Otra vez: por adjudicación directa, compra de despensas

Lo que el Gobierno del Estado destina para “ayudar” a la población vulnerable, es un monto que supera a la mayoría del presupuesto total de cualquier secretaría o dependencia estatal. Académicos opinan que esta red de caridad y actos de beneficencia pública sirven apenas como paliativo. Una de las partidas más jugosas sirve para adquirir y repartir despensas, obsequios y dádivas. Testimonios de trabajadores del gobierno: las  despensas y los apoyos son repartidos como pagos a diputados y funcionarios panistas, directivos de Acción Nacional, líderes de colonias afiliados al partido y hasta periodistas. En semanas anteriores, la adquisición de las despensas alcanzó un costo superior a los 13 millones de pesos. Lo más preocupante es que la compra de 84 mil despensas se hizo con la misma característica con la que se han revelado varios contratos millonarios e irregulares por parte del Gobierno del Estado de Baja California. En el caso particular, la licitación pública (proceso para trasparentar y aminorar los costos en cualquier adquisición del gobierno) fue cancelada en dos ocasiones, solo para su adjudicación directa a Grupo Industrial Vida, proveedor nacional  ligado al gobierno del Partido Acción Nacional. En la compra se involucra a Antonio Valladolid, Loreto Quintero Rodríguez y Ricardo Magaña Mosqueda, secretario de Finanzas, Oficial Mayor y titular de la Secretaría de Desarrollo Social, respectivamente. Licitación, la misma historia En los últimos meses, organizaciones, empresarios y medios de comunicación han denunciado y documentado lo que se señala como adquisiciones o contrataciones irregulares por parte del Gobierno del Estado (ver reportajes de ZETA: “Pruebas y sospechas contra Valladolid”, “Triangula millones en contrato” y  “Compra sospechosa de Valladolid”). En éstos, la adquisición del Gobierno del Estado primeramente se licitó públicamente para que los interesados pudieran participar, en todos los casos, luego de publicar la convocatoria -en dos ocasiones- la licitación se cancela y se adjudica directamente.  En estos casos, con empresas irregulares, desconocidas y bajo suspicacias. Un nuevo ejemplo: las 84 mil despensas que la Secretaría de Desarrollo Social repartirá en lo que resta del año. El 17 de febrero de 2014, el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado, presidido por Karina Alejandra Montellano Pineda y Juan Ernesto Sánchez Flores, coordinador jurídico de Oficialía Mayor, entre otros representantes de la Secretaría de Finanzas, cancelaron la convocatoria que días antes se hizo pública. De hecho, para esta fecha ya había empresarios interesados, quienes se habían inscrito para presentar una propuesta económica en la adquisición de 84 mil despensas bajo el número de licitación número 013-14. En la cuarta junta del Comité y los posibles licitantes, el gobierno canceló la compra. En el acta de dicho proceso (en manos de ZETA) dice textualmente que la cancelación se da a petición de Ricardo Magaña, secretario de Desarrollo Social, quien lo solicitó mediante oficio. “Motivando dicha solicitud –refiere el documento–  en que requiere realizar un estudio de mercado más detallado, con la finalidad de obtener especificaciones técnicas más precisas que garanticen una mejor calidad de cada uno de los productos“, justificó Magaña. Además, la cancelación se justificó “por tratarse -se lee en el acta- de un programa social donde su objetivo final es beneficiar un gran número de familias de escasos recursos, resulta necesario garantizar que el procedimiento de contratación concluya en el suministro de despensas con una excelente calidad nutricional”. Bajo esta lógica, la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado (SEDESOE) había realizado una convocatoria sin las “especificaciones” correctas. Contradiciéndose, el mismo documento explica que antes de publicar la licitación, se realizó “un minucioso estudio de mercado, sin embargo, con el desarrollo del procedimiento de contratación se ha observado que aún es posible mejorar las especificaciones de los productos”. De continuarse con el procedimiento, advirtió la Secretaría de Desarrollo Social, entidad que solicitó la compra, se podría ocasionar un daño o perjuicio al Estado “por contratar y posteriormente entregar producto alimenticios con calidad inapropiada”. Tres días después de esta cancelación, el 20 de febrero,  el Gobierno del Estado, ahora por medio de Oficialía Mayor, volvió a licitar la adquisición de despensas, bajo -exactamente- las mismas especificaciones. El mentado “estudio de mercado” que hacía falta no se ve reflejada en la nueva convocatoria. Únicamente se agregan “requisitos” para los proveedores, como certificados ISO. Bajo el número de licitación 019-14 (con carácter nacional), contendrán exactamente los mismos productos y las mismas cantidades. El 5 de marzo, luego de que dos empresas presentaran sus propuestas, el Comité de Adquisiciones declaró desierta la convocatoria. Según el acta del fallo de la licitación, tanto Tierra Export, S. de R.L de C.V como LG Comercial de Baja California, S.A. de C.V., no acreditaron todos los requisitos. Por ejemplo (en ambas empresas), “acreditar que cuenta con procedimientos de aseguramiento de calidad en la compra”, es decir, el requisito de certificación ISO que se agregó a la nueva licitación. El ganón El primero de abril de 2014, 19 días hábiles después de la licitación desierta, el Gobierno del Estado adjudicó directamente la compra de las 84 mil despensas a Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V. por un monto de 11 millones 691 mil 120 pesos. Como