“No hemos sido vencidos ni escuchados”: comerciantes de la Bufadora

Un grupo de mujeres comerciantes  se encadenó simbólicamente en la  Plaza Cívica de la Patria, como protesta por el desalojo de locatarios programado para el 19 de agosto. Orden que giró el juez séptimo de distrito del Estado de Baja California,  Víctor Manuel Bravo Melgoza desde el pasado año, sin embargo, la expulsión se ha prolongado. “Así como estamos ahorita amarradas, así nos sentimos atadas de manos, porque tenemos miedo de perder nuestros locales, el patrimonio familiar. Estamos aquí desde las 11:30 de la mañana,  y estaremos hasta que el cuerpo aguante, sin comer y beber agua”, dijo una mujer comerciante. Y exigió: “Queremos que el Gobernador -Francisco Arturo Vega de Lamadrid-  voltee la cara hacia nosotros e intervenga, no queremos que la Bufadora se privatice, es lo que quiere hacer el ejido Coronel Esteban Cantú, construir  un centro comercial, y cobrar por entrar.  Nosotros tenemos años allí”,  recalcó la locataria  y abundó sobre si las autoridades municipales y estatales les han definido que pasará el 19 de agosto: “Que esperemos, que  no nos preocupemos, pero no nos  precisan nada”. La inconformidad de los comerciantes  radica en que nunca se les tomó en cuenta durante el proceso de legal que duró 3 años, dicho juicio de amparo 666/2010, donde el  juez Bravo Melgoza resolvió a favor del Ejido y por lo tanto el Gobierno del Estado perdió el control sobre la zona de la Bufadora: “No hemos sido vencidos y escuchados”, remató el grupo de mujeres. Darvy Batallar Gómez , vocero oficial de los comerciantes, ha acusado en  diversas ocasiones: “el gobierno del Estado no supo defender el polígono de la Bufadora”, incluso en la sesión de cabildo realizada el 16 de julio realizo un exhorto al presidente  municipal Gilberto Hirata Chico para solucionar la problemática  e hicieron presencia decenas de locatarios para defender  los negocios que llevan operando desde 1960. Apenas ayer, el contingente completo de comerciantes se plantó entre  las instalaciones de los edificios del  gobierno del Estado y del Ayuntamiento, con casas de campaña para  pernoctar y  exigir la presencia y posicionamiento por  parte del Subsecretario General de Estado en Ensenada, Pablo Alejo  López Núñez. Batallar Gómez , señaló que permanecerán en la explanada de las  instalaciones gubernamentales  de manera indefinida, a menos que Kiko Vega, emita una postura oficial al respecto o se comunique directamente con ellos. López Núñez, indicó para ZETA  (cabe recordar que él era Alcalde de  Ensenada  cuando comenzó el litigio entre el Ejido Coronel Esteban Cantú y el Gobernador del estado era José Guadalupe Osuna Millán)  que  el ámbito legal está en la jurisdicción del XXI  Ayuntamiento de Ensenada  y no en el  Gobierno del Estado. De acuerdo al Subsecretario, les ofrecieron apoyo y respetan el derecho de manifestación de los comerciantes de la Bufadora. Por su parte, el Secretario General del Ayuntamiento  Jesús  Jaime González Agundez  apuntó para ZETA: “Nosotros queremos dar solución definitiva a esto, el pleito (legal) fue entre  ejidatarios  con el Gobierno del Estado,  pero nos están obligando a nosotros (Ayuntamiento)  por tener la fuerza pública y la estructura para desalojar a los locatarios”. González Agundez  explicó: “Nosotros pretendíamos  hacer una entrega virtual para  efectos de tener derecho a la defensa, el ejido no acepto, ahora tenemos que resolverlo  ya de manera total, tendríamos una opción,  irnos a un  incidente  denominado inejecución de sentencia,  ¿y eso por qué sería? , porqué cuando se crea el fidecomiso (de la Bufadora) y el derecho de vía  por el gobierno del Estado ya había gente establecida en esa zona (los locatarios)  y esa gente tiene derechos anteriores incluso al fidecomiso. A esa gente no podemos  llegar  y lanzarla”. El secretario general del Ayuntamiento hizo énfasis en que no habrá una nueva prórroga para el desalojo, y descartó totalmente el uso de la fuerza pública y el lanzamiento físico de las personas. Sobre cómo solucionarlo, González Agundez,  solo  anunció  que el Alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico, hará un posicionamiento el 18 de agosto, justo un día antes del desalojo ordenado por el juez del séptimo distrito, donde  el primer edil definirá cuál es la línea de acción a seguir   y cómo exactamente resolverán  la situación de forma definitiva. Aunque, adelantó que todas las partes saldrán beneficiadas: locatarios comerciantes, Ayuntamiento y el Ejido Coronel Esteban Cantú.