18 ejecutados en 73 días

Desde hace 73 días, la población de Baja California Sur vive una escalada de violencia, luego de que algunas células criminales de Sinaloa tomaran La Paz como campo de batalla, desatando una guerra a muerte por el control de la venta, distribución y trasiego de droga. Por un lado, el Cártel de Sinaloa, y por otro, el de los Beltrán Leyva. Aun cuando reportes de inteligencia federales y de las fuerzas armadas concluyen que la causa del enfrentamiento es por una traición entre integrantes de la mafia y jefes policiacos, y la doble venta de la plaza del narcomenudeo -inclusive de que cuando menos tres de los fallecidos están plenamente identificados como integrantes del crimen organizado-, la Procuraduría General de la República (PGR) permanece como mudo e inmóvil testigo en la ola de ejecuciones; mientras su representante, José Eduardo Peruyero Redondo, no da señales de que querer atraer las investigaciones del caso de los -hasta ahora- 18 muertos por esta pugna. Por el contrario, en tanto el número de asesinatos va en ascenso, Peruyero considera que la reciente ola de ejecuciones “es una lucha entre delincuentes” y que “la ciudadanía debe conservar la calma”, porque “no son situaciones graves”. “El Estado no ha quedado fuera del panorama nacional de inseguridad”, e incluso descartó riesgos para la ciudadanía, siempre y cuando “no se entrometan donde no deben, porque una bala perdida no se puede controlar, por lo que la ciudadanía debe cuidarse por sí misma y ser nuestros propios policías para cuidar nuestra seguridad”. Durante una entrevista con medios de comunicación de Baja California Sur, el delegado de la PGR afirmó que por lo pronto las investigaciones continuarán bajo el mando de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y solo atraerá las investigaciones criminales hasta que existan elementos legales suficientes para acreditar que los asesinatos son hechos relacionados con la delincuencia organizada. — ¿Cómo sería el procedimiento?, se le preguntó. “Cuando ellos consideren (refiriéndose a la PGJE) en un momento dado que se pueden tener los elementos necesarios para decir que se trata de un delito grave, porque la Ley así lo dispone, en ese momento se va a declarar competencia”. — Pero se han encontrado cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas… “No es suficiente, necesitamos armas físicas, la vinculación de células del crimen organizado se tiene que hacer legalmente hablando para poder declarar la competencia”. Desde el primer homicidio de esta narcoguerra, ocurrido el 31 de julio de 2014 en el Kilómetro 8.5 de la carretera de La Paz a Los Planes, la PGJE solicitó formalmente a la PGR ejercer su facultad de atraer la investigación, por tratarse de un caso de relevancia nacional, sobre todo por la participación directa de cárteles internacionales, incluso su intervención fue planteada por el propio gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, en el marco de una reunión del Grupo Coordinación de Seguridad Pública. No obstante, la delegación de la PGR no atrajo el caso -y los que vinieron después-, a pesar de que el Artículo 4 fracción I de la Ley Orgánica de la PGR, establece claramente que el Agente del Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos cuando -según el inciso D- “ejerza sus facultades de investigación respecto de los delitos en materiales concurrentes (participación de varias personas con un solo fin), cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevalezca en el conocimiento del asunto, y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común solicite la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para efectos se contemplan en la Ley”. Mientras que el Artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establece: “Es competente para conocer de los delitos continuados o continuos o permanentes (cuando se prologan en el tiempo) cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquellos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos. En caso de concurso de delitos, el Agente del Ministerio Público de la Federación será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conectividad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos”. Según un abogado consultado por ZETA, el Artículo 62 de la Ley Orgánica de la PGR indica que la omisión también es causa de responsabilidades y se castiga por no cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Agente del Ministerio Público de la Federación, e inclusive por incumplir con cualquiera de las obligaciones y otras disposiciones aplicables. Las evidencias A pesar de que la