Congreso y narco

Me imagino que llegó con su sombrero de fieltro en la mano. Negro como traje, corbata y zapatos. Tal vez un portafolios. Entonces no había bronca para entrar a Palacio de Gobierno. Subió al segundo nivel. Arcos monumentales. Pura cantera. Brillante el piso enmarmolado. Entró a la antesala del principal despacho. Destacaba por viejecito. Pero reconocido como venerable maestro universitario. Por eso una luminaria. Apersonado ante el Secretario Particular respondió al qué se le ofrece: “Nada más vengo a decir al señor Gobernador que ya no es Gobernador”. El funcionario debió estremecerse. Conocía al maestro. Entró rápido al despacho y le dijo don Francisco Martínez de la Vega: “Afuera está el maestro Gómez y dice que en este momento Usted ya no es Gobernador”. La frase sacudió y obligó a ordenar: “Llámelo por favor. Que pase inmediatamente”. Así las altas puertas de cedro se abrieron para el anciano, experto constitucionalista. Sin más, se plantó y le dijo: “Pues sí, señor Gobernador. En este momento Usted legalmente ya no es Gobernador”. Martínez de la Vega era amigo del Presidente de la República, Licenciado Adolfo López Mateos. Estudiaron desde jovencitos hasta graduarse de abogados. Pero nuestro personaje fue un gran periodista. Cercanísimo al General Lázaro Cárdenas. Fundador de la revista “Siempre!” con Pepe Pagés. Gran amigo de Manuel Buendía. Defensor de Scherer ante López Portillo. Precisamente por honrado y sabedor de la política, su amigo el Presidente lo hizo diputado federal. No se negó al camarada. Y siendo legislador le llamó López Mateos. Debería pedir licencia para dejar la diputación. Irse rápidamente a su tierra, San Luis Potosí. El Congreso lo nombraría Gobernador Sustituto. Tomaría protesta inmediatamente. El estado se hallaba desconchinflado. Supliría al mandatario constitucionalmente electo Manuel Álvarez. El Presidente estaba cansado de sus errores. Lo mandó a su casa. Lamentablemente este hombre murió a los pocos meses. Me imagino que vergüenza y tristeza le apachurraron el corazón. Y fue cuando el viejecito constitucionalista le dijo a Martínez de la Vega, “…entonces un muerto no puede tener licencia y por eso no puede haber Gobernador Interino”. Era lógico. Martínez de la Vega se asustó. Llamó a Gobernación. El secretario era Gustavo Díaz Ordaz. Tras oírlo le dijo “no le hagas caso a esos abogadillos de provincia”. Pero el Gobernador le explicó al detalle y entonces sí soltó un “Ah, Chihuahua… tiene razón”. Inmediatamente dio orden. Que se reúnan los diputados. Sesión rápida. Armaron el papeleo y Martínez de la Vega rindió protesta por segunda vez. De interino se convirtió en Sustituto. Así era como se cubrían las formas legales. Aunque en el fondo se revolviera “el dedazo” con las “licencias por motivos de salud”. Eso sucedió hace casi cincuenta años. Pero ahora me sorprende y desilusiona. En el Congreso del Estado bajacaliforniano les hace falta un maestro como aquel viejo y respetado constitucionalista. Los diputados pueden elaborar un decreto. Pero por ley deben enviarlo al Gobernador para que ordene publicarlo en el Periódico Oficial. Y entrará en vigor ese decreto hasta un día después que aparezca en tal publicación. Antes no. Pues bien, fíjese lo que hicieron: 1.- 12 de junio.   * Elaboraron el decreto 305 “mediante el cual se declara recinto oficial el Módulo G de la Plaza Baja California, sitio en la calle Calafia y Calzada Independencia, para efectos de continuar con el desahogo de la sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura del día 12 de junio”. 2.- 14 de junio. * El decreto fue recibido en las oficinas del Gobernador del Estado. 3.- 18 de junio. * El decreto se publicó en la edición número 26 del Periódico Oficial, número 26, Tomo XCI, página 4 con la leyenda que marca la ley: “El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”. Pero los diputados ignoraron la ley y esto hicieron: 1.- 12 de junio. * Elaboraron el decreto y lo enviaron al Gobernador. No se esperaron, según la ley, a ser publicado. * Ese mismo día cambiaron de recinto ilegalmente sesionando en otro lugar fuera del oficial. Nadie sabía. La ciudadanía debía estar enterada. No existían las condiciones para asistentes. * Desconocieron a los diputados panistas por no presentarse. Éstos se abstuvieron porque era un acto ilegal. El decreto no entraba en vigor todavía.  *Los priistas destrozaron las puertas alegando para entrar. Y luego ordenaron spots en televisión ya no con el motivo del decreto, sesionar. Aseguraron en tono provocador que el Gobernador escondía algo. Entonces, bajo la consideración oficial escrita por ellos que iban a sesionar allí, su decreto no especificó que revisarían los papeles. 