Éste es uno de esos casos que han traspasado las fronteras. En una plática entre profesionales dedicados de la Corte judicial federal en los Estados Unidos, salió a relucir el tema de la administración pública municipal de Tijuana. Lo primero que expresaron con preocupación es por qué el alcalde Jorge Astiazarán Orcí, no ha tenido la capacidad para identificar, investigar y deshacerse de la corrupción que persiste en el XXI Ayuntamiento. Concedieron el voto de confianza al presidente municipal, justificando una inocencia y novatez en términos políticos administrativos, y dudaron de la honestidad del secretario del Ayuntamiento, Bernardo Padilla. Los profesionales de San Diego no solo criticaron la ausencia de atención política, sino la falta de transparencia en las acciones y la poca obra realizada. Ya en una ocasión Padilla y otros funcionarios fueron suspendidos por Sindicatura Municipal, pero el alcalde se lo tomó personal y los defendió a capa y espada, incluso señalando -y después reculando- a la familia del síndico Arturo Ledesma de haberlo extorsionado. Finalmente lograron reinstalar a Bernardo Padilla, pero no a los otros funcionarios que, por cierto, fueron inhabilitados por las irregularidades cometidas. Lo más grave, que la opinión de los profesionales allende la frontera, coincide con la de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana que, afirman, no se pueden acercar al alcalde que confía ciegamente en su secretario. ¿Será?
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