negativa y de que el delegado Peruyero Redondo aceptó carecer de elementos de peso que permitan atraer las investigaciones de las narcoejecuciones, un experto en delincuencia organizada consultado por este Semanario expuso que “el número de muertos en condiciones muy similares, el armamento utilizado en los homicidios, el volumen de cartuchos percutidos y la recurrencia de los crímenes desde el 31 de julio a la fecha son factores determinantes para que la PGR pueda atraerse las investigaciones criminales. “Es más, ya debería tener desplegado un grupo de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y recabando información sobre los grupos criminales y autores intelectuales y materiales de los homicidios”, comentó, para complementar: “Si eso no ha sucedido, puede ser porque, o hay muchos mandos metidos con la mafia, o por razones políticas, en virtud de que el Gobierno Federal es distinto ideológicamente hablando al del Estado, y los temas negativos convienen políticamente a una de las partes”.  Desde su punto de vista, el número de asesinatos va en aumento porque “los delincuentes aparentemente ya perdieron el miedo y el respeto a la autoridad, sea federal, estatal o municipal, por la simple razón de que están pagando protección, y por ende, impunidad para hacer y deshacer sin que nadie ponga un freno”. Según el consultado, “hasta ahora se ha visto una respuesta débil e ineficaz de parte de la autoridad competente, porque como se sabe, todos los gobiernos tienen elaborado un mapa delictivo de los cabecillas de la delincuencia organizada, y a pesar de saber quiénes son y dónde están, ni actúan ni los detienen, por eso siguen asesinando gente y generando una situación de impunidad absoluta”. — ¿Qué podría pasar en caso de que esta ola de violencia continúe? “Bueno, lo que puede pasar es que primero puede colapsarse el sistema de seguridad y después la delincuencia organizada se expanda hacia otros municipios del estado, los más cercanos, como puede ser Los Cabos o Comondú, y eso a mediano o largo plazo es muy peligroso, porque las disputas comenzarán a crecer en todo el territorio y de ahí derivarán otras cosas como extorsiones, pago de cuotas de protección y hasta secuestros”. El especialista puso de ejemplo el caso de Cancún, Acapulco o Mazatlán, donde empezaron las disputas entre los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, cuyas autoridades no supieron contrarrestar las actividades delictivas, dando como resultado un severo daño a la economía. “Si en Baja California Sur no se pone mano dura y no se detiene a los responsables de la ola de ejecuciones, el estado en cinco años estará peor que Cancún o Acapulco en materia de seguridad, por la cercanía con el violento Estado de Sinaloa”, consideró. Según datos recabados por ZETA, en esta lucha la PGJE logró recolectar evidencias que son elementos jurídicamente probatorios de que los crímenes de los últimos cuatro meses han tenido conexión con la delincuencia organizada. Son los siguientes: * El homicidio de dos integrantes del Cártel de Sinaloa, según el mapa delictivo de autoridades federales y militares en México, identificados como Jesús Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera” y Alberto Montero Lizárraga “El Betillo”, “El Mago” o “El Mandraque”; y uno de los Beltrán Leyva, conocido como José Federico Gaxiola Osuna “El Pikas”. El penúltimo en mención fue incluido en un informe de la Secretaría de Marina, denominado “Red de Vínculos” de la mafia sinaloense y boletinado por organismos internacionales como DEA e Interpol, por tráfico de droga en Perú. * La captura de siete sicarios, identificados como Eusebio Orona Quiñonez, Teodoro Orona Quiñonez, Rubén Adrián Dávila Quiñonez, Fausto Rodolfo Zavala Robles, Hipólito Noé Solís Hernández “El Combayo”, Ranulfo o Arnulfo Lozoya Portillo y/o Rodrigo López García y Édgar Armando Hernández Ramos, algunos de los cuales están confesos de haber participado en la ola de crímenes por asuntos de narcotráfico. * El decomiso de dos fusiles de asalto, cuatro pistolas, 17 cargadores y cartuchos útiles, y droga que se desglosa de la siguiente manera: una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros con matrícula BER159551Z; una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, matrícula BER308315Z; una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, matrícula ilegible; siete cargadores de arma de fuego calibre 9 mm; 92 cartuchos útiles 9 mm; un fusil AK-47 calibre 7.62×39 mm, matrícula 0017766; un cargador abastecido calibre 7.62×39 mm; una pistola Glock calibre 9 mm, matrícula