Médicos impostores causan muerte a pacientes

De enero a junio de 2014, 110 quejas en contra de procedimientos médicos han sido levantadas ante la Comisión de Arbitraje Médico en Baja California (CAME), pero solamente seis denuncias han llegado hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De las denuncias levantadas en la Procuraduría, dos son por responsabilidad médica en homicidio culposo, ambas datan de enero de 2014 y hasta julio, continúan en integración. Uno de los casos corresponde a una mujer que se sometió a una cirugía plástica en una clínica de Villa Fontana, pero falleció durante el procedimiento. El expediente llegó hasta la Comisión de Arbitraje Médico para revisar el actuar médico. Su presidente, el doctor Agustín Escobar Fematt, explica que quien realizó la cirugía, ni siquiera era médico. “No tenía licenciatura de médico general ni de especialista, lamentablemente hemos encontrado accidentes donde fallecen las pacientes porque los procedimientos son realizados por médicos que no cuentan con la especialidad”, detalla. Desde 2011, la Comisión tiene registro de cinco casos de procedimientos médicos realizados por personas que se hacen pasar por galenos. De abril a mayo de 2014, la PGJE inició cuatro averiguaciones previas por lesiones a causa de responsabilidad médica. Si bien, la CAME solamente está encargada de conciliar inconformidades entre pacientes y médicos, también es solicitada por la PGJE para que revise aquellos expedientes de casos que son turnados a la dependencia para su investigación. La Comisión revisa los expedientes médicos para detectar si, en efecto, hubo un error médico durante el procedimiento y si éste estuvo apegado al conjunto de formas, guías y  protocolos médicos. “Si no se apegan a estos protocolos, entonces sabemos que hay falla, la cual puede ser por impericia, negligencia o dolo”, continúa. De éstos, afirma el médico, el más frecuente de los errores médicos es la impericia (incompetencia), por ejemplo el caso de médicos generales que realizan cirugías como cesáreas, sin contar con la preparación necesaria. Casi el 60 por ciento de los procedimientos realizados por médicos no especialistas, corresponden a cirugías plásticas practicadas por médicos generales o estéticos.  El titular de la Comisión, ha registrado un aumento en el número de quejas recibidas en relación a las de 2013, que sumaron 399 en todo Baja California. Las especialidades con más inconformidades son Odontología, Ginecología, Cirugía Plástica y Ortopedia, en ese orden. También explica que la mayoría de las quejas se remiten al sector privado. Por su parte, el doctor Antonio Téllez Amezcua, subcomisionado médico del CAME, expone que un 80 por ciento de los casos llevados por la Comisión, se concilian. “En el resto de los casos, el médico no asiste o ni siquiera es médico o simplemente, las partes no llegan a la conciliación, entonces se les ofrece el Arbitraje Médico”, detalla. Sin embargo, para que el caso pueda ser turnado a esta área, tanto el médico como el paciente deben aceptar la medida, lo cual no es muy frecuente. Y es que el arbitraje consiste en el análisis de todas las pruebas para determinar si el procedimiento de diagnóstico y tratamiento recibido por el paciente, fue el correcto. En caso de que una de las dos partes no acudan a resolver el conflicto, se cierra el caso y hasta ahí llega la facultad de la Comisión de Arbitraje Médico. Como única opción, al paciente se le otorga una carta que detalle la situación para que acuda a la PGJE a levantar su denuncia. El doctor Téllez Amezcua, explica que las quejas más frecuentes en Odontología son porque los pacientes no se sienten satisfechos con los resultados estéticos. Mientras que en Ginecología es debido a afectaciones a los recién nacidos en el momento del parto, muchos sufren de la parálisis de Erb, el cual consiste en la pérdida del movimiento o debilidad del brazo porque al momento del nacimiento, se daña al conjunto de nervios que están alrededor del hombro. Para atender mayor número de quejas en la entidad, la CAME proyecta abrir oficinas en Ensenada, así como utilizar espacios de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en las zonas de San Quintín, Rosarito, Tecate y Algodones.