A bordo de un automóvil convertible de reciente modelo, Javier llega a uno de los rincones de la Sierra Sur de Oaxaca. Su apariencia, una de lujos, contrasta con la del pueblo oaxaqueño. Bien vestido, con un reloj reluciente y lentes de sol, observa a una jovencita conversar con sus amigas. Días después de su llegada, Javier organiza una fiesta para la familia de esa joven. Grandes cantidades de alcohol son servidas a los invitados, excepto para Javier quien se presenta como abstemio. Cuando llega el momento de pedir la mano de la adolescente, los padres gustosos la entregan en matrimonio. Javier les advierte que su hija se irá a vivir con él a otra ciudad, lejos de Oaxaca. Las condiciones son aceptadas por la familia. Cuatro días después, Javier y la futura novia parten hacia el centro del país. 
“Los tratantes empiezan yendo a los lugares más pobres como Chiapas y Oaxaca porque tienen poco dinero, (las redes de trata) les enseñan cómo enganchar mediante el enamoramiento, convencer a la familia (de la víctima) con regalos lujosos. Se presentan como el príncipe azul que va a tratar bien a sus hijas y sacarlas de la pobreza”, relata Rosi Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata, en entrevista con ZETA. Así como la activista social se ha encargado de recoger más de 170 testimonios de víctimas de trata en el país, igual se ha enfrentado a la mafia que controla los giros negros que convierten el delito de la trata en el tercero más redituable en el mundo. Como pocas personas en el país, conoce la vulnerabilidad de las víctimas. “Esa niña viene de sufrir pobreza, como país le hemos fallado, no le dimos el techo digno, el plato en la mesa, la atención que todos los mexicanos merecen en educación”. Por eso su preocupación por la iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, la cual sentencia “es la peor pesadilla para una víctima que esos tratantes salgan y puedan dañar a sus familias y hacerles daño a ellas”. Entre los cambios que se proponen a la Ley, está eliminar el Fondo de Protección y Asistencia a Víctimas, trasladar la contratación laboral con fines de trata a la Secretaría de Trabajo y que los mayores de 18 años comprueben el engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. “¿Qué les vamos a decir a quienes se han atrevido a denunciar y a sostenerse durante todo el juicio, muchas de ellas menores de edad? Es irresponsable plantear siquiera estos cambios que permitirían salir de prisión a 500 tratantes”, expone Rosi Orozco. De bailarina en el Adelita de Tijuana al PRI de Cuauhtémoc Gutiérrez 
A los 17 años, Esther recibió una propuesta de trabajo. Por sus servicios como edecán en el Corporativo Amnesia de Nuevo León, recibiría 700 pesos al día. Al llegar a Monterrey, la joven originaria del Distrito Federal fue enviada al bar “Colorado”, donde empezó a ser explotada sexualmente. Durante cinco años, estuvo en manos de una de las redes de trata más grandes en el país. Fue trasladada de Monterrey al Adelita Bar en Tijuana, uno de los principales centros nocturnos en la calle Coahuila de la Zona Norte –a corta distancia de la línea internacional con Estados Unidos–, con más de 100 shows de desnudos de mujeres al día y hasta hotel incluido. “No son bienvenidos los norteamericanos que vienen a violar a nuestras niñas, que dejen de tomarlas como si fueran objetos y mercancías”, dice –visiblemente molesta– la activista. Tan solo en la Zona Norte de Tijuana, Rosi Orozco tiene conocimiento de 3 mil mujeres víctimas de trata. Esther también trabajó en Las Chavelas Bar en esta ciudad fronteriza para después ser trasladada a Baja California Sur, por último al Estado de México y al Distrito Federal. En este último lugar, fue enviada al entonces dirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez. “(Cuauhtémoc Gutiérrez) la elegía para que se fuera con él a Cancún. Ella era explotada en giros negros de una red delictiva a cargo de una madrota que no ha sido capturada porque vive fuera de México, pero su hijo sigue enganchando a víctimas, va a Centro y Sudamérica por mujeres”. Finalmente, Esther fue rescatada en un operativo realizado en el Estado de México. Su testimonio fue recogido por Rosi Orozco para ilustrar el modo de operación de las redes de trata en el país. Y como ella, muchas mujeres, incluidas colombianas, venezolanas y de otras nacionalidades, son traídas al país con engaños. De acuerdo a la Ley actual, en su artículo 19, “será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días de multa, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño”. La propuesta en manos de senadores, plantea derogar este artículo y con su desaparición, enviar estos casos a la Secretaría de Trabajo bajo el razonamiento de que se trata de un “contrato laboral”. “Son mujeres que fueron violadas hasta 30 veces al día o en tumulto, es ridícula la justificación que hacen”, dice molesta la ex diputada federal. Iniciativa castiga a víctimas y beneficia a tratantes Rosi Orozco sabe que una víctima de trata debe ser atendida de una manera diferente. “La gente no las trata igual. Nadie pone en duda a una víctima de secuestro diciéndole “de seguro te gustó que te secuestraran”. Entonces lo poco que se ha logrado para ellas, se les va a quitar. Es indignante la propuesta de la senadora Dávila”. 
