“Astiazarán pasó de víctima a encubridor”: Escourido

Bajo protesta de decir verdad, Jorge Astiazarán Orcí, alcalde de Tijuana, reculó en su acusación de haber sido extorsionado por los hermanos Arturo y Miguel Ledesma Romo. En su declaración, presentada por escrito el 20 de mayo de 2014 ante el Ministerio Público, instancia legal que lo requirió como seguimiento de una investigación formal, el encargado de velar por los intereses de los tijuanenses no pudo, o no quiso denunciar el chantaje expuesto mediáticamente meses atrás. Optó por negarlo: “Asimismo, debo manifestar que no he sido extorsionado a la fecha por parte del síndico procurador del H. Ayuntamiento de Tijuana, como lo afirma el denunciante”. Con estas palabras no solo se desdijo de lo que airadamente señaló el viernes 28 de febrero de 2014, sino que prácticamente cerró el caso, al no haber delito que perseguir. Bajo el argumento de carecer de pruebas, optó por encubrir lo que él mismo consideró un delito. A pesar de haber identificado públicamente a sus extorsionadores y a los emisarios de los que se valieron para realizar el chantaje, Astiazarán Orcí no mencionará sus nombres ante Ministerio Público. En este asunto del extorsionagate, simplemente decidió cerrar el caso y “no involucrar a nadie”, así lo asentó a ZETA. Síndico extorsionador, alcalde alcahuete En un intento por neutralizar la suspensión de su secretario general de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, y dos más de sus colaboradores, Jorge Astiazarán expuso ante la opinión pública haber sido objeto de extorsión por parte del síndico procurador, Arturo Ledesma, y de su hermano Miguel, a quién además ubicó de ser “quién movía los hilos en Sindicatura”. Para ello, precisó, los Ledesma le enviaron a dos emisarios: Joel Guardado y Rubén Salazar, entonces contralor y asesor de Sindicatura Municipal, respectivamente, despedidos a raíz de la denuncia del alcalde, quien según comentó, le exigieron “el 50 por ciento de lo ingresado ilícitamente al Ayuntamiento”, cantidad que supuestamente suma un promedio de 80 millones de dólares durante el trienio. De los ingresos ilegales obtenidos en Seguridad Pública, Reglamentos y asignación de contratos de obra pública por Desarrollo Urbano, pedían la mitad. Tal porcentaje le fue demandado más de una vez, y no solo a él. Los Ledesma, acusó Astiazarán en febrero, también habían enviado el mensaje a Roberto Sánchez Martínez, su secretario de Desarrollo Urbano, y “a un mando policiaco”, del que no proporcionó nombre. Continuó el presidente municipal: intentó llegar a un “arreglo” político con el síndico procurador, “para trabajar por el bien de Tijuana”. En lugar de ello, dos de sus colaboradores, Marcia Salcido y Marco Antonio Vuelvas, fueron suspendidos de sus cargos dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces, como ahora, admitió no tener pruebas, pero dio los nombres de quienes lo acosaban. Afirmó que sostendría su dicho y no se retractaría, algo que evidentemente olvidó asentar en la declaración presentada por escrito ante el Ministerio Público de la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales. Así, su acusación no pasó de ser solo mediática, pero logró su cometido. Bernardo Padilla fue reinstalado en cuestión de horas en su cargo, sin que Sindicatura dé avances en la investigación que le sigue por desvío de recursos públicos, cuando fungió como director de Desarrollo Social, en el trienio de Carlos Bustamante. Por su parte, Joel Guardado y Rubén Salazar renunciaron por cuenta propia para no entorpecer una supuesta investigación iniciada por la Comisión Especial conformada por el Cabildo para este caso. Del lado de Astiazarán, Marcia Salcido y Marco Antonio Vuelvas, finalmente fueron inhabilitados por irregularidades en el proceso de adjudicación de los dos contratos asignados para la rehabilitación de la calle Segunda de la Zona Centro. La comisión especial nunca dio un resultado concreto de la supuesta investigación realizada, como tampoco lo ha dado Sindicatura Municipal. “Este arroz ya se coció”: Astiazarán Al ventilarse su declaración jurada, presentada por escrito, Jorge Astiazarán aseguró que “declaré lo que tenía que declarar”, y si hubo o no tuvo delito, “corresponderá a las autoridades competentes investigar”. Mediante un comunicado, negó haberse retractado de su acusación, pero, a diferencia del 28 de febrero pasado, esta vez evadió responder directamente ante los medios de comunicación sobre el tema, aduciendo que ya no hablaría más del asunto. Para concluir cualquier cuestionamiento, subrayó: “Este arroz ya se coció”. Para Arturo Ledesma, el caso de la extorsión también ya es “caso juzgado y no se tiene nada que agregar al respecto”. Falsas