paréntesis, mientras la administración de Francisco Vega de Lamadrid pagará 139 pesos con 18 centavos por cada despensa, en 2012, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán pagó 118 pesos con 80 centavos a LG Comercial, uno de los proveedores que fueron descartados en la licitación nacional. Volviendo y, según el contrato, Grupo Vida tendrá que trasladar 9 mil 336 despensas mensualmente a las bodegas del gobierno estatal. Es decir, si se divide el monto entre los meses que restan del año, cada mes la empresa recibirá un millón 300 mil pesos. Grupo Vida es dirigido por Felipe Gómez García, su matriz se localiza en Zapopan, Jalisco, y es reconocido por la prensa local como un proveedor cercano a los gobiernos panistas desde 1997. La explicación del gobierno ZETA solicitó entrevista con Ricardo Magaña, secretario de Desarrollo Social, su personal de Comunicación explicó que sobre el proceso de adquisición  y licitaciones, no era de su competencia dar aclaraciones. Son 353 millones 310 mil 174 pesos (sin contar una reciente ampliación presupuestal de más de 7 millones de pesos) que contempla la partida 441000 de “ayudas sociales” de la Secretaría de Desarrollo Social para el 2014, según el Periódico Oficial y la página de Transparencia del Gobierno del Estado. El departamento de Comunicación Social detalló que se destinarán 13 millones 92 mil 720 pesos para la adquisición de despensas para distribuir en el año, y que tal distribución se hace por delegaciones de la SEDESOE para “otorgar diversos servicios y beneficios sociales”. Además, explicó la dependencia,  “la compra de las mismas se efectúa a través de un proceso de licitación que realiza Oficialía Mayor, quien es la facultada para tal efecto”. Por último, explicó el personal que “acceder” a este beneficio es “por medio de los Comités integrados por el Gobierno del Estado a través de la SEDESOE, en relación con los polígonos de vulnerabilidad y bajos recursos”. La manera de repartir las 84 mil despensas en el estado, según la parte oficial, es mediante los “promotores de la SEDESOE”,  en coordinación con las líderes de las comunidades, y se entregan directamente a los beneficiados, “quienes deberán firmar de recibido para la comprobación”. Clientelismo político Para Víctor Espinoza Valle, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, “es muy común el uso de despensa” en los gobiernos y en los partidos políticos, el cual contiene una gran carga simbólica de mercancía electoral y poco útil a la hora de resolver la problemática de la pobreza. El concepto que engloba, lo llama, “clientelismo político”. “El clientelismo político es esa relación que se establece entre gobiernos o partidos y el ciudadano, visto como cliente, intercambio, donde la parte de gobierno pone despensas, recursos, trámites y el ciudadano como cliente, entra en este canje a cambio de apoyos electorales”, explica el doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Abunda: “No se da la relación directa de un gobernante y el cliente, sino que hay todo un complejo sistema de relaciones, donde interviene el intermediario, es decir, aquel personaje que hace el enlace entre el gobierno y los clientes ubicando los liderazgos… y éstos a su vez con los puntos en las colonias, es toda una estructura compleja”. Espinoza Valle conceptualiza la repartición de caridad: “Es una estructura que está siempre muy bien aceitada, sobre todo con muchos recursos y logística, de tal manera que cuando vienen procesos electorales, se reactiva muchísimo más el aparato”. Siempre funcionando, esta red “se activa en momentos cuando el gobierno requiere incidir sobre ciertas cosas o el partido político”, o bien, en campaña electoral. Incluso en el caso de los diputados locales: “Se dan recursos, dan despensas, dan para esto y lo otro, aunque formalmente no sea su labor. Pero es una forma de promocionarse frente a los ciudadanos o clientes electorales”. De acuerdo al autor de numerosas investigaciones, el lado positivo “es el papel de redistribución de bienes que de otra manera nunca llegarían a esta población”. Además de que el clientelismo aumenta la participación electoral, “es decir, gracias a esta práctica no es más alto el abstencionismo, de otra manera, ni siquiera votaría la gente”, agrega el especialista. Por otro lado, “lo malo es quien lleva la ganancia, es quien da, el gobierno y los intermediarios, que les va mucho mejor si movilizan votos, apoyos o cualquier otra operación, porque es una operación a todas luces desigual de poder: quien tiene los recursos compra poder”. “Las amplias zonas de pobreza se presta para esto”, advierte Espinoza en el caso de Baja California. Sobre la SEDESOE y demás dependencias -argumenta el investigador del COLEF-, “tienen una visión muy asistencialista. Son realmente paliativos, no están erradicando realmente la pobreza, terminan los programas y terminan los gobiernos, y la gente sigue sumida en la pobreza. Son visiones muy cortas asistencialistas, de beneficencia” Como un ejemplo, para sostener toda la operación de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno del Estado destinó 197 mil 736 millones de pesos, o bien, la “inversión pública se estimó en más 510 millones de pesos. Frente a los mil 126 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social o los 354 pesos para “ayudas sociales”. Espinoza Valle concluye: “Hemos tenido este tipo de visiones, lamentablemente, que la pobreza se puede erradicar regalando cosas, ante la falta de una política pública clara que ataque de fondo el problema, pues tenemos muchas actividades de beneficencia. Es una visión de caridad y no de buen gobierno”.