En La Paz se enfrentan el Cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva y quienes en esta nueva lucha por el poder, van en alianza con “Los Zetas”. Las primeras conclusiones del crimen del líder de las Fuerzas Especiales de “El Pantera”, Esteban Espinoza Velázquez; de su escolta, Alberto Montero Lizárraga “El Betillo”; y el que pretendía ser instalado como nuevo jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Enrique Urquiza Portillo “El Ferrari”, apuntan a una traición y ruptura dentro del Cártel de Sinaloa. Según las investigaciones, “El René” y “El Pepillo”, otros cabecillas del Cártel de Sinaloa traicionaron a la organización delictiva, al coludirse con policías estatales y ministeriales y asesinar a integrantes del grupo criminal el 31 de julio de 2014, en el Kilómetro 8.4 de la carretera a Los Planes, después de enterarse que habría cambios en la plaza; luego, negociaron y pasaron a formar parte de la célula criminal de “Los Mazatlecos”, una estructura delictiva al servicio de los Beltrán Leyva y de “Los Zetas”, para tomar el control del narcomenudeo de La Paz y de Los Cabos, lo que detonó una lucha a muerte que se ha visto reflejada con los asesinatos de los últimos treinta días. La guerra de narcos ya había sido advertida desde hace más de un año al gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y al entonces secretario general de Gobierno, Armando Martínez Vega, cuando recibieron nombres y apellidos de policías, mandos policiacos y colaboradores cercanos a su círculo de seguridad involucrados con el crimen organizado. Sin embargo, no se tomaron medidas y tampoco hubo predisposición de despedir y mucho menos presentar ante la justicia a los señalados. Por el contrario, únicamente se hicieron reacomodos dentro del aparato gubernamental; unos fueron enviados a la Coordinación de Giras del gobernador, otros más a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el resto se quedó en la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Todavía el día del crimen de Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera”, el 31 de julio, el nuevo secretario general de Gobierno del mandatario estatal, Andrés Córdova Urrutia, aprobó el nombramiento de una parte de la lista de señalados, con la complacencia de la subsecretaria de Seguridad Pública Estatal, Martha Cecilia Garzón López: * Jesús Rahgner Torres Moreno, nombrado comisario de la Policía Estatal Preventiva. * Fernando Guadalupe Ramírez Martínez, asignado subcomisario operativo de la Policía Estatal Preventiva. * Luis Alberto López López, designado como director general de Prevención, Ejecución y Reinserción Social. Desde el inicio, “los nuevos mandos operativos agarraron partido con el bando de ‘Los Mazatlecos’ y dieron la orden de no detener a vehículos de los vendedores de droga, y casualmente, desintegraron al Grupo Especial Operativo de la Policía Estatal Preventiva, responsable del combate al narcomenudeo, el cual había estado capturando a connotados narcomenudistas como Miguel Ángel Vega Ramírez ‘El Gordo Vega’, Noé Fregoso Sosa ‘El Hitler’ y Óscar Anaya Gutiérrez ‘El Señor de los Cerros’”, se informó. Anteriormente cuando Adonaí Carreón Estrada dejó el 31 de marzo de 2014 el cargo de subsecretario de Seguridad Pública Estatal para integrarse como nuevo procurador general de Justicia del Estado, el director de la Policía Ministerial del Estado, Francisco Javier Camacho Manríquez, reactivó y colocó en puestos clave a policías cuestionados y vinculados con grupos delictivos. Como el actual subdirector de la Policía Ministerial, Martín Álvarez Savín, y los comandantes Francisco Martín Güereña Escobar, Juan María Flores Álvarez y David Martínez Castillo “El Tanguera”, ahora en una lista negra. En medio de esta lucha, el gobernador Marcos Covarrubias quedó atrapado en la línea de fuego, porque “desafortunadamente los responsables de pactar el reacomodo desde las altas esferas de gobierno, no supieron maniobrar los cambios, se complicaron las cosas y el crimen organizado se salió de control, a tal grado que comenzaron las matanzas”. Entre éstas, la del oficial de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Miguel Calderón Hinojosa “El Birolo”, quien apenas el 31 de julio había dejado su cargo en la Coordinación de Giras del gobernador, para ingresar a la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal. De acuerdo a la investigación, el asesinato fue tomado “como un mensaje al gobierno de Baja California Sur”. Como una alerta quedó la captura de cinco sicarios detenidos la madrugada del 26 de agosto en una gasolinera de la carretera Cuatro Carriles en La Paz, cuando merodeaban la casa del subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Martín Álvarez Savín, y la del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. Los sicarios traían en su poder tres pistolas Pietro Beretta 9 milímetros con cuatro cargadores, y circulaban a bordo de un vehículo Nissan Tsuru 1993, color negro, sin placas de circulación. El crimen de “El Birolo” La mañana del 23 de agosto, la estructura operativa de la PGJE y de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal se cimbró cuando se supo de la ejecución del agente de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Miguel Calderón Hinojosa “El Birolo”. 