BED268US; un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles calibre 9 mm; cuatro cargadores abastecidos con 30 cartuchos útiles cada uno, calibre 7.62x 39 mm; 300 grapas de cocaína; 800 grapas de “cristal”; un fusil G3 calibre 7.62×51 mm, matrícula HK91A049926; tres cargadores abastecidos calibre 7.62×51 mm; y un cargador con 15 cartuchos útiles calibre 9 mm. * La percusión de alrededor de 600 cartuchos calibre 45 mm, 9 mm, 7.62 mm y .223 mm. * La utilización de aproximadamente 40 pistolas y fusiles de asalto R-15 y AK-47 en los homicidios. Por si esto fuera poco, de acuerdo a pruebas de balística realizadas por la PGJE, una de las armas de fuego incautadas a sicarios dio positivo en la utilización de dos de los 18 asesinatos perpetrados por el crimen organizado. Se trata de un rifle de asalto AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, localizado dentro del domicilio del narcomenudista Hipólito Noé Solís Hernández “El Combayo”, quien fue atacado por un comando armado el 24 de septiembre, cuando se encontraba en su domicilio de la colonia Vuelo del Águila, en el poblado de Todos Santos. En el cotejo balístico, los peritos en criminalista descubrieron que el rifle de asalto en poder de “El Combayo” era el mismo que se utilizó en la triple ejecución de la comunidad de Los Barriles, donde perdieron la vida el jefe de la plaza del narcomenudeo, José Ramón Sánchez Quiroz “El Pelón”,  Rosendo Jesús Acevedo Amador “El Chendo” y Guadalupe Torres López “La Melody”. El dueño del arma de fuego reconoció que el fusil se usó en el triple homicidio, y expuso que en el ataque participaron también los hermanos Gustavo y Ranulfo y/o Arnulfo Lozada Portillo, con quienes dijo trabajar como sicario de su banda. El récord La narcoguerra entre grupos rivales parece no tener fin. Esta semana se registraron cuatro tiroteos en La Paz, una ciudad que se caracterizaba por su tranquilidad, donde tres personas fueron ejecutadas. Hasta el cierre de edición y según un recuento elaborado por ZETA, el saldo arrojado en esta guerra de narcotraficantes es el siguiente: * 18 personas asesinadas, originarias de La Paz y Ciudad Constitución, Baja California Sur; El Dorado, Mazatlán, Culiacán, Navolato, Guamúchil, Sinaloa;  y Acayucan, Veracruz.  * 10 personas heridas, dos torturadas. * Siete sicarios detenidos, de los cuales tres están relacionados directamente con dos homicidios, el resto fueron capturados en posesión de tres armas de fuego, mientras merodeaban la casa del ex subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Martín Álvarez Savín. Se les consignó a la PGR, bajo el oficio 12734/GRI/2014. En base a estadísticas de la PGJE, el pico más alto de crímenes se dio  justo esta semana que termina, al presentarse un ataque armado por día, donde las víctimas fueron identificadas como: José Eleodoro López González “El Josesillo”. Asesinado de diez tiros sobre las calles Pirul y Héroes de Independencia, Colonia Arboledas de La Paz. Testigos expusieron que la tarde del lunes 6 de octubre, la víctima bajaba de su vehículo, un automóvil Honda Accord color vino, cuando observaron que tres personas del sexo masculino, todos vestidos de negro y pasamontañas y empuñando armas largas, descendieron de un pick-up color gris con franjas negras a los costados, y atacaron a “El Josesillo” mientras dejaba un pedido de droga en un  negocio aledaño. López vestía short y chanclas, no portaba playera. Los testigos alcanzaron a ver que el vehículo de los atacantes era un pick-up Toyota Hilux cuatro puertas, vidrios polarizados, rines originales y llantas todo terreno. Dany Algarith Castro Avendaño “El Soldado”. Ejecutado de un tiro en la cabeza el martes 7 de octubre, en las inmediaciones del arroyo El Cajoncito en La Paz, a escasos mil metros del libramiento Santiago Oceguera. La víctima era originaria de Culiacán, Sinaloa, y tenía un año de haberse retirado como militar, según el registro administrativo 3702002289318C en el Estado de Sinaloa. El cadáver presentaba huellas de tortura “por lesiones encontradas tipo equimosis en ambos brazos, hombros y piernas”, y estaba en una laguna de sangre. En la escena del crimen se recolectaron huellas de vehículos y de calzado. Francisco Javier Chávez Pérez “El Panchito” o “El Pancho”. Abatido de cuatro tiros el miércoles 8 de octubre, cuando entregaba un pedido de droga sobre el andador Aportación y Serdán del fraccionamiento Solidaridad. Fue interceptado por sus victimarios. En base a versiones de testigos, el narcomenudista salió del lugar, casi en frente del minisúper 7, cuando se escucharon cuatro detonaciones, por lo que aceleró la velocidad, dobló