Familia denuncia cateo

Un comando armado con rifles de asalto se introdujo a una vivienda en el fraccionamiento El Rubí, los primeros minutos del 27 de agosto de 2014. Alrededor de 17 hombres vestidos de negro y encapuchados, sin insignias ni logos de alguna corporación policial, sometieron a una familia durante 40 minutos. Uno de los afectados –quienes pidieron el anonimato– declaró ante el ministerio público “escuché que gritaron ‘Policía Federal’, pero no se identificaron ni mostraron una orden ni nada”.  Después de destruir puertas, habitaciones y la cochera, de encañonar y golpear a personas, además de robar un teléfono celular, una computadora laptop, una lámpara, dos relojes de mujer “Michael Kors” y un cinturón marca “Salvatore Ferragamo”, los hombres abandonaron la casa con la siguiente explicación: “fue un malentendido, se equivocaron de casa, mañana nos comunicamos con usted”. Por este suceso, se levantó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de robo en casa habitación, amenazas, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y allanamiento de morada, integrada en la averiguación previa 2630/14/203. De manera oficial, ninguna autoridad ha tomado responsabilidad por los hechos ocurridos. El subprocurador de zona en Tijuana, Gilberto Cota Alanís, explicó que todavía no se determina si hubo una orden de cateo o no, lo cual será parte de la investigación que conduzca la Procuraduría. Patrullas de la policía municipal y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que se encontraban en el área, llegaron hasta la vivienda después de escuchar el reporte transmitido desde el Centro de Comunicaciones, Cómputo Control y Comando (C4). Sin embargo, relata un miembro de la familia que al momento de pedir información a uno de los policías uniformados –quienes no participaron en el cateo, solamente se mantuvieron sobre la calle–, “me dijo ‘no se arrime, nosotros les decimos’, ya que bajaron todos, se subieron a las camionetas y se fueron cada quien por su lado”. A bordo de dos camionetas y cinco pick ups, los hombres descritos como no mayores de 28 años, se alejaron del lugar. La seguridad de la casa quedó vulnerada con vidrios esparcidos en la entrada, chapas arrancadas de todas las puertas y la parte inferior de la cochera destruida. Fue el fuerte estruendo del ariete arrojado contra la puerta principal lo que despertó a la familia a las 12:10 horas de ese día. Cuando uno de los integrantes observó a “personas encapuchadas y que portaban armas largas y chalecos antibalas…les dije que qué pasaba, que si traían una orden para ingresar”, se lee una de las declaraciones. Esa misma persona fue arrojada al piso, encañonada en la cabeza y en la espalda y esposada. “El sujeto comenzó a jugar con el seguro del arma larga que portaba, al tiempo que me decía ‘si se sale un tiro, tú vas a tener la culpa cabrón, dime cómo te llamas y cómo te dicen, no te hagas pendejo, ya valiste verga’”. Luego, las amenazas. Los sujetos armados le advirtieron que de voltear a verlos, matarían a sus familiares. Insistían por un apodo, pero el hombre solamente daba su nombre y mostró credenciales de identificación. Los rostros de los hombres estaban ocultos detrás de capuchas, vestían de negro y pantalones de mezclilla, así como botas tácticas, refiere la víctima, quien vio a una familiar suya “sometida boca abajo con una toalla en la cabeza siendo apuntada con un arma”. En el certificado médico levantado en la Procuraduría, quedó constancia de las lesiones en costillas y espalda, resultado de las patadas y de los golpes con las armas que le propinaron al joven. Después de los hechos, la familia dio parte de los mismos ante la delegación municipal y solicitó protección, ya que no sabían quién había ingresado a su hogar, pero les fue negada. En el ministerio público se levantó la denuncia correspondiente y a la mañana siguiente iniciaron las diligencias de Servicios Periciales, quienes acudieron a tomar registro fotográfico y buscar huellas dactilares.   Al respecto, el subprocurador Gilberto Cota Alanís, indicó que la unidad de periciales todavía no rinde informe de resultados. Sin embargo, refirió que de ser encontrada alguna autoridad responsable, se seguirá el debido proceso. Un caso más como éste ha sido denunciado ante la PGJE en lo que va de 2014. En julio, se denunciaron los daños a propiedad privada por un grupo de personas que se introdujeron a una vivienda sin una orden de cateo. La averiguación previa también se encuentra en integración, refirió el subprocurador. Mientras tanto, la familia afectada absorberá los gastos de las reparaciones a la vivienda y se encontrará en espera de que la autoridad investigue debidamente los hechos para determinar la responsabilidad del robo, de los golpes, de las amenazas y del abuso de autoridad. Al momento no se sabe si fue un operativo oficial, si fueron Federales, Militares o locales los participantes, aunque uno de los uniformados señaló a estos últimos.