2.- 14 de junio. * Hecho todo el escándalo este día recibió el Gobernador el decreto para su publicación. 3.- 18 de junio. * Siguiendo con la ley el Gobernador firmó y ordenó publicar el decreto. La ley y la lógica indican: no puede tomarse como legal declaración el cambio de un recinto legal si el decreto no ha sido publicado. Es elemental. No entiendo cómo siendo abogados algunos señores diputados cayeron en esta aberración. Tienen asesores. Les pagan mucho. Algunos al leer esto pudieran darle una explicación de torpeza. Otros de enfrentamiento con el Gobernador. Unos más como acto de provocación aprovechando el momento electoral. Se le liga inclusive a que sucedió tras la visita del Presidente Nacional del PRI quien lanzó serias amenazas. Pero otros considerarán y cabe: Fernando Castro Trenti fue el hombre del Gobernador en el Congreso. Era un secreto a voces. Hasta se habló y nunca lo negó: recibiría una notaría al final de su ejercicio legislativo. Inclusive a punto de las elecciones internas para presidente del PRI estatal se manejó y nunca fue rechazado: Elorduy tendría dos líderes políticos en diferente partido. Existen además otras razones en las que el propio Castro Trenti intervino. Y ahora es de los principales incitadores al desorden. Es curioso el efecto. La comunidad reprobó a los diputados priistas lanzando patadas. Rompieron cristales. Violentando. Entonces políticamente es posible considerar. Castro Trenti actúa a favor del Gobernador para provocar rechazo al PRI y acarrearse simpatías al PAN en la próxima campaña electoral. De ese tamaño es su forma de ser. Aparte curiosamente pide con sus compañeros juicio político para el Procurador de Justicia, Antonio Martínez Luna. Los hechos y personajes indican: Fernando Castro Trenti está buscando la posición para su hermano Francisco, actualmente hombre de apoyo absoluto del Procurador. Entre políticos y periodistas era conocido: Hank no le tenía confianza a los Castro Trento. A Francisco por manejar originalmente el caso Héctor Félix. A Fernando por su cercanía al Gobernador. Pero con esto le demuestra lo contrario, aunque en el tono maquiavélico también queda bien con el Gobernador. Pero hay otro grave error. Allí sí ni para dónde hacerse. El problema se llama Andrés Gárate. Es titular del Órgano Superior de Fiscalización. Aunque es institución autónoma fue nombrado por los diputados priistas. Nada más que cometieron un error. No consultaron su pasado. El 21 de septiembre de 1995 fue detenido en la garita de San Ysidro, California. Le fincaron graves cargos: transportación, posesión y venta de marihuana. Su caso está registrado en el FBI (Buró Federal de Investigación) con el número 701506ABI. Fue sentenciado a 61 días de prisión “…y tres años bajo supervisión”. Lo curioso: entonces el señor Andrés Gárate era empleado de la Comisión Estatal de Servicios Púbicos de Tijuana (CESPT). Adscrito al Departamento de Suministros. Para cubrir sus faltas debido al encarcelamiento el Sindicato de Burócratas a su nombre solicitó a la CESPT: “…un permiso sin goce de sueldo por el término de seis meses con carácter de renunciable a partir del 04 de octubre, por tener que atender asuntos personales que requieren mi presencia”. El permiso fue presentado por el Sindicato el 28 de septiembre. Días después de la detención. Se mintió oficialmente sobre los motivos a la CESPT. La solicitud fue firmada por el entonces líder sindical Manuel Trasviña Pérez. También el Subsecretario del Trabajo y Conflictos, Rafael Rodríguez Madrigal. El oficio tiene el folio 012629. En la esquina superior un “Vo.Bo.” seguido de una firma y anotación: “Norma. Favor de enviar el escrito de autorización al sindicato”. Así, el señor Andrés Gárate dio un gran salto. Pasó de adscrito de suministros a fiscalizar todo el movimiento económico de los organismos estatales. No tenía conocimientos técnicos para el trabajo en la CESPT. Tampoco está titulado como Contador Público. Existe una certificación del Departamento de Profesiones. Oficio 164/98 donde se asienta la inexistencia de su registro conforme a la ley. En fin. Esto se llamaría bondadosamente “no cuidar las formas”. Legalmente, valdría calificarla de torpeza. Políticamente, como la actitud tenebrosa jamás vista. Y todo esto, como sea, nos cuesta a los ciudadanos mucho dinero. Bueno, hay algunos que evaden el fisco y ni siquiera les importa. Pero sí. De veras. Hace falta un hombre como aquel cuando sin mayor interés se presentó para clarificarle a Martínez de la Vega: “En este momento ya no es Usted Gobernador”.   Tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas, publicado el 2 de julio de 2004.