Hay funcionarios que no terminan de entender la labor del periodismo -sobre todo el que es crítico e independiente-, como el caso de ZETA, y uno de los ejemplos más ilustrativos tiene que ver con la aún presidenta del Poder Judicial, la magistrada María Esther Rentería Ibarra, quien en dos meses dejará el cargo. Bajo el argumento de no estar de acuerdo con la línea editorial que ha seguido este Semanario, sobre todo en los temas que tienen que ver con el Poder Judicial, la funcionaria -ya con casi ocho años de titular- se ha negado sistemáticamente a conceder una entrevista para desmenuzar lo sucedido en esa área durante este último lapso que encabeza. En dos ocasiones ha citado y concertado una entrevista con el editor de ZETA en Mexicali, pero utiliza el tiempo solo para platicar con él y terminar negándole el encuentro periodístico. La licenciada encargada de impartir justicia pronta, equitativa y expedita, parece olvidar que ostenta un cargo de carácter público, relacionado con la cosa pública, que se le paga con dinero público y que lo que haga y deje de hacer, repercute públicamente, sobre todo a la ciudadanía, a los justiciables. Y se erige en censor para determinar, a su voluntad, a quién o a cuál medio concede o no una entrevista en base a su línea editorial, en su carácter de funcionario público del Poder Judicial. Lo bueno de todo esto es que la actual presidenta dejará el cargo la primera semana de noviembre, lo malo es que de los magistrados que se ampararon para no dejar la silla y la paga hasta llegar a los 75 años de edad, ahora propone un millonario haber de retiro (así le dicen en tiempos actuales a la pensión) para los magistrados todos.
Publicidad