“Una niña víctima de trata rescatada por un policía, lo ve y se pregunta si es a quien fue entregada como tarjeta de cortesía cuando llegó al giro negro, no quiere ver a sus papás porque se siente sucia, indigna, prefiere que les digan que está muerta. Sabe que cuando regrese a su pueblo, la van a humillar, cuestionar, estigmatizar”, sostiene la activista. Sobre la vulnerabilidad de las víctimas, explica que quienes llegan a un refugio –hay dos en el país, uno en Tijuana y otro en el Distrito Federal– golpean paredes, atacan a los voluntarios a raíz de la desesperación. “Es grave porque las víctimas que no rescatamos, se suicidan o se convierten en victimarias”, plantea. La panista Adriana Dávila Fernández encabeza la Comisión en contra de la Trata de Personas y en febrero de 2014 presentó el dictamen para reformar la Ley General contra la Trata de Personas, el cual fue presentado desde octubre de 2013 a esta comisión parlamentaria, pero no a la Comisión de Justicia. Este documento también plantea la derogación del artículo cuarto, en el apartado del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. La desaparición del fondo es “bajo la justificación que se va a la Ley General de Víctimas, entonces una niña rescatada de explotación sexual se va a ir a formar detrás de a quien le robaron un celular”, expone Orozco. “En tratados internacionales, existe una petición de que haya un fondo específico y los bienes incautados a los tratantes se vayan a ese cajón que debe ser exclusivo para las víctimas de trata”, añade. La activista señala un tercer cambio que pone en riesgo a las víctimas. En el artículo séptimo, el dictamen propone que solamente a los menores de 18 años, no les sea requerida la comprobación de los medios comisivos. Estos medios se refieren al engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. “Van a sacar a la calle a estos tratantes porque la carga de las pruebas, se las regresan a las víctimas. Además de lo que han sufrido, muertas en vida, tendrán que probar más elementos. Qué mal está, qué inhumano”, se lamenta la presidenta de la Unidos contra la Trata. Pero Orozco sabe qué intereses se mueven en la Cámara de Senadores. “Los dueños de los giros negros están atrás de la propuesta. Están cabildeando en la Cámara con mucho dinero”. Legisladores le han comentado a la activista cómo funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, “presionan” a los senadores para que la iniciativa sea votada. “Ya están todas las evidencias de las víctimas de Cadillac, de Solid Gold, de Butchers Club. ¿Por qué no los han metido a la cárcel a los dueños de estos giros negros? ¿Estarán esperando los cambios en la ley para además sacar a los que están en la cárcel, socios de estas personas o managers o aliados de ellos?”, se cuestiona. Sobre el oficio de una trabajadora sexual, plantea “a mí no me asusta que una chica baile sobre una mesa. El problema es que la exploten en la cama atrás. El problema de estos lugares es que un seudo empresario de la noche, un tipejo explotador aproveche la vulnerabilidad de esa chica y gane dinero de su prostitución”. De ser aprobada la iniciativa en el Senado, Rosi Orozco prevé un escenario de impunidad en el que quienes se atrevieron a denunciar, “son puestos en dudas y a los tratantes se les abren las puertas de la prisión”. Asegura que como ella, activistas contra la trata, presentarán recursos legales para permitir el avance de la reforma. Los cambios vendrán luego de un análisis de las sentencias y los amparos, propone, “pero no se vale que se modifique una Ley a capricho de los tratantes”.
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