A los beneficiarios de los Programas Oportunidades, ya no les alcanza ni para tomar el transporte público e ir a abastecerse de los productos de la canasta básica Diconsa en los cuatro centros de atención instalados en Tijuana. “Nos traen a vuelta y vuelta”, es la expresión más recurrente entre las personas a las que ZETA se acercó a cuestionar sobre el apoyo alimentario que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) implementa en el país, a través de tarjetas que hacen la función de monedero electrónico. Por lo menos en esta ciudad, los afiliados, en su mayoría mujeres, duermen afuera de los cuatro Centros de Atención a Beneficiarios (CABE) de Oportunidades, para así asegurar la compra de los 14 productos que ahí se ofrecen. Pero lo anterior no asegura que puedan llevar “el mandado” para alimentar a sus familias. En el intento, pierden sus trabajos, dejan a sus hijos solos, se les acaba el dinero en el transporte público y, sobre todo, pasan hambre. Los problemas que refieren son que no les es posible recargar sus tarjetas, que no alcanzan a comprar todos los productos y se les limita en el gasto cuando acuden a cada sede de Diconsa. “Tengo dos semanas viniendo todos los días a las tres de la mañana, de aquí me mandan a ‘El Barretal’, al Parque Morelos, al DIF, y no me resuelven nada”, relata Dominga mientras hace una fila de unas 80 personas en el CABE ubicado dentro de las instalaciones de la delegación Sánchez Taboada. Para la apertura de los CABEs, el Ayuntamiento de Tijuana y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) han apoyado a la Secretaría de Desarrollo Social. Dos de ellos se encuentran dentro de instalaciones de la administración municipal: en el DIF, sobre el Bulevar Insurgentes y en la delegación Sánchez Taboada. Otro se abrió en la zona conocida como “El Barretal”, al Este de la ciudad, y el último, inaugurado el miércoles 23 de julio, en la Zona Centro, donde anteriormente despachaba CANACO. En teoría, los centros de atención deberían recibir a los ciudadanos según su zona de residencia, no obstante, las dificultades que éstos enfrentan para poder comprar sus alimentos los han orillado a intentar en todas las sucursales. Es el caso de Margarita, madre de tres hijos y esposa de un hombre desempleado. Asegura que dejó de ir a la Sánchez Taboada porque allá solamente la dejaban comprar el equivalente a 500 pesos con su tarjeta, “no alcanza para nada”, lamenta. Ahora hace fila dentro del DIF Municipal y espera que haber llegado a las dos de la mañana le garantice un lugar en la tienda y encontrar los productos que desea en existencia. Lo anterior porque cada centro tiene una administración independiente, los encargados definen sus estrategias de entrada y la dosificación del producto para que éste alcance. Por ejemplo, Gabriel León, responsable en el CABE del DIF, explica en entrevista que diariamente despachan a 200 beneficiarias, y que a la semana tienen la meta de venderle a un promedio de 5 mil. Asegura que ahí no se les obliga a gastar poco, pero se les recomienda realizar consumos que no pasen de los mil 500 pesos para los próximos dos meses, “es para que les alcance y evitar también que empiecen a vender el producto”, comenta. Dentro de la desorganización que refieren los beneficiarios, trabajos de madres solteras han tenido que ser sacrificados para no perder el apoyo del Gobierno Federal. Constanza no fue la única con esa experiencia, pero en su caso, la fábrica donde laboraba no le permitió tanta ausencia, todo porque el sistema de Diconsa no le ha dejado recargar su tarjeta Sin Hambre para comprar el alimento de sus hijos. Otro caso es el de las mujeres que no cuentan con la tarjeta morada Sin Hambre, repartida recientemente a 35 mil beneficiarios en el estado. A ellas, desde abril les otorgaron una tarjeta blanca también rotulada con el nombre de la Secretaría, pero menos efectiva a la hora de intentar recargarla. “Nos dijeron que a partir del 29 (de julio) iban a recargar, luego que después del 30, venimos hoy 31 y ahora ahí en la ventana hay un recado que hasta el 6 de agosto”. Pavel Murillo, delegado estatal del Programa Oportunidades, expresó en entrevista que dicha problemática no entra de sus funciones, que a su delegación le corresponde la ubicación y el registro de los beneficiarios, pero el abasto y efectividad del sistema es responsabilidad de las autoridades de Diconsa. Como subgerente de Diconsa en la entidad funge Manuel Ramos Rubio, pero hasta el cierre de edición, no fue posible contactarlo.
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