En punto de las 10 de la mañana de hoy viernes 22 de agosto, personal de la Dirección Municipal de Contabilidad del XI Ayuntamiento de Los Cabos, prohibió el acceso a reporteros de ZETA para que revisaran información del gasto del excedente de los 224 millones de pesos del ejercicio fiscal del 2012. Lo anterior violentó la resolución P-III/003/2014 emitido por el Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, después de que ordenara al ayuntamiento abrir los archivos para que este Semanario revisara, cómo y de qué manera se gastó el dinero del excedente. La orden, según la empleada de la dirección de contabilidad, parte de Alberto Díaz, asesor de la dirección jurídica e hijo del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno cabeño, Luis Armando Díaz. Los reporteros de ZETA, habían ingresado a la sala de juntas de Armonización Contable, localizada en la Plaza Centenario, cuando repentinamente la trabajadora de nombre Angélica Cristal Navarro Peralta, prohibió tomar apuntes de los que se fueran observando en los expedientes, así como el uso de aparatos telefónicos a fin de corroborar la existencia de proveedores que se mencionaban en el informe. De acuerdo a la resolución de transparencia, ésta no menciona la prohibición en cuanto a la toma de apuntes y consultas de datos vía celular. La propia empleada reconoció en un video grabado por reporteros de ZETA, que estaba quebrantando una resolución jurídica y también las consecuencias legales que podrían derivar, pero dijo que “solo recibía instrucciones de sus superiores”. La postura del ayuntamiento se intensificó a raíz de que ZETA publicara un presunto fraude del que fue víctima el Ayuntamiento de Los Cabos en enero del 2012, cuando en la cuenta pública de diciembre se observaron dos denuncias penales por ese asunto y, donde la información se ocultó por casi tres años. Por los hechos no hubo responsables del quebrando de 624 mil pesos.
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