a la izquierda sobre el callejón de acceso, cruzando velozmente por la calle Guillermo Prieto hasta quedar en la cochera de un domicilio particular de la colonia Inalapa. Durante ese trayecto -aproximadamente dos cuadras- las personas que caminaban y estaban por el lugar de inmediato se tiraron al piso y se escondieron entre vehículos y bardas, por el riesgo de la maniobra de ataque. Desde una de las ventanillas de su unidad Honda CRV color gris, cuatro puertas, los sicarios sacaron una pistola y dispararon contra el vehículo de la víctima, un automóvil Toyota Camry color blanco. Murió casi de inmediato. En el interior de la unidad,  modelo 2012 y placas de circulación 526-PMD-4, se encontraron cuatro celulares, varios dispositivos USB, envoltorios de “cristal”, marihuana y cocaína, además de 6 mil 421 pesos con 50 centavos en efectivo. Carlos Eduardo López Orante. Baleado la madrugada del jueves 9 de octubre, cuando circulaba sobre la calle Manuel Marqués de León y M. Diéguez, Colonia Los Olivos de La Paz. Según las primeras investigaciones, el C4 recibió una llamada de disparos de arma de fuego en ese punto alrededor de las seis de la mañana, por lo que agentes de Investigación de la PGJE se presentaron. Allí encontraron un cartucho percutido calibre .45, no observando personas lesionadas durante la inspección y verificación de la información, por lo que se aseguró el área y se levantó el indicio, dando fe de una mancha de sangre en el cofre de un automóvil blanco. Dos horas después, a las 8:20 am, apareció una persona lesionada en la cabeza con una esquirla de bala calibre .45, por lo que se le trasladó al hospital “Juan María de Salvatierra”. Hasta el cierre de edición, el herido, de nombre Carlos Eduardo López Orantes, de 22 años, era atendido en el nosocomio y, según las primeras investigaciones, presuntamente habría escapado de un levantón perpetrado por un comando armado. Por último, los agentes de investigación recibieron información de que otras dos personas habían sido levantadas, de las cuales se desconocían nombres y su paradero.  Los ejecutados Nombre Apodo Edad Origen Jesús Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera” 36 años El Dorado, Sinaloa Alberto Montero Lizárraga “El Betillo”, “El Mago” o “El Mandraque” 36 años Mazatlán, Sin. José Enrique Urquiza Portillo “El Ferrari” o “El Moreno” 41 años Culiacán, Sin. Juan Antonio Herrera Güemez “El Tony”, “El Pelón” o “El Negro” 18 años La Paz, Baja California Sur Gerardo Geraldo Méndez “El Geras” 41 años La Paz, BCS Carlos Miguel Calderón Hinojosa “El Birolo” 39 años Ciudad Constitución, BCS Luis Fernando Leyva Guzmán “Don Fer” 50 años Navolato, Sin. José Ramón Sánchez Quiroz “El Pelón” 33 años Culiacán, Sin. Rosendo Jesús Acevedo Amador “El Chendo” 25 años La Paz, BCS Guadalupe Torres López “La Melody” 31 años Culiacán, Sin. Marcelo Gómez Jiménez “EL Tony”, “El Pelón” o “El Marce” 29 años Acayucan, Veracruz José Federico Gaxiola Osuna “El Pikas” 39 años Mazatlán, Sin. Luis Alejandro Sánchez Álvarez “El Alex” 27 años La Paz, BCS Óscar Fernando Ramírez Flores “El Óscar” 34 años El Dorado, Sin. Marcos Gerónimo Alvarado Uriarte “El Sinaloense” 33 años Culiacán, Sin. José Eliodoro López González “El Josesillo” 35 años Guamúchil, Sin. Dany Algarith Castro Avendaño “El Soldado” 26 años Culiacán, Sin. Francisco Javier Chávez Pérez “El Panchito” o “El Pancho” 21 años Culiacán, Sin. Fuente: PGJE Los heridos Nombre Edad Origen Lesiones Jesús Ernesto Tirado Palomares “El Chuy” 22 años Mazatlán, Sinaloa Policontundido José Francisco Lizárraga Félix “El Chapo” 25 años Navolato, Sin. Policontundido Eduardo Salvador Aguilar Sosa 24 años Ciudad Constitución, Baja California Sur Policontundido Hipólito Noé Solís Hernández “El Combayo” 29 años Los Mochis, Sin. Herido por proyectil de arma de fuego María de Jesús Domínguez Guerrero 25 años La Paz, BCS Herida por proyectil de arma de fuego Armando Bautista Rivera 18 años Xalapa, Veracruz Herido por proyectil de arma de fuego Carlos Francisco Morales Fregoso “El Güero” 38 años Mazatlán, Sin. Herido por proyectil de arma de fuego Jesús Eleana Sánchez Loarca 25 años La Paz, BCS Herida por proyectil de arma de fuego Luisa Guadalupe Arreola Murillo 26 años La Paz, BCS Herida por proyectil de arma de fuego Carlos Eduardo López Orante 27 años ——— Herido por proyectil de arma de fuego Fuente: PGJE El armamento utilizado en crímenes Fecha Averiguación Previa Armas de fuego Cartuchos percutidos 31 de julio LPZ/032/HOM/2014 Dos pistolas 9 milímetros, 12 rifles R-15 y tres AK-47 250 calibre 9 milímetros, .223 y 7.62 mm 16 de agosto LPZ/033/HOM/2014