankista, y quienes no están en ese grupo.  En relación a los partidos pequeños, el diputado Roberto Dávalos, del PRD, ha hecho pública su inconformidad sobre la ampliación del término y la ratificación. En estas condiciones en el Congreso del Estado no hay una mayoría para hacer la reforma constitucional, que requiere de 17 votos. Y ante la indiferencia del Gobierno del Estado, la medida de Gallardo parece más a título personal o de un grupo específico de interés político sobre el control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. A este escenario de política e intereses de grupo, se suman diez magistrados que sin análisis de por medio ni justificación jurídica, expresaron en un documento estar de acuerdo con la iniciativa presentada por Gallardo, ampliar dos años el periodo de los actuales consejeros y abrirles la puerta a ser ratificados por otros seis más. Los magistrados a favor en el documento fechado el 13 de octubre de 2014 son: Sonia Beltrán, Olimpia Ángeles, Jorge Pérez, Salvador Ortiz, Jesús Espinoza, José Luis Cebreros, Jorge Vázquez, Víctor Vázquez, Carlos Cataño y Raúl Gonzalez. Cabe mencionar que la presidenta del Tribunal, María Esther Rentería, no firmó el documento, y es sabida en los corrillos del Poder Judicial, su negativa a mantener dos años más a estos consejeros. Pero la decisión será de los 25 diputados, y se necesitan 17 votos para aprobar reformas constitucionales, de los cuales el PAN tiene siete, el PRI otros siete, y el resto se fraccionan entre los dos del Partido del Trabajo, dos del PANAL, dos del PEBC, dos de Movimiento Ciudadano y uno por el PRD; uno también por el PES y otro más por el PVEM.  “El documento que nos hacen llegar con la postura de los magistrados está en términos poco precisos. No vemos razonamientos jurídicos”, dice el diputado y presidente de la Comisión de Justicia, Juan Manuel Molina. De hecho reflexiona que el acta de la sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia no muestra un acuerdo, ni que hubo votación: “El oficio está equivocado, no es jurídico desde el momento en que refieren un acuerdo que nunca se tomó, del acta se desprenden cosas distintas”.  El oficio firmado por la decena de magistrados fue llevado al Congreso por un empleado del Consejo de la Judicatura, es decir, un subordinado de los consejeros en controversia. “Anticonstitucional, prorrogar mandatos” “Es una propuesta prácticamente grosera”, opinó Ricardo Martínez Nuño, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada. Amplió: “Es una propuesta a todas luces inconstitucional. No hay duda de eso, está definido por la Corte que no puedes prorrogar mandatos. Ante una controversia constitucional dejan todo abajo, están violando el derecho de supremacía, las garantías individuales, están violando la irretroactividad, los derechos humanos en cuanto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica”. Martínez Nuño considera que en los artículos transitorios de la propuesta, dedican la reforma a los actuales consejeros, siendo que los transitorios son específicamente para normar fechas y tiempos de cuándo entrar en vigencia. Señala el especialista que cualquier modificación a la Constitución aplica a todos los ciudadanos de Baja California: “Podrán conseguir apoyos, de amistad, pero el legal no existe, ya está definido por la Corte. Dime un fundamento legal para esta barbaridad, si lo aprueban, se podría pedir una Controversia Constitucional, y ni duda tengo que la Corte lo va a echar para atrás, lo va a desechar”. En cuanto a la propuesta de eliminar algunos requisitos para poder ser magistrado, Martínez Nuño dice “no verlo tan mal”, coincidiendo en que con esto se abre la puerta para gente que no tenga carrera judicial. “Todos tenemos derecho a ser magistrados”, afirma el abogado. De la propuesta de Cuauhtémoc Cardona de eliminar el Consejo de la Judicatura y crear una Comisión de Administración, el abogado ensenadense sostiene que “el Consejo es bueno, lo que habría que ver es que funcionara exactamente como el Consejo de la Judicatura Federal, donde les dan más autonomía a los consejeros y tienen forma de decidir ellos, no estar atados a las decisiones del pleno de magistrados. “Veo muy difícil que salga”, declara en torno a los tiempos que ya están encima. “Con ellos no…  debe exigirse un perfil mayor” “Creo que no es malo, pero no con ellos”, señala Saúl Solís Ocegueda,  presidente del Colegio de Abogados de Tecate. “El abrir esa posibilidad, de que sea gente calificada, que tengan un prestigio y si los actuales vuelven a calificar, vuelven a quedar, pues estaría excelente, pero sí pienso que debería exigirse un perfil mayor”. El abogado tecatense considera que cuando alguien hace buen trabajo es válido que repita, pero en este caso y en referencia a los actuales consejeros, “no se sabe cómo llegaron”, por lo que insiste en que si los actuales lograran participar y llegan a repetir, pues adelante, pero afuera “hay mucha gente, muy calificada en el Poder Judicial, que siento harían un mejor papel”. En cuanto al quitar candados en los requisitos a magistrados, opina que es una parte viable, sobre todo que hay personajes que no han pertenecido al Poder Judicial y que tienen dentro de la abogacía o la academia una carrera intachable, como el caso de Miguel Gárate -creador del lema universitario- o Martínez Alarcón.  “El que no hayan pertenecido al Poder Judicial no quiere decir que no estén capacitados”, sintetiza Solís, cuestionando además la propuesta de Cardona para eliminar el Consejo y crear una Comisión de Administración. “No le veo el caso”, finaliza. Injustificable reformar Ley para permanencia de consejeros Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, Hernán López Frank, se dice en contra de la propuesta de Cuauhtémoc Cardona: “Yo estaría en contra de que haya un poder independiente de control hacia el otro de los poderes. Esa función la hace el Consejo de la Judicatura, lo que pasa es que esos consejeros no han sido electos internamente, han sido posicionados por otro Poder, por el Legislativo. Eso ha derivado a que las funciones de control se desvíen hacia otras circunstancias, el cumplimiento de compromisos con las personas que los designan”. López Frank insiste que cada Poder debe contar con un órgano de control, conformado por personas con ética y un perfil adecuado. El abogado califica la propuesta del diputado Fausto Gallardo, de ampliar el término dos años y  ratificarse, como injustificable, argumentando que en la exposición de motivos asientan que los actuales consejeros deben seguir en el cargo, debido a que han hecho muy bien su trabajo.  “Eso no es verdad, fuera del Poder judicial existen profesionales que tienen el perfil y la ética suficiente para la encomienda del cargo de Consejo, sobre todo que una de sus principales funciones es la de vigilar los actos de los miembros del Poder Judicial”, explica. De los magistrados que han mostrado opinión a favor de la propuesta, López Frank opina que cuando algunas personas permanecen tanto tiempo en un cargo, llegan a hacer cotos de poder, y califica de ilógico que internamente se manifiesten por su permanencia. “Se podría deducir que están vendiendo el favor, ¿con que imparcialidad en el futuro podrían los consejeros resolver una queja en contra de esos magistrados?”, plantea. En su percepción, el Congreso debe analizar lo principal de una iniciativa, la justificación. “Si desde un punto de vista objetivo esa justificación no es suficiente, debe de ser rechazada”, asegura el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, y reflexiona que mientras se resuelve, el Congreso debería emitir la convocatoria para suplir a los consejeros. “Hay una opinión generalizada de que esto no debe ser, no suena lógico, ciertamente (los diputados) han hecho cosas peores, precisamente por todos estos intereses. Aquí habría que pensar, a quién les interesa en que haya una permanencia de estas personas en los cargos de consejeros”, concluye. “No es correcto que se prolonguen cuando no han trascendido” “La propuesta nos parece que es un tanto precipitada, por los tiempos”, estima el presidente del Colegio de Abogados de Playas de Rosarito, Víctor González, quien ve en la iniciativa de Gallardo una “dedicatoria especial”, y asegura que en el organismo que encabeza no están de acuerdo con la iniciativa. “Seria prolongar en el tiempo el manejo del Consejo que actualmente se está dando, nosotros no hemos tenido ningún resultado favorable en cuanto a notar un verdadero cuidado de los procesos de parte de los consejeros”. Menciona que han intentado tener un acercamiento con los actuales consejeros para tratar asuntos de la impartición de justicia en Playas de Rosarito -donde hay un Juzgado Civil y otro Penal-, pero hasta el momento no han sido atendidos. “No es correcto que vayan a prolongarse más, cuando no han trascendido sus funciones, no han dejado huella de su buen trabajo”, subraya González. En tanto, Carlos Mejía, presidente de  la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados -organismo que aglutina a 18 colegios en la entidad-, se muestra cauto. El 11 de octubre de 2014, estos Colegios sesionaron en Rosarito, pero el tema de la iniciativa de Fausto Gallardo no figuró en el orden del día. Lo que sí, estaban invitados tres diputados: Cuauhtémoc Cardona, Juan Manuel Molina y el propio Gallardo, pero este último no acudió El tema se trató de manera general y acordaron emitir una posición, una vez que cada uno de los Colegios de la Federación tome la propia.