Filtraciones de información del interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Ensenada, fueron denunciadas ante la Visitaduría General de la PGJE, por Mauricio Bernal López, residente del puerto, quien asegura que en el curso de una demanda que entabló, por delitos patrimoniales, sus testigos fueron intimidados e incluso amenazados de muerte por sujetos cercanos a la persona que había sido señalada en el expediente; al tiempo en que, para su sorpresa, les mostraban copia de sus propias declaraciones ante el Ministerio Público. El asunto tiene que ver con el cambio de propietario de uno de sus vehículos (Jeep Patriot 2009) a través de una falsificación de firma, y el intento de falsificar documentos en dos vehículos más de su propiedad, además del robo de ropa, botellas de vino, joyas y diversas pertenencias que tenía dentro de un departamento en renta, al que ingresaron personas mientras él se encontraba hospitalizado por una fractura de cadera en un hospital de la ciudad. Bernal asegura que en los últimos meses de 2013, insistió en que su denuncia (registrada bajo averiguación previa 5582/13/311) avanzara en la PGJE y que fuesen consideradas sus pruebas, incluyendo un peritaje que confirmaba la falsificación de la firma en el cambio de propietario de su vehículo. No obstante, explicó, las negativas y largas fueron constantes, hasta que llegaron amenazas en contra de personas que habían respaldado sus evidencias y eran testigos en el caso. El afectado viajó a Mexicali, solicitó una cita y habló directamente con la procuradora general de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva. Le explicó haber informado sobre las filtraciones del expediente al agente del Ministerio Público de nombre Ángel Ávila Rodríguez, quien está al frente de la Agencia de Bienes Patrimoniales de la PGJE en esta ciudad, sin que se resolviera el problema, e incluso desestimando sus señalamientos. “Personalmente se lo comuniqué al licenciado Ángel Ávila en repetidas ocasiones en mi carácter de parte ofendida, y hasta la fecha no hay una solución al respecto, ya que la información sigue estando en manos del indiciado, aun cuando éste no ha sido presentado ni notificado”, explicaría Bernal a la funcionaria. “La indiciada no fue localizada para ser notificada, pero su pareja sentimental ha ido con cada uno de mis testigos y les ha mostrado copia de su declaración amenazándolos de muerte, si se presentan a declarar de nuevo o si no retiran su declaración (…) lo hice saber en repetidas ocasiones al licenciado Ángel Ávila y siempre me dijo que no es posible, pero el día de hoy, 25 de abril, la indiciada presenta un amparo contra la orden de presentación que se supone no sabe que existe, puesto que no ha sido notificada”, expuso Bernal en el parte y, en el mes de julio, informó: “La mujer sigue manejando el carro que era mío”. 
Según el denunciante, se enteró por diversas fuentes que Ávila Rodríguez, el funcionario al frente de la Agencia de Bienes Patrimoniales, es amigo de la pareja sentimental de la persona acusada del robo de sus pertenencias, propietaria de los departamentos, quien es acusada de robo. Sospechando que la relación entre Ávila y ese sujeto pudiera estar relacionada con la filtración de información, Mauricio Bernal López presentó una queja ante Contraloría y la Visitaduría Interna de la PGJE Unidad Ensenada. Además, conoció por diversas personas en el puerto, que existía una supuesta amistad entre el subprocurador de Ensenada, Marco Antonio Chavarría López, y Ávila Rodríguez, y que ambos funcionarios son, en lo privado, compadres. Esto provocó que a la par de pedir avances en su caso, Bernal lo hiciera del conocimiento tanto a la procuradora Ibarra, como a Silvia Armenta Guerrero, visitadora general de la PGJE, preocupado de que el propio Ávila estuviera siendo solapado por Chavarría. La Procuraduría estatal ha guardado silencio total respecto a este caso, tanto la investigación del robo de las propiedades reclamadas por Mauricio Bernal, como las acusaciones en contra de Ávila por las filtraciones del mismo caso. La excusa que señalan a ZETA, ha sido que el tema de que el último en mención se encuentra en proceso en Asuntos Internos de la PGJE. Nada más, a pesar de que un funcionario podría estar filtrando información, lo que pone en riesgo la confianza hacia los servidores públicos de la Procuraduría que no han informado si Ávila ha sido cambiado de área, suspendido en lo que se resuelve el caso, o la medida que sea que hayan decidido tomar, tras las evidencias denunciadas por el ciudadano. “En su momento me cambiaron el expediente de Agencia de Bienes Patrimoniales a Delitos Culposos, en la cual lo que no se había podido avanzar seis meses, en un par de meses se resolvió, entiendo con esto que antes de eso no fue que no se pudiera avanzar en el expediente, sino simplemente que el licenciado José Ángel Ávila no lo quiso hacer, además de que en su agencia estaban fugando información, tanto así que desde que se cambió el asunto de agencia, ya no volvió a ocurrir las amenazas de muerte a mis testigos y en el expediente (358/14) sí hubo delito, y fue consignado a un Juzgado, con lo cual queda evidenciado que el licenciado Ángel Ávila estuvo por más de cinco meses, solo haciendo largo el asunto sin solucionar nada, protegiendo a la indiciada y a su pareja sentimental, que fue la que amenazó a mis testigos, persona que al parecer fue compañero del licenciado José Ángel Ávila en la Preparatoria”, indica la denuncia de Bernal, y complementa: “En el tiempo que el licenciado José Ángel Ávila tuvo el expediente, no solicitó ninguna pericial, documento, nada en absoluto. En cambio, al hacer el cambio de Agencia cuando puse mi queja, el Ministerio Publico de Delitos Culposos fue muy expedito en todo lo que solicito, y en menos de dos meses consignó”. A decir por Bernal, las filtraciones durante los primeros meses después de la denuncia, se daban de inmediato. “Es indignante ver que hoy presento una queja, y al siguiente día la indiciada ya tiene copia y va a amenazar a mis testigos”. 