declaraciones José Alberto Escourido Moreno, representante del grupo 100 por Tijuana, quien presentó la denuncia como testigo de oídas, al no ser un afectado directo de la mencionada extorsión, considera que en las declaraciones del alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, hay mentiras y falsedad. “De haber sido víctima, al no dar nombres incurrió en encubrimiento, aun cuando no tenga más pruebas que su dicho”, manifestó. “Ante la autoridad mintió”, blandió el demandante, lo cual, desde su punto de vista, deja de manifiesto que los intereses de ciertos grupos y partidos políticos, en este caso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México, pesan más. Para Escourido Moreno, la declaración de Astiazarán pone fin a la denuncia  que como representante de un bloque ciudadano interpuso, y no va a hacer más al respecto. También se hace a un lado de este caso, y deja el camino a otros ciudadanos con valor civil, “para que la omisión en la que incurrió el alcalde en su declaración, no quede impune”. Alcalde de Tijuana dejará deuda de 2 mil 700 millones a sus predecesores Con el fin de solicitar un nuevo crédito por 320 millones de pesos para cubrir la inversión de la modernización del transporte público, el Ayuntamiento de Tijuana solicitó al Congreso del Estado la aprobación de un refinanciamiento, aceptada el jueves 7 de agosto. Hay que mencionar que actualmente las arcas del Ayuntamiento tienen dos deudas: una por mil 787 millones con Banobras, S.A., y otra por 600 millones de pesos con Banorte, S.A., El primer adeudo suma mil 497 millones 855 mil 206 pesos, cifra que cerró el crédito PIRE (con Jorge Ramos), más 220 millones adicionales que dispuso Carlos Bustamante a su llegada a la anterior administración y renegociar el crédito adquirido en 2008. Con el nuevo crédito, el monto que adeudará Tijuana será de 2 mil 707 millones de pesos. En torno a la aprobación, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosalba López Regalado, señaló que con el refinanciamiento, el Ayuntamiento de Tijuana tendrá dinero para solicitar un nuevo crédito superior a 300 millones destinados a la aportación que tienen, y que hará el municipio para la instalación de la ruta BRT (transporte rápido), desde la línea fronteriza hasta El Florido. Agregó que este nuevo préstamo sería con el Banco Mundial a 15 años, con 30 meses de gracia a pago a capital, por lo que la actual administración estaría pagando la amortización durante ese periodo, y correspondería a las administraciones posteriores cubrir el saldo restante del empréstito. Según López, con el refinanciamiento existirá un leve ahorro, además de que al revisar las corridas financieras, el porcentaje más alto con el que estará comprometido el Ayuntamiento, es del 4.47% del total de sus ingresos calculados para el año 2020. Cabe recordar que el proyecto financiero que habría sido entregado en junio de 2014 a la Comisión de Hacienda, fue turnado a Cabildo, con lo que se pidió el aval al Congreso estatal, el cual finalmente dio el visto bueno. El proyecto estableció que el nuevo préstamo tendrá una tasa TIIE más 1.19%, que sumada al pago diferido, permitirá bajar la mensualidad de 10 millones que actualmente se pagan (6 a intereses y el resto a capital), a 6 millones 700 mil pesos; lo cual significaría un ahorro anual de 39 millones 600 mil pesos, cifra que multiplicada a 25 años, garantiza un ahorro de 990 millones de pesos anuales. Sin embargo, autoridades municipales estiman que al unificar la deuda del Programa Integral de Repavimentación (PIRE), únicamente se liberarán 400 millones de pesos en la vida del préstamo. Habría que decir que uno de los argumentos para extender el pago de la deuda por segunda ocasión, en dos periodos de gobierno consecutivos, se debe a que en una década más, el presupuesto anual de Tijuana será duplicado, lo que aligeraría a los gobiernos posteriores el pago del adeudo. “El banco nunca va a dejar de ganar, regularmente viene a ser un promedio del 100 por ciento de lo que es el préstamo, al final de la aportación, lo que viene cubriendo el Ayuntamiento va a ser el importe del capital, más una suma igual al pago de los intereses”, explicó la diputada López Regalado. Las críticas en torno a la discusión que se dio en el pleno el jueves 7 de agosto, fueron en torno al mal manejo que se realizó en Mexicali para financiar una obra similar por parte de la administración de Francisco Pérez Tejada, actualmente abandonada y sin concluir. Ante esto, el diputado Juan Manuel Molina pidió una reserva al dictamen en el que solicitó, sea la propia Comisión de Hacienda, la que dé seguimiento al recurso, además de que se destine al proyecto para el que fue solicitado. (Cristian Torres)