BC crea dirección de apoyo a migrantes

Baja California será la primera entidad en contar con una Ley de Protección al Migrante, al aprobarse el jueves 7 de agosto de 2014, la propuesta ya discutida y avalada por la Comisión de Asuntos Fronterizos que presentó el panista Cuauhtémoc Cardona,  con agregados de la legisladora priista Laura Torres. La propuesta, avalada por unanimidad del Congreso del Estado, incluye 32 artículos distribuidos en nueve capítulos y tres transitorios, con los que busca apoyar a los migrantes que estén la entidad en un marco de “respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos”, explicó la diputada Laura Torres. Además, por mandato, con la Ley se crea la Dirección de Atención a Migrantes, que dependerá de la Secretaría General de Gobierno. De acuerdo al documento original, también se pretende crear la norma jurídica para la implementación de políticas públicas en apoyo a la población migrante, independientemente de su estatus, de tal suerte que ahora el Gobierno del Estado ya contará con una Ley, un Consejo Estatal de Atención al Migrante y una Dirección de Atención a Migrantes, constituidas con presupuesto que deberá ser asignado por la administración estatal para un mismo fin. De hecho, Cardona Benavides señaló que la iniciativa no transgrede los ámbitos de competencia de la Federación, aunque obliga al Estado a etiquetar recursos para el próximo ejercicio fiscal. La nueva oficina gubernamental sería una suerte de enlace entre las dependencias de apoyo social en el tema migratorio, y entre otras tareas, busca proporcionar el apoyo a albergues y coadyuvar en temas educativos, de salud y asistencia social. Según datos vertidos en el dictamen, tan solo en 2013 fueron deportados del país del norte 330 mil mexicanos, 288 mil de ellos por la frontera norte. El dictamen fue aprobado por la Comisión de Asuntos Fronterizos desde el 9 de julio, y en cuanto a recursos, éstos deberán ser destinados en el presupuesto estatal del próximo año. “Con esto se está dando una respuesta inmediata a la necesidad de contar con un marco normativo, que sea acorde a las necesidades específicas de nuestro estado, y dejando ver nuestro compromiso permanente con todas las personas, independientemente de origen étnico, racial, cultural o de cualquier otro que pudiera representar un deterioro a sus derechos adquiridos como personas.”, sostuvo el diputado inicialista al presentar el dictamen. Con la nueva Ley se abre la posibilidad de establecer órganos dentro de los municipios y coordinados por los tres niveles de gobierno, considerando que el capítulo segundo hace referencia ello y se concentra en el seguimiento a los programas y acciones que implementan, cuyo destino sea la atención a migrantes. Asimismo, funda un listado de facultades y atribuciones estatales y municipales, como el prestar servicios de asistencia social, fomentar y apoyar las acciones de las instituciones del sector publico social y privado involucrados en apoyo a migrantes; y promover y fomentar la operación de albergues de atención, apoyo y protección a migrantes. También, el coadyuvar con las autoridades migratorias en la prevención y erradicación del tráfico de personas, la discriminación, la xenofobia y la explotación de migrantes por la delincuencia organizada; así como en la gestión de recursos públicos y privados para este tipo de organismos.  En el articulado se establece que las medidas de atención y protección -servicios de salud y educativos- serán gratuitas para los migrantes. En otro capítulo, destaca la importancia del involucramiento solidario y de las organizaciones civiles no gubernamentales en la atención a migrantes, siendo el Gobierno del Estado y los municipios, los encargados de promover esa participación de la comunidad con hábitos de conducta y valores que contribuyan a la protección de los grupos vulnerables, la incorporación como  auxiliares voluntarios en la realización de tareas de asistencia social, la prestación de servicios como hospedaje, albergue temporal, atención social, asesoría legal, alimentación y apoyo humanitario. En otro rubro, se establece la creación del Registro Estatal del Migrante, a cargo de la Oficina de Atención almirante -que dependerá de la SGG-, para promover la inscripción para la aportación de nombre, procedencia y domicilio en su lugar de origen, aunque este registro debe ser de manera voluntaria. También se incluye que será el Sistema DIF el que proporcione asistencia social para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que requieren servicio de protección, en tanto se resuelva su situación migratoria. Una parte importante es el Artículo 30, que textualmente cita: “… todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos”, en obvia alusión a los migrantes de otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador. El Artículo 32 amplia esa parte al incluir: “… las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de proteger la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras identificadas como víctimas de delito, respetando su derecho a decidir declarar o denunciar hechos constitutivos de delito”. Luego de la aprobación de la Ley, tanto el diputado inicialista Cuauhtémoc Cardona, como Laura Torres, encabezaron una rueda de prensa donde también participaron Carlos Mora Álvarez -del Consejo Estatal del Migrante- y José Luis Sigala, de la Pastoral Social de Apoyo al Migrante. En la sesión con la prensa explicaron que a nivel federal se estableció un fondo de 200 millones de pesos para apoyo a migrantes, pero que a Baja California solo le correspondieron 5 millones, por lo que se buscará que dicho monto sea reconsiderado a nivel federal, tomando en cuenta que entidades y municipios de otras partes del país recibieron igual o mayor cantidad.