En el expediente 5582/13/311 fueron anexadas las denuncias de estas amenazas: “Al día siguiente en que compareció ante estas oficinas (el testigo) quien ratificó unas facturas de unos artículos de electrónica que yo le había comprado, siendo como las cinco de la tarde me llama (…) me comenta que eran como las diez de la mañana, que él se encontraba en su negocio (…) cuando se presenta ahí en su negocio una persona del sexo masculino quien dijo ser la pareja actual de (la indiciada) quien llegó y le reclamó que por qué había ratificado unas facturas cuando él sabía que eran falsas, y que lo iba a mandar levantar, y dio unos nombres y/o apodos con quien lo mandaría levantar. (El testigo) Lo describió con media filiación de uno setenta de estatura, con los dientes feos”. De acuerdo con Mauricio Bernal, durante las semanas en las que estuvo internado en el hospital en 2013, la mujer ahora acusada realizó el cambio de propietario de su vehículo, falsificando la firma, e ingresó al departamento a “cobrarse a lo chino” la renta del lugar, luego de que le debiera aproximadamente cuatro meses de renta. El sujeto que identificó como la pareja sentimental de la acusada, fue señalado de amenazar de muerte a dos testigos del caso, quienes habían dado fe de la propiedad del vehículo y objetos robados a Bernal, y existen, dijo, más personas que presenciaron las amenazas de ese hombre. Posterior a la plática entre Bernal y la procuradora, el expediente fue turnado a otra área dentro de la PGJE, la de Delitos Culposos. “Y todo lo que no se avanzó en seis y siete meses de vueltas, se convirtieron en evidencias válidas, e incluso hubo ya una consignación ante un Juzgado con las pruebas que desde un inicio presenté”, explicó Bernal López a ZETA. “En esta nueva agencia, en menos de dos meses se ha avanzado el doble”, agregó. Sin embargo, la principal queja de Bernal continúa siendo la fuga de información al interior de la Procuraduría: “Me quejé de su forma déspota de tratar a un ofendido, de hacer ver al ofendido que casi, casi él tiene la culpa de que lo roben, que yo como ofendido tengo la obligación de demostrar que realmente me robaron”. Parte de los objetos denunciados como robados al ciudadano se encontraban asegurados, y fueron documentados en el expediente de la denuncia, con un valor hasta por 95 mil dólares, y 45 mil dólares adicionales en caso de robo. El 14 de abril del 2014, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, jefe de la Visitaduría General de la PGJE en Ensenada, solicitó al titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales -mediante oficio registrado como QE/19/2014-, remitir copia certificada de todo el expediente de Bernal, comenzando la integración del expediente de la queja, que aceleraría el caso del robo. En entrevista sostenida a principios de julio con el subprocurador de Zona Ensenada de la PGJE, Marco Antonio Chavarría López, ZETA preguntó directamente si tenía conocimiento de algún caso de denuncia por filtraciones dentro de la Procuraduría, a lo que respondió negativamente. En las últimas cuatro semanas, este Semanario intentó conocer la versión del subprocurador sobre este caso de filtraciones, que sí existía, pero el encuentro fue rechazado. Personal de la PGJE refiere que no será Chavarría quien responda respecto a ese caso particular, sino funcionarios del área de Visitaduría, que son quienes llevan la investigación, pero adelantan que poco habrá de información, al ser un asunto que requiere secrecía. Al día de hoy, no han confirmado fecha para la entrevista.
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