Aproximadamente a las ocho de la mañana, la víctima, de 39 años de edad, salió de su casa y se subió a su vehículo color uva, tipo Nissan. Testigos refieren que un pistolero llegó hasta la ventana del piloto y realizó tres disparos en la cabeza del elemento, para luego salir corriendo y abordar un vehículo que se marchó a toda velocidad. Las detonaciones de arma de fuego despertaron a la mayoría de los vecinos de la calle Encino, casi esquina con Algodones del fraccionamiento Villas del Encanto, quienes dieron aviso del ataque armado al C-4. Hasta el sitio llegaron policías municipales, ministeriales y estatales, además de las fuerzas armadas. Casi a la par del asesinato, un helicóptero de la Secretaría de la Marina sobrevolaba la zona para ver si por aire podía detectar la unidad de los sicarios, un automóvil compacto Honda color negro, sin embargo, eso no sucedió. Es la primera vez que una aeronave es usada en un operativo de búsqueda. En la escena del crimen, la PGJE encontró tres cartuchos percutidos de pistola calibre 45, y en el cuerpo de la víctima, tres heridas de bala: una en la mano izquierda y dos en la cabeza, cuyas ojivas todavía estaban alojadas en el cráneo. La esposa de la víctima relató que el difunto iba a practicar cuando fue atacado por un pistolero, el cual era resguardado por otro individuo arriba del vehículo con el que se dieron a la fuga. El asesinato del oficial de la Policía Estatal Preventiva se interpreta como un mensaje enviado al gobierno de Baja California Sur, porque la víctima estuvo hasta el 31 de julio en la Coordinación de Giras del gobernador. “El Birolo” había sido rescatado y reclutado por el coordinador de giras del gobernador, Irineo Martínez Ordaz, después de que el 20 de marzo de 2012, fuera cesado por el entonces procurador general de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, por haber reprobado el examen de control y de confianza, entre una lista de 117 policías ministeriales, entre ellos veinte comandantes. A la fecha los pistoleros no fueron detenidos, y la investigación sigue en proceso. Las reacciones A raíz del homicidio de Calderón, en conferencia de prensa realizada el 25 de agosto, el gobernador Marcos Covarrubias declaró: “Hay preocupación de la ciudadanía, porque se han presentado casos que anteriormente no se habían presentado, y podemos decir que la mayoría de los involucrados, de acuerdo a los expedientes, son familias que vienen de fuera, quienes han presentado conductas antisociales y cuyos comportamientos distan muchos de quienes tienen años viviendo en Baja California Sur”. Reconoció que los indicios que tienen hasta este momento permiten suponer que “los crímenes se tratan de hechos relacionados con delincuencia organizada”, por lo que la PGJE y la PGR, trabajan en conjunto para que el Gobierno Federal atraiga las investigaciones. Covarrubias Villaseñor estuvo acuerpado por el llamado Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, integrado por la SSPE, PGJE, PGR, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Preventiva y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Durante el encuentro con la prensa, el mandatario estatal externó que el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública “de ninguna manera desestima los sucesos, por el contrario, si un solo caso se hubiera presentado, y si una sola vida se hubiera perdido, tuviera la misma atención de todas las instituciones”. Sin embargo, pidió evitar exageraciones: “No le demos a Baja California Sur una imagen que no se merece, es muy común que cuando sucede un hecho lamentable de esta naturaleza, por el mismo nervio, a través de las redes sociales, empiezan a escucharse disparos y persecuciones que no existen. El hecho de escuchar una sirena, termina alterando aún más el propio ambiente”. De igual manera, anunció que había instruido al procurador de Justicia y a la SSPE iniciar con las investigaciones sobre los policías involucrados en los hechos sangrientos. A pregunta expresa de los reporteros, de si actuarían legalmente en contra de los agentes vinculados con el crimen organizado, Marcos Covarrubias guardó silencio y cambio el tema. Por su parte, la presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, condenó que “no es posible que el gobernador se haya limitado a reconocer los hechos violentos como un reacomodo de los cárteles de la droga por la plaza de La Paz, y en vez de hablar de un reajuste, tiene la obligación de reunir a todas las instancias de gobierno municipal, estatal y federal, y combatir a la delincuencia”. En tanto el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur, Juan Alberto Valdivia Alvarado, solicitó que el Gobierno del Estado refuerce la seguridad para evitar un mayor brote de violencia, como está sucediendo en otros estados. “Estamos a tiempo de evitar que el clima de inseguridad siga creciendo en un estado que históricamente se ha caracterizado como de los más tranquilos y seguros”, manifestó el dirigente. El senador priista Ricardo Barroso Agramont fue un poco más crítico. El 20 de agosto presentó un Punto de Acuerdo urgente y de obvia resolución, donde exhorta al Presidente de México y al gobernador de Baja California Sur, a implementar acciones coordinadas para que bajo una estrategia integral, se dé combate al clima de inseguridad por el cual atraviesa la entidad. El legislador comentó que tan solo el 16 y 17 de agosto, la PGJE reconoció el registro de más de 80 disparos relacionados a ejecuciones en La Paz, “por eso no debemos hacer oídos sordos, tomar cartas en el asunto y procurar acciones positivas a favor de los ciudadanos del estado”. Como era de esperarse, la andanada de críticas contra el gobierno estatal tuvo una respuesta del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor: “La seguridad no es un tema para politizar, es un tema de todos; trabajar, dar respuestas y seguir buscando los recursos que permitan mantener la estabilidad, redoblar esfuerzos y la coordinación”. La alerta Aún no había pasado un día de la rueda de prensa del gobernador Covarrubias cuando, aproximadamente a las dos de la mañana del martes 26 de agosto, el Grupo Jaguares de la Policía Ministerial del Estado capturó a cinco sicarios, justo frente de su residencia. 
Los pistoleros habían sido denunciados vía llamada anónima al merodear la vivienda del gobernador y la casa del subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Martín Álvarez Savín. Aunque oficialmente nadie reconoció el caso, según el parte informativo correspondiente, el vehículo se estacionó por 30 minutos casi frente de la casa del subdirector de la Ministerial, en la colonia La Esperanza II, y repentinamente se fue a cargar gasolina a una estación ubicada sobre la carretera al norte, frente a la vivienda de Marcos Covarrubias.
